Revolución democrática y proceso de cambio
Una mirada a los resultados de las políticas de desarrollo nacional que impulsan los gobiernos del MAS-IPSP en las dos últimas décadas.
Dibujo Libre
Los resultados alcanzados como país en las casi dos últimas décadas, respecto a crecimiento económico, redistribución de ingresos, reducción de desigualdades, movilidad social y una real participación política en el Estado y en la toma de decisiones por parte de sectores históricamente marginados por su condición indígena-originariacampesina; son innegables e irreversibles. Pese a ello, algunos grupos de tecnócratas, oenegeístas y políticos se empeñan en desconocer o disminuir estos logros argumentando la necesidad de restaurar una conocida “democracia pactada” que elitiza la democracia y un viejo “modelo económico neoliberal” que despoja deliberadamente al Estado de toda posibilidad de acción soberana y tan solo beneficia a un reducido grupo de empresarios de la banca privada y a los grandes exportadores de materias primas. Últimos, que más temprano que tarde, reciben o reúnen sus utilidades en el exterior del país, arguyendo el resguardo de sus divisas.
Frases como “La revolución democrática y cultural se hundió hace tiempo”, “El Estado Plurinacional es una bolsa vacía sin contenido”, “Preparemos la nueva Bolivia, esta, ya no soporta más” o “Para qué gastaron $us 1.000 millones para crear un proceso propio de extracción directa del litio”; se adhieren a un viejo, pero retomado discurso neoclásico que añora el retorno de un pasado neoliberal contrapuesto a los intereses de las grandes mayorías. Pretenden posicionar la idea falsa de que el modelo económico, social, comunitario y productivo vigente, ha cumplido un ciclo. Pero, tan solo se trata de un reordenamiento de ideas ficticio y mediático, plasmado en agotados argumentos que aprovechan la desorientación en la población generada por una irresponsable crisis política al interior del MAS-IPSP; que ha dado pie a que su oposición política trate de defenestrar todas las grandes metas sociales, políticas y económicas alcanzadas en los casi últimos veinte años.
Análisis coherentes con la teoría neoliberal pero antepuestos a los intereses nacionales, arguyen que dificultades económicas como: i) la disminución en los ingresos nacionales por concepto de exportación de gas natural al Brasil y Argentina, ii) los crecientes costos para el Estado de mantener la subvención en los precios de la gasolina y el diésel, iii) el reducido nivel de reservas internacionales netas (RIN) registrado por el Banco Central, y iv) la escasez de dólares americanos en el mercado nacional; serían problemas económicos irresolubles para el modelo económico y social vigente. Nada más alejado de la verdad, ya que se trata de obstáculos que provienen de una misma raíz, la dependencia sobre las exportaciones de gas, debilidad contrarrestada solo bajo el escenario de continuo crecimiento y control de precios como el que vivimos; donde se implementa una seria política estatal de industrialización de la economía, que promueve el desarrollo de nuevas industrias, tanto livianas como pesadas; y que finalmente, aumentarán las reservas de divisas e incrementarán y diversificarán las fuentes de ingreso del Tesoro General del Estado (TGE), en un corto plazo.
En este sentido es importante señalar que: i) a diciembre de 2022, las reservas certificadas de gas boliviano llegaban a 6,71 trillones de pies cúbicos (TCF), todavía un importante agregado, por ello, entre 2021 y 2023, YPFB Corporación y las compañías petroleras que operan en Bolivia ejecutaron una inversión de $us 1.227 millones en actividades de exploración y desarrollo. ii) la subvención en los precios de la gasolina y el diésel está garantizada, de hecho, el Presupuesto General del Estado (PGE- 2024) prevé Bs 9.803 millones de bolivianos ($us 1.413 millones) para la subvención de los carburantes, iii) el nivel de reservas internacionales está siendo contrarrestado con la compra directa del oro y por una política de formalización de las exportaciones ilegales del mineral; finalmente, iv) la escasez de dólares americanos irá regularizándose paulatinamente a efecto de las exportaciones de lito y hierro.
Estos discursos, no solo desconocen los importantes logros económicos y sociales resultantes de la revolución democrática y cultural y el proceso de cambio; sino que, tratan de esconder el ejemplar manejo gubernamental de la crisis sanitaria del Covid-19 desde finales del año 2020 y la evidente reactivación económica que ha experimentado el país desde el año 2021 a la fecha. Asimismo, minimizan la sólida política estatal de industrializar el país, que está promoviendo una industria nacional de base ancha.
Al respecto basta mencionar que, para fines del 2023, el gobierno ha implementado 130 plantas industriales de distintos rubros en diferentes regiones del país, comprometiendo $us 3.600 millones en ello. Este mismo año, la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la rusa Uranium One Grup (UOG) definieron instalar una primera planta piloto de procesamiento del mineral con tecnología de extracción de litio (EDL), con una capacidad de producción de 14.000 toneladas de carbonato de litio de pureza certificada, por año. Asimismo, a principios del 2024, la estatal (YLB) y el Consorcio Chino (CBC), firmaron un convenio para situar una segunda planta en el Salar de Uyuni, que podrá alcanzar un potencial de producción de 25.000 toneladas de carbonato de litio certificadas, por año. Comercializar una producción potencial de 39.000 toneladas de carbonato de litio de pureza certificada a un precio promedio estimado de $us 40.000 la tonelada, supondría un negocio de $us 1.560 millones por año.
También puede leer: Agroindustriales, interculturales y mineros en Bolivia
Los procesos de industrialización de litio y hierro en Bolivia, requieren de grandes inversiones realizadas por empresas transnacionales especializadas en estos rubros, que poseen el know-how tecnológico de dichas industrias. Estas grandes corporaciones, aprovecharán cualquier debilidad económica o de orden político en el país, para obtener el mayor margen de maniobra a momento de realizar las negociaciones con el Estado y así establecer sus propias condiciones para cerrar los contratos de inversión. Buscarán obtener la mayor rentabilidad, dejando lo menos posible a los países poseedores de los recursos naturales estratégicos. Por ello, es imprescindible mantener una economía creciente, estable en términos inflacionarios y con una definida política de industrialización nacional. Asimismo, no menos importante, es contar con un Estado sólido capaz de representar los intereses de las mayorías y concretar acuerdos que maximicen los ingresos para el país, en un horizonte de largo plazo.
Finalmente, remarcar que la implantación de un exitoso modelo de desarrollo a partir del año 2006, no puede ser debilitado por acciones de sus propios protagonistas en una pugna política extremada al interior del MAS-IPSP, que no solo termina arriesgando el proceso de cambio en su conjunto; sino que, va en contraposición a la lucha permanente por la construcción soberana de lo nacional- popular en Bolivia.
(*)Luis Paz Ybarnegaray es economista