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Wednesday 1 May 2024 | Actualizado a 10:34 AM

La Cámara de Diputados conforma comisiones y comités para la legislatura 2023-2024

Nueve de las presidencias de las comisiones recaen en el MAS y tres en el bloque de minoría.

Una sesión de la Cámara de Diputados, tras una votación.

Por Boris Góngora

/ 23 de noviembre de 2023 / 23:31

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, por mayoría absoluta, el proyecto de resolución camaral que establece la conformación de las 12 comisiones y 37 comités para la legislatura 2023-2024.

De acuerdo con el Reglamento General de la Cámara de Diputados, artículo 45, de las 12 Comisiones, nueve corresponden al bloque de mayoría, que en este caso recae en el Movimiento Al Socialismo (MAS) y las otras tres, en el bloque de minoría, dos comisiones para Comunidad Ciudadana (CC) y una de Creemos.

La Presidencia de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral recayó en el diputado del MAS, Juan José Jauregui, quien fue cuestionado por algunos diputados, luego de ser denunciado por el delito de acoso sexual en la anterior legislatura.

Ante las críticas sobre su reelección, el diputado indicó que “hubo algunas colegas que no han sido parte de la sesión donde mi persona ha esclarecido los elementos en torno a una denuncia falsa que se ha presentado. He señalado que no existe ningún elemento que me pueda vincular a ningún ilícito”, aclaró.

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El jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, señaló que una vez conformado las comisiones y comités el trabajo legislativo en esa instancia camaral iniciará desde la siguiente semana.

Agregó que la fuerza de Creemos tuvo sus diferencias entre sus bloques disidentes que finalmente uno de esos bloques fue que resultó con la mayor cantidad de votos. “Será ese bloque que ejercerá las funciones con sus secretarios y presidente de comisión”.

El artículo 43 de la norma establece las siguientes funciones de las comisiones son promover acciones legislativas y fiscalizar las políticas relacionadas con el área de su competencia; recibir información oral y escrita de las autoridades y funcionarios del Órgano Ejecutivo, Judicial y Electoral, así como de las entidades descentralizadas, empresas públicas, máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales, universidades, entre otros.

Las presidencias de las Comisiones:

1. Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral

Presidente: Diputado Juan José Jauregui

2. Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado

Presidente: Diputado Froilán Mamani Choque

3. Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas

Presidente: Omar Al Yabhat Yujra Santos

4. Comisión de Economía Plural, Producción e Industria

Presidente: Diputado Vicente Condori Rodríguez

5. Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías

Presidente: Aldo Raúl Terrazas Rivero

6. Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino, Culturas e Interculturalidad

Presidente: Alberto Vladimir Astorga Torrez

7. Comisión de Educación y Salud

Presidenta: Diputada Lidia Limón Solís

8. Comisión de Derechos Humanos

Presidenta: Diputada Olivia Guachalla Yupanqui

9. Comisión de Política Social

Presidente: Diputada Sandra Paz

10. Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas

Presidente: Diputada Gloria Magdalena Callizaya Rodríguez

11. Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante

Presidente: Pasceza Francisca Quispe Mamani

12. Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente

Presidente: Enrique Cunai Cayuba

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A la espera de notificación sobre fallo que anula judiciales, comisión dicta cuarto intermedio hasta este jueves

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

Sesión de la Comisión Mixta de Constitución.

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2024 / 00:20

La Comisión Mixta de Constitución determinó este martes entrar en cuarto intermedio mientras se espera la notificación de la Sala Constitucional que concedió la acción popular a la dirigente indígena Yeny Duri y anuló el proceso de preselección de las judiciales.

“Teniendo en cuenta que aún no nos remitieron ninguna resolución y también vamos a ir presentando el informe de los amparos, los 18 que nos han interpuesto más la acción popular… declaramos un cuarto intermedio”, dijo el presidente de esa comisión, el senador Miguel Rejas.

Añadió que “inmediatamente” se los notifique, se los convocará y definirá si se envía un informe o no al Pleno de la Asamblea Legislativa.

Andrea Barrientos, senadora por Comunidad Ciudadana, indicó que están esperando la notificación que anuló las judiciales para determinar acciones como comisión.

“Lo que nos queda claro que el fallo de la Sala Constitucional de Pando es ilegal e inaplicable, ninguna sala constitucional tiene competencia para declarar inaplicabilidad de una ley, menos de la Ley 1549 que ha sido sometida a control constitucional y que además está respaldada por dos tercios de la Asamblea Legislativa”.

Añadió que en condición de primer órgano del Estado “exigen” que sea la Asamblea Legislativa la que dé el mandato para continuar o dejar por sentado el proceso de preselección.

La Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto y anuló el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

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La acción popular fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

“Se ha concedido la audiencia de acción de amparo. En ese sentido, es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo Salazar.

La senadora Barrientos también señaló que los amparos presentados contra la Asamblea y las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural paralizaron el proceso de preselección desde hace dos semanas.

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Rodríguez Veltzé dice que por ‘incompetencia’ de Sala Constitucional es ‘inaplicable’ la anulación de las judiciales

La Sala de Pando determinó dejar sin efecto el proceso en la Asamblea Legislativa, decisión de los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

El expresidente del Estado, Eduardo Rodríguez Veltzé, en una entrevista con La Razón.

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2024 / 00:01

Luego de conocer que la Justicia anuló la preselección de postulantes para las judiciales, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló que la “incompetencia” de la Sala Constitucional Primera de Pando hacen “improcedente e inaplicable” este fallo. 

“El objeto de la ‘acción popular’ protege intereses colectivos distintos a los vinculados a la elección judicial. La incompetencia de la ‘sala’ y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión. La ALP debe avanzar en el proceso de selección” (sic), escribió en su cuenta de X.

La tarde de este martes, la Sala de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso en la Asamblea Legislativa, decisión de los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

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La acción popular fue presentada el 18 de abril por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri. En primera instancia, la Sala dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Salazar señaló que la Asamblea “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”. “Se ha concedido la audiencia de acción de amparo. En ese sentido es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo Salazar.

Añadió que la Asamblea tiene que emitir “una nueva convocatoria, cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

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La vocal de Pando indicó que la Asamblea tiene que sacar “una nueva convocatoria cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando.

Por Boris Góngora

/ 30 de abril de 2024 / 18:47

Luego que la Justicia dejó sin efecto la preselección de postulantes para las judiciales, la vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando que concedió la acción popular, señaló este martes que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección” para los comicios judiciales.

“Se ha concedido la audiencia de acción de amparo, por cuanto se ha evidenciado la falta de consideración en el tema del acceso a estas convocatorias para el tema de las mujeres como el sector indígena originario campesino. En ese sentido, es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo la autoridad judicial en GOvisión de Pando.

La vocal de Pando indicó que la Asamblea tiene que sacar “una nueva convocatoria cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

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La Sala Constitucional Primera de Cobija determinó la tarde de este martes dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada por la dirigente y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

El vocal Jorge Sotelo señaló que se concedió la acción popular, solicitado por la Central Indígena De Mujeres Amazónicas De Pando (CIMAP).

“Entiendo que se ha dejado sin efecto la convocatoria hasta que se tomen en cuenta los parámetros que se ha planteado. Básicamente acciones afirmativas, igualdad material y no discriminación en función de los agravios que ha planteado la CIMAP”, dijo Sotelo.

La autoridad judicial señaló que la resolución se hará conocer lo más antes posible, considerando el feriado nacional del 1 de mayo. “Lo más antes posible, ya se está redactando la resolución”.

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La tarde de este martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La Comisión Mixta de Constitución revisa las carpetas de los postulantes.

Por Boris Góngora

/ 30 de abril de 2024 / 17:36

Luego que la Justicia dejara sin efecto la preselección de postulantes para las judiciales, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS), informó este martes que reinstalarán la sesión para evaluar la situación de los recursos contra el proceso.

“Lamentamos lo que sucedió en Pando. Pisotea totalmente a la Asamblea Legislativa, de un órgano a otro, lo cual creo que es una aberración de parte de estos vocales que han dado a favor la tutela a esta señora que presentó la acción popular. Sin embargo, en el transcurso de la sesión vamos a evaluar para tomar acciones conjuntas con los miembros de la comisión”.

Añadió que “estamos retomando en estos momentos (la sesión) para evaluar y analizar de aquí en adelante. Nosotros tenemos toda la intención de continuar y concluir con este proceso que hemos arrancado hace ya más de un mes”, dijo el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La tarde de este martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada el 18 de abril y dictó, primero, una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos. Fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri, quien denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

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Rejas recordó su denuncia sobre amaños de vocales y jueces con “algunos que presentaron sus amparos y eso significa directamente el manipuleo directo del Órgano Judicial a través de sus operadores, vocales y jueces, para poder obstaculizar y paralizar el proceso de preselección”

Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Froilán Mamani (MAS), señaló que esta determinación irá en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional y esa instancia puede revocarla o confirmarla. 

El legislador acusó al ministro Iván Lima de perjudicar el proceso. “Estamos preocupados, no nos está perjudicando a la Asamblea, está perjudicando directamente los intereses del país. Queremos denunciar a las organizaciones sociales e instituciones que se puedan pronunciar de manera inmediata, no es posible que una autoridad de Justicia vaya en contra de la Justicia boliviana”.

El jefe de bancada por Creemos en la Cámara Baja, el diputado Leonardo Ayala, rechazó el fallo de los vocales porque, en su opinión, vulneran los derechos de los más de 400 postulantes habilitados.

“Creemos quiere que se haga justicia y que sigan las elecciones judiciales con los más de 400 postulantes habilitados”.

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CSUTCB reitera que realizará congreso del MAS en El Alto ‘con o sin’ el TSE

Chacalluca reiteró que “se garantiza sí o sí” el congreso, por lo que se están organizando los movimientos sociales.

Nicanor Chacalluca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Por Boris Góngora

/ 29 de abril de 2024 / 21:30

Tras observación al congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) del Pacto de Unidad arcista por parte de la Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el dirigente Nicanor Chacalluca de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) reiteró que se garantiza el evento político “con o sin” el acompañamiento del Órgano Electoral.

“Como CSUTCB garantizamos el congreso que viene y está programado para el 3, 4 y 5 de mayo. Ese es el cumplimiento al magno cabildo que se ha llevado el año pasado. Vamos a hacer el cumplimiento y para eso las observaciones que hubo vamos a subsanar, no son de fondo sino de forma. Vamos a subsanar entre hoy y mañana”, dijo el dirigente.

Chacalluca reiteró que “se garantiza sí o sí” el congreso, por lo que se están organizando los movimientos sociales. “El congreso sí o sí, con o sin (el TSE) se lleva. No se va a postergar. Somos mayoría y somos más de 107 organizaciones que están presentes”.

Lea más: La Secretaría de Cámara del TSE vuelve a observar congreso del Pacto de Unidad

La Secretaría de Cámara del TSE volvió a observar la convocatoria al congreso del MAS del Pacto de Unidad previsto para el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto.

De acuerdo con las observaciones, la solicitud no fue presentada por los delegados políticos del MAS ante el TSE, en este caso, Diego Jiménez Guachalla y Nelvin Siñani Condori, ambos acreditados ante el Órgano Electoral.

También, la Secretaría de Cámara señala que no cumple con en el plazo de 15 días de anticipación a la realización de la elección de la nueva directiva. Además, no se cumplió con cinco especificaciones: el detalle de fechas de realización del congreso, los requisitos de participación según el estatuto del MAS, requisitos para la postulación de cargos a elegir, la modalidad de elección y la dirección del evento.

Otra de las observaciones tiene que ver con la convocatoria pública que, según detalla el documento, no cumplió con la anticipación de 90 días como máximo y 60 como mínimo.

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