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Friday 17 Jan 2025 | Actualizado a 03:44 AM

El 64% de casos por tortura implica a la Policía y las FFAA

En cinco años, la Defensoría registra 129 denuncias ante la Fiscalía.

/ 21 de abril de 2024 / 06:45

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente de la Defensoría del Pueblo, registra 129 casos de tortura y tratos crueles ante el Ministerio Público en los últimos cinco años, empero, no hay ninguna sentencia condenatoria.

En entrevista con LA RAZÓN, el coordinador de esta instancia, Juan Ledezma, dice que del total, el 64%, o sea 82 casos, implica a efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía envió un reporte de los dos últimos años al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, el 12 de marzo, sobre los procesos por el delito de vejaciones y torturas, del artículo 295 del Código Penal Indica que en 2022 hubo 12 denuncias en La Paz (4) Tarija (4), Chuquisaca (1), Cochabamba (1), Oruro (1) y Potosí (1), de las cuales solamente tres pasaron a las etapas preliminar y preparatoria, todas en La Paz; las restantes nueve llevan el rótulo de “cerradas”.

Mientras que el año pasado se registraron 19 casos en Chuquisaca (6), La Paz (4), Tarija (4), Cochabamba (3), Oruro (1) y Santa Cruz (1), de los cuales solo cuatro están en las etapas preliminar y preparatoria en La Paz (1), Chuquisaca (1), Cochabamba (1) y Tarija (1); el resto resultó “cerrado”.

SANCIONES. A la par, el informe de la gestión 2022 de la Defensoría, para la Asamblea Legislativa, señala que entre 2019 y 2022 se presentaron 1.463 denuncias de tortura y tratos crueles ante instancias disciplinarias de la Policía, con 19 sanciones ejecutoriadas.

“En la vía judicial no existe ninguna sentencia ejecutoriada por el delito de vejámenes y tortura. Se puede afirmar que en Bolivia existe un problema de impunidad”, advierte el documento.

Y la situación no cambió. De acuerdo con el oficio del Ministerio Público para Callisaya, entregado a LA RAZÓN, “en los casos registrados por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas… en las gestiones 2022 y 2023 no se cuenta aún con sentencia condenatoria”.

Al respecto, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI) informa que desde 1952 hasta 2022 se atendieron 1.591 casos de personas torturadas en el territorio nacional. De esa cantidad, el 55% corresponde a hombres y el 45%, a mujeres.

El coordinador Ledezma explica que de las 129 denuncias de tortura y tratos crueles ante la Fiscalía en los últimos cinco años, el 50%, o sea 64, apuntan a efectivos policiales al momento de detenciones y en celdas policiales.

Mientras que el 20%, es decir 26 casos, involucra a las prisiones del país. “Ahí ya vemos otro tipo de métodos de tortura, el más común es la tortura física, producto también de extorsiones de grupos de poder”. Y por último, Ledezma asevera que el 14% de las denuncias (18) se dieron en centros de formación militar como cuarteles, y el resto se refiere a una variedad de casos, entre ellos acciones asumidas por guardias municipales.

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Emma Bravo, directora del ITEI, coincide con el MNP. Sostiene que “los que más torturan y maltratan” son miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Añade que este delito se presenta al momento de la aprehensión como factor de “investigación y confesión”, durante el traslado del detenido a un recinto penitenciario como factor de “amedrentamiento”, y en los centros carcelarios, como factor “punitivo”.

MUNDIAL. Ledezma indica que la tortura es una práctica mundial, puesto que se la tiene presente en países de Europa, Asia, Latinoamérica, África… Asimismo, subraya que los métodos para aplicarla han ido mutando y las convenciones internacionales hablan de tortura física y psicológica, e incluso de métodos que no producen dolor físico directo.

Respecto a esta problemática, el funcionario de la Defensoría del Pueblo señala que en Bolivia se identificaron algunos escenarios preocupantes, como el “retraso total” en la normativa, esto en razón de que “no se cumplen las obligaciones internacionales contra la tortura, como el tipo penal”.

Dice que el segundo factor tiene que ver con el desconocimiento, lo cual está enlazado con el “problema de impunidad en esta temática”, pese a que se concretan denuncias. “Hay un desconocimiento sobre el tema de qué es tortura y qué son los malos tratos, tanto de las fuerzas del orden, me refiero concretamente a la Policía y las Fuerzas Armadas, y también de la población en general”.

Afirma que por ello, cuando se reciben denuncias hay un porcentaje que no corresponden a torturas. “La gente se confunde y piensa que si un vecino le ha hecho una serie de lesiones, es tortura, pero en la tortura debe necesariamente estar involucrado un agente estatal.

No significa que la tortura sea realizada solo por policías o militares, puede ser realizada por particulares, pero siempre y cuando existe algún tipo de intervención estatal”.

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ITEI indica que denuncias son ‘invisibilizadas’ en la Justicia

Emma Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI), señala que cuando existe una denuncia por tortura, trata de ser ignorada, “no se la toma en cuenta o se la invisibiliza”.

La activista recuerda el caso de una joven que, el año pasado, estuvo detenida en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). “Una noche la sacaron y la llevaron al dormitorio de los policías. Y ahí la pegaron, la patearon, le aplicaron corriente eléctrica y le decían ‘confiesa tu crimen’, porque estaba acusada de haber participado en un crimen. Y ella decía ‘mátenme primero porque yo no voy a confesar algo que no he hecho’”.

Agrega que cuando ella contó lo sucedido al ITEI y después “estuvo delante del juez, le dijo ‘quiero mostrarle las marcas que me han dejado de la tortura’. El juez la miró y le dijo ‘no pasa nada’. Eso es una constante, los jueces no hacen nada”. Indica que en esos casos, lo que el juez tiene que pedir es que se muestren los efectos de la tortura. “Se anota, se sacan fotos y se documenta este caso de tortura, (pero) no invisibilizarlo”.

Señala también que, en noviembre de 2019, en la crisis social y política de entonces, se tenía documentación de torturas, con registros de fotos de marcas de los detenidos. “Pudimos entrar en las celdas y hablar con ellos, y uno de los jóvenes dijo ‘me voy a bajar el pantalón para que vean lo que me han hecho’. Se bajó el pantalón y tenía las piernas completamente moradas. Los detenidos se organizaron y empezaron a mostrar lo que les habían hecho y fuimos sacando fotos con un celular”.

Bravo añade que cuando se los volvió a ver en las celdas de las prisiones de San Pedro y Obrajes, “se comenzó a documentar, esto en razón a que se trabaja bajo el protocolo de Estambul”. “En una de las sesiones con el juez, estaban también los de Naciones Unidas, yo denuncié la tortura y le dije al juez: el ITEI puede presentar casos que ha documentado con fotos, (pero) nunca nos pidieron”.

Menciona que “hay un silencio de policías, jueces, fiscales y abogados sobre la tortura y eso contribuye a la impunidad. También contribuye a que las víctimas no se atrevan a denunciar y sean muy pocas las que denuncien”.

TORTURA Y TRATOS CRUELES

  • Tortura. Es todo acto por el cual se inflige intencionadamente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información o una confesión por un acto que se haya cometido, o se sospeche que se ha cometido, o para intimidar a esa persona cuando dichos dolores o sufrimientos son infligidos por un funcionario público.
  • Tratos crueles. Comprenden otros actos que constituyen tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.

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Ministra Prada destituye a director del Sernap por uso indebido de bienes

Jiménez es acusado de utilizar vehículos oficiales con fines privados, como compra de productos y obligar a su personal a realizar tareas fuera de sus funciones.

Posesión de Jhonson Jiménez, como director nacional del Sernap

Por Boris Góngora

/ 16 de enero de 2025 / 21:31

La ministra interina de Medio Ambiente y Agua, María Nela Prada, destituyó este jueves al director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Jhonson Jiménez, tras una denuncia por uso indebido de bienes del Estado.

A través de la Resolución Ministerial 005, del 16 de enero de 2025, la titular del Ministerio de Medio Ambiente abrogó la Resolución Ministerial 396, del 30 de agosto de 2023, que designaba a Jiménez como director ejecutivo del Sernap.

El exfuncionario es acusado de utilizar vehículos oficiales con fines privados, como compra de productos y obligar a su personal a realizar tareas fuera de sus funciones.

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En pasados días, Jhonson también fue cuestionado por la destitución injustificada de guardaparques, entre ellos, Marcos Uzquiano, quien también cuestionó la gestión del exdirector del Sernap.

El Sernap es una institución del Estado que encargada de salvaguardar las 23 áreas protegidas del país. Al interior de las áreas protegidas se concentra la mayor biodiversidad del país.

Prada asumió el Ministerio de Medio Ambiente de forma interina, luego que el presidente Luis Arce destituyera a Alán Lisperguer ante denuncias de enriquecimiento ilícito y falsedad en su declaración jurada.

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Partido de Chi recibe el visto bueno del TSE para inicio de recolección de firmas

AMAR tiene un plazo de 120 días para la recolección de 110.000 las firmas a nivel nacional.

/ 16 de enero de 2025 / 21:00

Representantes del partido Alianza de Movimiento de Acción Republicana (AMAR), liderado por el precandidato Chi Hyun Chung, recibieron el aval del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para iniciar la recolección de firmas a nivel nacional y constituir su partido con personería jurídica.

Sun Hyun Chung, Hermano de Chi, se encargó de recibir la resolución del TSE. Indicó que estes jueves que se iniciará con la recolección de las firmas y concretar la participación de Chi en las elecciones generales 2025.

“Hemos obtenido aprobación de nuestro partido AMAR para recolectar firmas y que nuestra sigla se convierta en un partido político consolidado, y participe de las elecciones generales 2025”, dijo Hyun Chung.

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Señaló además que se tiene un plazo de 120 días para la recolección de 110.000 las firmas a nivel nacional.

Entre sus propuestas, dijo que está la implementación de un modelo similar al de Corea con el fin de apuntar a la industrialización, donde todos los empresarios puedan venir a invertir.

“Queremos un modelo de democracia y no socialista en favor del pueblo. Estamos apuntando más que la autonomía al federalismo. No es lo mismo La Paz que Santa Cruz o Beni que Oruro. Cada región es diferente geográficamente y culturalmente”.

Añadió que se busca que cada región tenga su propio liderazgo y no se centralice el poder solamente en el departamento de La Paz. “Queremos cambiar totalmente el país”.

Carolina Aponte, secretaria de AMAR, señaló que la población pidió a Chi Hyun Chung que conforme su partido, porque es uno de los liderazgos emergentes.

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Lisperguer: Yo no puedo fugarme del país porque ‘no me he robado ni un centavo’

El exministro aclaró que desde que asumió como ministro en marzo del año pasado a la fecha no tiene un “movimiento extraordinario” en sus cuentas.

El ministro Lisperguer señala los focos de calor

/ 16 de enero de 2025 / 19:46

Tras la destitución del cargo de ministro de Medio Ambiente y Agua, Alán Lispeguer señaló este jueves que no puede “fugarse del país” porque no ha robado “ni un centavo de nadie” e indicó que existe “toda la justificación” para demostrar el movimiento de Bs 1 millón.

“Todo lo que tengo, ha sido gracias a mi esfuerzo. Hacen mención a nueve bienes que en menos de tres años (tuve). He construido un edificio multifamiliar hace bastantes años atrás. Todo el mundo sabe que cuando va a ser (una construcción) tiene que regularizar con la propiedad horizontal para sacar los folios reales de cada departamento, eso es lo que ha pasado”, afirmó.

La exautoridad es investigada por un presunto enriquecimiento ilícito y por falsedad en su declaración jurada.

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó el miércoles que llama la atención que Lisperguer haya registrado ocho bienes inmuebles en 2021 e hiciera un movimiento de más de un millón de bolivianos.

De acuerdo con la autoridad, la investigación surgió tras una denuncia presentada ante el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción donde se detallan “algunos cobros irregulares y movimientos inusuales” contra el exministro y otro exfuncionario. 

“Se hace ver como si fuera parte de un enriquecimiento ilícito. Y, obviamente, las gestiones donde no fungía como servidor público, he tenido que dedicarme también a otras actividades para poder sobrevivir. Y en ese sentido, justamente con esos bienes inmuebles”, dijo el exministro en una entrevista con Erbol.

Indicó además que el millón bolivianos si se lo divide por cuatro años da Bs 250.000, suma que, en su criterio, no es una suma para “enriquecerse”.  “Todo esto lo vamos a ir descargando con todo lo que tenemos”.

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Reiteró que no hay “por qué fugarse del país” debido a que aquí no se habla de “miles de millones de dólares o bolivianos que llamarían la atención”.

También aclaró que desde que asumió como ministro en marzo del año pasado a la fecha no tiene un “movimiento extraordinario” en sus cuentas.

“Antes de asumir el cargo, efectivamente sí tengo movimientos, como cualquier ciudadano, que para sobrevivir tiene que utilizar sus recursos.

Aseveró que respetará el procedimiento que tiene la Fiscalía para la notificación, para las declaraciones y presentación de todos los descargos,

“Estamos respetando eso, pero vemos que hay un apuro, querer forzar a una situación, querer hacer ver como que mi persona está escapando del país y que hay que aprehenderlo, creo que ya son extremos”, manifestó.

El director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Gabriel Neme, señaló este jueves que la Fiscalía aún no emitió ninguna citación u orden de aprehensiónLa FELCC dice que el exministro Lisperger aún no fue citado por la Fiscalía para el exministro de Medio Ambiente.

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Marcha evista define cuarto intermedio y espera respuesta del Gobierno hasta el 22 de enero

Los movilizados dieron plazo hasta el 22 de enero para que el Gobierno responda a sus demandas.

Dirigencia del Pacto de Unidad evista brinda una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 16 de enero de 2025 / 18:31

Tras la entrega del pliego petitorio de 12 puntos al Gobierno, el Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales determinó este jueves ingresar en un cuarto intermedio y esperar una respuesta hasta el 22 de enero.

Pedro Llanque, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) paralelo, señaló que la determinación se debe a que el Gobierno tiene “unas intenciones oscuras” de querer sembrar pruebas y detener a los que están en la vigilia.

“Como dirigentes no podemos arriesgar a nuestros hermanos que van a entrar a la vigilia, tampoco a los dirigentes que realmente arriesgan. Por eso, hemos tomado la decisión de dar un plazo al Gobierno hasta el 22 de enero para que nos atienda”, dijo del dirigente campesino.

Indicó que el 22 de enero en el coliseo de La Coronilla de Cochabamba se tendrá una concentración a nivel nacional para hacer una evaluación de la marcha y se determinará fututas acciones en beneficio del país.

Lea más: Justicia determina medidas sustitutivas contra 12 marchistas evistas

La marcha que partió el 10 de enero desde la localidad de Patacamaya arribó a la ciudad de La Paz el lunes 13 con el objetivo de ingresar a la plaza Murillo para entregar el pliego de demandas al Gobierno.

Sin embargo, contingentes de policías impidieron este objetivo y gasificaron a los marchistas, por lo que los movilizados iniciaron una vigilia en cercanías de la plaza Murillo hasta entregar sus demandas.

Enrique Mamani, dirigente intercultural, indicó que la “Marcha por la vida” desde su inicio hasta llegar a la sede de Gobierno “fue pacífica”, pero que el Gobierno una vez más demostró el lunes 13 y martes 14 la “represión indiscriminada” y el secuestro de los marchitas.

“Lo único que han venido es a pedir que sean escuchados ante el alza de la canasta familiar, el combustible que está generando largas colas y la escasez del dólar. También hemos venido exigiendo al Gobierno central dentro del pliego petitorio liberar a nuestros detenidos injustamente”, señaló el dirigente intercultural.

Mamani aseveró que la lucha continúa y seguirá adelante hasta conseguir sus demandas y que “no piense que el Gobierno que al recibir el pliego van a dejar de luchar”.

El lunes, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, indicó que varios puntos de su pliego ya fueron atendidos y que algunos solo buscan “impunidad” para su líder, que enfrenta un proceso por trata de personas.

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Justicia determina medidas sustitutivas contra 12 marchistas evistas

Mendoza denunció que en instalaciones de la FELCC los marchistas aprehendidos sufrieron agresiones físicas y psicológicas.

Marcha evista

Por Boris Góngora

/ 16 de enero de 2025 / 17:35

La Justicia determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva contra 12 personas aprehendidas durante la movilización evista que llegó el lunes 13 de enero a la ciudad de La Paz.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Gabriel Neme, informó este jueves que estas personas fueron aprehendidas en posesión y tenencia de explosivos.

“Se pretendía utilizar (estos explosivos) para agredir a los servidores policiales que se encontraban en funciones de seguridad en la plaza Murillo. Ha sido la autoridad jurisdiccional, quien ha definido otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva”, señaló el jefe policial.

Dieter Mendoza, secretario general de la Federación Mamoré Bulo Bulo, informó sobre la liberación de los aprehendidos y señaló que “son inocentes” y que el Gobierno no logró “sembrar las pruebas” para encarcelarlos. 

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“Ellos estaban detenidos injustamente, solamente estaban circulando alrededor de la plaza Murillo. En ningún momento hubo ningún tipo de agresión, como acusó el Gobierno y la Policía”, dijo el dirigente cocalero.

La marcha del Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales, a su arribo a la ciudad de La Paz, intentó ingresar al kilómetro cero, plaza Murillo, para entregar un pliego petitorio al Gobierno.

Sin embargo, grupos de contingentes policías impidieron este objetivo y gasificaron a los marchistas. El Gobierno reportó la aprehensión de 12 personas y el arresto de otras 29 por el ataque con petardos y cachorros de dinamita, entre otros explosivos. 

Mendoza denunció que en instalaciones de la FELCC los marchistas aprehendidos sufrieron agresiones físicas y psicológicas.

La marcha evista determinó también levantar la medida de presión, tras la entrega del pliego petitorio al Gobierno y conminó a dar respuesta hasta el 22 de enero, caso contrario asumirán otras medias de presión.

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