El punto sobre la i

En los últimos años, Bolivia ha experimentado un complicado proceso político marcado por tensiones y transformaciones profundas. A medida que se acercan las elecciones de 2025, el escenario se complejiza y desde el campo de la disputa por el poder se gatillan discursos y acciones que tensionan al país y dificultan la gestión.

La estatalidad, en su sentido moderno, está definida como el modo de organización política de la sociedad en la que el Estado es el agente principal encargado de construir la representación de la sociedad consciente de sí misma y en armonía consigo misma. Esto es algo que no se está verificando del todo actualmente o, cuando menos, está siendo erosionado a partir de lo que se observa en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Hay serias dificultades para legislar, llegando incluso a tener paralizadas leyes que viabilizan créditos, contratos y otros. Más aún, no se cumplió el precepto constitucional de convocar y realizar elecciones judiciales, lo que está derivando en un problema mayúsculo para la institucionalidad del propio Estado plurinacional.

Atrás quedaron los días de querer transformar al país para procurar una mayor democratización e inclusión. Hoy los actores políticos están enfrascados en una lucha corrosiva sin cuartel. Pululan y predominan los discursos polarizadores, incluso dentro del propio oficialismo, dividido entre evistas y arcistas. Las oposiciones no presentan tampoco alternativas e igualmente se dedican a antagonizar. El ánimo por avanzar en los cambios que se plantearon con el Estado plurinacional, actualmente languidece.

Conversamos al respecto con el abogado e investigador social cochabambino, José de la Fuente, y con el politólogo tarijeño, Carlos Saavedra.

“Hay una marcada crisis institucional que deviene de un extravío político y de una mirada excesivamente instrumental del poder como herramienta para forzar la reproducción perpetua del mismo. La institucionalidad está condicionada al fragor de las luchas fratricidas al interior del MAS; pareciera que la profundización en la construcción del Estado Plurinacional está congelada y totalmente condicionada a que se destrabe la disputa interna por el poder”, afirma Saavedra.

De la Fuente sostiene, por su parte, que “la gravedad de esta confluencia de hechos políticos negativos es sin duda enorme y extrema. El proceso político a partir del 2006 se diseñó, desarrolló y ejecutó sobre la base de la hegemonía política del MAS, que ahora está reducida a dos minorías enfrentadas y cuya disputa es el principal factor de la crisis política en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Esto ha complejizado la crisis institucional y cuya más grave repercusión está en el Órgano Judicial. Ya estamos en un paréntesis el desarrollo del Estado plurinacional, porque para avanzar es imprescindible un pleno y articulado funcionamiento del conjunto estatal, especialmente porque un Estado plural requiere diversificación y ampliación institucional”.

Abordando la cuestión de la disputa política, sobre todo al interior del oficialismo, y sus consecuencias, el abogado e invesigador considera que “si la política está en crisis, es inmediata su irradiación al sistema político institucional y, en última instancia, al propio funcionamiento de la democracia.

La dimensión de la crisis política que se vive al interior del MAS ha deteriorado o, virtualmente, suprimido el debate democrático como medio de disputa del liderazgo. Lo que vemos a título de disputa política es un concurso penoso, desmedido y grosero de denuncias e insultos que no le hacen bien a nadie y menos a la democracia”.

Añade que “la calidad democrática ha quedado resentida por esta crisis política al interior del MAS y de las organizaciones matrices. No sólo desaparecieron las ideas y las perspectivas encontradas, que son los elementos esenciales para cualquier disputa legítima de poder, lo mismo que para cualquier avenencia o convergencia. Cerrado el camino de las ideas y el debate democrático, solo restan hechos de fuerza, maniobras institucionales u otras acciones de todavía mayor bajeza política”.

El politólogo tarijeño coincide en la mirada crítica y observa que “el escenario político parece mostrarnos una guerra sin cuartel y con munición de alto calibre cuya única finalidad es la consecución del poder. Se ha diluido, por parte de las oposiciones y del oficialismo, un horizonte democrático que cautive a la población, que muestre un rumbo de futuro. La lucha del poder por el poder aleja a la ciudadanía del ejercicio político democrático y abre la posibilidad, aún lejana, pero peligrosa de la aparición de outsiders con posiciones radicales y extremistas como Javier Milei, en Argentina, o Jair Bolsonaro, en Brasil”.

Saavedra prosigue y señala que “el gran mérito que tuvo el MAS-IPSP fue que, por primera vez en la historia, logró construir la cohesión de un gran bloque popular con la participación de pueblos indígenas, campesinos, obreros, profesionales, izquierdas urbanas entre muchos otros. En su momento el liderazgo de Evo Morales fue capaz de abrazar muchos sectores y conquistar electoralmente a las clases medias y a los centros políticos. Hoy Evo se está ‘desevificando’. La intención de forzar nuevamente su candidatura por encima de la voluntad de las organizaciones sociales y de sentencias del TCP marcan un alejamiento de la democracia plural, comunitaria que representó el MAS. Muchas veces los liderazgos revolucionarios y transformadores terminan constituyendo órdenes de represión más duros que aquellos que enfrentaron en su momento”.

Ahora bien, ¿cómo luce el panorama por fuera del oficialismo? Al final de cuentas, las oposiciones también están compitiendo por liderar al país y conducirlo a mejores días, al menos en teoría.

“La democracia y un discurso democratizador destinado a modernizar políticamente la sociedad boliviana nunca fueron un elemento central en la articulación política de la oposición al proceso político iniciado el 2006, porque su principal matriz ideológica política es el banzerismo y, luego del 2003, los saldos discursivos del gonismo, que no asumió la debacle política de una propuesta de transnacionalización de la economía que chocó frontalmente con la realidad del país”, asevera de la Fuente.

“El problema ideológico de esos sectores opositores y de gran parte de la élite intelectual que se opone al proceso del cambio, en muchos casos con fundamentadas observaciones de fondo y expectativas absolutamente contrarias, es que no pueden razonar un modelo de democracia que condiga con la diversidad cultural, territorial y orgánica del mundo campesino, indígena y rural del país. Bolivia es un país que todavía conserva importantes reductos e históricos núcleos étnicos de aimaras, quechuas, guaranís, chiquitanos, etcétera, y territorios que, al mismo tiempo que son provincias o municipios, son entidades colectivas llenas de vida y acción política y cultural en términos de ayllus, comunidades, cabildos, tentas y hoy, también, manchas urbanas y barrios periurbanos que conservan sus identidades de origen”, explica el investigador social.

Continúa y afirma que “hoy, en la difícil coyuntura política que atravesamos, el grueso de las expectativas y sueños de los dispersos grupos opositores pasa por que se termine de producir un desastre político e institucional en las elecciones judiciales; del que no estamos lejos porque la Asamblea Legislativa es un desastre y principal epicentro de la crisis política. Otra muletilla y mantra opositora es la denuncia de una dictadura, aunque, en especial, su principal apuesta es a que el enfrentamiento interno del MAS descarrile el proceso político. De su parte, el aporte a la elaboración de una propuesta o modelo democrático es mínimo. Su mayor elucubración conceptual es el principio de ‘un ciudadano un voto’, como si la mecánica del voto, las elecciones y la representación política alcanzaran a resolver los complejos desafíos de una democracia y menos de una sociedad como la boliviana, compleja y abigarrada”.

A su vez, Saavedra puntualiza que, en el país, “existen distintos tipos de oposiciones. Una de ellas es la oposición tradicional, que busca la reinstauración de un orden político conservador. Este tipo de oposición está absolutamente extraviada del contexto. Otro tipo de oposición son las fuerzas regionales, que tienen pendiente una lucha justa por la profundización de las autonomías; por lo general estas organizaciones tienen una mirada muy restringida a lo local del ámbito político y les cuesta constituirse en actores nacionales relevantes. Un tercer tipo de oposición que intenta surgir es el de los outsiders extremistas que, a partir de discursos de odio y permanente ataque, buscan generar condiciones para la toma del poder. el contexto de incertidumbre no es suficiente para que ellos desarrollen su hipótesis política, sino que necesitan generar sensaciones de crisis, para así generar respuestas ante la ausencia de otras iniciativas políticas”.

“Las oposiciones han mirado con recelo la incorporación de las clases populares e indígenas, pero ante la consolidación de un sentido hegemónico de lo plurinacional se vieron obligados a incorporarlos así sea de manera nominal”, acota el politólogo.

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Sea como fuere que vayan acomodándose las cosas, o no, lo cierto es que el país ya está en medio de un clima marcado por las tensiones en función a las venideras elecciones nacionales de 2025. Nuestros analistas invitados fueron consultados sobre cómo va llegando al país a esa cita con las urnas y qué se puede atisbar en el horizonte como los puntos medulares que estarán en juego.

Saavedra es de la idea de que “el país está alejándose de los extremos radicales y polarizadores. Está con una sensación de hastío con la conflictividad política y está buscando liderazgos que generen certezas en la población, especialmente en los ámbitos políticos y económicos. Queda claro que todavía el sentido hegemónico de lo político en Bolivia, está marcado por la profundización del Estado plurinacional, pero también, por la necesidad de rejuvenecer discursiva e ideológicamente el régimen incorporando nuevas causas de lucha”.

“Cada vez hay menos espacios para aventuras y experimentos políticos”, advierte el politólogo.

De la Fuente ve que “vamos por dos caminos, por lo pronto en paralelo, aunque en algún momento deben cruzarse y alcanzar algún tipo de síntesis, ojalá mínimamente virtuosa. Por una parte, el escabroso camino que siguen las organizaciones sociales matrices (CSUTCB, Bartolinas, Interculturales y el Pacto de Unidad), que constituyen el sujeto social, cultural y político del proceso del cambio para recuperar el control de su instrumento político: el MAS-IPSP, que a todas luces se muestra difícil y muy complejo, aunque sin duda es el camino más legítimo y consistente. Y por otro, el que siguen los grupos residuales del sistema de la democracia pactada y que en el fondo es esa tradición politiquera, clasemediera y típicamente citadina de creer que la democracia se reduce a pactos Inter partidarios de distribución del poder y en especial de la institucionalidad pública. Estos grupos parten del supuesto que se agotó el proceso del cambio y que en consecuencia les toca retornar, sin darse cuenta de que el sujeto social subalterno que antes se dividía, dispersaba y asimilaba a cualquier alternativa política externa hoy piensa por sí mismo y no está dispuesto a servir de escalera a nadie más”.

“Este es el dilema de la democracia boliviana y del proceso del cambio. Se cumplió un ciclo político y que de no transformarse corre el riesgo de una involución dramática, lo mismo que la misma democracia. Es la segunda opción, pero no debemos confiarnos”, concluye el abogado cochabambino.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político

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Suele criticarse a la élite neoliberal por “maquiavélica”, en el sentido vulgar del adjetivo. En realidad, su problema fue no serlo, si entendemos por “maquiavelismo” lo que éste realmente significa. La élite neoliberal no se atuvo a la razón de Estado (esto es, en los términos de Maquiavelo, a la preservación de la hegemonía que ganó tras el ajuste económico de 1985). Algunos de sus principales dirigentes presumían de “Maquiavelos criollos” por su astucia para incrementar el poder de sus partidos y el suyo personal, y para apartar del camino a toda clase de adversarios, pero estaban pensando en el Maquiavelo que no es. Sus acciones satisfacían apetitos, incrementaban sus arcas, les daban momentánea notoriedad, pero al mismo tiempo socavaban, con lentitud, pero seguridad, los cimientos de su dominio: les quitaban posibilidades para usar la coerción con éxito, por un lado, y los desprestigiaban ante el pueblo, disminuyendo su influencia y dominio sobre él. Porque la razón de Estado exige tomar en cuenta al pueblo, y por eso es una razón política y no puramente militar. El príncipe enseña que el poder nunca es absoluto. Un señor puede poseerlo, y en grandes cantidades, pero siempre habrá, junto a él, otros que también serán poderosos, aunque en menor medida. Estos son los candidatos más cercanos a desplazar al primero. Por eso la política, en tanto arte de lograr y conservar el poder, está orientada en primer lugar hacia ellos.

La lista de poderosos es muy grande: están los otros señores, que en lenguaje moderno equivalen a los dirigentes de los partidos rivales y de los gobiernos locales; están los grandes propietarios, que normalmente se aliarán al príncipe de turno, para que sus negocios no sufran, y, finalmente, está el pueblo. Maquiavelo hace hincapié en ello: este es mucho más fuerte que las demás partes en las que el poder se divide; por eso, hay que evitar perderlo o tenerlo en contra: “Al príncipe le es necesario tener al pueblo de su parte, porque si no, no tendrá remedio en las adversidades…”.

Esta no fue la convicción de la élite neoliberal. Esta llegó al poder después de una gran derrota de los dirigentes y de las ideas estatistas y de izquierda que representaban tradicionalmente al pueblo boliviano. Pudieron instalar y sostener sus primeros gobiernos con total libertad, casi sin ninguna contestación de la población y, al contrario, con la simpatía de esta, que agradecía y aplaudía a los partidos que la habían salvado de la hiperinflación. Por esta razón, estos príncipes le perdieron el respeto y el temor al pueblo, olvidaron que es el más poderoso de los sujetos políticos, aquel del que depende en gran parte la estabilidad y prosperidad del gobierno.

Tratándose de una democracia, de un periodo en el que se realizó más de una decena de elecciones nacionales y regionales, la anterior afirmación parece absurda. Pero no lo es. La élite neoliberal consideró al pueblo como un simple factor electoral, supuso que su capacidad de ejercer consenso y coerción sobre él era tan grande como la de las élites de los países occidentales desarrollados, con las cuales se identificaban más que con el pueblo, y por tanto que este ya no podía expresarse del modo que retrata Maquiavelo, quien lo hace responsable de la caída de muchos príncipes. La élite creyó que el pueblo ya solo se expresaría electoralmente y, luego, cuando vio que eso no ocurría y las manifestaciones violentas de masas iban en aumento, sobre todo desde 1997, no quiso aceptar lo que estas representaban; las atribuyó a “agitadores” y “conspiradores”, y las trató como disfunciones que era posible erradicar, cuando eran muestras de que la mentalidad colectiva había cambiado.

Los príncipes neoliberales introdujeron en la práctica política nacional la realización de mediciones más o menos periódicas y más o menos serias de la opinión pública, pero su propósito no era comprobar si las bases de su poder se hallaban tan bien asentadas como ellos creían; las suyas eran encuestas de orientación electoral que servían para recolectar y agregar las demandas de la gente. Los resultados que, pese a ello, mostraban la creciente enajenación de pueblo fueron ignorados o entendidos como datos electorales que indicaban que el voto se desviaría hacia candidaturas “anti-sistémicas”, es decir, extrañas a la élite. Esto preocupaba, pero se pensaba conjurar por medios también electorales: marketing político, inversión en campañas, coaliciones de varios partidos similares, etc.

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Entre 2000 y 2002 los estudios detectaron una enorme cantidad de “furiosos” por el estado de cosas, lo que era un resultado directo del comportamiento de los partidos de la élite durante los años anteriores y de la recesión económica que se vivía en ese momento. Pero este dato se interpretó mal. No dio origen a ninguna autocrítica.

La falta de atención y respeto por el pueblo impregnó todos los actos de la élite neoliberal: la venalidad con que administró la cosa pública, incurriendo en constantes escándalos de corrupción; la rebatiña y la repartición amañada de los mejores cargos públicos entre un grupo de funcionarios que formaba parte de esta élite y estaba ligado a las empresas privadas, a las cuales favorecía; el pago a estos funcionarios con jugosos sobresueldos, que se procuró disimular con una partida “reservada” de gastos, la cual en realidad no ocultó nada y en cambio volvió discrecional y sucia la administración de estos fondos, etc. Todo esto se hizo con la mayor alegría, despertando la envidia y la repulsa de la gente pobre que, entretanto, tenía que arreglárselas con las numerosas dificultades que las reformas neoliberales habían traído a sus vidas. Los que así actuaban presumían de “maquiavélicos”, pero en realidad desconocían y negaban al teórico florentino. Su comportamiento puso en peligro, primero, y luego anuló su ascendiente intelectual y moral sobre la población. “Los que llegan a príncipes por vías virtuosas adquieren el principado con dificultad, pero lo mantienen fácilmente”, recomendaba, en cambio, el autor de El príncipe.

(*)Fernando Molina es periodista y escritor

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La Participación Popular podría considerarse, luego de la revolución de 1952 , la más profunda e inconmensurable reforma en democracia de vocación descentralizadora y paradójicamente impulsada por un gobierno central, quién asumió la audaz decisión de compartir poder político, ceder responsabilidades administrativas y transferir recursos financieros que hasta ese momento. se hallaban bajo custodia y absoluta decisión del poder central.

Caso curioso el boliviano, originado y agendado fuera del centro y del altiplano, pero anidado en mentes visionarias y con voluntad política desde el llano, para trasladarlas al plan de gobierno de un partido, que eventualmente paso a convertirse en una política pública, de la que hoy nadie reniega o pretende devaluarla, reconociéndola como una de las escasas reformas estatales con mayor trascendencia en los planos político, fiscal, social y territorial de la historia de Bolivia.

El régimen de autonomías incorporado en la constitución del año 2009, se estructuró sobre la base de la descentralización del año 1994 con la participación popular, capitalizada por los actores territoriales en la promoción de liderazgos políticos locales, desarrollo de capacidades administrativas, esfuerzos tributarios, ampliación de servicios públicos sociales y económicos, participación vecinal e indígena en la planificación y destino de los recursos asignados, de naturaleza innovadora para la tradición concentradora del Estado.

Desafortunadamente, uno de los riesgos fue descentralizar un Estado tradicionalmente débil, con un país rural abandonado por la implacable urbanización y astillado en pequeños poblados silenciados por la marginalidad de territorios y sistemas de vida cada vez más vulnerables a fenómenos económicos y medioambientales.

La descentralización de base municipal desnudó al débil Estado capturado por un inmaduro sistema político que, en ausencia de normas y estructura institucional estatal, no puedo conducir ni responder a la impronta municipal desatada.

Con el régimen autonómico, el costo de administrar el Estado creció por la ampliación de dos gobiernos (nacional y municipal) a cinco (más el regional, departamental e indígena), aumentando significativamente la burocracia estatal, congestionando la gestión de servicios, como por ejemplo en salud y educación, que eran competencia exclusiva municipal, y la modificó a concurrente para justificar la presencia del gobierno central en el territorio, propiciando una competencia desleal ; sin ocupar la estructura descentralizada del Estado , creando instituciones paralelas y disponiendo de recursos especiales para llegar al territorio con programas de alcance nacional .

La tensión entre el impulso descentralizador del año 1994 y el ambivalente régimen de autonomías de 2010, no ha facilitado la gestión de municipalidades cada vez más debilitadas por la sobrecarga de competencias (bono discapacitados, fondo de fomento a la educación, sistema nacional de seguridad ciudadana entre otras materias) y asfixiados financieramente por la caída en las trasferencias de un modelo primario y monoproductor; en lo cotidiano, abandonados en un escenario mucho más complejo que el del inicio. Prueba de ello, la mayoría de los municipios que se hallaban en el año 1992 en quintil más pobre, treinta años después, continúan en el mismo sitial sin que nada haya logrado mejorar sus condiciones de exclusión y extrema pobreza.

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Aún existen muchas asignaturas sin la debida atención, tanto en el diseño como en la operación, el tiempo y los gobiernos centrales convirtieron por acción u omisión los conceptos en defectos respecto del modelo original; sin embargo, tres décadas después, a pesar de una nueva Constitución y una Ley Marco de Autonomías, afortunadamente no alcanzaron a modificar su espíritu, el mismo que continua vigente y con mayor arraigo en los actores y sistemas predominantes en el territorio.

Nada podrá revertir el escenario de la descentralización municipal de 1994, más al contrario, además de convertirse en la piedra angular del Estado, es la caja de resonancia del trepidante escenario político nacional y también la redención, especialmente en ciudades grandes e intermedias, a la creciente demanda social, económica y de infraestructura pública en favor de los más vulnerables que hacen posible testimoniar y celebrar hoy aquel visionario modelo de descentralización.

Luego tres décadas, la resistencia a la autonomía y a una mayor descentralización, así como la forma más o menos conflictiva y trabada de su proceso, no es una característica y responsabilidad exclusiva del gobierno central, también responde a la debilidad institucional y falta de liderazgo de los gobiernos municipales para explotar el régimen de autonomías vigente y “jalar” finalmente la auténtica descentralización.

(*)Vladimir Ameller Terrazas es economista

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Nadie convoca un referéndum para perderlo. Es una máxima de la ciencia política. Las consultas populares están diseñadas para investir al líder con la legitimidad de un resultado en las urnas, un resultado contra el que ningún opositor tenga réplica.

Y sin embargo Daniel Noboa, el flamante presidente ecuatoriano, el émulo de Bukele, se estrelló contra la realidad.

El pasado domingo 21 de abril el pueblo ecuatoriano se enfrentaba a un referéndum con once preguntas orientadas a reformar la Constitución e impulsar políticas públicas. Lo había convocado meses antes el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, siguiendo la estela de sus predecesores, Guillermo Lasso y Lenin Moreno quienes convocaron también sendas consultas. El horizonte político de las tres consultas, al margen del contenido de las preguntas, compartía un mismo objetivo político: relegitimar en las urnas sus precarios gobiernos. Todos ellos, gobiernos logrados en segunda vuelta por escasos márgenes y todos gobiernos con minoría en la Asamblea Legislativa.

De las once preguntas planteadas, nueve referían a reformas judiciales, policiales o militares y tenían una clara orientación securitaria. Respecto a esas nueve preguntas se había creado un cierto consenso nacional, sólo roto en las últimas semanas por el asalto a la embajada mexicana en Quito, un hecho que forzó al partido de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana (RC), a adoptar una posición de rechazo frontal a las propuestas del presidente. Eran por tanto preguntas sobre las que no pesaban dudas acerca del resultado.

Sin embargo, dos de las once preguntas escapaban a este esquema. En dos preguntas fundamentales Noboa consultaba, primero, sobre el retorno de una fórmula precarizadora del mercado laboral -contra la que él mismo se había pronunciado en campaña electoral-, el contrato por horas y, segundo, sobre la sujeción de Ecuador a tribunales internacionales en diferendos económicos. Estas dos eran las únicas preguntas sobre las que existía disputa política, las dos que atañían al modelo económico del presidente, dos preguntas que habían recibido un rechazo frontal desde el primer momento por parte de la oposición politica de la RC. En ambas preguntas la población dijo No. Dos tercios de los ecuatorianos respondieron No al arbitraje internacional (64,9%) y No al regreso al trabajo fijo por horas (68,8%).

En el resto de preguntas, como decimos, todas ellas relacionadas con la seguridad ciudadana y de carácter incuestionable, el presidente Noboa obtuvo el previsible apoyo derivado del clima de inseguridad que vive el país. Lo confirma el hecho de que las preguntas A y F, relacionadas con el papel de las fuerzas armadas en el control de la seguridad, fueran las más respaldadas, con un 75% de apoyo.

Este resultado dual, de un lado apoyo en el refuerzo de las políticas securitarias de Noboa y de otro rechazo al modelo económico del presidente, demuestra que un porcentaje importante de la población ecuatoriana es -como diría George Lakoff- biconceptual, proclive a ubicarse en distintas posiciones en función de las materias, a escapar al molde simplificador que intenta imprimir la polarización política: o con Noboa o contra Noboa, o correísta o anticorreísta.

Efectivamente, hasta un 69% de los ecuatorianos votó en contra de la legalización del trabajo por horas (una cuestión por cierto sobre la que Noboa habría cambiado su posición respecto a la campaña electoral), doblando la base electoral del correísmo (32% en las últimas dos primeras vueltas presidenciales), mientras que por el contrario la base electoral del correísmo -al menos parte- apoyó el refuerzo del papel de las fuerzas armadas en materia de seguridad.

Noboa fracasa, por tanto, en el objetivo de relegitimarse. Este resultado obliga a un cambio en la estrategia política del presidente si quiere reelegirse en febrero de 2025. A solo 10 meses de las próximas elecciones presidenciales Noboa se enfrenta un dilema clave: mantener o no su política económica.

Con el voto popular en contra, mantener el rumbo económico neoliberal supondría una seria amenaza a sus posibilidades de reelección. Por el contrario, no hacerlo pudiera exponerlo a las críticas de los grandes medios de comunicación, principales exponentes en la presión neoliberalizadora.

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Sobre la escena pende además un elemento añadido. El victorioso rechazo a las dos preguntas de corte económico fue capitaneado por el correísmo, que saldría reforzado de esta disputa. Este apoyo a las tesis correístas llega justo en el momento en el que el gobierno había recrudecido la cacería judicial a la que viene siendo sometido este movimiento político desde la llegada al poder de Lenin Moreno.

De hecho, en cierto modo, en el resultado de la consulta parece latir también un golpe al giro estratégico de Noboa de los últimos meses, cuando dejó de buscar la colaboración del correísmo en el Congreso para emprender una furibunda carga contra éste. Esta carga lo llevó incluso a violar la Convención de Viena sobre inviolabilidad de sedes diplomáticas, con el episodio de asalto a la Embajada de México, el pasado 5 de abril, lo que ha derivado en una grave crisis de credibilidad internacional del país andino.

En definitiva, con un país en grave crisis económica agravada por la decisión presidencial de subir el IVA y el precio de los combustibles, con una crisis eléctrica que comienza a repercutir en las clases medias con graves apagones y con un clima de rechazo al modelo económico negado en las urnas, Noboa se juega todo a una sola carta, a resolver el problema de la inseguridad. De lograrlo tendrá opciones de ser reelegido. De no hacerlo la pregunta en Ecuador volverá a ser la misma que en 2021 y 2023: ¿será el correísmo capaz de agrietar la coalición de anticorreístas que, sin tener nada en común, se unen sólo para votar a cualquier candidato que no sea correísta?

(*)Sergio Pascual es analista político