Tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado este jeves, la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, reivindicó el compromiso con los derechos humanos en el país.
“Somos un Estado pacifista que promueve el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas en el país. Nuestro Gobierno está profundamente comprometido con la promoción y educación, y la realización de todos los derechos humanos en nuestro país”, indicó Sosa, a los medios de comunicación.
La CIDH emitió su informe “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”, que analiza la situación de derechos humanos en el país, con base en lo observado durante la visita in loco del 27 al 31 de marzo de 2023.
De acuerdo con una nota de prensa del organismo, “con el nuevo marco constitucional, se han producido significativos avances en la disminución de la desigualdad en grupos humanos tradicionalmente excluidos de la atención estatal. Sin embargo, la implementación de esta nueva visión de Estado ha encontrado desafíos que impiden la garantía plena de los derechos reconocidos constitucionalmente”.
Lea más: La CIDH observa dificultades en la cohesión social y secuelas de la polarización de 2019
Añade que “entre los desafíos pendientes identificados se destacan medidas efectivas para garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, incluyendo la jurisdicción indígena originario campesina, así como los derechos del pueblo afroboliviano. Además, se notan los retos para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como el ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, no binarias y de género diverso e intersex. Por otro lado, se nota la necesidad de atención estatal a los impactos ambientales derivados de actividades extractivas; garantías para el acceso al agua, la salud, el trabajo y la educación, entre otros”.
La canciller indicó que el informe de la CIDH reconoce que la Constitución Política del Estado (CPE) introdujo desde 2009 un amplio marco de derechos humanos con perspectivas de género, reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y la pluralidad como “máxima expresión” de la inclusión social.
Agregó que el organismo también reconoce los avances normativos en base a la despatriarcalización y la descolonización, y pese a que se cuenta con normas que reconocen la igualdad, “las diversidades sociales y culturales generan contradicciones que producen conflictos y tensiones”.
“Somos una sociedad que busca la resolución pacífica y concertada con estos conflictos, así funciona y construimos la democracia en Bolivia, con un proceso que tiene características propias. Es necesario tener en cuenta que 15 años de una nueva norma constitucional, inclusiva, de reconocimiento de igualdad ante la ley, no son suficientes para eliminar más de un siglo de prácticas racistas, discriminadoras y patriarcales”.