En su declaración ante la Justicia, el padre de la víctima de estupro, en el caso que envuelve al expresidente Evo Morales, confirmó que el exmandatario embarazó a su hija, C. S. V. P. cuando ésta era menor de edad.

La información fue publicada por le red DTV, que accedió al documento.

Una primera parte de la declaración del hombre de iniciales E. V. M., contenida en las preguntas 9, 10 y 11, señala:

– ¿Cuándo se enteró usted que su hija estaba embarazada?

– Yo me enteré por lo que la gente, a veces hablaba.

–Diga usted si tiene conocimiento quién es el progenitor de su nieta.

–Claro, es su hija del Evo Morales; yo me enteré; la hija de I. P. (madre de la menor), no estoy acostumbrado a problemas (sic).

–Diga usted a los cuántos años dio a luz su hija C. a su nieta

–No me acuerdo bien, pero era menor. Como no vivía con ellas, no recuerdo bien la edad.

Asimismo, en la pregunta 14 de la declaración, el hombre, detenido preventivamente por cuatro meses en el penal de Morros Blancos, en Tarija, volvió a confirmar la paternidad de Morales.

–Diga usted si conoce quién es el padre de la menor de iniciales E. S. M. V, quien es su nieta e hija de C. S. V. P.

– Es el Evo Morales.

Más adelante en la pregunta 24 del interrogatorio, ante la consulta sobre supuestos beneficios que recibió I. P. S., la madre de la víctima, o un cargo político entre 2015 y 2019, el padre respondió: “Sí, escuchaba que tenía un cargo público y que se dedicaba a la política, pero escuchaba, no sabía dónde estaba. Estaba trabajando no sé dónde. Siempre anda con mi hija”.

En otra pregunta, respecto a la aprobación o rechazo a la relación entre Morales y su hija, responde: “No, qué puedo hacer, nada, yo. Sé que mi hija era menor de edad y estaba embarazada, todos hablaban de eso, pero a mí no me dejaban acercarme, porque su madre es muy mala”.

El polémico caso generó un revuelo en la arena política y social, pues sectores opositores y del arcismo del Movimiento Al Socialismo (MAS) exigen que Morales “responda por sus (supuestos) delitos”, mientras que los allegados al exmandatario defienden que el caso fue “rechazado en 2020” y que no puede volver a ser juzgado por el mismo delito.

El caso es investigado por la Fiscalía Departamental de Tarija, que comenzó de oficio las indagaciones. Tanto Morales, como los padres de la víctima incumplieron la convocatoria a declarar, por lo que el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión contra el padre, pero sobre la captura de Morales y la madre, aún no se conoció la decisión.

Los sectores afines a Morales anunciaron que “incendiarán” el país en caso de que su líder sea aprehendido. En ese afán, instalaron un bloqueo de caminos a nivel nacional, aunque la medida defiende, supuestamente, interese sociales y económicos para el país.

Por su parte, el Gobierno, calificó de “político” el reclamo y pidió “no perjudicar a la población ni a la economía boliviana”.

El expresidente Evo Morales cuestionó las políticas sociales del presidente Luis Arce en medio de la crisis económica y sugirió el pago de un doble aguinaldo en la Renta Dignidad, para “contribuir con la economía de las personas adultas mayores”.

“Hoy que la inflación aumenta y la pobreza crece. ¿Qué políticas sociales dirigió el gobierno a los sectores más desprotegidos? Proponemos que se otorgue un aumento y doble aguinaldo a la Renta Dignidad, para contribuir a la economía de las personas adulto mayores. Este será nuestro compromiso en el programa de gobierno”, escribió Morales en su cuenta de X.

¿Qué es la renta dignidad? Es una pensión vitalicia no contributiva que tiene entre sus objetivos proteger el ingreso de las personas adultas mayores, a partir de los 60 años. Tiene su antecesor en el Bono Solidario (Bonosol) que consistía en un pago único de Bs 1.800.

La publicación de Morales coincide con el inicio del pago del Bono Juancito Pinto, implementado en 2006, cuando él era presidente.

“Cuando éramos gobierno buscamos llegar con políticas sociales a los sectores más desprotegidos. El bono Juancito Pinto para la niñez, el bono Juana Azurduy y el subsidio universal para una maternidad segura; la Renta Dignidad y la Tarifa Dignidad para acompañar a nuestros adultos mayores”, añadió el exmandatario.

Morales viene criticando, desde hace mucho tiempo, las políticas del gobierno de Arce, principalmente las económicas y reclama de él soluciones ante la “inestabilidad de la economía” –como declaró el cocalero– como la escasez de combustibles en el mercado nacional y la falta de dólares en la economía nacional.

En medio del escándalo que envuelve al expresidente Evo Morales en un caso de estupro, el presidente Luis Arce afirmó este lunes que a las niñas y a los niños “no se toca” y comprometió esfuerzos del Gobierno para el cuidado de los menores.

El mandatario hizo esas declaraciones en el acto de inauguración del pago del Bono Juancito Pinto, en la unidad educativa Técnico Humanístico Santiago I de El Alto.

“Nosotros pensamos y cuidamos el mayor de los tesoros que tenemos, que son nuestros niños, nuestras niñas es el mayor de los tesoros, por eso hay que darles todo a nuestros niños. Queremos darles mejor educación, porque a nuestras niñas, niños no se toca, hermanas y hermanos, son nuestro tesoro”, dijo el jefe de Estado.

Asimismo, Arce declaró al Gobierno “aliado” de los padres de familia para proteger a las niñas y niños y mejorar su calidad educativa.

El mensaje de Arce coincide con el caso de estupro por el que Morales no fue a declarar a Tarija la semana pasada, según informaron sus abogados, “porque no existían las condiciones”.

Luis Arce

El Ministerio Público abrió de oficio la investigación sobre el caso.

Según la resolución de aprehensión dictada en contra del expresidente y los padres de la víctima, en 2018, el entonces presidente Evo Morales y la adolescente inscribieron ante el Registro Civil del municipio de Yacuiba, en Tarija, a una menor de iniciales E. S. N. V. Entonces, la madre, C. S. V. P., ya contaba con 18 años de edad.

El nacimiento de la niña tiene el registro de 8 de febrero de 2016; es decir, cuando la joven tenía 16 años. “Lo que a su vez significa que en el momento la misma procreó a la menor E. S. N. V. con el señor Juan Evo Morales Ayma cuando tenía 15 años de edad”, describe la resolución de aprehensión de 2018.

Estupro

Según indica el documento, la víctima, de iniciales C. S. V. P., formaba parte de la denominada “Guardia Juvenil del presidente Evo Morales”, cuyos miembros eran jóvenes de entre 14 y 15 años.

Asimismo, señala que los padres de la adolescente, identificados como I. P. S. y E. V. M., “inscriben a su hija en esta guardia juvenil con la finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios, ‘lucrar’, es decir, conseguir lo que deseaban de su hija menor, entre ello, obtener cargos, privilegiados, estabilidad económica y beneficios políticos”.

Además, indica que la menor fue “prácticamente forzada a mantener un acceso carnal con el ciudadano Evo Morales, siendo éste presidente” del Estado, “con el fin de satisfacer sus deseos sexuales” y, en consecuencia, “quedó embarazada”.

Este lunes, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que la Justicia dictó detención preventiva en contra de E. V. M., el padre de la víctima, por cuatro meses en el penal de Morros Blancos, en Tarija.

Entretanto aún se espera una orden de aprehensión contra Morales y la madre de la víctima.

Ante una eventual orden de captura contra Morales, sus organizaciones sociales afines instalaron un bloque de caminos, que por el momento solo se cumple en tres puntos de Cochabamba.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi advirtió de un “enorme riesgo” que puede paralizar las elecciones judiciales. Se trata de un amparo presentado por el expostulante Hugo Vargas.

El profesional accionante postuló al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del departamento de Beni, pero fue inhabilitado en la preselección, pese a que, según afirmó, obtuvo un alto puntaje en su postulación.

La acción fue presentada ante una sala constitucional en Beni y la audiencia para su resolución está fijada para este martes a las 10.00.

“Tenemos una audiencia mañana, a las 10.00, en Beni. Es una sala constitucional del Beni. Hay un enorme riesgo de que se pueda paralizar las elecciones judiciales”, indicó el vocal electoral a La Razón.

Elecciones judiciales

En criterio de Tahuichi, la acción debió ser presentada contra la Asamblea Legislativa, pues ese órgano se encargó de la preselección y la elaboración de la lista de postulantes habilitados que fue remitida al TSE.

“Nos interpone el recuso a nosotros, cuando debería haber sido a la instancia que elaboró la lista de candidatos (a autoridades) del Órgano Judicial, esa es nuestra duda razonable”, agregó.

Asimismo, indicó que el equipo jurídico del TSE asistirá a la audiencia de este martes. “Vamos a defender nuestra postura”, complementó.

En la misma línea, el vocal Gustavo Ávila pidió que esa audiencia sea transmitida por plataformas digitales, para que la población pueda seguir el acto judicial.

TSE

En entrevista con Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Ávila hizo público su pedido.

“Que la audiencia de amparo constitucional de mañana sea transmitida para que los bolivianos hagamos seguimiento. Espero que esa autoridad jurisdiccional se comporte de manera responsable y actúe en virtud a la norma”, pidió Ávila.

“Deberíamos estar tranquilos, pero estos amparos hacen que, como autoridades, nos veamos en la obligación de pronunciarnos”, añadió.

Entretanto, ya se cumplieron con varias actividades del calendario electoral para los comicios fijados para el 1 de diciembre. Incluso, se hizo la presentación de las 10 boletas de sufragio que se entregarán a los ciudadanos para elegir a las máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Órgano Judicial.

Un informe de la Unidad de Inteligencia de la Policía Boliviana dio cuenta de un “riesgo en el traslado” de los tres acusados en el caso Golpe de Estado I, por lo que se determinó no llevar a los implicados a la audiencia de inicio de juicio de ese caso, fijada para las 09.00 en La Paz.

Se trata de la expresidenta Jeanine Áñez, el exlíder del Comité pro Santa Cruz y ahora gobernador de esa región, Luis Fernando Camacho, y el extitular del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Antonio Pumari.

La información fue confirmada por el coronel Rodolfo Machicado, director nacional de Seguridad Penitenciaria.

“Ayer (domingo) se han recibido los informes de Inteligencia, que establecen que no es recomendable el traslado de los tres privados de libertad, toda vez que existen riesgos durante su traslado”, dijo el jefe policial a los medios.

Jeanine Áñez

Áñez está recluida en el penal de mujeres de Miraflores, en La Paz; mientras que Camacho está en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en Viacha, y Pumari en Cantumarca, Potosí.

Precisamente el acto judicial fue postergado para el 17 de octubre debido a la inasistencia de los tres acusados en el caso, cuyo expediente fue nombrado como “Luis Fernando Camacho y otros”.

Ese caso busca esclarecer los hechos previos a la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que dejó el cargo en medio de una fuerte presión política y social, que denunciaba un supuesto fraude electoral en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

En dichos comicios, Morales ganó los comicios con el 47,08% de la votación, frente al 36,51% de su contendor, el opositor Carlos Mesa.

Conocidos los resultados, Mesa denunció “fraude monumental”, por el que varios sectores se movilizaron en exigencia de la anulación de las elecciones.

Luis Fernando Camacho

Al final, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) estableció que, en los comicios, hubo manipulación dolosa de resultados; ese extremo obligó la anulación del proceso.

Camacho, entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, comandó la protesta, apoyado por un grupo de políticos de su línea y varios sectores de esa región. La movilización se extendió a la ciudad de La Paz.

Otro de los cívicos que protestó y dirigió el reclamo es Pumari, quien al mando Comcipo lideró la protesta que derivó en la quema de ánforas y el edificio del Tribunal Electoral Departamental (TED) de esa región.

Con las movilizaciones subidas de tono, ese 10 de noviembre, Morales pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la anulación de los comicios y, unas horas más tarde, a las 16.50, renunció a la presidencia del Estado.