El abogado Luis Guillen, defensa de Jeanine Áñez, informó este miércoles que tiene seis meses para presentar una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de ser ejecutoriada en diciembre de 2023 la sentencia contra la exmandataria en el caso golpe de Estado II.

“Nos ha notificado el Tribunal Supremo de Justicia en diciembre (de 2023). En todo caso, tenemos un tiempo de seis meses para presentar la demanda internacional. El recurso de casación fue resuelto en diciembre y ante esta situación, lo único que nos queda es acudir a la justicia internacional y para eso estamos presentando ante la CIDH una demanda internacional”, dijo el jurista

Áñez fue condenada a 10 años de presión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La exmandataria cumple su pena en la cárcel de Miraflores de La Paz.

En primera instancia, la sentencia fue apelada por su defensa, pero el recurso fue rechazado, obligándola a activar el recurso de casación. Esta acción judicial fue activada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), última instancia de apelación que ratificó la condena de la exautoridad.

La Razón en diciembre de 2023 informó que “la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.1.1 de la LOJ (Ley del Órgano Judicial) y lo previsto por el art. 419 del CPP (Código de Procedimiento Penal), declara infundado el recurso de casación interpuesto por Jeanine Añez Chávez, contra el Auto de Vista 59/2023 de 12 de mayo pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz” (sic), dicta la sentencia.

Con ello, se cerró el capítulo del caso Golpe de Estado II, ya que Áñez no cuenta con otro recurso en los tribunales del país para pedir la anulación de su sentencia. Es uno de los procesos abiertos contra la exmandataria en la vía ordinaria, quien, mediante su defensa legal, demanda un juicio de responsabilidades.

Guillén indicó que la denuncia que se presentará ante instancias internacionales tiene que observar que si en el proceso que se le siguió a la exsenadora hubo un respeto a sus garantías “fundamentales” y a los derechos legales que ella posee.

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“Ese juicio fue presencial, se tuvo el derecho a asistir como prensa a ese juicio o no. Entonces la CIDH dirá efectivamente se ha llevado este juicio a puerta cerrada, se ha simulado que fue abierto, entonces dirá Bolivia ha vulnerado en el procesamiento de la exmandataria el derecho de publicidad dentro de un proceso”.

El abogado Jorge Nina, que representa a Lidia Patty en el caso Golpe I, indicó que después de conocerse el fallo del TSJ que ratificó la condena de 10 años de cárcel contra Áñez en el caso Golpe II, la sentencia adquiere calidad de cosa juzgada formal y no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia.

“Esto es un elemento que nos demuestra que el comportamiento desplegado por Jeanine Áñez no estaba de acuerdo a las normas y procedimientos de la Asamblea Legislativa, al no haber cumplido mandatos categóricos que tenía en esa condición de senadora”, dijo.

Añadió que “Áñez no ha observado que no podía ser en ningún momento presidenta de la Cámara de Senadores y no podía autoproclamarse, debido a que había dos tercios. No le correspondía asumir la presidencia de la Cámara de Senadores, más aún cuando existía un reglamento que establece que quien debe presidir esta cámara es quien tenga mayoría. En ese entendido el partido del Movimiento Al Socialismo es quien tenía mayoría absoluta en 2019, en consecuencia, la sentencia demuestra tal extremo”.

El caso Golpe II se refiere a la proclamación de Áñez como presidenta transitoria del Estado, el 12 de noviembre de 2019. Dos días antes, renunciaba como mandatario Evo Morales, asfixiado por las denuncias de fraude electoral, las protestas cívicas lideradas por el entonces dirigente cruceño Luis Fernando Camacho (hoy gobernador encarcelado), un motín policial y la presión militar.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este miércoles que el proceso penal contra el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, aún continúa en La Paz, esto en razón a que la resolución que emitió la Justica fue apelada.

“No existe una investigación que se lleve y tenga el control jurisdiccional y fiscal en el departamento de Santa Cruz, lo cual quiere decir que el proceso penal continúa en la ciudad de La Paz”, dijo el fiscal.

Mariaca añadió que existe la resolución que emitió la autoridad jurisdiccional de La Paz en el que ordena que el proceso por “un incidente que ha presentado la parte investigada se remita al departamento de Santa Cruz, pero dicha resolución ha sido apelada por las partes, en este caso por el Ministerio Público dependiente por la Fiscalía de La Paz”.

“Considero que se está a la espera de la respuesta que vaya a dar una sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a objeto de que se resuelva la apelación presentada por los fiscales anticorrupción de La Paz”.

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El caso por legitimación de ganancias ilícitas contra Haytari fue abierto por el Ministerio Público de La Paz, a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en su patrimonio.

Esta irregularidad está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del año pasado, que fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero.

El informe de la UIF develó que la autoridad parlamentaria recibió 193 depósitos valuados en más de Bs 1,4 millones. Una de las empresas vinculadas en el caso aseguró que compró un equipo de cine 7D por un monto de 83.770 bolivianos y no por 89.050.

Mariaca señaló que esperarán a que llegue de manera formal la resolución para que la Fiscalía de Santa Cruz derive al fiscal de turno y ese funcionario público informe de manera inmediata al juez jurisdiccional de esa región.

“No puedo manifestarme en una investigación que no está dentro de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz en este momento”, reiteró.

En tanto, el presidente de Diputados indicó que si “tuviera alguna corrupción del Estado calladito se iría a su casa” y no se metería en ese tipo de situaciones.

“Se ha publicado que tendría 1,4 millones de bolivianos, totalmente falso. De los 193 depósitos, eso cómo viene. Han sacado un extracto bancario del 2007 al 2015 donde mi persona ha tenido depósitos, sí, pero no es tema de 15.000, sino fueron de 1.000, 3.000. Yo tenía en ese momento una tienda en Chuquisaca de máquinas que son de distracción y juegos”.

El escándalo que implica al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, genera otra pugna en el Movimiento Al Socialismo (MAS); desde el evismo solicitan su alejamiento, pero desde el arcismo piden “no crucificarlo” sin sentencia.

El caso contra Haytari fue abierto por el Ministerio Público de La Paz, a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en su patrimonio.

Esta irregularidad está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del año pasado, que fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero.

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Huaytari

El diputado del ala evista Ramiro Venegas sugirió a Huaytari  renunciar y someterse a la Justicia para saber la verdad de los hechos por los que se lo investiga. “Pienso que Huaytari ya debía renunciar y ponerse ante la Justicia… él miente de frente, fríamente, como esos personajes que no le temen a la Justicia”.

El senador William Tórrez (MAS), también del ala evista, consideró que el presidente de Diputados debe dar un paso al costado. “Cuando hay acusaciones de este tipo y cargos de esta naturaleza, ciertamente no debería esperarse la destitución, por razones éticas y de transparencia la persona acusada tendría que dar un paso al costado y demostrar que efectivamente sobre él no pesa ningún cargo”.

Licencia

En esa línea, el también senador Felix Ajpi, y los diputados Froilán Mamani y Andrés Flores, sugirieron a Huaytari pedir licencia a la Cámara Baja para asumir su defensa.

“Para que sea limpia y sana (la investigación), uno debe alejarse de los cargos que opta ¿no? Si yo fuese presidente del Senado y tuviera una denuncia seria y formal, debería poner mi cargo (a disposición) y defenderme sin que pueda beneficiarme o presionar a nadie”, sostuvo Ajpi.

En tanto, el jefe de bancada del MAS en Diputados, Jerges Mercado, del ala arcista, se solidarizó con Huaytari por el proceso que enfrenta en un caso de supuesta legitimación de ganancias ilícitas. Remarcó que la Justicia debe definir la situación jurídica del también legislador arcista del oficialismo y también defendió el debido proceso para el titular de Diputados.

“Pedimos que no crucifiquemos a un ciudadano sin que se demuestre, todavía, su culpabilidad. Él tiene que acudir al llamado de la Justicia. Pero exigimos y pedimos que haya el debido proceso y la presunción de inocencia, y que no crucifiquemos a un ciudadano sin que se demuestre su culpabilidad”, dijo Mercado.

(15/05/2024)

Juan Carlos Alurralde, secretario general de la Vicepresidencia, informó que el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, presentó un memorial al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) solicitando el adelanto del sorteo de causa y la resolución de la acción de defensa interpuesta en el proceso de preselección de las altas autoridades del Órgano Judicial.

“Se presentó al Tribunal Constitucional Plurinacional un memorial solicitando el adelanto del sorteo de causa para que una Sala Constitucional resuelva la revisión del fallo de la Sala Constitucional de Cobija, teniendo en cuenta la coyuntura nacional, la trascendencia y la importancia respecto al cumplimiento de las reglas del proceso democrático de elección de altas autoridades jurisdiccionales”, expresó.

Destacó que desde la Presidencia de la Asamblea existe la predisposición para generar espacios de diálogo y trabajo que contribuyan a la materialización de las elecciones judiciales, en conformidad con el orden institucional establecido en la Constitución Política del Estado.

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Respecto a las notas enviadas por los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, explicó que los informes adjuntos a las notas remitidas a la Vicepresidencia no mencionan la aprobación de ningún instrumento de acción parlamentaria para la consideración y debate en el pleno de la Asamblea.

Informó además que los informes no cumplieron con ciertas formalidades establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Asimismo, destacó la importancia de considerar la independencia, separación, coordinación y cooperación de los órganos de poder público, en particular el Judicial y el Legislativo, conforme a la Constitución.

“La resolución emitida por la autoridad jurisdiccional, de acuerdo con la normativa, debe ser enviada para revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia que puede confirmar o revocar, en todo o en parte, la decisión de la autoridad judicial inferior a través de una Sentencia Constitucional, que debe ser emitida previo cumplimiento de un procedimiento”.

Los jefes de bancada de la Cámara de Senadores y los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural anunciaron el tratamiento del proyecto de una ley corta para extender los plazos, entre 30 y 40 días, para el proceso de preselección para las elecciones judiciales.

El encuentro de los senadores fue dirigido por el presidente de esa instancia camaral, Andrónico Rodríguez, quien además dijo que se insistirá que el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, se involucre como manda la Constitución y cumpla su deber en este tema.

El 30 de abril, la Sala Constitucional de Pando dejó sin efecto el proceso de preselección la semana pasada, luego que la dirigente indígena y abogada Yeny Duri presentará una acción popular el 18 de abril, en el que denunció que la convocatoria de preselección no garantiza los derechos de las mujeres originarias.

La semana pasada, la Asamblea fue notificada con el fallo constitucional que dejó sin efecto el proceso y declaró la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.