El Gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó este viernes que esa región en la que hay más persecución política y que es la “más golpeada por el masismo”.

“Santa Cruz es el departamento más golpeado por el masismo (…). Por ser Santa Cruz un departamento que siempre ha luchado por la democracia y la libertad, es donde hay más persecución política”, publicó en su cuenta de X.

Acusado en el caso Golpe de Estado I, Camacho guarda detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en Viacha. Ese caso investiga los hechos precedentes al derrocamiento del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

Aprehendido el 28 de diciembre en Santa Cruz y trasladado a La Paz, Camacho está privado de libertad desde el 30 de ese mes. Desde entonces, denunció un supuesto “secuestro” por parte de las autoridades policiales y del Gobierno.

En reiteradas ocasiones, la autoridad departamental cruceña y su abogado defensor, Martín Camacho, denunciaron la presunta vulneración de sus derechos, principalmente por su estado de salud.

Luis Fernado Camacho

“Los organismos internacionales lo muestran en diferentes informes. Se están vulnerando los derechos humanos y se está atropellando la Constitución (Política del Estado)”, agregó el otrora presidente del Comité pro Santa Cruz.

También calificó de “mala” la gestión económica de la administración del presidente Luis Arce y consideró que eso “afecta la productividad de nuestro modelo de desarrollo”. Basó su crítica en una alerta de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) sobre la “crisis más severa” del sector productor de soya en los últimos 30 años.

Camacho enfrenta al menos cinco procesos penales por diferentes motivos. A fuerza, llevó adelante su gestión con base a cartas y normas dictadas desde su reclusión en Chonchocoro. Así lo hizo hasta que el 29 de diciembre, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional 1021/2023. Dispone que el vicegobernador de cruceña, Mario Aguilera, asuma de manera “inmediata” el mando de la gobernación cruceña, en suplencia legal del gobernador encarcelado.

La disposición se cumplió el 26 de enero de este año, cuando Aguilera fue posesionado como gobernador suplente de ese departamento.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, ratificó que la nueva reunión para consolidar los límites de Piso Firme se realizará el 29 de abril con autoridades departamentales, el gobierno y representantes del lugar.

El jueves se llevó adelante una reunión entre autoridades y los gobernadores de Beni y Santa Cruz, Alejandro Unzueta y Mario Aguilera, respectivamente. Se llegó a un acuerdo y se firmó un acta de conformación de una mesa técnica.

En entrevista con La Razón Radio, Ruiz destacó que en el encuentro hubo “madurez política” y espacios de diálogo, donde las autoridades departamentales pudieron exponer sus posiciones y puntos de vista.

“Esperábamos que se convierta en una experiencia exitosa y, de inicio, ya lo ha sido”, dijo.

Informó que se acordó en que hay que hacer un trabajo de campo en el territorio, debido a que solucionar un conflicto limítrofe es un “trabajo complejo” porque ninguno de los dos departamentos puede perder o ceder un milímetro de tierra. 

El primer punto conclusivo del acta del encuentro señala la conformación de la mesa técnica. El segundo punto indica que “la Gobernación de Santa Cruz coincide en los puntos 3 y 4 y 5; teniendo disconformidad en los puntos 1 y 2 de la ley de 28 de noviembre de 1914 (que establece los límites).

La Gobernación de Beni sostiene la validez de los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, para la interpretación de la referida ley.

Indicó que, para la reunión prevista para el 29 de abril, posiblemente, participen las dos caciques de la comunidad de Piso Firme y otros sectores. 

Unzueta y Aguilera destacaron la posibilidad del diálogo que existió durante la reunión. “Contento de haber tenido una mesa técnica con los hermanos de Santa Cruz. Una mesa técnica que se caracterizó por un compromiso de hermandad”, dijo Unzueta.

La controversia limítrofe se desencadenó tras la realización del Censo de Población y Vivienda, el 23 de marzo. Los pobladores del lugar reclamaron al ver que iban a ser empadronados por personal del Instituto Nacional de Estadística (INE) de la regional Beni.

Desde entonces viene interviniendo el Viceministerio de Autonomías, en su calidad de autoridad conciliatoria.

Lea también: Piso Firme: acuerdan trabajos para definir límites

Tras cuatro horas, culminó la reunión entre las Gobernaciones de Beni y Santa Cruz sobre la conrtoversia de límites en la localidad de Piso Firme. la cita, con mediación del Viceministerio de Autonomías, estableció una mesa técnica y fijó un próximo encuentro para el 29 de abril en oficinas de la Gobernación cochabambina.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, anunció al final de la sesión que “se ha llegado a la firma y conformación e instalación de esta mesa técnica”. La autoridad destacó que “en esta reunión hubo madurez política. Se ha enriquecido la información, pero sobre todo el diálogo entre dos departamentos hermanos”.

El primer punto conclusivo del acta del encuentro señala la conformación de la mesa técnica. El segundo punto indica que “la Gobernación de Santa Cruz coincide en los puntos 3 y 4 y 5; teniendo disconformidad en los puntos 1 y 2 de la ley de 28 de noviembre de 1914 (que establece los límites entre ambos departamentos). La gobernación del Beni sostiene la validez de los puntos 1, 2, 3, 4 y 5”, para la interpretación de la referida ley.

Visitarán Piso Firme

“Ambas gobernaciones acuerdan realizar el trabajo de campo en los puntos que están en controversia”, se añade en el documento.

Como tercer punto, se determinó que “la próxima reunión de la mesa técnica se desarrollará en fecha 29 de abril del año 2024 a horas 17:00 en la ciudad de Cochabamba. Para dicha reunión se ampliará la invitación a otras autoridades electas”.

“Nosotros, como Gobierno Autónomo Departamental del Beni, junto con nuestra comisión, nos mantenemos con la Ley de 1914 y sus normativas vigentes”, dijo el gobernador de ese departamento, Alejandro Unzueta.

“No necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí debemos tener la voluntad de corregir las diferencias… estamos trabajando en ese sentido. Hemos encontrado coincidencias que nos acelera el proceso de conciliación de estos límites”, afirmó por su parte el gobernador cruceño, Mario Aguilera.

La controversia limítrofe se desencadenó a raíz de la realización del censo poblacional en Bolivia, el pasado 23 de marzo. Los pobladores del lugar reclamaron al ver que iban a ser empadronados por personal del instituto Nacional de Estadísticas de la regional del Beni. Desde entonces viene interviniendo el Viceministerio de Autonomías, en su calidad de autoridad conciliatoria.

La investigación, iniciada a raíz de una denuncia del concejal Juan Carlos Medrano (CA), apunta a supuestos cobros irregulares a cambio de garantizar empleo. La Fiscalía señaló que se citará a varias personas para que declaren.

Personal policial Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y funcionarios del Ministerio Público llegaron ayer miércoles hasta las oficinas de la Gobernación de Santa Cruz. Buscaron información sobre supuestos cobros irregulares realizados por la asambleísta departamental Shirley Hurtado (Creemos) a cambio de dar acceso a una fuente de trabajo.

“No es un allanamiento, es un registro del lugar del hecho. En este momento nos estamos dirigiendo a otra de las oficinas para corroborar la documentación”, afirmó la fiscal Marcela Terceros en plena requisa. La autoridad precisó que estas tareas se estaban realizando “por la denuncia que realizó el concejal (Juan Carlos) Medrano (CA)”.

Consulte: La Fiscalía ordena la aprehensión de un director de la gestión de Camacho

Cobros irregulares

“Hay varias personas que van a ser citadas a declarar” dijo Terceros, sin precisar los nombres ni los cargos de las personas que se verán afectadas. “En este momento recién estamos empezando con las investigaciones. En todo caso, nos vamos a reunir más tarde con la Policía y vamos a evaluar la situación”, aseveró.

La fiscal puntualizó que el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, mediante su personal, “ha hecho la denuncia de manera personal”.

Añadió que “nosotros contamos con el apoyo del personal que está con el gobernador Aguilera y queríamos intentar tener contacto con una persona que está allá (en la Asamblea Legislativa departamental). No han querido responder a los requerimientos, en todo caso vamos a hacerlo por otra vía, lo que corresponde. Vamos a solicitar a quien corresponda para poder obtener la información que estamos necesitando”.

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, relató que le dijo a la denunciada asambleísta Hurtado que “en 2024 ya no cuente conmigo. Entonces, ese fue su enojo, porque a mí, en la Gobernación, como hice un excelente trabajo y como tengo alta experiencia, me volvieron a llamar después que acabó mi contrato. Me hicieron llevar mis papeles yo le dije a mi jefe de turno que tenía esa situación, pero él me dijo que no iba a haber problema. Sin embargo, al enterarse la asambleísta, a mi primera semana de trabajo fue y me sacó”. 

Santa Cruz

Este miércoles, en entrevista con La Razón Radio, el asambleísta departamental de Santa Cruz, Dilfe Rentería (MAS) apuntó a su colega Shirley Hurtado por cobrar montos irregulares a funcionarios, a cambio de mantener sus puestos de trabajo.

Explicó que el caso consiste en la contratación de personal a cambio de un determinado pago mensual de dinero.

Develó que, presuntamente, su colega cobró a una de sus víctimas Bs 3.000 los dos primeros meses y luego pidió Bs 700. La mujer denunció que la autoridad le cobró en total más de Bs 10.000 a través pagos bajo código QR y trasferencias bancarias.

Entonces, en la denuncia contra la asambleísta Hurtado se reitera básicamente el modo de operación que se observó en la alcaldía cruceña dentro del caso Ítems Fantasmas. En esa ocasión se recurrió igualmente al cobro de parte de los salarios cobrados mediante códigos QR.

Por su parte, el secretario de Justicia de la Gobernación cruceña, Carlos Correa, dijo que “nosotros no venimos a perseguir a nadie. Es una denuncia que ha salido y se actuó inmediatamente. Así vamos a hacer todos los hechos que existan donde estén hechos ligados a corrupción”.

“En realidad, el contrato es de la gestión pasada, de la gestión de 2023. Eso es hoy lo que se está investigando”, indicó Correa.

El pasado martes, el concejal Juan Carlos Medrano se presentó en oficinas de la Gobernación cruceña acompañado por la supuesta víctima. En la ocasión, sostuvo un careo con la asambleísta acusada, a quien le mostró capturas de pantalla con los datos de cuenta y montos abonados, según le reclamaba Medrano.

“Parece que ha habido una mala información”, se defendió Hurtado. Añadió que lo ocurrido fue “como les decimos a todos, cuando hay que hacer alguna actividad”.

(18/04/2024)

Una orden de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz dicta la aprehensión de Óscar Javier Porras, director de Recursos Hídricos de la Gobernación durante la gestión de Luis Fernando Camacho, por delitos de corrupción.

El exfuncionario es acusado “por la presunta comisión del delito de acción penal pública de malversación, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y contratos lesivos al Estado”.

El 27 de febrero, el gobernador en suplencia Mario Aguilera reveló los resultados de una auditoría de confiabilidad. La misma halló cerca de 40 “irregularidades” (“observaciones”, según la asambleísta de Creemos Paola Aguirre) en la gestión del líder de Creemos. En dicha ocasión hizo énfasis en el incremento injustificado del personal y denunció irregularidades en algunas compras.

Puede leer: Auditoría halla 40 irregularidades hasta ‘delictivas’ en la gestión de Camacho

Perforadora

Justamente, una de las compras que no figuraba en las actas de registro era la de un equipo de perforación para un pozo de agua. Se presume que lo compró la cartera de Porras, valuada en aproximadamente Bs 269.000.

La orden de aprehensión data del 25 de marzo, pero como Porras no se presentó a declarar, la Fiscalía Departamental hizo pública la conminatoria el martes.

El mismo día, el secretario de Justicia de la Gobernación, Carlos Correa, llamó en conferencia de prensa a que Porras se presente. Incluso para tener la posibilidad de defenderse de los delitos de los que se lo acusa. De acuerdo con el funcionario, otras cuatro personas están vinculadas con el caso de la perforadora.

Algunos asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) y de Creemos pidieron investigación a profundidad para esclarecer qué sucedió con el presupuesto de la Gobernación.

El 11 de abril, la Secretaría de Hacienda informó que la Gobernación está en crisis, con una deuda de Bs 1.269 millones heredada de la pasada gestión. Una parte de esa deuda fue calificada como ‘flotante’, que se refiere a compras que la pasada administración debía pagar, pero que se incumplió con el pago y ahora el presupuesto actual se destina a cubrir esa irregularidad.

La orden de aprehensión contra Porras es la una de las primeras contra aquellos implicados en la “crisis” de la Gobernación de Santa Cruz.

Camacho

Cuando la Gobernación se declaró en crisis, Camacho afirmó que se trataba de una “absurda cortina de humo” y un ataque a su gestión. Insistió en que el masismo había tomado la Gobernación de Santa Cruz.

Aguilera asumió la Gobernación el 26 de enero, en suplencia de Camacho, quien se encuentra detenido en Chonchocoro desde 2022, a causa del caso Golpe de Estado I. Dicho caso investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019.

Tras su posesión, Camacho lo acusó de ser un traidor, cobarde, golpista y títere del MAS. Ambos ganaron las elecciones subnacionales del 2021 con el 55,64% de los votos.