Becker prevé que puede adelantarse la deportación de Murillo como pasó con Méndez
Thomas Becker afirmó que la Justicia de EEUU deporta a los sentenciados por casos como los de Murillo y que la deportación de Méndez “es una señal” para que ocurra lo mismo con el exministro.
Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos. Foto: RRSS
El abogado estadounidense Thomas Becker afirmó que es muy posible que el exministro de Gobierno Arturo Murillo sea deportado a Bolivia por el caso Gases lacrimógenos, luego de cumplir su sentencia en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno.
En entrevista con La Razón Radio, aseguró que “los gringos”, como llama a las autoridades estadounidenses, no quieren a Murillo en ese país porque —en su criterio— no respondió a la demanda civil en su contra sobre la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.
“Es muy posible que vayan a deportar a Murillo porque están enojados con él por no responder a la demanda; esto es algo jurídico”, justificó el abogado.
La sentencia de la jueza Lisa Walsh, que obliga a Murillo a indemnizar a Bolivia con $us 6,2 millones, señala que, ante la ausencia del exministro, el 10 de marzo de 2024, el tribunal “declaró rebeldía contra el demandado”.
En criterio de Becker, el no responder a la demanda agravó su situación con la justicia de su país, debido a que su acción representa un insulto al sistema judicial de Estados Unidos. “Murillo no participó en el caso, tenía que responder a una demanda. Él técnicamente perdió por ‘decisión rebelde’ le ofrecieron un mes para responder, pero nunca respondió”, dijo.
El jurista consideró que su falta de respuesta fue producto de su “arrogancia” o por una incomprensible estrategia legal que no hace más que empeorar su situación legal. “Los gringos son arrogantes también”.
“Fue muy raro que no haya respondido a la demanda civil. Los políticos van a estar enojados, es un insulto cuando no respondes a la corte”, insistió.
Respecto a los obstáculos de una posible deportación, lamentó que existen posibles impedimentos, entre ellos que el exministro denuncie la posibilidad de “tortura” por parte de Gobierno o si presenta una aplicación de asilo por presunta persecución.
“Hay la posibilidad de asilo, pero por un delito de este nivel, Estados Unidos deporta a la persona”, aseguró.
El 9 de abril reciente, un tribunal de Miami, Floridad, dictó una sentencia por la que Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.
Ese mismo año, a la semana de la interrupción en el poder de Jeanine Áñez, Murillo, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) de parte de la firma Cóndor.
Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios no letales, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales $us 2,3 millones fueron sobreprecio.
Murillo huyó de Bolivia tras conocerse la victoria del presidente Luis Arce en las elecciones generales de 2020. Fue acusado por represión a manifestantes y compras irregulares mientras era ministro de Gobierno de Áñez.
En mayo de 2021, Murillo fue detenido en Miami junto con su exjefe de gabinete Sergio Méndez y tres empresarios estadounidenses. Todos estaban acusados de montar un esquema de sobornos y lavado de dinero para aprovecharse de una importación de gases lacrimógenos realizada por Bolivia cuando Murillo era ministro. La exautoridad fue condenado a 5 años y 10 meses (70 meses).
Méndez fue deportado desde Estados Unidos, admitió su culpabilidad en el caso de lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas. Recibió una condena de 42 meses en el país norteamericano.
Becker afirmó que, por lo general, la Justicia de Estados Unidos deporta a los sentenciados por casos como los de Murillo y que la deportación de Méndez “es una señal” para que ocurra lo mismo con el exministro.
Para Becker lo que ocurrió en 2019 en Bolivia, en alusión a las masacres de Senkata (El Alto), Sacaba (Cochabamba) y el Pedregal (La Paz), “fue muy fuerte” hasta para los estadounidenses, debido a que —según explicó— es muy complicado procesar a una persona en Estados Unidos. “Los gringos protegen a personas como Murillo, pero los delitos eran tan fuertes que lo procesaron dos veces, en un caso criminal y uno civil”.
“Es una persona que cometió varios delios horribles en Bolivia”, sentenció.
Al ser consultado sobre su conocimiento sobre los fondos de Murillo, afirmó que el Estado boliviano puede congelar las cuentas y propiedades de Murillo para garantizar el pago de $us 6,2 dictado por la Justicia.
“No sabemos cuanta plata tiene accesible. Es posible que tenga una cuenta en el caribe”, añadió.
El abogado explicó que, si bien Murillo tiene una sentencia de 70 meses de prisión, ese tiempo se puede reducir por buena conducta en su reclusión para, posteriormente, ser deportado a Bolivia.
“Las personas que deciden las deportaciones van a ver una falta de respeto (por no haber respondido a la demanda) y lo van a deportar”, dijo.
Becker es abogado de los familiares de las víctimas de octubre de 2003 que abrieron un juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y Carlos Sánchez Berzain (“El Zorro”) en Estados Unidos. También defendió a las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019.
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