Sala de Prensa

Hay periodistas buenos y malos. Y por lo menos la mitad o más de los periodistas del país, son los malos. Esa es la partición en que han incurrido las Asociaciones de Periodistas de La Paz y de Bolivia para dividir a sus afiliados. A los periodistas malos los ha denominado “estatales u oficialistas”. En esa lógica arbitraria, define como independientes a “sus” periodistas, a los probos, los profesionales, que no mienten ni manipulan, en fin, a quienes hacen periodismo, lo que lleva implícito “que son opositores al Gobierno”. Este absurdo está ocurriendo.

El Estatuto de la Asociación de Periodistas, manda exactamente lo contrario. En su capítulo I, punto cuarto, inciso f ) sobre los objetivos dice “Mantener la unidad de sus asociados estrechando vínculos profesionales y sociales…”

En febrero del año pasado, las Asociaciones de Periodistas junto al Comité de Defensa de la Democracia (CONADE), y una veintena de instituciones similares, presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe de violaciones a derechos humanos cometidos por el actual gobierno, en una audiencia virtual con Julissa Mantilla, presidenta de la CIDH.

En 50 páginas, sostiene por ejemplo que, “el supuesto Golpe de Estado de 2019 es utilizado por el Ministerio Público y las autoridades para perseguir a los opositores. La gran cantidad de presos políticos que existen en el país son acusados…” en desconocimiento a las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que durante ocho meses investigó en Bolivia los hechos de 2019 y recomendó: “es fundamental que se avance en las investigaciones y los procesos judiciales de rendición de cuentas por los hechos documentados en este informe y otros similares”.

Las organizaciones periodísticas defienden a “grupos como la Resistencia Civil La Paz, la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista están en detención preventiva por delitos menores”. En el informe del GIEI se detallan, en más de 20 páginas, los hechos violentos contra la población ejercidos sobre todo por la llamada Resistencia Juvenil Cochala durante los eventos de 2019. “El GIEI tuvo acceso a más de 20 videos donde se puede observar a personas con distintivos de la RJC ejecutando actos de violencia, racismo y discriminación en contra de civiles…”.

Dicen las instituciones de periodistas que “…las fuerzas uniformadas (FFAA) hicieron uso proporcional de la fuerza contra manifestantes que poseían armas de fuego, dinamitas y otras durante los sucesos de noviembre de 2019 cuando se produjeron alrededor de 20 muertos principalmente en las localidades de Huayllani y Senkata…”.

La investigación del GIEI “constató que, …las fuerzas de seguridad desarrollaron una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, la cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal, a lo largo de seis horas…”. El GIEI habla de masacre y desmiente “el uso proporcional de la fuerza”.

En 13 páginas, las instituciones de los periodistas, denuncian excesos contra el trabajo periodístico y los periodistas, pero excluyen otros hechos de violencia contra periodistas y el ejercicio del periodismo sufridos por quienes, según los dirigente de esas instituciones, no pertenecen a la casta de “independientes”.

Citar sólo algunos: la captura del periodista José Aramayo de la radio comunitaria Confederación de Trabajadores Campesinos, el 9 de noviembre de 2019, quien fue amarrado a un árbol por grupos opositores al gobierno de entonces, bajo amenaza de muerte. La periodista Brishka Espada, de la red ATB, fue agredida, golpeada hasta desmayarla en la plaza Tarija, en Cochabamba el 29 de octubre de 2019. El 9 noviembre de 2019, en Oruro, manifestantes prendieron fuego y saquearon la sede de la Radio y Televisión Mega. Ese mismo día, manifestantes bloquearon el ingreso a la emisora estatal Bolivia TV, en La Paz y amenazaron con quemar a los periodistas que estaban adentro si no interrumpían las transmisiones. El 10 de noviembre 2019, el periodista argentino Sebastián Moro, jefe de prensa del periódico Prensa Rural, fue encontrado desmayado en su casa y murió el 16 de noviembre a causa de la golpiza que le habían propinado.

Más agresiones a periodistas “no independientes” ignorados por las organizaciones de periodistas: 4 de noviembre de 2019, atentado contra la sede de la cadena Tv Abya Yala, arrojaron objetos y pintura a su fachada. El 8 de noviembre, el periodista Jhon Yana, corresponsal de la Red Patria Nueva en Trinidad, sufrió un atentado cuando se dirigía a su domicilio. El 21 de noviembre fueron suspendidas en Bolivia las transmisiones de los canales internacionales de noticias TeleSur y Rusia Today (todos estos hechos están consignados en la investigación del GIEI).

El 11 de noviembre de 2022, en Santa Cruz, afines a la Unión Juvenil Cruceñista incendiaron la Federación de Campesinos y agredieron en el rostro al periodista Enrique Serrudo Tejerina. El 10 de enero de 2023, en La Paz, grupos relacionados al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, agredieron a la periodista Adriana Álvares, quien recibió una pedrada en la cabeza.

También fueron ignorados en su denuncia a la CIDH, los casos de la periodista Jeruslava Ojeada, periodista de Bolivia TV en Santa Cruz, Blanca Mamani, reportera de la radio comunitaria de Los Yungas, que fue asaltada y quemadas sus instalaciones en La Asunta; y de Fabio Espinoza, presentador de Noticias de Bolivia TV, en Santa Cruz, hostigado y amenazado junto a su familia.

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Como ejemplo de la discriminación de los dirigentes está un comunicado del 16 de enero, en respuesta a la protesta de periodistas. En el cuarto párrafo dice: “dentro de esos actos de agresiones también se han visto afectados periodistas que trabajan en medios cercanos al oficialismo, estatales” y agrega que cuando emiten comunicados incluyen a “los oficialistas y estatales”.

Este resumen demuestra graves transgresiones a las normas del periodismo boliviano y también discriminación, uno de los males asociados al racismo. El Estatuto del gremio en su capítulo V sobre “Las normas éticas”, dice que el periodista asociado está moralmente obligado a: a) Ejercer la profesión con probidad, honestidad y patriotismo, informando veraz e imparcialmente a la comunidad, d) … Denunciar la violencia, la tortura, la presión física o moral que se ejerciten contra las personas y la sociedad. e) Respetar la opinión ajena y el derecho a disentir…” En su reglamento interno, capítulo III “Sanciones”, el artículo 15 dice: “Todos los asociados y empleados de la Asociación de Periodistas de La Paz deberán guardar el respeto, cortesía y cordialidad en las relaciones entre sí…”

La realidad distinta a lo que mandan las normas sólo se explica por un irracional alineamiento de algunos dirigentes a una posición política, pese a que el Estatuto en su primer artículo la define a la institución “…con prescindencia político-partidista o religiosa”. La respuesta fácil será “que me comprueben que tengo alguna militancia política”. En lo relatado hasta aquí hay suficiente prueba, sin necesidad de exigir el carnet de militante.

Es más, algunos de los actuales dirigentes estuvieron en la reunión con la ministra de Comunicación de la señora Jeanine Añez, la señora Roxana Lizárraga, cuando a nombre de las Instituciones le dieron total respaldo a su iniciativa de emitir un decreto supremo denominado “La recuperación de la libertad de expresión en Bolivia”, cuando se habían sacado del aire a dos canales de televisión internacional y se ejecutaban otras acciones aquí resumidas. Uno de los dirigentes dijo sobre el decreto: “es un huracán imparable” de libertad de prensa (11 de diciembre de 2019, hora: 18:57, ANF).

La historia de nuestras organizaciones es de rechazo a regulaciones que provengan desde los poderes del Estado. La bandera del periodismo es la auto regulación para evitar que sea el poder el que imponga las reglas y defina los derechos a la información, comunicación, expresión, etc. Y en el marco de la auto regulación, están los Tribunales de Honor y los Tribunales de Ética que parecen ignorar todo.

 (*)Freddy Morales es periodista

El punto sobre la i

En la medida en que la disputa al interior del oficialismo viene debilitando al partido de gobierno, las prioridades entre las clases medias opositoras vienen cambiando. Emergen nuevas demandas, que ya no se centran exclusivamente en sacar al MAS del poder. Además, se observa la conformación de espacios de opinión fragmentados.

Conversamos sobre estos temas con el destacado investigador social Julio Córdova, director de la empresa de estudios de opinión Diagnosis.

¿Cómo ha evolucionado la percepción ciudadana sobre la disputa política en Bolivia luego del gobierno de Jeanine Añez?

Esta evolución de la percepción ciudadana se puede caracterizar en los siguientes cuatro puntos:

1. La polarización social se mantiene. Por un lado, está la postura que apoya la narrativa del MAS “del golpe en 2019”, sobre todo en clases bajas de Occidente, y que llega a más o menos el 35% de la población. Por otro lado, está la posición que respalda la narrativa del “fraude”; presente en clases medias principalmente del Oriente, que llega a más o menos el 45%. Hay un 20% de indiferentes frente a ambas narrativas.

2. Ha disminuido el apoyo al Gobierno de Arce del 55% en las elecciones del 2020 a más o menos el 40%. Este 15% de disminución se traduce en una actitud de “indiferencia” ante la gestión actual del arcismo y está presente principalmente en clases bajas de los Valles que apoyan a Evo.

3. El 40% que respalda al Gobierno de Arce (clases bajas de Occidente) no es una base social totalmente fiel. Tiende a disminuir hasta el 32% en coyunturas de conflicto político e inestabilidad económica.

4. Se ha profundizado una dispersión del apoyo electoral. Entre las clases bajas masistas cerca del 20% piensa votar por Arce, 10% por Evo, un creciente 7% votaría por Andrónico y un 5% por un nuevo del MAS. En las clases medias antimasistas el 10% votaría por Mesa, un porcentaje similar por Cuéllar; Doria Medina, Reyes Villa y Camacho tienen 5% o menos de apoyo cada uno; cerca del 15% espera un candidato nuevo de la oposición.

Se observa un escenario con una multiplicación de discursos polarizadores, ya no sólo entre el oficialismo y las oposiciones, sino también al interior de cada una de estas veredas. ¿Cómo está percibiendo esto la ciudadanía?

Al interior del MAS hay una polarización entre arcistas y evistas. En cambio, en la oposición se trata de una falta de hegemonía y una dispersión de actores con poco poder de convocatoria. Según las encuestas de Diagnosis esta situación se debe a un divorcio entre los dos elementos de la demanda social (la concreta y la simbólica) y la oferta política.

En el ámbito “masista” la demanda social concreta es en orden de importancia: a) acceso a empleos de calidad para jóvenes, b) apoyo a emprendimientos propios de la gente y c) estabilidad económica (precios estables). La demanda simbólica apunta a un líder que muestre la posibilidad de ascenso social desde la pobreza a través de la educación superior. Ni Arce, ni Evo responden adecuadamente a esta demanda social popular. Andrónico se adecúa un poco.

En el ámbito “antimasista” la demanda concreta es, en orden de importancia: a) acceso a empleos de calidad, b) estabilidad económica y c) seguridad ciudadana. La demanda simbólica apunta a un líder fuerte de carácter (decidido); pero que, al mismo tiempo, sepa “entenderse” con los sectores pobres: “el pueblo”; es decir un líder del tipo “bukele”. Ninguna de las figuras opositoras se adecúa a esta demanda.

¿Cómo están incidiendo en el país las redes sociales y otras plataformas en la formación de la opinión pública y la creciente conformación de burbujas culturales?

Las redes sociales tienen mayor incidencia en las clases medias (media típica y media baja) y entre jóvenes de la clase baja. Pero casi no tienen incidencia entre adultos de la clase baja, y en todo el estrato pobreza. En las clases bajas son más importantes los sindicatos y las agrupaciones barriales como espacios de formación de opinión. Es a través de estos espacios de organización popular que el MAS ha construido su hegemonía en estos sectores populares.

Según las encuestas de Diagnosis, en las clases medias, casi el 100% tiene al menos una cuenta en las redes sociales. Sobre todo, en Facebook (92%), aunque con un crecimiento astronómico de Tik Tok (64% en menos de cinco años). En promedio, los jóvenes de clases medias interactúan 3,2 horas por día en las redes; y los adultos interactúan 0,9 horas al día.

Como han demostrado varios estudios en otros países, las redes tienden a profundizar las percepciones y actitudes de los segmentos sociales a través de “comunidades homogéneas”. Con ello se profundizan los “guetos de pensamiento único” al interior de estos segmentos, y la polarización y confrontación con los guetos contrarios. En Bolivia, mucho del “antimasismo” de las clases medias se puede explicar por la incidencia de las redes sociales.

¿Cómo se puede caracterizar la situación actual del campo político nacional y cuáles son las fuerzas dominantes que explican cómo hemos llegado al momento presente?

Se puede hablar de una creciente pérdida de hegemonía del MAS junto con la ausencia de algún movimiento político que pueda reemplazar a este partido. Ello conduce, como dijimos antes, a una creciente dispersión del apoyo social, junto con la expectativa por algún “líder nuevo” en al menos el 55% de la población, tanto en el ámbito masista como en el ámbito antimasista.

Esta pérdida de legitimidad del MAS ante sus bases sociales y ante sus electores, no significa la pérdida de legitimidad de su modelo de desarrollo. Cerca del 60% de la población respalda un modelo estatista en el cual el Estado sea dueño de los recursos naturales, que los industrialice, y que emplee el excedente para dinamizar la economía, de modo que tanto el Estado, la empresa privada, el capital extranjero y los pequeños emprendimientos de la población generen empleos de calidad.

En suma, el campo político actual se caracteriza por la búsqueda de un nuevo actor político que pueda administrar de mejor manera el modelo estatista de desarrollo. Por el momento no hay mucho espacio para propuestas liberales y/o libertarias, o para modelos federales de organización política.

¿Qué se puede avizorar sobre hacia dónde va la sociedad boliviana en las próximas elecciones de 2025? ¿Cuáles se perfilan como los temas o preguntas medulares que estarán en juego?

Existen dos posibles evoluciones del “mercado electoral” de cara al 2025. 1) Por un lado está la “vía peruana” reciente con una “hiper dispersión” del voto sin que algún candidato supere el 20%, lo que puede llevar a la ingobernabilidad e inestabilidad política como se ve actualmente en el país vecino. Es el escenario más probable.

2) Por otro lado está la “vía peruana de los 90” con la repentina e inesperada aparición de un “outsider” como Fujimori que canalice el descontento social. Esta potencialidad del outsider “exótico” fue anticipada de alguna manera el 2019 con el crecimiento electoral de Chi Hyun Chung del 0% al 8% en menos de tres meses. Me parece que este segundo camino es el menos probable por el momento.

Dos serán los temas dominantes en las próximas elecciones: 1) el tema económico y 2) la seguridad ciudadana. En las encuestas de Diagnosis se observa un desplazamiento en el tema económico: de la estabilidad económica como tópico principal el 2020, a la generación de empleo de calidad actualmente. Si el Gobierno de Arce logra mantener cierta estabilidad hasta el 2025 (inflación mínima), es posible que lo central en la demanda social sea el acceso al empleo de calidad.

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La seguridad ciudadana es una preocupación latente pero muy importante. Tiene que ver más con las percepciones que con la realidad como en Chile. Ya que Bolivia tiene menores tasas de delincuencia que otros países de la región. Pero es un tema que preocupa.

Un tercer tema; pero muy por detrás de los dos anteriores, será el concepto de “la no corrupción y la no instrumentalización” de las instituciones por los políticos. Aquí está el interés por la reforma de la justicia, por un padrón electoral confiable, por la independencia de los órganos del Estado del órgano Ejecutivo. Las personas, sobre todo de clases medias, quieren sentir que viven en una democracia, donde se respeta su voto y donde no hay “persecución política (judicial) a los opositores”.

¿Cómo viene evolucionando el campo opositor? ¿Qué cambios han mostrado las oposiciones en los últimos años?

En el campo opositor de las clases medias hay un importante cambio de demanda social y política, desde el apoyo a opciones “antimasistas” el 2019 y aún el 2020 ( fuerzas que puedan “sacar” al MAS del poder), a la demanda de una alternativa que pueda generar esperanza de un futuro mejor. El 2019 y el 2020, las clases medias estaban dispuestas a apoyar a quien tenga más opciones para sacar al MAS del poder. Esta demanda explica el apoyo electoral al Carlos Mesa. Especialmente en Santa Cruz hubo mucho “voto útil” por Mesa en ambas elecciones. Aunque no creían en el candidato como tal, veían que era el que tenía más opciones para vencer, en una segunda vuelta al MAS.

Ahora, el objetivo de sacar al MAS del poder ya no es el más importante para las clases medias. Ven que este partido dividido ya no es tan fuerte. Hoy en las clases medias se busca recuperar la esperanza para sus familias. Esperan un candidato que les proponga tanto en su discurso como en su propia imagen, razones para creer que pueden progresar. Mesa, Camacho y, de alguna manera Cuéllar, mantienen un discurso antimasista que ya no es relevante. El federalismo no enamora en Occidente. En suma, no hay actores relevantes en el campo opositor.

¿Cómo está el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en la opinión de la gente?

En las encuestas de Diagnosis, Manfred Reyes Villa no aparece como una figura en ascenso. Es posible que esto se deba a que la cobertura de nuestras encuestas es también rural, donde el alcalde de Cochabamba no tiene apoyo. El apoyo electoral a Reyes Villa se centra en Cochabamba, parte de La Paz y algo en Santa Cruz, en el área urbana; pero nada más. El apoyo hacia él en estos ámbitos se debe a la búsqueda de los electores de “opciones nuevas”.

¿Cómo percibe la ciudadanía la disputa al interior del oficialismo?

Es un tema de “interés”; pero no de “preocupación”. Para las clases medias antimasistas esta pugna confirma que tanto arcistas y masistas son “politiqueros” que se pelean por pegas, dinero y poder. En las clases bajas se toma partido a favor de Arce (clase baja con mayor nivel de instrucción) o de Evo (estrato pobreza, sobre todo de Cochabamba); pero tampoco se cree que esta disputa es decisiva para el país.

¿Cómo viene desarrollando Diagnosis el seguimiento a las percepciones de la ciudadanía boliviana, en particular en lo que hace a la disputa política?

Diagnosis realiza encuestas de opinión quincenales en los nueve departamentos del país, tanto en el área urbana como rural con una muestra de 1800 encuestas presenciales (cara a cara), lo que implica un error muestral del +/- 2,31%. En estas encuestas se pregunta temas de coyuntura de la agenda informativa de los medios de comunicación, así como se hace seguimiento de indicadores de línea de base como favorabilidad de líderes políticos, intención de voto, satisfacción con la situación del país, índice de polarización, demandas electorales, etcétera. Esta información se difunde a los suscriptores de Diagnosis a través de la página https://informes.diagnosisestudios.com, tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes). La suscripción cuesta 20 Bs. al mes.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político

Dibujo Libre

Es José Julián Martí Pérez, ese político cubano, abogado, filósofo y literato quien grafica de forma plena lo que busco escribir: “Los pueblos, como los hombres, no se curan del mal que les roe el hueso con mejunjes de última hora, ni con parches que les muden el color de la piel. A la sangre hay que ir, para que se cure la llaga. O se mete la mano en lo verdadero, y se le quema el hueso al mal, o es la cura impotente, que apenas remienda el dolor de un día, y luego deja suelta la desesperación […]. Hombre es el que le sale al frente al problema, y no deja que otros le ganen el suelo en que ha de vivir y la libertad de que ha de aprovechar. Hombre es quien estudia las raíces de las cosas. Lo otro es rebaño […]. De nuestras esperanzas, de nuestros métodos, de nuestros compromisos, de nuestros propósitos, de eso, como del plan de las batallas, se habla después de haberlas dado”. Ahí está entonces lo importante, en el abordar sin ambages aquello que amenaza con apagar al más importante proceso popular de construcción de igualdades societales de la historia boliviana, después de todo, aquello que no se conceptualiza, no se categoriza, tampoco existe y menos se comprende.

Los estudiantes, siempre los estudiantes y los jóvenes, con su agudeza natural, le preguntaban a Jean Paul Sartre, cuando el calendario marcaba el año 1960, si era posible ¿una revolución sin ideología? La respuesta no dejó de sorprender por su determinación y claridad: “¿Socialismo? ¿Economía Liberal? una Revolución debe saber a dónde va”. Entonces, recuperada la democracia ante el golpe de Estado que había paralizado el Proceso de Cambio, era importante disipar si se redefinían, anticipadamente, los contenidos ideológicos del tiempo reconstituido o, si de manera contraria, era prudente esperar que los sucesos siguientes y venideros detallen su nueva dimensión. Pero si ambos elementos y condiciones vivieron indeterminados, confusos y abstractos, la posibilidad de derechizar las prácticas y las formas del proceso político y social se podría decir que era inevitable. La derechización no es una cuestión discursiva, pues desde la sola palabra se es un día revolucionario y otro libertario. La complejidad está en la consecuencia del pensamiento anclado a una línea conductual que configura la filosofía política de cada actividad humana, de cada actor político.

¿Cuánto es el tiempo de solidez y resistencia en el que puede extenderse un proceso revolucionario? o ¿cuánto podría perdurar el Proceso de Cambio sin transformarse en un hecho burocratizado y signado por las luchas de poder que lo desnortan y lo exponen a una derechización sin punto de retorno? Las revoluciones, los adelantos del progresismo y los procesos de transformación profunda no son únicamente el frenesí y el idilio de un tiempo a veces breve, pues sigue a ello el otro tiempo, el de la radicalidad, del hacer cara y resistir a las fuerzas contrarrevolucionarias, pero después qué, ¿administrar? ¿gestionar? ¿construir enemigos indefinidamente, o idolatrar unas referencias inveteradas? Si no se construye con consistencia ideológica, son las pulsiones ingobernadas de las ambiciones políticas y los dogmas quienes toman la iniciativa. La ideología es buena en cuanto expresa un sentido de hacia dónde caminar. Una sociedad confrontada desde su primer signo vital, requiere instalar una idea de humanismo posible, de libertad comprometida y aprecio por el otro, para así estructurarse y saberse sujeto mismo de su realidad emancipada.

Hoy, con una asombrosa volatilidad, los hechos están señalando los contenidos del Proceso de Cambio, con prácticas de odio, intolerancia y desprecio entre quienes declamaron desterrar toda forma de hostilidad. El Proceso de Cambio está dejando de ser un proceso y tampoco conlleva ya el cambio. Se empuja el personalismo enfurecido sin comprender lo colectivo de su construcción y acumulación en distintas temporalidades. Se olvida que la construcción del Estado Plurinacional fue una obra coral, el producto de un colectivo, que colocó a Morales en el vértice de la pirámide, pero que se soportaba sobre una base precisamente colectiva. Ese colectivo hoy se enfrenta y desgarra con prácticas que son propias de la derecha más exaltada e intransigente.

El histórico antagonismo con aquellos sectores de hegemonías dominantes se constituyó finalmente en el factor de cohesión que posibilitó la transformación de movimientos sociales a movimiento político, a opción de poder y finalmente, a modelo de poder socio estatal. Derrotado entonces el primer antagonismo en el tiempo del Proceso de Cambio y construcción del Estado Plurinacional, este segundo momento va configurándose como un proceso des-histórico y des-socializado, lo que es igual a decir, separado y apartado de las formas de su conceptualización primigenia y del entorno global actual. Allí, la necesitada unidad histórica que revierta el final de ciclo ha sido relevada por una incomprensible amplificación de la frontera de adversarios internos en la lógica fratricida del “tú” contra “él” dentro del espectro “nosotros”. Es tan totalizante este nuevo antagonismo que la agresión empieza a mostrar sus costuras autoritarias y antidemocráticas. Su intensidad, sin signos visibles de agotamiento, ha desconectado el proceso y las utopías del todo social.

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Steve Bannon, ideólogo de la extrema derecha norteamericana y vinculado con el trumpismo, entusiasta partidario del caos, la confusión y la desinformación, sentencia sin escrúpulos y exquisiteces, que lo importante es “inundar todo de mierda”, contar con un constructo discursivo mediático de anarquía extrema donde lo fundamental e importante convive y se mezcla con lo banal y accesorio, permaneciendo allí por espacios prolongados, siempre en la primera fila del debate público y al lado de lo que es urgente para el Estado. Se quiere una sociedad estresada, ansiosa, molesta, irritada hasta crear un nuevo ecosistema que impida responder por las cuestiones centrales. El caos absoluto con enemigos diarios, antagonismo extremo e ideología vacía y con la vista siempre impertérrita en el proceso electoral del 25.

El ciclo social popular se cierra y agota pues las demandas centrales han dejado de ser estructurales e históricas para ser sucedidas por simples peticiones convencionales. La cuestión movilizadora ya no es la inclusión popular y el reconocimiento de una sociedad civil marginada y periférica, se va construyendo así la lógica corriente del poder político convencional, con prácticas derechizadas que, por supuesto, no tienen esencia transformadora, menos aún, un hálito revolucionario.

En el poco tiempo que resta y con todo destrozándose, Martí de nuevo: “Por ley de historia, un perdón puede ser un error, pero una venganza es siempre una infelicidad. La conciliación es la ventura de los pueblos”.

 (*)Jorge Richter Ramírez es politólogo

Dibujo Libre

El 14 de abril, Israel Quino Romero publicó un artículo, en el suplemento Animal Político de LA RAZÓN, afirmando que la sustitución de una vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue constitucional. Dedico el presente aporte a refutar esa posición.

El autor de dicha publicación dice que la sustitución “no es inconstitucional (lamentablemente)”, debido a que, según él, se trata del ejercicio “de una prerrogativa constitucional”, que responde únicamente a “la voluntad del dignatario de Estado”. Para sustentar esta afirmación, cita lo que la Constitución (CPE) y la Ley 018 mandan al respecto: que le corresponde al Presidente designar a un/a vocal para el TSE (CPE, arts. 172.21 y 206.III; Ley 018, art. 13.1).

Lo que olvida Quino es que la administración pública se rige por el principio de legalidad (CPE, art. 232). Esto se inventó con el propósito de limitar el ejercicio del poder de los gobernantes. Por eso funciona a la inversa del principio de libertad, ese que dice que “lo que no está prohibido está permitido” (CPE, art. 14.IV). Esto aplica únicamente para los ciudadanos. Por el contrario, para quienes ejercen el poder público, lo que la Constitución y las leyes no habilita está prácticamente prohibido. El presidente Arce lo sabe. Cuando fue ministro de Economía y Finanzas Públicas, esta cartera de gobierno publicó un libro titulado “Principios del Derecho Administrativo” (2013), donde entendió al principio de legalidad en ese sentido: “los ciudadanos y, en general, los sujetos privados, pueden hacer todo aquello que la Ley no les prohíbe, en tanto que la Administración necesita una habilitación legal para adoptar una actuación determinada, es decir, puede hacer únicamente aquello que la Ley le permite” (pág. 3).

Por lo mismo, para que el Presidente pueda destituir vocales electorales designados por él tendría que tener una atribución expresa asignada por la propia CPE. De no ser así, implica que no tiene potestad, sino únicamente para designar. No la tiene no porque se olvidaron establecerla, sino porque los órganos de los gobiernos funcionan bajo el principio de independencia (CPE, art. 12.I). En este marco, si bien extrañamente el Presidente del Estado tiene la prerrogativa de designar a un vocal para el TSE, no la tiene para poder destituirlo. De tenerla, sería una clara permisibilidad de la cooptación política, por lo que el vocal se constituiría prácticamente en un funcionario dependiente del Presidente, y tendría que acatar todas las órdenes de este. De no hacerlo, se lo sustituiría por otro que esté dispuesto a seguir instrucciones políticas. Esta forma, debido a que iría contra la independencia de órganos, sería inconstitucional. Por esta misma razón, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que designa a los demás vocales electorales, no tiene la posibilidad de destituirlos. En la lógica del autor rebatido, quien tiene la atribución de designar tiene automáticamente también la atribución de destituir. Al parecer a eso él le llama prerrogativa. Bajo esa lógica, todos los vocales podrían ser destituidos, ya que también la ALP tendría tal potestad respecto de los que designa. Los vocales designados por el presidente, así como los por la ALP, gozan de “inamovilidad durante todo el período” (Ley 018, art. 20) que es de seis años (CPE, art. 206.II).

Sobre eso, todas las designaciones de vocales electorales hechas por los presidentes desde 2009 son inconstitucionales, por no cumplir con la “convocatoria pública previa, y calificación de capacidad y méritos a través de concurso público”, como manda la CPE (art. 206.IV); al igual que lo son todas las destituciones realizadas por el presidente Arce, recientemente y en 2020. Es más, tales actos son en realidad delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes (Código Penal, art. 153). No obstante, la irregularidad en la designación únicamente afecta a quien designa y no al designado, ya que este último no es el que toma la decisión.

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Finalmente, la forma de destitución es de fábula, pues cometieron errores que se esperarían de un estudiante y no del Gobierno más grande del país, que tiene la capacidad de financiar excelentes asesores jurídicos. Únicamente las normas abstractas se derogan o abrogan, debido a su vigencia permanente. Los actos administrativos (decisiones concretas) —como son las designaciones—, en cambio, dejan de tener vigencia en el momento en que se ejecutan, en el caso de los vocales, al momento de asumir el cargo mediante la posesión. En caso de que se pretenda destituir, corresponde otro acto administrativo: el de destitución. Por eso, en cargos subalternos existe el memorando de nombramiento y el de despido. Por lo mismo, no puede un decreto presidencial destituir a alguien mediante el mecanismo de la abrogación del decreto de designación, porque este ya no se encuentra en vigencia. Eso sería como pretender matar algo ya muerto. En ese entendido, tiene lógica el discurso de la doble designación de vocal electoral por el Presidente para el TSE, ya que la vocal Chuquimia, designada en 2021, en realidad nunca fue destituida.

Por último, la vocal sustituida podría impugnar administrativamente, y solicitar tutela jurisdiccional de su derecho a continuar en el cargo. Si bien es posible que los tribunales ordinarios y el Constitucional, todos hoy políticamente cooptados, podrían no ayudarle y, por el contrario, posiblemente más bien respaldarían las decisiones del Presidente, difícilmente podrían cooptar a los sistemas internacionales de los derechos humanos, por lo que, al final, si bien por los tiempos que tardan los fallos no lograría una restitución en el cargo, obtendría una muy buena indemnización. En su caso, los responsables, como el Presidente y sus asesores, serían sujetos de acciones de repetición para reponer todo el dinero que el Estado boliviano pague para indemnizar. Esto no sólo sería bueno para la afectada, sino también para la independencia del Órgano Electoral: dejaría claro que el Presidente no puede destituir vocales electorales.

(*)Carlos Bellott es constitucionalista