Durante un nuevo operativo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) incineró más de 10 toneladas de marihuana que fue incautada en el municipio de Cocapata, Cochabamba.

Así lo informaron a través de sus redes sociales la FELCN y la Policía Boliviana.

“Nuestros servidores policiales de la FELCN ubicaron una extensión de plantaciones de marihuana. Procedieron a destruir 836 kilos de marihuana en estado húmedo”, se lee en el comunicado que compartieron.

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El operativo se realizó en la comunidad de San Cristóbal del municipio de Cocapata, en el departamento de Cochabamba.

En un comunicado posterior, la FELCN informó que “luego del procesamiento de información ubicaron una extensión de plantaciones de marihuana. Posteriormente se procedió con la destrucción e incineración de 10 toneladas”.

En otro operativo, se aprehendió a una mujer que intentaba transportar en su aguayo varios paquetes de cocaína.

“Trabajamos con dignidad, profesionalismo y eficiencia sobresaliente; los resultados son elocuentes por sí mismos”, reza el comunicado.

En las labores de interdicción al narcotráfico, en lo que va de 2024 y en base a los resultados de gestiones pasadas, Cochabamba es la principal región en la producción y comercialización de estupefacientes.

En el marco del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Paraguay, conmemorando el 89° aniversario del acuerdo de paz firmado entre ambos países y que puso fin a la Guerra del Chaco, las fiscalías de ambos países acordaron este viernes un trabajo conjunto para mejores resultados en investigaciones criminales e ilícitas.

“El trabajo conjunto en la persecución penal resulta de mucha importancia en el caso del abordaje de crímenes transnacionales”, afirmó Juan Lanchipa, fiscal General del Estado boliviano, en un video que la Fiscalía difundió en sus redes.

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Convenio

Así, el fiscal informó que el Ministerio Público de Bolivia y su par de Paraguay firmaron un ‘Convenio de Cooperación Interinstitucional’, con el fin de lograr el intercambio de información en investigaciones, elaborar técnicas y estrategias investigativas. Inclusive, se contempla la capacitación de personal en conjunto.

“Nosotros como Ministerio Público de Bolivia nos sentimos muy satisfechos de la firma de este acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público de Paraguay y nuestro país”, expresó Lanchipa.

Este acuerdo se da en el marco de las relaciones diplomáticas que ambos países pretenden impulsar. El jueves, en la reunión entre el presidente Luis Arce y su par de Paraguay, Santiago Peña, se remarcó la importancia de fortalecer los lazos bilaterales entre ambas naciones.

Narcotráfico

Lanchipa espera que, con el convenio, se puedan combatir varios delitos que ambos ministerios públicos enfrentan. Apuntó el tema del narcotráfico, las ganancias ilícitas, el lavado de activos, entre otros delitos.

Justamente, hace dos semanas, la Fiscalía de Paraguay informó que el narcotraficante prófugo uruguayo Sebastián Marset logró obtener ingresos por más de $us 433 millones con la droga proveniente de Bolivia.

Paraguay

Emiliano Rolón Fernández, fiscal General de Paraguay, festejó también el acuerdo entre ambos países; frente a los desafíos que enfrentan en materia criminal.

“La misión de persecución penal y la investigación criminal nos obliga a tomar otras aristas en este nuevo sistema; en este nuevo orden que afecta particularmente a los ministerios públicos de la región. Ésa es la intención de suscribir acuerdos bilaterales”, explicó en un video que socializó la Fiscalía.

De acuerdo con la Fiscalía, el convenio permitirá que se promueva la capacitación jurídica y técnica del personal. Con ese fin, se espera que se realicen programas conjuntos, reuniones y seminarios en temas que sean de interés para ambos países.

La Procuraduría General del Estado (PGE) atiende actualmente 287 casos a nivel nacional, de los cuales 30 están “ultrapriorizados” por los daños económicos que representan al Estado o por su importancia mediática.

“Esos 570 casos se redujeron a 287 procesos, de los cuales 30 de ellos tienen una categorización de ‘ultrapriorizados’, tomando en cuenta la afectación que ha sufrido el Estado en daños económicos”, informó María Belén Serrate, directora departamental de Santa Cruz de la PGE, en un video que la institución compartió este viernes en sus redes.

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Reducción de procesos

Las declaraciones de Serrate concuerdan con las del procurador César Siles, quien brindó una conferencia de prensa el miércoles pasado sobre una reducción de procesos, debido a su importancia.

De acuerdo con la directora, antes de la gestión de Siles, la Procuraduría atendía 570 casos. “Se ha determinado que no en todas debería participar la Procuraduría; esto denota un abuso de poder de anteriores gestiones”, criticó.

A partir de la presente gestión, la Procuraduría determinó que solamente participarían de casos que afecten económicamente al Estado por más de Bs 7 millones.

Santa Cruz

Serrate informó de tres casos ultrapriorizados en Santa Cruz por el daño económico que produjeron al Estado.

“En uno de ellos hay un daño económico de 32 millones de bolivianos al Estado. En un segundo proceso tenemos 266.388.500 dólares como afectación al Estado. Un tercero, en el que existe un daño de 25 millones de bolivianos”, informó.

De acuerdo con la directora, el primer y el tercer proceso están relacionados con la exalcaldesa cruceña Angélica Sosa, por contratos irregulares y el mediático caso Ítems Fantasma. El segundo, que representa el daño más elevado, se debe a la paralización en la construcción de la siderúrgica del Mutún.

Casos

Otros de los casos que reciben una atención especial también se deben a la atención mediática y a factores políticos. Dentro de la lista de 30 casos a nivel nacional se encuentran: Golpe de Estado I, Senkata, Gases, Ventiladores Españoles, Piscinas de Litio, Amayapampa, Banco Fassil, Misiles Chinos, entre otros.

En algunos de ellos, las investigaciones no determinaron aún el daño económico que sufrió el Estado. Sin embargo, por sus características, se estima que superarían fácilmente los Bs 7 millones que considera la PGE para asumir el proceso correspondiente.

De esta manera, la Procuraduría pretende involucrarse únicamente en casos que tengan como sujeto afectado al Estado y no a particulares, pues, afirma, existen otras instancias que se pueden ocupar de aquellos procesos.

Los policías agredidos en la “gresca” del sábado pasado en el penal de Chonchocoro, que sufrieron múltiples lesiones y fracturas, ya recibieron el alta médica.

“Después de la operación, entendiendo que el restablecimiento ha sido favorable, los han dado de alta”, informó este viernes Álvaro Álvarez, comandante General de la Policía Boliviana, en conferencia de prensa.

‘Gresca’

El sábado pasado, el privado de libertad Misael Nallar, acusado por el asesinato de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), incitó a un enfrentamiento entre algunos de los reos de su pabellón con los efectivos policiales.

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El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, socializó el martes videos del enfrentamiento. En él se ve claramente a Nállar agredir a los efectivos.

A raíz de ello, Álvarez informó que se están realizando investigaciones para determinar la existencia de un “grupo extremista” dentro del penal.

‘Grupo extremista’

Se está investigando “la vinculación de este señor con un ‘grupo extremista’ (…); ese día la pretensión no era otra que lastimar, lesionar, o, en todo caso, matar a efectivos policiales que no estaban haciendo otra cosa más que cumplir con su trabajo”, apuntó el Comandante de la Policía.

Otros reos también fueron vinculados como incitadores del conflicto y se los acusó por los delitos de homicidio en tentativa y daños y perjuicios al Estado.

Nállar, por su parte, recibió una ampliación de seis meses a su detención preventiva.

“Estamos esperando el informe de este hecho criminal”, insistió Álvarez.

De acuerdo con el jefe policial, existen muchos hechos que todavía deben esclarecerse, como la posesión armas blancas, y la presencia de sustancias estupefacientes.

En medio de la división que existe dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), el exministro ministro de Gobierno (2015-2019), Carlos Romero, considera que el partido debe continuar bajo el liderazgo ‘mesiánico’ del expresidente Evo Morales, de quien dijo que tiene un “poder casi sobrenatural”.

‘Liderazgo mesiánico’

“Es un liderazgo mesiánico que se ve en las imágenes, pero sobre todo cuando uno está en el lugar, es como que la irradiación de una energía que converge en torno a ese núcleo; se observa la alegría”, expresó Romero en entrevista con el programa Poder, Medios y Miedos.

Al ser consultado por el devenir del MAS, cuyas dos facciones se alejan cada vez más, con el nombramiento de una nueva directiva del lado arcista, Romero resaltó el liderazgo de Morales.

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En criterio del exministro de Gobierno, el expresidente mostró un camino y un norte a los pueblos indígenas, históricamente marginados. Por ello, es este sector el que mayor conexión y lealtad mantiene hacia la figura de Morales, en quien ven a un ‘libertador’.

‘Libertador’

“Para alguna gente, la mayoría del campo popular, Evo Morales es quien los ha liberado, lo ven como un liberador; los ha liberado de su condición de sometimiento, de servidumbre”, afirmó.

Desde su aparición en el contexto político, Morales consiguió un gran apoyo. En 2005, por primera vez después de más de 40 años un partido logró ganar las elecciones generales con más del 50% de los votos. Ese año, el MAS se impuso, sorpresivamente, con el 53,72% de los votos.

Desde entonces, en las elecciones de 2009, 2014 y 2020 (ésta última elección anulada) volvería a ganar con más del 50%, mostrando su gran respaldo electoral.

Para Romero, lo que logró Morales se debe a un poder que roza lo sobrenatural, aunque evitó referirse a Morales como una especie de dios.

“(es) alguien que tiene alguna misión, algún poder casi sobrenatural; (pero) no quiero compararlo con Jesús”, expresó el exministro.

Romero, bastante fiel a Morales, fungió como ministro de Gobierno de 2015 a 2019. Permaneció en su posición hasta que ese año Morales renunció, debido a la crisis social y política, cuando la oposición denunció fraude electoral en los comicios de ese año.