Fiscal pedirá 15 años de prisión para Prado y anuncia arrestos
Investigación. Quispe convoca a un forense del IDIF como testigo
«Vamos a pedir la pena máxima de 15 años de presidio para la jueza porque se trataría de un caso donde hay un concurso ideal del delito, que significa que con una sola acción el acusado ha cometido varios delitos», informó el fiscal de materia, Humberto Quispe. El delito de prevaricato tiene una pena en Bolivia de cinco a 15 años de prisión.
El Ministerio de Gobierno se querelló contra Prado por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes, en los que habría incurrido la jueza cuando dispuso la libertad de seis peligrosos delincuentes.
Sin embargo, no es la única operadora de justicia que está con detención preventiva, ya que en sólo 11 días, entre el 30 de junio y el 11 de julio de este año, un fiscal en funciones y dos juezas fueron aprehendidos, y aguardan su juicio en un penal. (Ver arriba). Además, hay un fiscal destituido en el penal de San Pedro y denuncias contra otro en Santa Cruz, quien liberó a un «autero».
Quispe explicó ayer que en el marco de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Ley 007 de Reforma al Código de Procedimiento Penal se logró reunir suficientes elementos para aprehender a Prado, con el objetivo de evitar que durante el proceso la abogada defensora de la acusada presente recursos para que el pleito se alargue.
Prado, jueza 2° de Instrucción en lo Penal Cautelar de El Alto, está con detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores desde el jueves 7. El lunes 11, Quispe informó a este diario que la investigación se ampliaría al menos a seis profesionales con los que Prado habría formado una «organización criminal» para liberar a delincuentes prontuariados.
«La organización criminal dirigida por Prado también estaba conformada por al menos dos fiscales, jueces y abogados, profesionales que ahora son investigados para determinar su grado de participación. Tenemos la probabilidad de que son más de seis personas», insistió.
Citaciones. Ratificó que la citada red delictiva ejecutó una cadena de hechos dolosos para favorecer a los delincuentes y adelantó que habrá más aprehensiones. «Los profesionales se encargaban de tomar contacto con estos delincuentes, presentar memoriales y solicitar la cesación de la detención».
El fiscal informó que citó a Freddy Torrejón, médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que preste su declaración y reconfirme si uno de los seis malhechores padecía de cáncer terminal, como sostiene un certificado que lleva su firma. «Se ha citado al doctor Torrejón debido a que, para que uno de los delincuentes obtenga la libertad, ha habido una certificación forense que él ha emitido. El documento señalaba que tenía cáncer terminal. Entonces, quiero que nos explique estas situación, si posee la historia clínica y otros detalles».
La fiscalía también investiga a Cinthia M., a la que acusa por haber proporcionado direcciones falsas para que los delincuentes obtenga su libertad. «Se ha tomado la declaración de Cinthia M., que nos estaría dando elementos de quiénes más estarían participando o cuál es el grado de participación de cada uno de estos agentes externos», informó Quispe.
Jueces cruceños se pronuncian
La presidenta de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz, Cinthya Salguero, dijo ayer a Fides que esa asociación no tiene ningún reparo en que se investigue o inicien procesos a jueces por favorecer a delincuentes. «Sin embargo, lo que pedimos es que se respete el debido proceso. Investiguemos, procesemos, denunciemos, querellémonos, abramos un debido proceso como mandan los Artículos 116,117 de la Constitución, para que sea la autoridad competente quien sancione», añadió. Jaime Cernadas, del Consejo de la Judicatura en Santa Cruz, declaró a esa misma emisora que «algunos jueces están en actos irregulares y el Ministerio Público va a tener que reaccionar».
Juicios y denuncias
1. Humberto Johnny Borges Ameller
Fiscal adscrito a la FELCC de la ciudad de El Alto
Arrestado el 30-6-11 por extorsionar a una litigante para favorecerla con su requerimiento. Enviado a prisión el 8-7-11. Procesado por cohecho pasivo. Fue destituido.
2. Jenny Prado Saavedra
Juez 2° de Instrucción en lo Penal Cautelar de El Alto
Arrestada el 6-7-11 por la liberación dolosa de seis delincuentes. Enviada a prisión el 8-7-11. Procesada por prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones ilegales.
3. Erland Ricardo Eid Rivera
Fiscal adscrito a Diprove, destituido en marzo del 2011
Arrestado el 6-7-11 por extorsionar a una familia en un caso de narcotráfico. Enviado a prisión el 8-7-11. Procesado por estafa, asociación delictuosa y prolongación de funciones.
4. Percy Callejas
Juez de Puerto Suárez
Denunciado el 7-7-11 por el coronel Jorge Saravia, director nacional de Diprove, por favorecer con la libertad a Berman P. F., alias el Pacha, aprehendido en flagrancia y acusado de robo agravado.
5. Natalia Rosa Fernández
Jueza de Pailón y Chiquitos, Santa Cruz
Arrestada el 11-7-11 por liberar a José Carlos R., acusado de delitos de narcotráfico. Procesado por prevaricato, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.