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Thursday 16 Jan 2025 | Actualizado a 18:39 PM

El 64% de casos por tortura implica a la Policía y las FFAA

En cinco años, la Defensoría registra 129 denuncias ante la Fiscalía.

/ 21 de abril de 2024 / 06:45

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente de la Defensoría del Pueblo, registra 129 casos de tortura y tratos crueles ante el Ministerio Público en los últimos cinco años, empero, no hay ninguna sentencia condenatoria.

En entrevista con LA RAZÓN, el coordinador de esta instancia, Juan Ledezma, dice que del total, el 64%, o sea 82 casos, implica a efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía envió un reporte de los dos últimos años al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, el 12 de marzo, sobre los procesos por el delito de vejaciones y torturas, del artículo 295 del Código Penal Indica que en 2022 hubo 12 denuncias en La Paz (4) Tarija (4), Chuquisaca (1), Cochabamba (1), Oruro (1) y Potosí (1), de las cuales solamente tres pasaron a las etapas preliminar y preparatoria, todas en La Paz; las restantes nueve llevan el rótulo de “cerradas”.

Mientras que el año pasado se registraron 19 casos en Chuquisaca (6), La Paz (4), Tarija (4), Cochabamba (3), Oruro (1) y Santa Cruz (1), de los cuales solo cuatro están en las etapas preliminar y preparatoria en La Paz (1), Chuquisaca (1), Cochabamba (1) y Tarija (1); el resto resultó “cerrado”.

SANCIONES. A la par, el informe de la gestión 2022 de la Defensoría, para la Asamblea Legislativa, señala que entre 2019 y 2022 se presentaron 1.463 denuncias de tortura y tratos crueles ante instancias disciplinarias de la Policía, con 19 sanciones ejecutoriadas.

“En la vía judicial no existe ninguna sentencia ejecutoriada por el delito de vejámenes y tortura. Se puede afirmar que en Bolivia existe un problema de impunidad”, advierte el documento.

Y la situación no cambió. De acuerdo con el oficio del Ministerio Público para Callisaya, entregado a LA RAZÓN, “en los casos registrados por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas… en las gestiones 2022 y 2023 no se cuenta aún con sentencia condenatoria”.

Al respecto, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI) informa que desde 1952 hasta 2022 se atendieron 1.591 casos de personas torturadas en el territorio nacional. De esa cantidad, el 55% corresponde a hombres y el 45%, a mujeres.

El coordinador Ledezma explica que de las 129 denuncias de tortura y tratos crueles ante la Fiscalía en los últimos cinco años, el 50%, o sea 64, apuntan a efectivos policiales al momento de detenciones y en celdas policiales.

Mientras que el 20%, es decir 26 casos, involucra a las prisiones del país. “Ahí ya vemos otro tipo de métodos de tortura, el más común es la tortura física, producto también de extorsiones de grupos de poder”. Y por último, Ledezma asevera que el 14% de las denuncias (18) se dieron en centros de formación militar como cuarteles, y el resto se refiere a una variedad de casos, entre ellos acciones asumidas por guardias municipales.

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Emma Bravo, directora del ITEI, coincide con el MNP. Sostiene que “los que más torturan y maltratan” son miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Añade que este delito se presenta al momento de la aprehensión como factor de “investigación y confesión”, durante el traslado del detenido a un recinto penitenciario como factor de “amedrentamiento”, y en los centros carcelarios, como factor “punitivo”.

MUNDIAL. Ledezma indica que la tortura es una práctica mundial, puesto que se la tiene presente en países de Europa, Asia, Latinoamérica, África… Asimismo, subraya que los métodos para aplicarla han ido mutando y las convenciones internacionales hablan de tortura física y psicológica, e incluso de métodos que no producen dolor físico directo.

Respecto a esta problemática, el funcionario de la Defensoría del Pueblo señala que en Bolivia se identificaron algunos escenarios preocupantes, como el “retraso total” en la normativa, esto en razón de que “no se cumplen las obligaciones internacionales contra la tortura, como el tipo penal”.

Dice que el segundo factor tiene que ver con el desconocimiento, lo cual está enlazado con el “problema de impunidad en esta temática”, pese a que se concretan denuncias. “Hay un desconocimiento sobre el tema de qué es tortura y qué son los malos tratos, tanto de las fuerzas del orden, me refiero concretamente a la Policía y las Fuerzas Armadas, y también de la población en general”.

Afirma que por ello, cuando se reciben denuncias hay un porcentaje que no corresponden a torturas. “La gente se confunde y piensa que si un vecino le ha hecho una serie de lesiones, es tortura, pero en la tortura debe necesariamente estar involucrado un agente estatal.

No significa que la tortura sea realizada solo por policías o militares, puede ser realizada por particulares, pero siempre y cuando existe algún tipo de intervención estatal”.

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ITEI indica que denuncias son ‘invisibilizadas’ en la Justicia

Emma Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI), señala que cuando existe una denuncia por tortura, trata de ser ignorada, “no se la toma en cuenta o se la invisibiliza”.

La activista recuerda el caso de una joven que, el año pasado, estuvo detenida en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). “Una noche la sacaron y la llevaron al dormitorio de los policías. Y ahí la pegaron, la patearon, le aplicaron corriente eléctrica y le decían ‘confiesa tu crimen’, porque estaba acusada de haber participado en un crimen. Y ella decía ‘mátenme primero porque yo no voy a confesar algo que no he hecho’”.

Agrega que cuando ella contó lo sucedido al ITEI y después “estuvo delante del juez, le dijo ‘quiero mostrarle las marcas que me han dejado de la tortura’. El juez la miró y le dijo ‘no pasa nada’. Eso es una constante, los jueces no hacen nada”. Indica que en esos casos, lo que el juez tiene que pedir es que se muestren los efectos de la tortura. “Se anota, se sacan fotos y se documenta este caso de tortura, (pero) no invisibilizarlo”.

Señala también que, en noviembre de 2019, en la crisis social y política de entonces, se tenía documentación de torturas, con registros de fotos de marcas de los detenidos. “Pudimos entrar en las celdas y hablar con ellos, y uno de los jóvenes dijo ‘me voy a bajar el pantalón para que vean lo que me han hecho’. Se bajó el pantalón y tenía las piernas completamente moradas. Los detenidos se organizaron y empezaron a mostrar lo que les habían hecho y fuimos sacando fotos con un celular”.

Bravo añade que cuando se los volvió a ver en las celdas de las prisiones de San Pedro y Obrajes, “se comenzó a documentar, esto en razón a que se trabaja bajo el protocolo de Estambul”. “En una de las sesiones con el juez, estaban también los de Naciones Unidas, yo denuncié la tortura y le dije al juez: el ITEI puede presentar casos que ha documentado con fotos, (pero) nunca nos pidieron”.

Menciona que “hay un silencio de policías, jueces, fiscales y abogados sobre la tortura y eso contribuye a la impunidad. También contribuye a que las víctimas no se atrevan a denunciar y sean muy pocas las que denuncien”.

TORTURA Y TRATOS CRUELES

  • Tortura. Es todo acto por el cual se inflige intencionadamente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información o una confesión por un acto que se haya cometido, o se sospeche que se ha cometido, o para intimidar a esa persona cuando dichos dolores o sufrimientos son infligidos por un funcionario público.
  • Tratos crueles. Comprenden otros actos que constituyen tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.

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Marcha evista define cuarto intermedio y espera respuesta del Gobierno hasta el 22 de enero

Los movilizados dieron plazo hasta el 22 de enero para que el Gobierno responda a sus demandas.

Dirigencia del Pacto de Unidad evista brinda una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 16 de enero de 2025 / 18:31

Tras la entrega del pliego petitorio de 12 puntos al Gobierno, el Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales determinó este jueves ingresar en un cuarto intermedio y esperar una respuesta hasta el 22 de enero.

Pedro Llanque, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) paralelo, señaló que la determinación se debe a que el Gobierno tiene “unas intenciones oscuras” de querer sembrar pruebas y detener a los que están en la vigilia.

“Como dirigentes no podemos arriesgar a nuestros hermanos que van a entrar a la vigilia, tampoco a los dirigentes que realmente arriesgan. Por eso, hemos tomado la decisión de dar un plazo al Gobierno hasta el 22 de enero para que nos atienda”, dijo del dirigente campesino.

Indicó que el 22 de enero en el coliseo de La Coronilla de Cochabamba se tendrá una concentración a nivel nacional para hacer una evaluación de la marcha y se determinará fututas acciones en beneficio del país.

Lea más: Justicia determina medidas sustitutivas contra 12 marchistas evistas

La marcha que partió el 10 de enero desde la localidad de Patacamaya arribó a la ciudad de La Paz el lunes 13 con el objetivo de ingresar a la plaza Murillo para entregar el pliego de demandas al Gobierno.

Sin embargo, contingentes de policías impidieron este objetivo y gasificaron a los marchistas, por lo que los movilizados iniciaron una vigilia en cercanías de la plaza Murillo hasta entregar sus demandas.

Enrique Mamani, dirigente intercultural, indicó que la “Marcha por la vida” desde su inicio hasta llegar a la sede de Gobierno “fue pacífica”, pero que el Gobierno una vez más demostró el lunes 13 y martes 14 la “represión indiscriminada” y el secuestro de los marchitas.

“Lo único que han venido es a pedir que sean escuchados ante el alza de la canasta familiar, el combustible que está generando largas colas y la escasez del dólar. También hemos venido exigiendo al Gobierno central dentro del pliego petitorio liberar a nuestros detenidos injustamente”, señaló el dirigente intercultural.

Mamani aseveró que la lucha continúa y seguirá adelante hasta conseguir sus demandas y que “no piense que el Gobierno que al recibir el pliego van a dejar de luchar”.

El lunes, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, indicó que varios puntos de su pliego ya fueron atendidos y que algunos solo buscan “impunidad” para su líder, que enfrenta un proceso por trata de personas.

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Justicia determina medidas sustitutivas contra 12 marchistas evistas

Mendoza denunció que en instalaciones de la FELCC los marchistas aprehendidos sufrieron agresiones físicas y psicológicas.

Marcha evista

Por Boris Góngora

/ 16 de enero de 2025 / 17:35

La Justicia determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva contra 12 personas aprehendidas durante la movilización evista que llegó el lunes 13 de enero a la ciudad de La Paz.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Gabriel Neme, informó este jueves que estas personas fueron aprehendidas en posesión y tenencia de explosivos.

“Se pretendía utilizar (estos explosivos) para agredir a los servidores policiales que se encontraban en funciones de seguridad en la plaza Murillo. Ha sido la autoridad jurisdiccional, quien ha definido otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva”, señaló el jefe policial.

Dieter Mendoza, secretario general de la Federación Mamoré Bulo Bulo, informó sobre la liberación de los aprehendidos y señaló que “son inocentes” y que el Gobierno no logró “sembrar las pruebas” para encarcelarlos. 

Lea más: Evistas dejaron su pliego en Casa Grande del Pueblo y hay un plazo de 72 horas

“Ellos estaban detenidos injustamente, solamente estaban circulando alrededor de la plaza Murillo. En ningún momento hubo ningún tipo de agresión, como acusó el Gobierno y la Policía”, dijo el dirigente cocalero.

La marcha del Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales, a su arribo a la ciudad de La Paz, intentó ingresar al kilómetro cero, plaza Murillo, para entregar un pliego petitorio al Gobierno.

Sin embargo, grupos de contingentes policías impidieron este objetivo y gasificaron a los marchistas. El Gobierno reportó la aprehensión de 12 personas y el arresto de otras 29 por el ataque con petardos y cachorros de dinamita, entre otros explosivos. 

Mendoza denunció que en instalaciones de la FELCC los marchistas aprehendidos sufrieron agresiones físicas y psicológicas.

La marcha evista determinó también levantar la medida de presión, tras la entrega del pliego petitorio al Gobierno y conminó a dar respuesta hasta el 22 de enero, caso contrario asumirán otras medias de presión.

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Ministra Prada asume de manera interina la cartera de Medio Ambiente

“Desígnese ministra interina de Medio Ambiente y Agua, a la ciudadana María Nela Prada Tejada, ministra de la Presidencia, mientras se designe al titular”, reza el artículo único del decreto presidencial.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, brinda una conferencia de prensa.

/ 16 de enero de 2025 / 16:30

Ante la destitución de Alan Lisperguer como ministro de Medio Ambiente y Agua, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, asumió de manera interina el cargo hasta que se designe a una nueva autoridad en esa cartera de Estado.

La designación de Prada se establece a través del Decreto Presidencial 5314 que fue publicado en la Gaceta del Estado.

“Desígnese ministra interina de Medio Ambiente y Agua, a la ciudadana María Nela Prada Tejada, ministra de la Presidencia, mientras se designe al titular”, reza el artículo único del decreto presidencial.

Lea más: Viceministra Ríos señala que el exministro Lisperguer adquirió ocho inmuebles en 2021

Luego de conocerse que el exministro es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, el presidente Luis Arce dispuso su “destitución inmediata”.

“Luego de haberse hecho público la admisión de una denuncia contra el Ministro de Medio Ambiente y Agua por presunto enriquecimiento ilícito, he dispuesto su destitución inmediata para que asuma defensa en las instancias que corresponda”, escribió el mandatario.

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó el miércoles que el exministro de Medio Ambiente y Agua registró ocho bienes inmuebles en 2021 que “llamó la atención” e hizo un movimiento de más de un millón de bolivianos.

Por este hecho, también es investigado el exdirector jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

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Magistratura inicia el proceso de transición para luego realizar auditorías jurídicas

“Este proceso de transición es parte de la transparencia que quiere dar esta institución para saber en qué estado se han dejado las documentaciones por las anteriores autoridades", dijo Baptista.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, brinda una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 16 de enero de 2025 / 15:47

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó este viernes que esta alta instancia del Órgano Judicial inicio de manera formal la transición del cargo para luego iniciar las auditorias respetivas de la gestión de los salientes consejeros de esa institución.

Para ello, dijo que se contrató a un Notario de Fe Pública que recibirá toda la documentación de las diferentes direcciones, jefaturas y direcciones departamentales del Consejo de la Magistratura. 

“Este proceso de transición es parte de la transparencia que quiere dar esta institución para saber en qué estado se han dejado las documentaciones por las anteriores autoridades y posteriormente a esta recepción analizar la asignación de tareas en cada una de las reparticiones de esta institución e inclusive proceder algunas auditorías jurídicas en los casos que sean necesarios”, dijo.

Baptista señaló que, en este proceso de transición, se pidió a los “todos” los funcionarios del Consejo de la Magistratura que colaboren con el trabajo de la Comisión de Transición, la cual estará a cargo de un representante de cada consejero de la Magistratura y del Notario de Fe Pública.

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En esta etapa de trabajo, dijo que se tomará un registro de toda la documentación que se dejó en cada una de las direcciones, unidades y jefaturas de esta institución, así como de los nueve departamentos en sus direcciones distritales.

Señaló que el trabajo de la anterior gestión debe ser transparente y una vez recibida documentación se procederá al análisis formal de cada documentación, a fin de dar inicio a las posibles auditorías.

“No nos olvidemos que el Consejo de la Magistratura supervisa no solamente el trabajo de los jueces, sino también de oficinas muy importantes como son el REJAP (Registro de Antecedentes Penales), como son Derechos Reales y otras”, señaló.

Baptista aclaró que una auditoría se inicia en atención a alguna denuncia, alguna petición o intención de alguno de los consejeros en relación a una actividad en particular.       Indico que en 2024 “muchos” pidieron que se revise en atención a la “autoprórroga” de los magistrados.

“Este tipo de decisiones para el inicio de las auditorías van a realizarse una vez que en sala plena con los tres consejeros exista un acuerdo pertinente”.

La autoridad judicial señaló además que en “la brevedad posible” se dará una respuesta para saber en qué estado real se dejó la institución.

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Justicia reprograma para el 10 de febrero el juicio por el caso Golpe I

El caso refiere a todos los hechos precedentes a la caída y renuncia del entonces presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en el ingreso al juzgado, en La Paz.

Por Boris Góngora

/ 16 de enero de 2025 / 15:01

El juicio por el caso Golpe de Estado I, que estaba previsto instalarse el viernes 17 de enero contra el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico de Potosí Marco Antonio Pumari, fue reprogramado para el 10 de febrero.

La justicia había determinado que Pumari esté presente de manera virtual en la audiencia debido a que la notificación llegó a destiempo; sin embargo, con esta determinación judicial se prevé que el excívico participe de manera presencial.

Jorge Nina, abogado de la exdiputada Lidia Patty, indicó que el juicio está en la fase de pruebas documentales del Ministerio de Gobierno.

Golpe de Estado I

“Se va a continuar en la etapa que se ha suspendido antes de las vacaciones judiciales. Es decir, en la producción de prueba documental. Después de esta producción de prueba, seguramente el tribunal va a sacar su resolución o determinando que pruebas se van a judicializar”, explicó.

Dijo que esa es la etapa en la que se está en la “última” fase de juicio oral contradictorio.

Camacho deberá ser trasladado desde el penal de Chonchocoro al Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se desarrolla las audiencias del juicio oral.

Investigación

A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.

El caso refiere a todos los hechos precedentes a la caída y renuncia del entonces presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Dos días después, la entonces senadora Jeanine Áñez asumió, primero, la titularidad del Senado y, luego, la presidencia del país, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin el quorum reglamentario ni la presencia de los legisladores del MAS, que entonces tenía la mayoría en la Asamblea Legislativa.

Juicio

Camacho y Pumari, en Santa Cruz y Potosí, respectivamente, lideraron las protestas por un supuesto “fraude electoral”.

La movilización, replicada en varias regiones, cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que Morales deje el cargo.

En este caso, el Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz determinó apartar a la exmandataria del caso Golpe de Estado I, bajo el argumento de que no puede ser procesada dos veces por un mismo hecho, como en el caso Golpe de Estado II.

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