Édgar Villegas, el ingeniero informático que presentó un informe sobre irregulares detectadas luego de las elecciones de 2019, enfrenta una imputación formal por presuntamente cometer el delito de instigación pública a delinquir.
El proceso penal contra informático fue iniciado a denuncia del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), del ala evista, Renán Cabezas, quien señaló a Villegas como uno de los instigadores a la convulsión social del país, destrucción de bienes y persecución tras sus afirmaciones de “fraude electoral”.
En 2019, Villegas presentó un informe elaborado con un equipo de profesionales sobre irregularidades detectadas a partir de una comparación entre registros del sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el cómputo oficial.
El primero fue usado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para entregar resultados preliminares no oficiales el mismo día de la votación sobre la base de las fotografías y datos de las actas electorales que fueron centralizadas en un sistema informático.
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La segunda es del cómputo de votos mediante la verificación de las actas físicas que los notarios llevan hasta los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de los nueve departamentos para que se valide por los vocales de las salas plenas regionales.
En octubre de 2019, el país se mantuvo paralizado por 21 días luego de unas elecciones que fueron anuladas por denuncias de un supuesto fraude electoral, en medio de un estallido social que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
Tras conocerse los resultados de la auditoría realizada por la Organización De Estados Americanos (OEA) a solicitud del entonces presidente Evo Morales, quien había ganado las elecciones, se dio cuenta de una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” que no hacía posible validar los resultados emitidos originalmente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Conocidas esas conclusiones y en medio de protestas cívicas, el 10 de noviembre de 2019, Morales determinó anular esos comicios, empero, esa decisión no frenó la crisis, por lo que horas después decidió renunciar a la presidencia del Estado, en medio de un motín policial y la presión de las FFAA.