A 2 años del 21F, el país se divide por la repostulación
Las movilizaciones a favor y en contra de la repostulación medirán fuerzas y su poder de convocatoria.
Dos años han pasado de la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), que rechazó una nueva repostulación del presidente Evo Morales, y la fecha encuentra a Bolivia dividida entre quienes votaron por el Sí y el No.
Y a la luz de los anuncios, con la conmemoración de la fecha se prevé también que ambos frentes midan su fuerza y poder de convocatoria en las calles. Por un lado, los cívicos y el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) preparan un paro nacional en defensa de los resultados de la consulta y en contra del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y por el otro, el oficialismo y sus organizaciones afines anuncian marchas y concentraciones para respaldar la candidatura de Morales.
Para el experto en temas electorales Armando Ortuño, es evidente la “división” del país producto del fallo del TCP, que en noviembre de 2017 habilitó la repostulación indefinida de las autoridades electas, entre ellas Morales, cuyo partido apeló al artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos para que se respete el derecho del Presidente a ser elegido.
“Por supuesto que hay una polarización en términos de la reelección (de Morales), pero lo llamativo es que todavía no se ha traducido en una división en torno a otros temas más estructurales”, dice Ortuño. En consecuencia, aclara, no se trata de una fragmentación del modelo socioeconómico, la estructura del Estado, la orientación del funcionamiento de la sociedad o de otro tipo, por lo que existe la impresión de que los actores políticos los aceptan de forma pasiva.
“Ésa es la gran diferencia con otros escenarios polarizados registrados entre 2007 y 2008 por el modelo de un Estado autonómico y el modelo del Estado Plurinacional ”, sostiene.
La socióloga María Teresa Zegada afirma que las movilizaciones promovidas por los comités cívicos son una expresión de “resistencia” contra la falta de respeto a los resultados del 21F y en rechazo al fallo del TCP y considera que la adhesión de la población a las medidas de protesta será una manera de “canalizar” su descontento y malestar contra ambas determinaciones. “Las movilizaciones convocadas por los comités cívicos están recogiendo el malestar ciudadano por las determinaciones que posibilitan la reelección”.
Zegada ratifica que la determinación del Tribunal Constitucional ha puesto en riesgo los valores de la democracia porque su base es la “institucionalidad”, junto con otros elementos imprescindibles como la participación y la inclusión social. “La base de un régimen democrático es el respeto a las instituciones y la base de las instituciones políticas en democracia está establecida en la norma constitucional, de ahí deviene el respetar la realización de elecciones cada cierto tiempo y el conjunto de derechos de la sociedad, entre otros”.
En el otro frente, sobre las concentraciones convocadas por el MAS, advierte que en los últimos años se han visto “bastante forzadas”, pues no son una iniciativa espontánea de las bases y, ante su debilidad, pretenden una “exposición de las fuerzas sociales”.
En este escenario polarizado, señala, los protagonistas son, por un lado, las organizaciones que muestran el descontento popular por la repostulación presidencial, y por el otro, los sectores sociales afines al partido gobernante que avalan el fallo del TCP y la candidatura de Evo Morales.
En el análisis del politólogo Franklin Pareja, dada la escasa capacidad de convocatoria de los partidos opositores “la iniciativa política” se ha trasladado a las organizaciones de la sociedad civil que demandan el respeto a la voluntad popular expresada el 21F. “Al margen de que las movilizaciones tienen un enfoque cívico es indudable que tiene un trasfondo político, lo cual es saludable para la democracia porque reconstituye en alguna medida la actividad política que no debe concentrarse en una sola fuerza política”.
Pareja recuerda que en el referéndum del 21 de febrero de 2016, el 51,3% de la población boliviana rechazó, frente al 48,7%, la habilitación constitucional del Presidente como candidato en 2019 y demostró “madurez”, “vocación democrática” y que se tiene que “poner un freno a la aspiración personal de Morales, pues no se traduce en un proyecto político colectivo”.
El politólogo cree que la consulta también representó la primera derrota del Mandatario en las urnas, que ni entonces ni ahora se reconoce.
Efectos. En criterio de Ortuño, las manifestaciones anunciadas han contribuido a “electoralizar” de forma prematura el escenario político del país y generar un ambiente de mayor “confrontación y polémica”.
Un otro factor que refiere el experto en temas electorales es que, tanto las movilizaciones impulsadas por las organizaciones cívicas como las convocadas por los sectores sociales vinculados al MAS pretenden mostrar su “fuerza en las calles y en la opinión pública” y “medir su poder de convocatoria”. “Al final, creo que con estas expresiones se busca mostrar fuerza como una forma de presión para que el Presidente no se presente (a las elecciones) o incluso, en otro escenario, se proyecte su derrota en los comicios”.
El MAS se reafirma en que el 21 de febrero de 2016 es el “día en que ganó la mentira”. Su vicepresidente Gerardo García recuerda que días previos a la consulta se denunció un supuesto tráfico de influencias en favor de Gabriela Zapata, expareja de Morales y gerente Comercial de la empresa china CAMC, que se adjudicó contratos con el Estado, y de quien se dijo que tuvo un hijo con el Jefe del Estado, “pero esos hechos nunca pudieron demostrarse”.
García informa que entre el 21 y el 23 de febrero, las organizaciones de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) desarrollarán marchas y concentraciones en los nueve departamentos del país en respaldo al fallo del Tribunal Constitucional para proclamar a Morales como candidato único del oficialismo para 2019.
“La repostulación del Presidente no es un capricho de Evo, sino que es una decisión de las organizaciones sociales y eso debe entender la oposición, pues él es sinónimo de estabilidad económica, política y social”, indica.
En tanto, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, expresa que la alianza del Conade con el movimiento cívico, que se consolidó este miércoles, fortalecerá su lucha en “defensa de la democracia”, entiendo que ésta es de todos los bolivianos y no de una u otra institución política. La finalidad, dice, es que se respete la voluntad popular expresada el 21F, en la que triunfó la alternativa que le niega al jefe del MAS el repostularse.
“Por eso pedimos que todo el pueblo se una para que se respete nuestro voto del 21F, ese que le dijo no a la modificación de la Constitución para evitar una nueva repostulación de Evo Morales, tenemos que salir a las calles a defender esta consigna”.
Ortuño coincide con Zegada y Pareja en que hay un “intenso sentimiento” de una parte de la población que está en contra de la repostulación y que puede convocar a la gente a protagonizar medidas de protesta de diferentes tipos, pero considera que aún no se generó un “liderazgo político y una estructura política organizada”, lo cual debe consolidarse en estos años.
Pareja apunta que si bien este movimiento es impulsado por varias organizaciones de la sociedad civil y es muy heterogéneo y amplio, en algún momento puede y debe afianzarse en un proyecto político que le haga frente al MAS en las urnas.
