Nacional

Sunday 16 Mar 2025 | Actualizado a 05:15 AM

José Luis Caballero: La polarización se refleja en la imposibilidad de una reforma judicial

En las judiciales, pide aplicar el modelo constitucional previsto, de forma eficaz y efectiva

José Luis Caballero, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Por Miguel Gómez

/ 15 de marzo de 2024 / 06:43

José Luis Caballero, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator país para Bolivia, atendió a La Razón tras la presentación del informe Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia. Hace énfasis en la polarización, como un freno a las avances normativos y de respeto a los derechos humanos, incluso de la ansiada reforma de la Justicia.

Lea también: Tras informe de la CIDH, el Gobierno reivindica compromiso con los derechos humanos

Polarización

— El informe es un documento con el cual Bolivia se puede mirar al espejo en el tema de derechos humanos…

— Exactamente. Los informes de país después de la visita in loco en todo el mandato de la Comisión tienen justamente ese componente. Es una mirada que favorece el diálogo y permite a la sociedad y al Estado, y a sus instituciones, poderse mirar al espejo. Es un diálogo continuado, incluso después de la visita in loco de hace un año, pues el informe sigue teniendo tejido dialogante con la sociedad boliviana. Y es así, un espejo.

— A nivel macro, ¿cómo se puede evaluar la situación de los derechos humanos en Bolivia?

— Lo que pienso es que ha tenido una incidencia estructural muy fuerte en el marco normativo y en la toma de conciencia. Y esa incidencia tiene algunos ejemplos muy importantes: en el ejercicio del reconocimiento de los derechos en la Constitución, Bolivia tiene una de las cláusulas de apertura al derecho internacional de los derechos humanos más acabadas de la región. Bolivia ha hecho una clara apuesta por quitar, digamos, el modelo patriarcal de desigualdad de género… hay temas muy importantes como la ley contra el racismo y todas las formas de discriminación… Además, Bolivia optó por la votación judicial, que es una parte diferenciada en la región, una manera de entender también el sistema de elección de quienes imparten justicia.

Pero por otro lado tiene un marco de oportunidades muy importante, radicados en la polarización, que el informe lo advierte muy bien como un fenómeno que está marcando la continuidad de las relaciones políticas, institucionales, entre el Estado, entre amplios sectores sociales. Entonces, esta polarización impide que puedan seguirse construyendo los retos normativos institucionales de relaciones y de respeto a los derechos humanos que nosotros estamos viendo a través del informe y que estamos efectivamente mandándole como un espejo al Estado y como un espejo a la sociedad, porque la polarización se refleja en la imposibilidad de realizar una reforma judicial importante, en trabajar la disidencia política como eso, no como una lógica de enemigos-enemigos…

— La polarización es histórica en Bolivia, pero tuvo un punto de inflexión en la crisis de 2019…

— En este informe hay una ubicación de contexto, lo que pasa en 2019 es precisamente un reflejo de esa problemática elevada de tono con una incidencia en márgenes que no deben estar presentes, que significan la violencia y la violación de derechos humanos. Y lo que pasa en la última parte de 2019 mereció también una intervención no paralela, porque la Comisión no actúa de forma paralela en los mecanismos, digamos concatenada pero sí independiente en algunos sentidos, que es este ejercicio importante y solvente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que advirtió el tema de la polarización. Y usted lo dice bien, de hecho el informe empieza advirtiendo el tema de la polarización y hay una recomendación específica que tiene que ver con el diálogo, con estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales, resolución pacífica de conflictos…

— Un tema álgido es el sistema de justicia, cómo ve los avances en el tema en un marco en que las elecciones judiciales quedaron suspendidas en 2023.

— Pienso que la Comisión debe advertir qué modelo se ha dado el pueblo de Bolivia y a través de su ejercicio constitucional para procesar el tema de la Justicia. En ese sentido, lo que tiene que hacer Bolivia, y la Comisión no se pronuncia en un modelo u otro, pero sí tiene Bolivia que proceder a la realización efectiva y eficaz del modelo constitucional previsto. Eso es importante, como lo advertimos en su momento: que Bolivia lance, a través de criterios muy objetivos de su marco legal, la preselección, selección y nombramiento de las autoridades judiciales. Pero que se realice, eso lo estamos instando con una mirada de independencia judicial, fortalecimiento institucional para la democracia. Lo que tiene que acontecer es que en el corto plazo se acate la Constitución, la Constitución ampliada como Bolivia misma la aceptó a través del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho radicado en tratados internacionales. Y en ese sentido debe actualizar esto.

Pero también hay que realizar una reforma integral que pueda también ir adelantando o superar todas las cuestiones estructurales que nos han hecho llegar por la sociedad civil, y que también la propia Comisión ha advertido incluso antes de la vigencia de la Cosntitución, es decir, desde que estuvo en la visita in loco de 2006: fortalecimiento de la carrera judicial y de la Fiscalía, que tenga racionalidad, autonomía, independencia, revisión de los programas para reducir la mora procesal… Tiene que Bolivia mirarse al espejo en el sentido de tener la prisión preventiva como una medida cautelar cuando no es posible llevar adelante otras. Se tiene que mejorar además las condiciones de las cárceles. Que haya recursos judiciales efectivos, para que haya revisión del debido proceso. Hay que fortalecer la jurisdicción indígena campesina a través de una reforma de ley de deslinde jurisdiccional con consulta previa…

— ¿Cómo se coordinará el seguimiento a las recomendaciones de este informe?

— Se lo va a acompañar, porque la Comisión ha ido teniendo cada vez más conciencia de su mandato en esto del seguimiento a recomendaciones. Tenemos por ejemplo 32 recomendaciones que, como lo dije en diciembre, son 32 que no son estancos, sino dialogantes, que se envuelven entre sí, pero hay que ir avanzando en ellas y dando matices de cumplimiento. La Comisión no podría lanzar el informe y olvidarse de las 32 recomendaciones, no haría justicia a su mirada ni a su propio trabajo, por eso seguirá a través de un mecanismo de seguimiento, cómo cumplir este informe y cómo acompañar a la sociedad especialmente, a la sociedad en esta mirada de espejo, tiene que estar empoderada en la sociedad. Quien tiene que desmontar la polarización y hacerse cargo de su historia es la sociedad, el Estado es una estructura, los gobernantes vienen y van.

PERFIL

Nombre: José Luis Caballero Ochoa

Profesión: Abogado

Es mexicano. Fue elegido comisionado en la reunión del Consejo Permanente de la OEA del 5 de septiembre de 2023; su mandato es hasta 2025.

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Procesos a la gestión Áñez: La expresidenta y 18 de sus ministros afrontan 37 casos

Hay cuatro que ya tienen un fallo de condena contra Áñez y cuatro exministros

Gabineta de ministros de la expresidenta Jeanine Áñez

Por Miguel Gómez

/ 26 de agosto de 2024 / 07:39

Los procesos judiciales contra la gestión transitoria de Jeanine Áñez retomaron la atención pública la anterior semana, por los casos de las exministras Roxana Lizárraga y Eidy Roca. Así, surge una interrogante: ¿cuántos casos afrontan la expresidenta y su gabinete?

Lizárraga, titular de Comunicación en el polémico mandato de la exsenadora opositora (del 12 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2020), fue sentenciada a cuatro años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, por 182 movimientos bancarios irregulares por Bs 247.072 cuando cumplía sus funciones. 

Jeanine Áñez

Está prófuga de la Justicia e instaló su residencia en Estados Unidos. Su abogado, Franklin Amaru, anunció una apelación, mientras que Lizárraga denunció “persecución política”. Pero eso no es todo, ya que afronta otra investigación por la internación ilegal de material antidisturbios de Ecuador, que se encuentra en la fase del juicio oral.

Una revisión de periódicos y de páginas electrónicas de medios muestra que Áñez y 18 de los 34 ministros de su gestión cargan sobre los hombros al menos 37 procesos judiciales (ver cuadro): unos con sentencia, otros listos para juicio oral, unos con imputación o acusación fiscal, otros en medio de pesquisas y algunos simplemente en la congeladora, sin avances.

Por el caso Golpe de Estado II, la expresidenta cumple una condena de 10 años en el penal de Miraflores en La Paz, por su proclamación ilegal en 2019. Y se ventilan otros cuatro casos en su contra: por las masacres de Sacaba y Senkata, el derrocamiento de Evo Morales (Golpe de Estado I), un nombramiento irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), y la venta ilícita de Jet-Fuel. 

Sus ministros

Entre los 37 procesos judiciales hay cuatro con sentencia. Dos se refieren a los procesos descritos contra Áñez y Lizárraga. Otra tiene que ver con el caso Golpe de Estado I, ya que si bien resta instalar el juicio oral contra los principales acusados —entre ellos la exmandataria y el gobernador encarcelado cruceño Luis Fernando Camacho—, se emitieron condenas mediante procesos abreviados.

Así sucedió con Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, extitulares de Justicia y de Energía, respectivamente, quienes admitieron en un juicio corto la comisión del delito de encubrimiento, con relación al delito de asociación delictuosa, y fueron sentenciados a dos años de prisión. Similar decisión asumieron cuatro exjefes militares que eran parte del caso.

Urea

El cuarto excolaborador de la era Áñez con condena es Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos, quien está prófugo. En noviembre del año pasado fue sentenciado junto a Herland Soliz, extitular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a ocho años de cárcel por la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Pero, ¿cuál exautoridad tiene más casos abiertos? Áñez arrastra cinco, al igual que el alcalde paceño Iván Arias (extitular de Obras Públicas); Luis Fernando López (Defensa) tiene cuatro; Guzmán, la misma cifra; y con tres cada uno figuran Zamora, Álvaro Coímbra (Justicia) y Yerko Núñez, quien dirigió los ministerios de la Presidencia y de Obras Públicas (revisar más datos en el cuadro).

Y quien ocupa el primer sitial es el brazo derecho de Áñez durante su mandato, Arturo Murillo, exministro de Gobierno, con al menos 10 procesos, quien cumple una condena en Estados Unidos por lavado de dinero proveniente precisamente de uno de los casos indagados en el país: la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de al menos $us 2,3 millones.

Procesos

Según un listado del Ministerio de Gobierno, los otros nueve “procesos sustanciados” contra el exlegislador de Unidad Demócrata (UD) tienen que ver con las masacres de Sacaba y Senkata; el material antidisturbios internado irregularmente de Ecuador; la extradición del narcotraficante Einar Lima Lobo; o el allanamiento a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en 2020.

Además, se lo indaga por legitimación de ganancias ilícitas; la desaparición de horcones de droga; contratos lesivos al Estado en cuanto a aeronavegabilidad y dotación de catering a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC); y por “bloquear” la libertad de un reo en la penitenciaría de Palmasola, en Santa Cruz.

Aparte, la pesquisa por las masacres de Sacaba y Senkata, del 15 y 19 de noviembre de 2019, respectivamente, es la que implica a más exautoridades: Áñez, Murillo, López y Zamora; la Fiscalía pedirá en el juicio oral 30 años de prisión. Le sigue el caso Golpe de Estado I, que involucra a Áñez, López, Coímbra y Guzmán, aunque estos dos últimos ya tienen condena.  

Acusados

Otros procesos “compartidos” son por el material traído ilícitamente de Ecuador (Murillo, López y Lizárraga); las ganancias ilícitas por el sobreprecio en la compra de gases (Murillo y López); otro caso similar que implica a Coímbra y Guzmán; la venta ilegal de Jet-Fuel (Áñez y Arias); un caso de discriminación y otro por el Tren Metropolitano (Arias y Núñez); y uno de conducta antieconómica, contra Núñez y Óscar Ortiz, exministro de Economía y de Desarrollo Productivo.

Eidy Roca, extitular de Salud, es acusada de la adquisición irregular de respiradores chinos durante la pandemia, junto a otras siete personas, por un daño de $us 10 millones. Esta semana, su salud deteriorada volvió a la palestra pública, por una enfermedad incurable, y se apunta a apartarla del proceso listo para juicio.

Y hay prófugos, como López (Paraguay); Zamora (¿Paraguay o Argentina?); Núñez (paradero desconocido); Lizárraga (EEUU) y María Elba Pinckert, extitular de Medio Ambiente (¿Brasil?); mientras que la excanciller Karen Longaric y el exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano se autoexiliaron en Alemania y Estados Unidos.

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Conozca las observaciones del TSE a las cuatro preguntas de Arce para el referéndum

El miércoles pasado, el Gobierno envió su planteamiento al TSE, que se pronunció el viernes y remitió su informe técnico a la Presidencia.

El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, anuncia la decisión el viernes. Foto: APG

/ 24 de agosto de 2024 / 13:26

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) observó las cuatro preguntas del referéndum que el presidente Luis Arce le remitió para su análisis. Ahora, el Gobierno realiza los ajustes y anunció que enviará la nueva propuesta directamente al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En su discurso del 6 de agosto, en Sucre, en los 199 años de la independencia del país, el mandatario anunció una consulta sobre tres temas clave: la subvención a la gasolina especial y el diésel, la reelección presidencial continua y discontinua, y los escaños parlamentarios.

Lea más: El TSE observa las cuatro preguntas del referéndum y pide otro tipo de consulta para los escaños

El miércoles pasado, el Gobierno envió su planteamiento al TSE, que se pronunció el viernes y remitió su informe técnico a la Presidencia, con una conclusión: en conjunto, las preguntas no cumplen con los criterios de precisión, claridad e imparcialidad, incluso una fue descartada.

¿Cuáles fueron las observaciones específicas a cada una de las interrogantes?

PRIMERA PREGUNTA. Reelección presidencial

¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del Presidente y Vicepresidente del Estado, sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua lo cual implicaría modificar la Constitución Política del Estado?

OBSERVACIÓN: “Solo cumple el criterio de imparcialidad y no cumple los criterios de claridad y precisión. Además de ello, al constituir la pregunta un supuesto que podría implicar la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, se debe aclarar el texto de la pregunta con la referencia al referendo constitucional aprobatorio previsto en el parágrafo 11 del artículo 411 de la Constitución Política del Estado”.

SEGUNDA PREGUNTA. Subvención a la gasolina especial

¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?

OBSERVACIÓN: “No cumple los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo que se sugiere una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones que devienen del análisis técnico de esos tres criterios”.

TERCERA PREGUNTA. Subvención al diésel

¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención al diésel, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?

OBSERVACIÓN: “No cumple los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo que se sugiere una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones que devienen del análisis técnico de esos tres criterios”.

CUARTA PREGUNTA. Escaños parlamentarios

¿Está usted de acuerdo con modificar el artículo 146 Numeral I de la Constitución Política del Estado para incrementar el número de 130 diputados para que ningún departamento pierda su actual representación y que los departamentos con mayor población reciban un mayor número de diputados en función al resultado del Censo de Población y Vivienda 2024?

OBSERVACIÓN: “Como se encuentra redactada la pregunta, no corresponde la realización de un referéndum por iniciativa presidencial, sino un referéndum constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o a través de la Asamblea  Legislativa Plurinacional, de conformidad a lo previsto en el artículo 411, parágrafo II,  de la Constitución Política del Estado y el artículo 23 de la Ley del Régimen Electoral”.

Lea más: El Gobierno afirma que ajustará preguntas y que se retira la consulta sobre escaños

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Con la ley promulgada, el Gobierno insta a la Asamblea a aprobar la convocatoria para elegir nuevo fiscal general

Desde la convocatoria, el Legislativo tendrá 45 días para allanar el proceso que elija al sucesor de Juan Lanchipa.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

/ 24 de agosto de 2024 / 12:31

Con la ley promulgada por el presidente Luis Arce, el Gobierno instó a la Asamblea a aprobar por dos tercios la convocatoria para seleccionar y designar al sucesor del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, cuyo mandato acaba el 23 de octubre.

“Una vez que el Presidente… ha promulgado la Ley 1579, que regula el proceso de selección y designación del Fiscal General, urge que se convoque a sesión de la Asamblea Legislativa para que se apruebe la Convocatoria por dos tercios” (sic), escribió en X el ministro Iván Lima.

Lea más: El Presidente promulga la ley para la selección y designación del fiscal general

Señaló que así se encuentra establecido en el artículo 19 de la norma que le da al Legislativo 45 días para encaminar el proceso desde la convocatoria. La autoridad gubernamental demandó que “sigamos fortaleciendo la institucionalidad del país y la democracia”.

El viernes, Arce promulgó la norma sancionada por el Senado. “Informamos al pueblo boliviano que… recibimos la Ley Transitoria para la Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado, y la promulgamos sin demoras para que se prosiga con los procesos”, anunció en X.

Añadió que la normativa establece los plazos para llevar a cabo las 13 etapas de selección de los postulantes, y también contempla el periodo para convocar a sesión de la Asamblea en la que se designará al próximo fiscal general.

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Se sofocaron 35 incendios forestales y solo queda uno activo en Santa Cruz

El epicentro de la alerta fue el oriente. Sin embargo, en esta semana las buenas noticias comenzaron a llegar con las lluvias, ya que gracias a este fenómeno los incendios se redujeron el jueves de nueve a dos.

Foto: Defensa Civil

/ 11 de agosto de 2024 / 13:23

La emergencia por el fuego declina en el país. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este domingo que tras haberse sofocado 35 incendios forestales, solo queda uno activo en el departamento de Santa Cruz.

El epicentro de la alerta fue el oriente. Sin embargo, en esta semana las buenas noticias comenzaron a llegar con las lluvias; ya que gracias a este fenómeno los incendios se redujeron el jueves de nueve a dos.

Para entonces, el comandante del Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos, coronel Edwin Sejas, indicó que 128 efectivos luchaban contra el fuego en los municipios de San Matías, en suelo cruceño, y Magdalena (Beni).

Lea más: Tras las lluvias, disminuyen a dos los incendios activos en el país

Ahora, hasta este domingo, según Novillo, solamente queda activo el incendio forestal en la localidad de San Matías; donde el trabajo de las Fuerzas Armadas y otras entidades continúa sin pausa para poder contener las llamas.

En la evaluación, la autoridad gubernamental remarcó que hasta el momento se apagaron 35 incendios forestales y se movilizaron 1.934 bomberos y 66 unidades militares; aparte de la organización de 81 operativos terrestres, aéreos y fluviales.

“Se han utilizado dos carros bomberos y tres equipos de drones, cuatro helicópteros y se han realizado 312 descargas de agua en las zonas de incendios”, puntualizó Novillo en una entrevista con Bolivia Tv, insistiendo en que esto no implica bajar los brazos en esta lucha.

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Bolivia expresa su solidaridad y condolencias a Brasil por la tragedia aérea con 61 muertos

Según la agencia AFP, “los 61 ocupantes de un avión que se estrelló en el sureste de Brasil murieron, informaron las autoridades, que investigan las posibles causas de su impresionante caída en picado sobre una zona residencial”.

Foto: AFP

/ 10 de agosto de 2024 / 02:39

Mediante un comunicado, el Gobierno de Bolivia expresó su solidaridad y condolencias con Brasil por la tragedia aérea que acabó con 61 fallecidos en el sureste de ese país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, “en nombre del Gobierno y del pueblo boliviano, hace llegar su solidaridad y expresa sus condolencias al Gobierno de la hermana República Federativa de Brasil y a las familias de las víctimas del accidente aéreo ocurrido este viernes en el estado de Sao Paulo”.

Lea más: Accidente de avión en Brasil deja 61 fallecidos

Lo mismo hizo mediante su cuenta de redes sociales la canciller Celinda Sosa. “En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, hago llegar mis sentidas condolencias al Gobierno de Brasil y a los familiares de las personas fallecidas en el accidente de la aerolínea Voepass. La pérdida de vidas humanas es devastadora y nuestras oraciones están con todos los afectados”.

Según la agencia AFP, “los 61 ocupantes de un avión que se estrelló en el sureste de Brasil murieron, informaron las autoridades, que investigan las posibles causas de su impresionante caída en picado sobre una zona residencial”.

“Voepass, la aerolínea que operaba el vuelo, informó que los ‘57 pasajeros y 4 tripulantes’ que iban a bordo del aparato fallecieron. La alcaldía de Vinhedo, localidad del interior del estado de Sao Paulo donde cayó el avión, así como el gobierno estatal, confirmaron que no hubo sobrevivientes”, señala la publicación.

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