Sociedad

jueves 28 ene 2021 | Actualizado a 07:50

Bioquímica, obligada a trasladar su polifuncional

Reconoció el derecho propietario de la Alcaldía sobre la bóveda del río

Cancha. Esta infraestructura, que está dentro de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la UMSA, en Soqueri, será reubicada para que en ese lugar se abra una avenida. Este polifuncional es el único espacio donde los alumnos de tres facultades de la UMSA, en Miraflores, realizan actividades deportivas.

Por La Razón

/ 25 de julio de 2011 / 05:00

Después de una disputa legal de siete años, el Gobierno Municipal de La Paz hizo valer su derecho propietario sobre la bóveda del río Soqueri, en el barrio de ese mismo nombre. El asesor jurídico de la comuna, Fernando Velásquez, informó que la Facultad de Bioquímica y Farmacia trasladará el polifuncional construido en predio edil.

La decisión fue tomada en una reunión con la rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), María Teresa Rescala, quien corroboró esta información.

«La UMSA está realizando las acciones correspondientes, estudios técnicos y otros para desplazar la cancha hacia los sectores que no afecten el embovedado, es decir tienen que retirar la infraestructura», dijo la autoridad edil.

Velásquez sostuvo que el documento marco, que espera se firme en las próximas semanas, establece qué superficie corresponde a la UMSA y cuál es terreno municipal.

La Alcaldía anticipó que está dispuesta a ayudar a la Facultad de Bioquímica y Farmacia a obtener nuevos espacios donde pueda construir otro campo deportivo.   Rescala, por su parte, declaró que la UMSA cumplirá la normativa edil y que aguarda que le envíen el documento final para estampar su firma.

«Vamos a trasladar la cancha, acercándola hacia el terreno de la Facultad de Bioquímica y Farmacia. Inmediatamente se firme el documento, comenzarán los trabajos. Hay esa predisposición por parte de la UMSA», apuntó.

El subalcalde del Macrodistrito Centro —a cuya jurisdicción pertenece  Soqueri—, Ramiro Burgos, indicó que los trabajos para el mejoramiento de la zona se realizarán en base a la planimetría aprobada el año 2004.

En el caso concreto del polifuncional, en el sitio donde está ubicada «la cancha se abrirá paso a la vía que debe terminar en una rotonda», explicó la autoridad municipal.

Realizarán estudios a suelos

La rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), María Teresa Rescala, informó que se desarrollan estudios geológicos al suelo donde se construyeron las facultades de Farmacia y Bioquímica, Medicina y Odontología para emplazar pilotes y garantizar así la estabilidad de las construcciones, tanto antiguas como nuevas.

La Alcaldía negocia la evacuación de 13 casas

El subalcalde del Macrodistrito Centro, Ramiro Burgos, informó que gestiona la evacuación de 13 viviendas en la zona de Santa Bárbara para resguardar la seguridad de las personas que viven alrededor de la falla que cruza este barrio paceño.

«En este caso queremos resaltar que en todo momento se priorizará el diálogo. Los vecinos están informados sobre qué casas deben ser evacuadas, ya que nosotros hemos iniciado un proceso de concertación para llevar adelante la evacuación», declaró Burgos. 

La falla de Santa Bárbara comienza en inmediaciones de las calles Bueno y Juan de la Riva, pasa por el mercado Yungas, la calle Illimani, el estadio y llega hasta el cerro Laikacota, donde actualmente se ejecutan trabajos de estabilización.

«Si bien hemos realizado obras importantes en materia de riesgos en la zona de Santa Bárbara, como el embovedado del río Choqueyapu, la falla geológica en los sitios más habitados ha recrudecido por las instalaciones clandestinas de agua y alcantarillado. En estos casos no podemos invertir recursos municipales porque se trata propiedades particulares. Pero para evitar riesgos hemos convocado a la conciencia vecinal».

Las 13 viviendas que deben ser evacuadas están ubicadas en el margen de la falla misma, que tiene forma de polígono. Además hay 31 predios que son monitoreados.

El responsable de Monitoreo Geodinámico del Sistema de Alerta Temprana de la Alcaldía, Pavel Mareño, declaró a este medio que dicha unidad realiza un monitoreo del suelo cada 15 días y que hasta la fecha no se han registrado movimientos importantes.

«La situación es más compleja durante la época de lluvias», agregó.

El 31 de marzo, la Alcaldía evacuó a cuatro familias de Santa Bárbara, cuyos miembros fueron llevados a los campamentos que albergan a los damnificados por el megadeslizamiento del 26 de febrero.  Se prevé que los moradores de las 13 viviendas cuyo desalojo se negocia serán acogidos en estos mismos refugios.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Cuarentena

Hoy es evidente que la apuesta mayor para mitigar y enfrentar el COVID-19 tiene que ver con la gestión de la vacuna.

Por La Razón

/ 27 de enero de 2021 / 01:47

Tanto el nivel central del Estado como las entidades territoriales autónomas del país han descartado la cuarentena rígida como respuesta a la segunda ola del COVID-19. Las estrategias de contención tienen que ver, más bien, con restricciones y la fundamental invocación a la ciudadanía para el autocuidado. El reto es conciliar la emergencia sanitaria con medidas anticrisis económica. 

Es comprensible que algunos actores que están en primera línea en la lucha contra la pandemia, como el personal médico, demanden un nuevo confinamiento de la población. El desborde de contagios sumado al precario sistema de salud pública plantea una situación crítica que requiere un conjunto de acciones. Claro que pensar hoy en una cuarentena rígida es inviable por diversas razones, en especial porque se está avanzando con dificultad en mejorar las condiciones socioeconómicas en medio de una crisis global.

Es evidente que no se trata de plantear el falso dilema entre cuidar la salud o cuidar la economía (tan falaz como el dilema entre el derecho a la vida o el derecho a elegir en democracia). El reto es gestionar todo ello de manera eficaz y con legitimidad, lo que implica alentar acuerdos y la más amplia participación ciudadana en torno a políticas públicas. En ese marco, no hay posibilidad de encerrar a las personas como se hizo a tientas en 2020 en casi todos los países. Son necesarias medidas alternativas.

Tras el brote del coronavirus el año pasado, la reacción del Gobierno provisorio en Bolivia, pocos días después del registro oficial de dos casos importados, fue decretar la cuarentena total. Hubo 10 semanas de confinamiento y otros tres meses de “cuarentena dinámica”. La medida permitió contener los contagios y “ganar tiempo”, pero no estuvo acompañada con testeo masivo, fortalecimiento del sistema de salud ni provisión de insumos (la corrupción con los respiradores es emblemática en ese sentido).

Como se ha visto a nivel global, las obligadas medidas de cuarentena, unas más prolongadas que otras, con mayor o menor rigidez, provocaron elevados costos socioeconómicos. El aumento del desempleo y de la pobreza, por ejemplo, son incontestables. En ese contexto, el posconfinamiento tuvo que conciliar el cuidado de la salud con el desarrollo de las actividades laborales, productivas y económicas (la “nueva normalidad”). En eso llegaron con fuerza la segunda y luego la tercera ola de la pandemia.

Hoy es evidente que la apuesta mayor para enfrentar y mitigar el COVID-19 tiene que ver con la gestión de la vacuna. Claro que hay aprendizajes en torno al autocuidado, la necesidad de pruebas masivas, el aislamiento de personas contagiadas, algunos medicamentos, la mejora en la capacidad de respuesta sanitaria. Se esperan meses duros y, ante la inviabilidad de una nueva cuarentena en el país, son necesarias las restricciones (asentadas más en la conciencia ciudadana que en la fuerza pública).

Comparte y opina:

Metropolización

En Bolivia hay algunas experiencias dignas de estudio: las mancomunidades.

Por La Razón

/ 25 de enero de 2021 / 01:54

A escasas semanas de las elecciones subnacionales y a pocos días del inicio de las campañas para solicitar el voto, es poco o nada lo que se sabe de las diferentes propuestas que harán las y los candidatos a la Alcaldía para conquistar el voto del electorado. Son muchos los temas importantes, y algunos superan con creces los límites de la jurisdicción municipal.

El primero de esos temas es el de la inevitable metropolización. El imparable crecimiento de las ciudades ha provocado que en los últimos años, en muchos lugares, no solo hayan desaparecido los límites entre las jurisdicciones de los gobiernos municipales vecinos, sino que además han aparecido nuevos problemas, muchos de ellos comunes y que pueden ser atendidos de manera conjunta.

Precisamente a causa de la dificultad para señalar límites jurisdiccionales, no deja de ser irónico (cuando no indignante) que en los últimos años hayan habido numerosos casos de emergencias en zonas de la ciudad disputadas por gobiernos municipales vecinos y que fueron atendidas por el personal del gobierno municipal paceño, pese a que los afectados hicieron sus trámites y pagan impuestos en algún otro gobierno local, cuyo personal brilla por su ausencia en casos de necesidad.

El principal obstáculo para siquiera considerar un proceso de evaluación de las posibilidades y caminos para integrar La Paz, El Alto, Viacha, Laja, Palca, Achocalla y Mecapaca en un gran territorio metropolitano es la falta de voluntad política, agravada por la ausencia de transparencia en algunos gobiernos locales, que por ejemplo, hasta hoy, y pese a que la ley así lo manda, todavía no administran sus recaudaciones a través de cuentas fiscales, sino en efectivo.

Para comprender la necesidad estratégica de un territorio metropolitano considérense únicamente tres ámbitos ejemplares: transporte, agua potable y basura. Estos tres servicios básicos que se brindan en cada uno de los municipios vecinos con diferentes niveles de calidad y eficacia, bien podrían ser tener una administración compartida, con un nivel de calidad similar, mayor población usuaria, lo cual implica disponer de más y mejores recursos y la posibilidad de encarar inversiones en infraestructura que por hoy están totalmente fuera del alcance de cualquier gobierno local solo.

En Bolivia hay algunas experiencias dignas de estudio: las mancomunidades, que si bien no se articulan en torno a necesidades compartidas, sí lo hacen por proximidad geográfica; en cualquier caso, a través de esta forma asociativa logran no solo una mejor gestión de sus recursos, sino también mejora su posición negociadora con los otros niveles gubernamentales y hasta con la cooperación.

Es, pues, deseable que las y los candidatos, por ahora concentrados en darse a conocer, incluso si echando mano de recursos pueriles, comiencen a emplear estrategias de persuasión de las y los votantes basadas en propuestas y no solo en descalificación de los adversarios; y que esas propuestas estén llenas de futuro y no de palabras huecas.

Comparte y opina:

7 de marzo

Pero la campaña electoral segura no tiene que ver únicamente con el COVID-19.

Por La Razón

/ 24 de enero de 2021 / 00:38

El TSE reafirmó que las elecciones subnacionales 2021 se realizarán, como estaba previsto, el domingo 7 de marzo, en cumplimiento de la ley y de la convocatoria. Quedan atrás, pues, los pedidos de algunos actores políticos orientados a postergar los comicios por el rebrote del COVID-19. En su lugar, está en mesa una propuesta de “Acuerdo para una campaña electoral segura”.

Entre otros efectos, la segunda ola de la pandemia trajo consigo el renovado debate sobre la pertinencia de proseguir con el proceso electoral en curso. No es algo nuevo, ni exclusivo de Bolivia. El año pasado los comicios se postergaron tres veces, nada menos, por esta razón. Con esa experiencia, y los aprendizajes en materia de bioseguridad, esta vez no habrá aplazamiento de la votación. La responsabilidad principal ahora está en el terreno de las organizaciones políticas. Y de la ciudadanía.

La novedad radica en la formalización de un acuerdo para garantizar que la campaña electoral, en las seis semanas que restan antes de la jornada de sufragio, se realice de forma segura. En octubre pasado se comprobó que la votación puede hacerse de manera ordenada, con apego a protocolos que limitan los contagios. El reto es llegar al 7 de marzo. De eso se trata el documento elaborado por el TSE, que debiera ser suscrito en los siguientes días por las fuerzas políticas y candidaturas.

En 18 puntos, el acuerdo plantea algunas cuestiones necesarias de ser asumidas en el actual proceso electoral. Hay también aspectos inherentes a toda elección, con o sin pandemia. La premisa es respetar la normativa vigente en materia de salud pública, por un lado, y cumplir las medidas de bioseguridad aprobadas por el TSE, por otro. Sobre esa base, el núcleo de cuidado tiene que ver con el modo en que se desarrollen las campañas: privilegiando eventos virtuales en lugar de grandes encuentros presenciales.

De hecho, ya algunas organizaciones políticas, incluido el MAS-IPSP a nivel nacional, optaron por suspender los actos públicos de campaña. El acuerdo del TSE no plantea suprimirlos, sino reducirlos y, cuando se hagan, proteger a la población, su militancia y los candidatos ante posibles contagios. En pocas palabras: evitar aglomeraciones de gente, cuidando en todo momento la bioseguridad. Parece bastante razonable y plausible, aunque más de una caravana proselitista se empeña en demostrar lo contrario.

Pero la campaña electoral segura no tiene que ver únicamente con el COVID-19. El reto principal radica en “desarrollar una campaña de propuestas”, respetuosa, libre de violencia política. Una campaña con amplio debate público sobre los planes de gobierno. Una campaña, en fin, con transparencia. ¿Algo más? Dados los antecedentes, el último punto subrayado en el documento del TSE es fundamental: “aceptar los resultados electorales”. Que el 7 de marzo no se repita la narrativa del “fraude monumental”.

Comparte y opina:

Renovación en Washington

La cooperación es una necesidad, todos podemos ganar de ella, hay pues una oportunidad.

Por La Razón

/ 23 de enero de 2021 / 01:26

El gobierno de Joe Biden podría ser una oportunidad para reenfocar la estratégica relación entre los Estados Unidos y América Latina. Para avanzar hacia un enfoque más multilateral y dialogado, no basta con la voluntad de cambio de la nueva administración estadounidense, se precisa también reconstituir un liderazgo colectivo latinoamericano.

No cabe duda de que la naturaleza de los vínculos entre la potencia del norte y los países latinoamericanos ha sido siempre relevante en una amplia gama de cuestiones y problemas. Relaciones que no han estado exentas históricamente de contradicciones, conflictos y fuertes asimetrías entre las partes.

Los últimos cuatro años no han sido un periodo fácil: la administración Trump ha actuado de manera unilateral, poco cooperativa y con una retórica agresiva en muchos de los temas estratégicos de la relación. Abiertamente se ha reivindicado el retorno a la anacrónica doctrina Monroe que asume a la región como una suerte de “patio trasero” de la gran potencia.

Los resultados de esta estrategia tampoco han sido positivos para enormes sectores. La migración sigue descontrolada y se realiza en condiciones más brutales, el bloqueo y la aplicación de medidas unilaterales en nombre de la democracia solo han deteriorado más la vida de los más vulnerables en los países que las están sufriendo, la división fomentada por la polarización política ha paralizado todo el sistema de diálogo interamericano y desde hace mucho no se escucha de alguna medida de cooperación ambiciosa de Estados Unidos que apunte al desarrollo socioeconómico y la reducción de la desigualdad en la región.

Frente a este punto de partida desastroso, se percibe, para empezar, un notable cambio en la retórica y las intenciones de las nuevas autoridades estadounidenses. Se habla de un retorno al multilateralismo, a una lógica de cooperación y de diálogo respetuoso con los países de la región y de la búsqueda de agendas comunes para enfrentar los graves problemas del hemisferio, agravados ahora por la pandemia y la crisis socioeconómica.

Para avanzar sólidamente es necesario que esa buena voluntad inicial se traduzca en una renovación de la retórica y acción diplomática y de cooperación de los Estados Unidos, un primer hito de esta nueva etapa podría concretarse en la próxima Cumbre de las Américas, que justamente tendrá como anfitrión a ese país. Pero eso podría no ser suficiente si no hay en frente un renovado cuerpo de ideas y propuestas, que puedan ser compartidas y promovidas activamente por una mayoría de países latinoamericanos.

En estos tiempos de crisis post pandémica, la cooperación es una necesidad, todos podemos ganar de ella, hay pues una oportunidad si los vientos de renovación se confirman en Washington, pero, al mismo tiempo, eso plantea a los latinoamericanos la necesidad de reorganizarse y volver a hablar con una misma voz.

Comparte y opina:

Felipe Quispe, ‘el Mallku’

Hará falta ‘El Mallku’ por su actitud polémica y su inclinación al sarcasmo hiriente pero certero.

Por La Razón

/ 22 de enero de 2021 / 01:21

La muerte del líder indígena, dirigente campesino, intelectual e historiador Felipe Quispe Huanca ha provocado una oleada de manifestaciones de respeto y duelo tal que da cuenta de su importancia en la historia contemporánea de Bolivia. Las luchas indígenas, particularmente la aymara, tuvieron en él un líder capaz de avanzar tanto en reivindicaciones como en transformaciones.

Su sobrenombre, El Mallku (cóndor en aymara, la mayor ave de los Andes, y rango que reciben los jefes), no fue casual ni fruto de un capricho, sino resultado de un liderazgo que ejerció a lo largo de su vida, pues fue fundador del Movimiento Indígena Túpac Katari en 1978, lo que le valió el exilio durante la dictadura de García Meza, cuando conoció parte de América Latina y sus movimientos indígenas; a su regreso se convirtió en Secretario Ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz y de la Central Obrera Departamental, puestos de mando que confirmaban su vocación.

A inicios de la década de 1990 decidió ingresar a la lucha armada, intento que lo llevó a la cárcel durante cinco años hasta que el caso en su contra prescribió; en 2000 organizó y dirigió el mayor bloqueo de caminos que se recuerde en el Altiplano paceño, y aunque el costo fue muy alto, prevaleció ante el entonces Presidente, dando lugar a sucesivos conflictos en todo el país que abrieron una senda para la participación indígena que no ha hecho más que ensancharse desde entonces.

En 2003, fue un actor central en los sucesos de Octubre Negro, que obligaron a Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar a la presidencia y huir del país, luego de lo cual decidió intentar suerte en la política institucional, con el Movimiento Indígena Pachakuti, sigla con la que se convirtió en diputado, pero renunció antes del fin de su mandato, pues dijo sentirse asqueado de los modos de la política parlamentaria.

Su impronta indianista fue fundamental para obligar a la sociedad boliviana a mirarse en el espejo y reconocer el racismo inherente a sus relaciones, tragedia que aún hoy, a pesar de las muchas condolencias por su muerte, está lejos de ser superada. Es deseable que su producción bibliográfica, tres libros en clave personal y doctrinaria, merezca la atención debida y sea objeto para las más actuales corrientes de la historiografía crítica, pues de El Mallku debe rescatarse, antes que la anécdota, la razón detrás del acto.

Hará falta El Mallku, no solo porque deja huérfana a su agrupación ciudadana Jallalla La Paz y vacío el puesto de candidato a la Gobernación, sino porque su sola presencia, y mucho más su vigorosa personalidad, su actitud polémica y su inclinación al sarcasmo hiriente pero certero, servía de constante recordatorio de que el país todavía está lejos de superar sus heridas y traumas coloniales, sus absurdas divisiones y exclusiones, y, lo que es peor, que una parte de la sociedad persiste en aferrarse a ellos.

    

Comparte y opina:

Últimas Noticias