Opinión

Saturday 3 Dec 2022 | Actualizado a 04:01 AM

Carnaval y pandemia

El 11 de marzo de 2020 se informó oficialmente sobre los primeros dos casos importados de coronavirus.

Por La Razón

/ 2 de marzo de 2022 / 02:40

Concluidos los festejos del esperado Carnaval, aunque todavía restan algunos eventos este fin de semana (como el Corso de corsos en Cochabamba), es necesario evaluar sus efectos en los contagios por COVID-19 en el país. Hubo muchos encuentros, pocas medidas de bioseguridad. Hay quienes alertan sobre la posibilidad de una quinta ola de la pandemia. No hay que bajar la guardia.

De manera sucesiva, con restricciones más bien simbólicas, los gobiernos de las entidades territoriales autónomas autorizaron las actividades que tradicionalmente se realizan en los días de Carnaval. Así, hubo entradas, coronaciones, bailes, fiesta. Pese a la pandemia, a diferencia del año pasado, esta vez no rigieron prohibiciones. Se lo hizo considerando la desescalada de contagios. Y en algunos casos se estableció el requisito de acreditar el carnet de vacunación, pero solo fue un decir.

Prontos a cumplir dos años desde que el 11 de marzo de 2020 se informó oficialmente sobre los primeros dos casos importados de coronavirus en Bolivia, y tras un año intenso, aunque todavía limitado, de vacunación, hoy disponemos no solo de más información, sino también de mayor familiaridad con el curso de la pandemia. Hemos navegado ya cuatro olas, con alrededor de 900.000 contagios y más de 21.000 muertes relacionadas con el COVID-19. No ha sido fácil. Los efectos sanitarios y socioeconómicos son críticos.

Más allá del impacto benévolo de la vacuna, que permitió reducir la tasa de letalidad (las personas no son inmunes al contagio, pero la mortalidad por COVID-19 es menor), así como de la importancia del testeo masivo, es fundamental insistir en la centralidad del autocuidado: uso adecuado y permanente del barbijo, distanciamiento físico, higiene de manos, evitar multitudes y espacios con poca ventilación. Todas estas medidas mínimas de bioseguridad se relajan, o se omiten, en eventos como el Carnaval.

Es evidente que resultaba no solo impopular, sino también inviable, establecer prohibiciones en estas fiestas. Cuenta como variable ineludible el movimiento económico que se genera. Es relevante también la tradición. Como sea, resulta fundamental no bajar la guardia y tomar previsiones ante un posible aumento en el número de contagios. Ojalá no tengamos que enfrentar una quinta ola de la pandemia en el corto plazo. Y que se continúen haciendo todos los esfuerzos para fortalecer el sistema de salud.

Y a propósito del COVID-19, un año después desde que se inició la campaña de vacunación en el país, si bien el esfuerzo ha sido grande y merece reconocimiento, todavía tenemos un porcentaje bajo a nivel nacional: menos del 50% de personas completamente vacunadas (60% con una dosis y un 9% de dosis de refuerzo). A la fecha se aplicaron 12 millones y medio de dosis. Y está muy bien. Pero aún estamos lejos de la meta de inmunización colectiva. Terminó el Carnaval 2022, sigamos enfrentando la pandemia.

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Violencias cotidianas

La poca atención que mereció el tema el 25 de noviembre es un buen motivo para recordar que las violencias son cotidianas.

Por La Razón

/ 1 de diciembre de 2022 / 01:23

Hace una semana, mientras gran parte de la opinión en el país tenía puesta su atención en Santa Cruz de la Sierra y el paro indefinido impuesto por su Comité Cívico, se conmemoró el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta vez menos publicitado que otros años y sin embargo igual o más trascendente que la disputa por la fecha del Censo o la ley al respecto.

La ocasión sirvió para desempolvar estadísticas ya añejas, pero también para señalar alarmantes resultados de estudios recientes. La violencia contra la mujer es, en realidad, un conjunto de violencias: expresiones agresivas, violentas y denigrantes contra quienes no son varones. Se argumenta que violencia sufren todas y todos y que la balanza de la justicia se inclina a un lado; estos argumentos omiten reconocer que la proporción de actos de violencia contra ellas es muy superior a la que padecen ellos. Reconocer esta diferencia es un imprescindible primer paso.

Las violencias contra las mujeres se reproducen cotidianamente, pero también se actualizan adaptándose a los nuevos medios de comunicación. En 2016, 75 de cada 100 mujeres reconocieron que habían sido víctimas de violencia en el curso de su relación de pareja; es difícil que esa proporción haya variado en los últimos años, y el Censo podría servir para actualizar algunos de esos datos. En 2022, el catálogo de violencias contra las mujeres incluye un variado arsenal de formas de agresión a través de las redes sociales.

Un informe de la Organización de Nacionales Unidas (ONU) con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revela que en Bolivia se registran, en promedio, dos intentos de feminicidio cada día; hasta el último día de octubre, se habían registrado 80 asesinatos de mujeres por violencia feminicida. En Sudamérica, Bolivia es el país con más feminicidios, y en el continente ocupa el cuarto lugar en la infame lista.

La violencia sexual es un universo de manifestaciones que van desde miradas lascivas y demandas impropias, hasta violaciones grupales. Durante el mencionado paro cívico en Santa Cruz, solo la Casa de la Mujer recibió un promedio de ocho denuncias de violación cada día, varias de ellas perpetradas por “manadas”; a ello se añade la revictimización a la que se somete quien denuncia, agravada esta vez por los comportamientos autoritarios en los puntos de bloqueo.

El Gobierno lanzó una Campaña Revolución Cultural para la Despatriarcalización, con el lema “Un país no puede estar bien si tan solo una mujer está mal”, pero sin dar muchas muestras de verdadero compromiso con la causa. En todo caso, la poca atención que mereció el tema el 25 de noviembre es un buen motivo para recordar que las violencias son cotidianas y así debería ser la reflexión, pero sobre todo la acción, para cambiar ese estado de cosas. La sociedad entera debe involucrarse en la tarea.  

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Fin de un paro ‘concho’

El cabildo se desvirtuó como mecanismo y el paro degeneró en violencia.

Por La Razón

/ 27 de noviembre de 2022 / 03:10

El Comité pro Santa Cruz anunció finalmente el levantamiento del paro departamental que duró 36 días. Tras asumir que su consigna de Censo en 2023 era técnicamente inviable, la última exigencia fue una ley, aprobada en Diputados. El Censo se hará en marzo de 2024. Fue una derrota de todos, en especial de la élite cruceña, hoy encabezada por el gobernador Camacho.

Los hechos son por demás conocidos. El Censo de Población y Vivienda debía hacerse en noviembre de este año. Así lo aseguraban diferentes autoridades durante varios meses. De pronto, en julio, en el marco del Consejo Nacional de Autonomías, se decidió postergarlo para mayo o junio de 2024. Desde entonces, la dirigencia cruceña expresó su rechazo, asumiendo la consigna de Censo en 2023. El 30 de septiembre, un cabildo dio ultimátum con anuncio de paro indefinido. Tal paro se inició el 22 de octubre. Hasta ayer.

Desde antes del cabildo, la élite cruceña asumió que la única forma de evitar el paro indefinido, primero, y de suspenderlo, después, era que el Censo se hiciera el año 2023, “sí o sí”. Vanas fueron las reuniones, mesas de trabajo y explicaciones técnicas que sostenían la propuesta oficial de 2024, ampliamente aceptada por gobernadores, alcaldes y rectores más allá de Santa Cruz. Como advirtieron reiteradamente Camacho y el cívico Calvo, ceder en el año era un acto de traición con muerte civil.

Así transcurrió más de un mes de paro indefinido. La élite cruceña apostó por nacionalizar el conflicto, pero ningún otro departamento se sumó a la radical medida. Asumiendo el resultado de la mesa técnica, el 12 de noviembre el presidente Arce aprobó un decreto fijando para el 23 de marzo de 2024 la fecha del Censo y la distribución de recursos desde septiembre del mismo año. No fue suficiente para levantar el paro. Un nuevo cabildo, no deliberativo, exigió que el decreto “se formalice en una ley”.

La exigencia de ley trasladó el conflicto al ámbito institucional. Aunque el cabildo había aceptado implícitamente la fecha del decreto, los asambleístas de la oposición presentaron cinco proyectos de ley distintos, todos insistiendo en 2023. Hubo división también en el oficialismo sobre la necesidad o no de una ley. Al límite, el Comité cruceño reconoció que el año ya no era lo determinante. “Es un concho” (lo residual), dijo un criticado Camacho. Había que asegurar también la distribución de escaños.

El balance del conflicto en torno al Censo deja un saldo negativo para el país. El cabildo se desvirtuó como mecanismo y el paro degeneró en violencia y violación de derechos humanos. Hubo muertos, heridos, abusos y elevadas pérdidas económicas. Hay costos de legitimidad también para el Gobierno central y el presidente Arce. Y la élite cruceña perdió el rumbo, entre la tozudez y el extravío. Fue una derrota de la política, que deja heridas abiertas y una renovada agenda sobre “la cuestión cruceña”.

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Encauzar la política

Santa Cruz de la Sierra sigue secuestrada por eficaces minorías que no solo siguen bloqueando calles.

Por La Razón

/ 24 de noviembre de 2022 / 01:18

Cuando el 13 de noviembre el cabildo de Santa Cruz de la Sierra “aprobó” el impulso de una ley que “fije” la promesa presidencial de realizar el Censo en 2024 y entregar resultados hasta septiembre de ese año, parecía que la política volvía al cauce republicano al poner en manos de las y los asambleístas la resolución del conflicto. Pero el proceso es más difícil de lo esperado.

Las primeras lecturas de lo decidido en ese cabildo cruceño, luego de un confuso discurso pronunciado por el presidente del Comité pro Santa Cruz a través de un video, apuntaron, por un lado, que el devolver el debate sobre este conflictivo tema a la Asamblea Legislativa significaba recuperar el rol constitucional de este órgano del Estado, hasta ahora secuestrado por poderes fácticos de una y otra orientación político ideológica.

Por otra parte, también podía ser interpretado como el reconocimiento por parte del Comité Interinstitucional cruceño de los límites de la movilización iniciada, con hoy, hace 34 días y, al menos en la interpretación de su portavoz, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, como un logro, porque al margen de la fecha de la realización del Censo se había obtenido el compromiso de redistribuir recursos fiscales y recalcular la asignación de escaños parlamentarios antes del fin de 2024, según lo demandado por Santa Cruz.

Sin embargo, desde que la bancada del partido en función de gobierno presentó el primer proyecto de ley, los obstáculos y tropiezos no han hecho más que multiplicarse. Hasta ahora, la Comisión de Constitución tiene seis proyectos diferentes, varios de ellos que porfían en fijar la fecha del Censo en 2023 a pesar de la tácita aceptación de la dirigencia cívica cruceña; en varias ocasiones no se observaron las formalidades procedimentales; la pugnacidad entre oficialistas y opositores no ha disminuido ni un ápice; y la división en el seno de la bancada del MAS no hace más que acentuarse, haciendo imposible la aplicación del “rodillo parlamentario” que durante años funcionó en la Asamblea.

Así, Santa Cruz de la Sierra sigue secuestrada por eficaces minorías que no solo siguen bloqueando calles y avenidas, sino que muestran signos de creciente autoritarismo y maldad, mientras cada vez más grupos de la sociedad claman por un alto al paro que casi a nadie le parece necesario a estas alturas. El máximo dirigente cívico, sin embargo, hace oídos sordos a este clamor y alimenta la confrontación con discursos cargados de odio y de falacias respecto del Gobierno.

Toca ahora que las y los asambleístas depongan sus actitudes hostiles y hasta antidemocráticas, y se hagan cargo de la responsabilidad que la Constitución les asigna y que el voto popular les ha otorgado. Ya no es aceptable que dirigentes y líderes que no han recibido mandato alguno sigan dictando la agenda y entorpeciendo el debate democrático en función de sus oscuros intereses y no de los del pueblo al que dicen representar.

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Bloquear se torna una opción de supervivencia en la zona Norte de Santa Cruz de la Sierra

El Remanso, La Chonta, Valle Sánchez y Satélite Norte conformn un circuito de bloqueos. El testimonio de un bloqueador revela un sistema de pagos por sostener la medida.

Bloqueo en el ingreso de Satélite Norte

Por La Razón

/ 21 de noviembre de 2022 / 12:43

José Parra (nombre ficticio) es un joven de 25 años que vive en uno de los barrios de Satélite Norte, la ciudadela de Warnes, que se ha convertido en un bastión del MAS electoralmente y una zona de resistencia a las medidas determinadas por los cívicos.

Allí no se acata el paro indefinido, tampoco se acató en 2019 y ninguno de los paros previos por el censo de 24 y 48 horas.

José es un drogadicto en rehabilitación, sin empleo formal y debido a sus problemas de conducta, justo a principios del paro que ya cumple un mes se peló con su familia y se fue de la casa, una situación muy frecuente en los últimos años.

De carácter jovial y carismático, sobrevive con trabajos eventuales que le dan en su barrio, como jardinería, arreglos domésticos y hasta de albañilería.

Sin embargo, cuando se endurecieron los bloqueos en la carretera Norte, el 12 de noviembre pasado, encontró una nueva oportunidad de ingresos. “Me habló el hijo de doña María (nombre ficticio) para bloquear en el puente de Valle Sánchez”, relata José.

Doña María es una migrante cochabambina, dueña del almacén más grande del barrio de José, que además ha diversificado sus inversiones con un par de ‘toritos’, que hacen servicio de transporte interno.

Su hijo es uno de los líderes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en Valle Sánchez.

José se niega a revelar cuánto recibe por su tarea de ir a bloquear. Sin embargo, se lamenta porque en ese trajín ha vuelto a caer en las drogas. “Ya estaba recuperado, pero lastimosamente recaí. Igual me voy a volver a recuperar”, asegura.

El bloqueo comienza alrededor de las 11:00 y dura hasta el día siguiente más o menos hasta las 7:00. Cuando hay “día de abastecimiento”, dictado por el Comité pro Santa Cruz, el bloqueo comienza después de las 13:00.

Además del incentivo económico que recibe, el bloqueo le garantiza la comida, a través de las ollas comunes No hay horario; es un “trabajo” de todo el día, por eso el alcohol, la coca y algunas drogas, como confesó José (no especificó cuáles), ayudan a paliar el esfuerzo.

Ellos sostienen la protesta. En los puntos de bloqueo troncales, se ven pocos vecinos durante el día, cuando el sol arrecia con más fuerza. Recién aparecen a partir de las 20:00 después de la cena. Hay un circuito entre El Remanso (km 7) y la entrada a Satélite Norte, que pasa además por La Chonta (Km9) y Valle Sánchez, en el puente de ingreso al aeropuerto de Viru Viru (km 15).

Cuando el 26 de octubre pasado hubo un enfrentamiento en Clara Chuchío, zona ubicada detrás de Satélite Norte, bloqueadores de todo el circuito se apersonaron para reforzar.

Asimismo, cuando se anunció la llegada de los interculturales desde el Norte Integrado, los grupos dejaron sus puntos y se concentraron en Valle Sánchez, para evitar el arribo que finalmente nunca se dio.

En la zona Norte es más rígido el paro que en el Sur y el Este, donde hay mayor circulación y menos presión de los bloqueos, sobre todo en las mañanas. Varios de los mercados del Plan 3.000, Pampa de la Isla, El Bajío o la Villa Primero de Mayo han funcionado casi normalmente durante el mes de paro indefinido.

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En el Norte las excepciones son el nuevo Mercado Los Pozos, ubicado en el octavo anillo en la zona Noreste y la ciudadela de Satélite, que pertenece al municipio de Warnes, pero está ligada a Santa Cruz de la Sierra. Cabe aclarar, que, en todos los casos, los mercados sólo atienden hasta el mediodía.

Además de los bloqueos troncales, en la zona Norte han proliferado pequeños piquetes en las calles aledañas, gestionados generalmente por vecinos que cobran un “peaje”, a voluntad en algunos casos y en otros hasta hay carteles estableciendo tarifas de Bs 1 para bicicletas, Bs 2 para motos y Bs 5 y hasta Bs 10 para vehículos.

Muchos aluden que la necesidad obligada por el propio paro los lleva a tener estas formas de recaudar algo de ingresos económicos.

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Masacres sin justicia

Está congelada en la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria por las masacres.

Por La Razón

/ 20 de noviembre de 2022 / 00:30

Hace tres años, el régimen de Jeanine Áñez, en nombre de la “pacificación”, se estrenó con dos masacres. Contra el discurso oficial y sus repetidores mediáticos que hablaron de “fuego cruzado”, dichas masacres fueron certificadas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tras una rigurosa investigación. Hasta ahora no hay justicia.

Dos días después de su autoproclamación como presidenta, Áñez y su gabinete emitieron el Decreto 4078, que eximía de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos para “el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública”. Con ese decreto, fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía dispararon a matar, realizaron ejecuciones sumarias y torturaron a población civil en Sacaba (15 de noviembre) y en Senkata (19 de noviembre). Fueron crímenes de Estado.

En aquel momento, oscuros personajes como los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López —hoy ambos prófugos de la Justicia boliviana—, justificaron los hechos con expresiones como “se dispararon entre ellos”, “ni una sola bala salió del ejército”, “iban a hacer volar la planta de gas”. Sus operadores mediáticos se ocuparon de difundir y legitimar semejantes falacias. Poco después, la propia Áñez agradeció a las Fuerzas Armadas porque “no dudaron en salir”, contribuyendo a la “pacificación”.

Luego de un informe preliminar de la CIDH (que desplegó una misión en el país el mismo mes de noviembre de 2019), un informe de la Defensoría del Pueblo y, en especial, el incuestionable informe del GIEI, hoy no queda ninguna duda de que hace tres años hubo dos masacres en Bolivia. La intervención de las fuerzas militares y policiales, pues, al amparo de la “cobertura legal” de un decreto, no marcó ninguna “página gloriosa” (sic) en nuestra historia, sino una oprobiosa acción con delitos de lesa humanidad.

Así las cosas, resulta incomprensible por qué hasta el presente, transcurridos tres años, todavía no se haga justicia con procesos que establezcan responsabilidades y sanciones por las masacres de Sacaba y Senkata (20 muertes y decenas de heridos). Era previsible que durante el año de gobierno de Áñez los operadores del sistema judicial, bajo intimidación y amenazas del régimen, paralizaran las diligencias. Pero incluso con el nuevo gobierno democrático los casos continúan divagando en etapa preparatoria.

Está congelada también en la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria por las masacres. El ambiguo posicionamiento del oficialismo y, en especial, el veto de las bancadas de Mesa y Camacho, han impedido la mayoría especial requerida para autorizar un juicio de responsabilidades contra Áñez. Es deplorable. Así, tres años después, la justicia no llega, no hay reparación para las víctimas, ni tenemos garantía de que nunca más habrá una masacre en Bolivia. Con impunidad no hay democracia.

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