Agroindustriales, interculturales y mineros en Bolivia
El ampliado de emergencia de los interculturales junto a la participación del presidente Luis Arce.
El racismo y la discriminación detrás de una campaña mediática que llama a defender el medioambiente y los bosques.
DIBUJO LIBRE
Frases como “ni oro, ni coca, el bosque no se toca” o “estos intentos de invasión están destinados a avasallarnos, para plantar coca”, esconden un discurso mentiroso y racista, impulsado por algunas autoridades y representantes cívicos del departamento de Santa Cruz, que pretenden convencer a la población urbana del país para que se organice y manifieste en contra del gobierno, exigiendo la defensa de los bosques y el medioambiente. Se trata de una campaña mediática dirigida a responsabilizar al sector denominado intercultural (compuesto por campesinos, colonizadores, campesinos sin tierra y cocaleros) y a los cooperativistas mineros (productores auríferos) del deterioro ambiental, de la contaminación del aire y de un incremento de la actividad del narcotráfico.
Bajo la problemática descrita, es importante recordar que los campesinos, colonizadores, cocaleros y cooperativistas mineros, son grupos que se robustecen en los años ochenta y noventa, como resultado de la aplicación de políticas neoliberales de contracción del Estado y relocalización minera. Con el transcurrir de los años y pese a estas condiciones iniciales adversas, la gran mayoría de sus miembros han pasado a formar parte de una nueva “clase media emergente” de origen popular, que junto a la “clase media tradicional” actualmente aglutinan a un 60% de la población boliviana. Estos repuntes, no fueron bien vistos por los gremios empresariales tradicionales como los latifundistas del oriente y las grandes empresas mineras nacionales y extranjeras que operan en el país hace varias décadas.
Los representantes de estos gremios empresariales sostienen que los campesinos colonizadores son simplemente avasalladores de tierras fiscales y privadas que pretenden expandir el cultivo de la hoja de coca a zonas no tradicionales. También, manifiestan que las cooperativas mineras auríferas, asentadas principalmente en el norte del departamento de La Paz y en menor medida en Beni y Pando, no son para nada entidades sin fines de lucro y de trabajo solidario como se reconocen en la CPE; sino más bien, empresas mineras medianas y grandes que no tributan, contratan mano de obra barata, no respetan ningún derecho laboral, contrabandean su producción final a otros países y por último terminan contaminando los ríos de la Amazonía con mercurio. A ello se suma, que estos actores desearían incursionar con sus actividades a parques y reservas naturales protegidas. Según el Ministerio de Minería y Metalurgia, el año 2022 se han exportado 64 toneladas de oro y el 95% de este mineral ha sido explotado por más de 1.500 cooperativas mineras.
Por su lado, también es importante aclarar que los gremios de empresarios tradicionales que se hallan en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, como: 1) los exportadores madereros, están acabando con las especies de maderas preciosas y comerciales que crecen solo de forma natural; 2) los grandes latifundistas productores de oleaginosas, están desmontando, quemando y expandiendo anualmente el área agrícola, no sin antes sobreexplotar las tierras hasta inutilizarlas; 3) finalmente, los empresarios ganaderos, están quemando las pampas naturales de la sabana para que crezca yerba nueva para el pastoreo de los animales. Actividades muy agresivas y poco controladas, que en su conjunto terminan afectando indefectiblemente al bosque Amazónico, Chiquitano, Chaqueño y a las pampas de Moxos.
Según especialistas agrarios, en términos generales se puede decir que, de las 100 millones de hectáreas de tierras que abarca todo el territorio de Bolivia: 35 millones están en propiedad de los empresarios agropecuarios; 20 millones son territorios de los Pueblos Indígenas de las Tierras Bajas del Oriente y solo 5 millones están en manos de los campesinos del altiplano, valles, trópico y subtrópico. Finalmente, 45 millones de hectáreas corresponden a tierras fiscales, parques naturales, espejos de agua y las manchas urbanas del país.
Asimismo, de las 35 millones de hectáreas consignadas para la agricultura y la ganadería, 30 millones están en manos de 60 mil empresarios (agroindustriales y ganaderos) y, al contrario, solo 5 millones son propiedad de 500.000 pequeños productores (campesinos del altiplano, valles, trópico y subtrópico) que efectivamente viven y trabajan en dichas tierras. Entonces, ahora resulta que los que los que poseen el 14% de la tierra, contaminan y sobreexplotan la tierra y los que tienen el 86% de la tierra, no.
Por otro lado, con respecto a las grandes empresas mineras nacionales y extranjeras que operan en los departamentos de Oruro y Potosí (como la empresa San Cristóbal), se puede mencionar que contaminan desde hace décadas atrás el suelo con mercurio, al explotar no solo oro, sino plata y estaño, dejando enormes cráteres donde se acumulan los residuos tóxicos resultantes de los muchos años de producción. Al respecto, es importante remarcar que el mercurio también se usa para extraer dichos metales que no se encuentran libres, sino que están acompañados de óxidos y sales. Según datos del BCB, en el año 2022, solo un 37% del total del valor exportado de minerales correspondió a oro y un 63% al grupo restante de minerales como zinc, plata, estaño, plomo y otros.
Los datos descritos, primero muestran la enorme desigualdad que existe con relación a la tenencia de la tierra en Bolivia, ya que los latifundistas poseen y explotan el 86% de las tierras actualmente asignadas en el país. Segundo, se descubre que el 63% del valor de la demanda externa de minerales corresponde a otros minerales que no son el oro y que también requieren de tóxicos para su explotación. En consecuencia, es muy factible deducir que son precisamente las prácticas de los grandes madereros, agroindustriales y ganaderos y las grandes empresas mineras, las que en conjunto están ocasionando un mayor daño ecológico sobre el medioambiente y la calidad del aire que respiramos.
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Retomando la hipótesis inicial, se puede decir que esta campaña mediática que aparenta defender el medioambiente y los bosques naturales, asume medias verdades que no permiten ver la totalidad del problema, y consigue guiar la atención de la ciudadanía solo hacia el sector intercultural y a los cooperativistas mineros. Logrando invisibilizar del todo, las actividades desarrolladas por los grandes empresarios madereros, los agroindustriales y los ganaderos. Así como, las operaciones mineras de grandes empresas nacionales y extranjeras localizadas en el país.
Para concluir, es importante mencionar que este discurso falaz, también contiene un fuerte componente racista, al pretender hacer creer a la población urbana que estos campesinos, colonizadores, campesinos sin tierra y cocaleros son “migrantes en su propio país” e “invasores en su propia tierra”, y que los cooperativistas auríferos son “productores ilegales de los recursos naturales”.
(*)Luis Paz Ybarnegaray es economista