Observatorio civil plantea legislar la protesta social
Legislar la protesta. Ésa es una de las sugerencias del informe “Protestando se entiende la gente”, presentado por el Observatorio La Paz Cómo Vamos, que ratifica que marchas y bloqueos inciden negativamente en la vida de los paceños.
“Hemos comprobado de manera científica que las marchas inciden negativamente en la calidad de vida de los paceños. La idea de esta investigación es generar un debate, porque los bloqueos se han vuelto derechos implícitos”, explicó Mateo Paz, autor del estudio.
El observatorio ciudadano La Paz Cómo Vamos es parte de las ciudades “Cómo Vamos”; una iniciativa de Antanás Mokus, exalcalde de Bogotá, Colombia, y elabora sus informes a partir de mesas de trabajos, encuestas, y otros métodos.
Ya en 2011, el observatorio estableció que para la población, la convulsión social (marchas, bloqueos) es el segundo problema más importante (36%) al que debe enfrentarse en su vida cotidiana, superado solamente por la inseguridad ciudadana (57%). “Los encuestados ven el problema de los conflictos sociales desde una perspectiva tan seria que lo consideran un problema mayor al consumo y venta de drogas (34%)”, sostiene. Datos a 2009, de la fundación Unir, muestran que La Paz soportó 1.339 manifestaciones y marchas, 95 huelgas y paros, y 438 bloqueos y tumultos, que hacen un total de 1.872 y más de cinco en promedio por día.
El grado de conflictividad se redujo en 2010, año en el que se produjeron 650 manifestaciones y marchas, 35 huelgas y paros, 109 bloqueos y tumultos y 12 avasallamientos, que hacen un total de 806, es decir más de dos conflictos por día.
Caminos. Entre las propuestas para mejorar la situación de habitabilidad de los ciudadanos, perjudicada por las marchas y bloqueos, el estudio sugiere el legislar la protesta. “Debido a que algunos métodos de manifestación vulneran derechos fundamentales, países como España han optado por legislar las manifestaciones de una manera detallada y explícita, de tal forma que éstas permanezcan como un derecho ciudadano, pero que no vulneren los derechos de otros”, dice.
Otra propuesta es institucionalizar la participación de un intermediario que cuente con la capacidad logística y la legitimidad social para intervenir como mediador en los conflictos entre las partes enfrentadas.
