El traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a Santa Cruz, para afrontar su juicio por el caso Decretazo, continúa en puntos suspensivos. El gobernador del penal de Chonchocoro, Marco Gonzales, indicó que no puede brindar datos del cumplimiento de la orden judicial.
Así lo señala un informe de Gonzales al director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, para que sea remitido a Camacho. Esto, ante la solicitud de información sobre su traslado a la capital oriental, donde el lunes, a las 13.30, comenzará el juicio oral contra su persona.
“En el marco de la normativa vigente, protocolos de conducción, se debe informar que por razones de seguridad y precautelando la integridad física del privado de libertad Luis Fernando Camacho Vaca y del personal policial designado como escolta; no se puede brindar información sobre el día, la hora y menos mediante qué medios de transporte se dará cumplimiento a la disposición de la autoridad jurisdiccional”, señala el documento remitido por Gonzales.
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Esta respuesta surge ante la pregunta que figura en un memorial del Gobernador, del 26 de febrero. “Pueda su autoridad (Limpias) como Director Nacional de Régimen Penitenciario informar para qué fecha y hora y en qué vuelo se ha dispuesto el traslado de mi persona acompañado de dos escoltas a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en cumplimiento del auto interlocutorio de fecha 31 de enero de 2024 emitido por el Tribunal 8vo de Sentencia de Santa Cruz” (sic).
Chonchocoro
El tribunal dispuso la llegada de Camacho a suelo cruceño y rechazó que el juicio pueda llevarse a cabo de manera virtual; tal como propuso el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien remarcó que el traslado puede provocar protestas y movilizaciones similares a las que comenzaron el 28 de diciembre de 2022, cuando el Gobernador fue aprehendido.
Asimismo, reveló que los internos de la penitenciaría cruceña de Chonchocoro rechazaron recibir a Camacho.
No obstante, el abogado de Camacho, Martín Camacho, afirmó que con la respuesta de Gonzales ya no hay dudas de que su defendido volverá a Santa Cruz para sentarse en el banquillo de los acusados por el caso Decretazo.
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Este proceso indaga la decisión de Camacho de delegar su cargo al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en marzo de 2022; durante su viaje a un encuentro de gobernadores en Brasil. Para ello, promulgó el Decreto Departamental 373.
Sin embargo, tal como reza el Estatuto Autonómico cruceño, ante la ausencia del Gobernador debe asumir su Vicegobernador, en este caso Mario Aguilera; quien denunció entonces que no fue notificado con el reemplazo y que el decreto había sido “bajado” de la Gaceta Departamental.
El Ministerio Público presentó la acusación formal contra Camacho, por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Además, pide una sentencia de seis años de cárcel.
El Gobernador está con detención preventiva en La Paz, por el caso Golpe de Estado I. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019.