Pedrazas dice que la solución al conflicto de las judiciales está en la Asamblea, no en el TCP
El diputado de Comunidad Ciudadana lamentó que los dos proyectos de ley sobre las judiciales fueran rechazados por la Comisión de Constitución de Diputados, aunque dijo que los mismos aún debe ser debatidos en el pleno camaral.
El diputado Marcelo Pedrazas habló de la situación de Carlos Mesa en La Razón.
Imagen: Rodwy Cazón
El diputado de la alianza opositora Comunidad ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas afirmó este viernes que la solución al conflicto de las elecciones judiciales está en la Asamblea Legislativa y no en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Pedrazas abordó el tema luego de que la Cámara de Senadores aprobó dos proyectos de ley referentes a las judiciales.
El primero, es el rechazo a la prórroga del mandato de los 23 magistrados y tres consejeros hasta que se conozcan los resultados de los comicios judiciales. Mientras que el segundo tiene que ver con la ampliación de plazos procesales, hasta que los nuevos magistrados estén posesionados en sus cargos.
“Hay que hablar; el hablar no necesariamente te hace parte del otro equipo, como dicen vulgarmente. Lo que se tiene que buscar es la solución, y la solución solamente la puede dar la Asamblea Legislativa, no el Tribunal Constitucional”, dijo el legislador opositor en una entrevista con La Razón Radio.
De esa manera, Pedrazas apostó por consensos entre las tres fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa.
La polémica sobre las judiciales sigue latente, y más aún desde el 12 de diciembre, cuando el magistrado del TCP René Espada comunicó la Declaración Constitucional 0049/2023.
Elecciones judiciales
En ella, los miembros de ese órgano declararon inconstitucional el Proyecto de Ley 144 aprobado en el Senado, prorrogaron el mandato de magistrados y consejeros y exhortaron a la Asamblea Legislativa a realizar la preselección de candidatos para los comicios judiciales.
Sobre las leyes aprobadas en el Senado, dijo que la Comisión de Constitución, que la lidera el arcista Juan José Jáuregui, rechazó el contenido de esos documentos.
“No hay voluntad de quienes conducen las comisiones y la Asamblea de encontrar certidumbre jurídica y (tomar) decisiones constitucionales para la administración de la justicia”, reclamó Pedrazas.
Sobre ese contenido, el opositor resaltó: “Varios (artículos) de estos proyectos pueden rescatarse y se puede modificar algunos, todavía, para tener una normativa mucho más constitucional y que le dé garantía y seguridad jurídica a la población”.
Proceso
Rechazada en la Comisión de Constitución, ambos proyectos de ley deben será analizados en una sesión del pleno de Diputados.
“Hay artículos en la Constitución que facultan a la Asamblea Legislativa de hacer leyes de interpretación de la Constitución. Por lo tanto, tenemos que dar una respuesta jurídica y política en el país”, insistió el legislador.
Según la CPE, el periodo de mandato para los magistrados y consejeros es de seis años y, en el caso de la última elección, su vigencia alcanza hasta el 2 de enero de 2024.
Es necesario aclarar que, por disposición del mismo TCP, las decisiones en torno a las judiciales deben ser aprobadas con dos tercios del voto de los legisladores presentes en el pleno camaral.