El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Froilán Mamani, señaló este martes que el tema para la revisión de las listas observadas para la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya no es competencia de la Asamblea Legislativa y “no tienen nada que ver”.

“(La decisión) se nos escapa de la Asamblea Legislativa. Si este tema estaría dentro de la Asamblea, estaríamos habilitando como corresponde (pero) esto está directamente en manos del Tribunal Supremo Electoral. Absolutamente no tenemos nada que ver, únicamente vamos a ser los directos vigilantes para que el proceso continúe, termine y las elecciones judiciales se lleven adelante” indicó el legislador.

La Sala Constitucional Primera de Beni determinó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la remisión de las listas de candidato al TCP y TSJ a efecto “de que si consideran pertinente puedan ser subsanadas, respetando todos los parámetros establecidos en la presente resolución”.

Otra de las resoluciones señala que “Al evidenciarse la ausencia de equidad, género, idoneidad, meritocracia y participación originaria indígena campesina, tanto en las listas del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a los departamentos; se debe establecer la declaratoria de desierta las convocatorias a magistrados” en ambas instancias del poder judicial.

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El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, consideró que la Sala Constitucional de Beni se extralimitó en el análisis “al pretender que este Tribunal Supremo Electoral sea una especie de suprapoder por encima de la Asamblea y tenga que revisar lo actuado por Legislativo, especialmente en cuanto a la calificación y a la meritocracia que hace a este proceso electoral que está a cargo de la Asamblea Legislativa como órgano del poder público”.

Mamani indicó también estar preocupado con la paralización, no solo es en esta instancia, sino que también perjudicó, en su momento, a la Asamblea Legislativa. “Nos ha paralizado en varias oportunidades, por esa misma situación lamentablemente el proceso de la elección de las altas autoridades judiciales no se ha podido realizar hasta este momento”.

Añadió que “tomando en cuenta la audiencia que se llevó, estaría perjudicando directamente al trabajo del Tribunal Supremo Electoral, afectado directamente el plazo y el monto económico fijado para el mes de diciembre”.

La segunda jornada de bloqueos del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) concluye con seis puntos que impiden la transitabilidad, según el reporte de las 21.00 de las Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Desde tempranas horas del martes se registraron cinco puntos de bloqueo, en las siguientes rutas: en Cochabamba, en el cruce Vacas, en Suticollo, a la altura del retén Parotani; en Oruro, en la ruta Bombeo-Pongo y también en la carretera Pongo-Confital; mientras que en Santa Cruz el bloqueo se presentaba en la vía San Germán-Puente Ichilo, en el límite con Cochabamba.

Conforme avanzó el día, se registró un nuevo punto de bloqueo, también en Cochabamba, a la altura del puente Lope Mendoza, en la carretera a Santa Cruz.

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Con estos seis puntos, la facción evista del MAS impidió la transitabilidad entre el oriente y el occidente boliviano. De hecho, el transporte terrestre tuvo que cancelar las salidas hacia esos departamentos, aislando a Cochabamba.

Bloqueos

De acuerdo con el evismo, el Gobierno inició una persecución legal contra su líder, el expresidente Evo Morales. Por ello, las medidas de presión son en defensa del exmandatario, acusado por el delito de trata y tráfico de personas.

Asimismo, los movilizados piden que se atiendan los puntos de su pliego petitorio relacionados con la falta de dólares, la escasez de combustibles y el encarecimiento de los productos de la canasta familiar.

El Gobierno, por su parte, invitó al diálogo a los movilizados, para escuchar sus propuestas y soluciones a la coyuntura económica que atraviesa el país.

Sin embargo, el evismo puso como condicionantes que se desactiven los procesos contra Morales, que se reconozca que está habilitado para ser candidato a la Presidencia y que se reconozca el congreso de Lauca Ñ, donde se lo ratificó como jefe nacional del MAS.

Gobierno

No obstante, el Gobierno rechaza este condicionamiento y afirma que esas decisiones están en manos del Órgano Judicial y Electoral, respectivamente.

En tanto, la segunda jornada de bloqueos concluyó con la aprehensión de tres movilizados y con la liberación de otros 13, que habían sido detenidos el lunes, en Parotani, según la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, el Gobierno informó que estas dos jornadas dejaron pérdidas de más de Bs 719.000, solo en el cobro de peajes. En caso de que el bloqueo logre un alcance nacional, estiman pérdidas de hasta $us 120 millones.

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, señaló este martes que los amparos presentando en las salas constitucionales de Pando y Beni son “procesos precluidos”, debido a que ya terminó el tiempo de las observaciones u objeciones para suspender el proceso de las elecciones judiciales.

“Ambos (procesos) el de Pando y de Beni en realidad resultan ser amparos que se colocan en temas precluidos, ya pasó esa época. Ya hubo las observaciones, las objeciones y todo ya ha pasado. No puedes venir a decir a estar horas, ‘se han olvidado de mi’, ¡no pues! El tribunal debería haber evaluado eso”, indicó la autoridad.

Las salas constitucionales de Pando y Beni determinaron, por separado, declarar desierta la elección de magistrados al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Ambos surgen a raíz de dos amparos constitucionales presentados por expostulantes a magistrados del TSJ, quienes consideran que se vulneraron sus derechos.

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La abogada María Esther Caero hizo un reclamo a la Sala Constitucional de Pando, en el sentido de que fue excluida de la lista de candidatos por otras dos postulantes que no cumplieron con la calificación mínima de 130 puntos.

Además, señaló que se habilitó a otra postulante, sin que ella tenga su residencia en la ciudad de Cobija, sino en Cochabamba.

En el caso de Beni, el abogado Hugo Vargas, postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Beni, reclamó que fue inhabilitado, pese a que, según afirmó, obtuvo un alto puntaje en su postulación.

Torrico señaló que se está causando un daño económico al Estado, y que “el tribunal” judicial tendrá que correr con este riesgo. “Lo siento por los administradores de justicia”.

Costo

“Alguien tiene que pagar los más de 50 millones (de bolivianos) que ya se ha gastado en este tema. El Tribunal Supremo Electoral tendrá que ver la forma, este no es un tema con el Ejecutivo”, señaló a Wara Tv.

Agregó que el TSE y la Asamblea Legislativa tienen que ver cómo se defienden. Dijo también que la Asamblea ya debía haber interpuesto las medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya que “sabía que están ingresando estos temas. Hay negligencia”.

Como parte del seguimiento a la conflictividad en el país, la Delegación Defensorial de Cochabamba, bajo la Defensoría del Pueblo, monitoreó la situación de 13 personas que fueron detenidas el lunes durante el bloqueo del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Parotani.

La delegada defensorial, Marioly Álvarez, informó que una comisión defensorial verificó las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Quillacollo y confirmó que se remitió a las 13 personas a la Fiscalía de Sipe Sipe, donde se emitieron órdenes de liberación, ya que los hechos de su detención se catalogaron como infracciones menores.

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Asimismo, según la Defensoría del Pueblo, este martes, segunda jornada de bloqueos, se detuvo a tres personas. Las mismas, están a la espera de una audiencia para definir su situación jurídica.

Defensoría

La comisión defensorial también sostuvo una reunión con la dirigencia de los evistas movilizados, quienes aseguraron que su vigilia y bloqueo son pacíficos e indefinidos. Garantizaron que permitirán el paso de ambulancias y evitarán limitar los derechos de personas ajenas al conflicto.

Durante el monitoreo, la comisión defensorial acompañó a un funcionario policial hasta el Comando de la Policía del Valle Bajo y pidió a la policía evitar el uso de agentes químicos en el punto de bloqueo.

La Defensoría del Pueblo afirmó que continuará con sus acciones para asegurar el respeto a los derechos humanos en este tipo de conflictos, aunque pidió que se busque el diálogo entre ambas partes.

Sin embargo, el Gobierno rechazó “el condicionamiento” de los bloqueadores evistas, quienes afirmaron que asistirán al diálogo y levantarán medidas cuando se cancelen los procesos en contra de Evo Morales, se lo reconozca como candidato a la Presidencia y se reconozca el congreso evista de Lauca Ñ.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó sobre la crisis que enfrenta el país tras la suspensión del proceso de elecciones judiciales, una medida que pone en peligro el derecho de los bolivianos a elegir a sus autoridades judiciales.

El proceso, a poco más de un mes de su realización, quedó en suspenso tras un fallo emitido por la Sala Constitucional de Pando, que declaró desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Esta decisión surge por presuntos incumplimientos en los criterios de equidad de género, plurinacionalidad y representación territorial en la conformación de las listas de candidatos.

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Riesgo

Callisaya, a través de sus redes sociales, expresó su preocupación por lo que calificó como un “riesgo de paralización del proceso electoral judicial”. La autoridad defensorial destacó que este estancamiento profundiza la “fragilidad institucional democrática” del país y advirtió sobre las consecuencias de la prolongación indefinida de los actuales mandatos judiciales.

“El derecho político de los bolivianos a elegir a sus autoridades no debe ser limitado”, enfatizó Callisaya. Además, señaló que la falta de renovación de las autoridades judiciales podría conducir a “salidas no democráticas” si no se actúa con responsabilidad y celeridad.

Fallos

El fallo de la Sala Constitucional de Pando se produjo tras el recurso presentado por María Esther Caero, candidata al TSJ por ese departamento. Caero argumentó que las listas de postulantes no cumplieron con los requisitos establecidos, lo que llevó a la anulación de la convocatoria no solo en Pando, sino en todo el país.

Simultáneamente, otro fallo en el departamento de Beni también ha impactado en el proceso electoral. Hugo Vargas, exaspirante al TSJ por ese departamento, presentó un amparo constitucional tras ser inhabilitado; afirmó haber obtenido un alto puntaje en su postulación. Durante la audiencia, el juez Charles Mejía denunció un intento de amedrentamiento por parte de la Policía.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya había advertido sobre el riesgo de parálisis en el proceso electoral judicial. Además, existen al menos tres amparos constitucionales adicionales en curso que podrían poner en mayor peligro los comicios programados para el 1 de diciembre.

El Defensor del Pueblo cerró su pronunciamiento subrayando la necesidad de que las autoridades actúen con rapidez. Pidió que envíen un “mensaje claro y correcto” a la población, para evitar una crisis de confianza en las instituciones democráticas del país.