Sociedad

Thursday 21 Sep 2023 | Actualizado a 21:28 PM

Evo desahucia firma de actas, reunión con cívicos, aeropuerto y cementera

Evo Morales. No hay posibilidad de que el Presidente se reúna con el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ni firme un acuerdo con éste. Su lógica es que cuando hay conflicto, él no participa; delega su resolución a los ministros. Eso lo advirtió ayer en una entrevista con La Razón, cuya totalidad será publicada en un especial el 6 de agosto. Desahució la posibilidad de construir una cementera y un aeropuerto en la capital, al considerar que son inviables, no rentables ni funcionales, respectivamente.

/ 27 de julio de 2015 / 06:31

— ¿Va a reunirse con los dirigentes de Comcipo?, ¿va a firmar los acuerdos?

— Yo me he reunido varias veces con ellos, con los cívicos. Me reuní en el Palacio de Gobierno con (Jhonny) Llally, ustedes son testigos. En Potosí, dos o tres veces. Pero el gran problema de los dirigentes de Comcipo (Comité Cívico Potosinista) es que una cosa se acuerda y otra cosa se habla, mentira tras mentira. Yo tengo algo de ética; le dije a Celestino Condori (anterior líder de Comcipo) que hablemos la verdad: de lo que hemos acordado, se habla, y de lo que no hemos acordado, también. Hay coincidencias y no, y de lo que se acuerda, se habla otra cosa. A Llally le dije que sepamos comunicar a los medios y hablemos la verdad.

Segundo, revise la historia: cuando hay conflictos, Evo no está en el diálogo, y no va a estar en el diálogo, quiero que sepa. Yo no soy quien tiene que resolver (las demandas), son los ministros que tienen que ir al diálogo. Tercero, cuando dicen “Evo o nada”, no puedo permitir que se piense que los ministros no sirven y solo Evo sirve. Los ministros sirven y están para eso. También niegan diálogo al vicepresidente (Álvaro García). No puedo descalificar al Vicepresidente y los ministros. Al contrario, para que sean parte de los hechos históricos de Bolivia (la adjudicación de la construcción de una planta de sales de potasio), he invitado a los dirigentes a que vayan a Uyuni, donde arrancamos con la industrialización. Tenemos una planta piloto que costó como $us 20 millones y ya tenemos un laboratorio, y científicos que investigan. Ahora, los que tienen experiencia en litio ya no nos chantajean diciendo que nos van a ayudar a extraer materia prima y después llevársela. Quieren ser socios, se ruegan.

No es un problema de reivindicación, sino uno político. Lamento mucho que la ciudad de Potosí esté engañada bajo mentiras y fines políticos. Que Llally, ahora y Condori, antes, coincidan en la demanda de federalismo con Manfred Reyes Villa, llama la atención.Y con Mario Cossío o Rubén Costas.

— En este conflicto no es la demanda.

— Pero llegan marchando y pidiendo federalismo. ¿Cómo que no hay nada? Durante la marcha siempre hablaron de federalismo, y siguen haciéndolo, coincidiendo con aquellos políticos. Y lamento que sea con dos corruptos que escaparon de Bolivia, Cossío (Paraguay) y Reyes Villa (Estados Unidos). Además, los ministros fueron a resolver las demandas, no hay nada que atender. El pliego ha sido respondido oportunamente. Hubo comisiones de trabajo y varias delegaciones enviadas a Potosí. Como decía el ministro de Gobierno (Carlos Romero), tienen derecho como Reyes Villa de lanzar su propuesta de federalismo, aunque perdió. El Comcipo de antes, que luchaba contra los partidos neoliberales, ahora lucha con la derecha y los corruptos. Afirmar que no hay trasfondo político es una gran mentira. Cuando alguien me miente, pierde autoridad; solo por respeto lo saludo.

— Se lo siente enojado con el movimiento cívico.

— No es con el movimiento cívico, sino con las personas que lo conducen. Decía qué marcha, si se han venido en carro. De Caracollo a La Paz son ocho días de marcha, con un día de descanso en Achica Arriba. Creo que desde Challapata llegaron en cuatro o cinco días. ¿Qué marcha? Cómo mienten al pueblo boliviano. Quien roba y quien miente, pierde autoridad; a veces no tengo ganas ni de saludarlos.

— ¿A qué se refiere cuando dice que hubo acuerdos y desacuerdos? Por ejemplo, ellos reivindican el aeropuerto y la cementera, que usted prometió.

— Nosotros siempre dijimos que tiene que haber un estudio. Y el Gobierno ha estudiado sobre si la fábrica de cemento puede ser rentable o sostenible; tienen que entender que cualquier industria tiene que generar divisas para el Estado, sino no sirve esa industria. Que yo sepa, por ejemplo, solamente tomando en cuenta el mercado interno, va a ser suficiente una sola fábrica del Estado, que está en Caracollo (Oruro), y otra, en estudio, en Santa Cruz. Con eso vamos a copar el mercado, y no creo que el Estado gane exportando cemento. En La Razón informaron, por ejemplo, que Soboce tiene pérdidas de 40% (las utilidades en 2014 se redujeron en 48,7%), sin que hayan dos fábricas de cemento. Y no es cuestión de suministro de gas, que siempre se puede resolver. ¿Qué mercado va a haber? Espero no equivocarme, la tonelada de cemento se vende entre $us 160 y $us 190. Por eso estamos apostando, por ejemplo, al litio (cloruro de potasio), cuya tonelada vendimos en $us 400 y empieza a subir a $us 600. Industrializada, tonelada de $us 160 o $us 600, ¿a cuál hay que apostar? Se trata de cuestión económica, y estamos hablando de solamente una parte de la explotación de litio. Me sorprendió que con esa planta ya hemos procesado cloruro de potasio y vendido en Santa Cruz, en el mercado interno, y falta todavía. Por eso estamos empezando con la gran industria. Y no por una industria que no va a rentar. Ni van a ser 500 fuentes de empleo, quizás 300.

— ¿Y el aeropuerto?

— Peor todavía. Yo tuve dos problemas serios al despegar de ese pequeño aeropuerto. Para entender, estaba abandonado y le dimos funcionalidad. Me acuerdo que cuando Santos Ramírez (reo en San Pedro) era presidente de YPFB pusimos una avioneta de la Fuerza Aérea. Llevaba cuatro o cinco pasajeros para empezar. A partir de las 16.30 no se puede levantar vuelo, ese viento cruzado quiere llevarse al avión. Soy medio sereno, pero me asusté. Es mejor salir de Potosí por Sucre. Pedí informes a la Fuerza Aérea Boliviana y no recomienda la construcción. Cómo habrán construido ese aeropuerto. Yo les dije, hace un año o dos, que consigan un terreno para el nuevo aeropuerto, como Uyuni, que vamos a hacerlo. No tienen, y no hay uso del aeropuerto, y hay que retirarlo porque ni el potosino quiere usarlo, siempre usa Sucre para volar al interior. Hemos tenido que cerrar los vuelos, había uno, dos o tres pasajeros.

— Entonces, ¿son inviables los dos proyectos?

— Totalmente inviables, demostrados técnicamente y económicamente. El exgobernador de Potosí hizo un estudio que decía que hay que tumbar un cerro a un costo de $us 56 millones. Con ese dinero haríamos tres aeropuertos como Uyuni, que cuesta $us 14 millones. Por más que se haga con recursos departamentales o locales, ese aeropuerto no va a tener funcionalidad, estoy convencido de eso. No creo que las empresas aéreas entren a operar, y la que estaba operando, creo Aerocon, ya ha cerrado. Seguramente, no es rentable ni operable. Y saben los potosinos eso; el problema es que hay capricho. Dicen “cómo Uyuni va a tener aeropuerto y nosotros no”. La Alcaldía de Potosí no dispone de un lugar para un aeropuerto. Si consiguen, lo hacemos, se los dije oportunamente.

—¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Usted va a participar de la solución?

— Para eso están los ministros. Y otra mentira, dijeron que Gonzalo Sánchez de Lozada firmó acuerdos… La única vez cuando inauguró una reunión en 1994, nada más.

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¿Dónde está Marset? El último escándalo

Los últimos ocho allanamientos fueron ejecutados en Santa Cruz

Sebastián Marset, la persona más buscada por la Policía Boliviana.

/ 21 de septiembre de 2023 / 07:39

El 29 de julio, un contingente de 2.250 policías bien pertrechados intentó la captura del capo del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset en Santa Cruz. Una alerta de parte de algunos policías, según fuentes extraoficiales, salvó al extranjero.

El hombre es buscado en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Estados Unidos. acusado de transportar en varias ocasiones 16 toneladas de cocaína hacia Europa. Es conocido como un “capo” y señalado de crear el Primer Cartel de Uruguay (PCU).

Había llegado al país en septiembre del año pasado. Con un nombre brasileño falso, Luis Amorim Santos, con el que se hizo pasar de futbolista. Había comprado el Los Leones de El Torno.

Ya van a ser dos meses son rastros de su paradero. El 2 de agosto había aparecido en un video. “Se habla por todos lados y vinculando a tanta gente que no tiene nada que ver conmigo. Gracias al director de la FELCN logré irme porque el me aviso que el ministro (de Gobierno, Eduardo del Castillo) ya había dado orden de aprehensión contra mi persona”, dijo.

Lea también: ¿Y Marset? Los crecientes números aún no conducen a su paradero

Marset

Diez días después, el 12 de agosto, publicó en redes sociales un segundo video. “De Bolivia me fui hace rato, así que no me busquen más por ahí. Bueno si quieren sigan buscándome, pero les cuento que estoy lejos”, desafió.

Hasta el momento, las autoridades solo muestran números sobre sus intervenciones en la búsqueda del narcotraficante. El lunes, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó a la transmisión digital La Razón Radio que ya se realizaron 119 allanamientos en el intento de encontrarlo.

“Se ha secuestrado 33 inmuebles, se tiene 39 personas aprehendidas: 32 de nacionalidad boliviana y siete extranjeros. Hay 103 personas investigadas”, dijo.

Ayer, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó de ocho allanamientos más en Santa Cruz. Sin embargo, el paradero de Marset sigue incierto.

Antes había dicho que la búsqueda es en todo el mundo.

(21/09/2023)

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De Suárez y ‘Oso’ Chavarría, el narco en el poder político

Roberto Suárez propuso pagar sin éxito la deuda externa de Bolivia ($us 3.500 millones) en caso de que lograra la liberación de su hijo Roby, encarcelado en EEUU

Portada. La edición de La Razón del 13 de enero 1996 sorprendía con este titular

/ 21 de septiembre de 2023 / 07:31

“EEUU le retira la visa a Jaime Paz”, titulaba en primera plana La Razón el sábado 13 de enero de 1996. La noticia causaba escándalo político, que el diario consideraba en su portada que “esto no le pasó nunca a un expresidente de la nación”.

Entonces gobernaba el país Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya reacción fue: “Fue una medida unilateral del gobierno de Estados Unidos de América y yo lamento profundamente, como boliviano, que un expresidente sea sometido a una medida de este tipo”.

Cinco días después, Paz Zamora, que presidió el país entre 1989 y 1993, dijo que Estados Unidos tiene derecho de tomar una decisión de ese tipo. “A mí me importan más los votos del pueblo boliviano que los vetos de los Estados Unidos”, admitió, no obstante, en entrevista con radio Fides.

Paz Zamora, sus hermanas y la cúpula del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) —su partido— habían sido involucrados en el caso Narcovínculos por su relación con los capos del narcotráfico Isaac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez.

Lea también: El caso Marset ya tiene un condenado por asociación delictuosa y organización criminal

Poder político

Quien pagó más las culpas fue el lugarteniente del líder mirista, Óscar Eid Franco. Detenido en una operación comando el 26 de diciembre de 1994, aquel fue sentenciado a cuatro años de prisión por delitos de narcotráfico consignados en la Ley 1008. El ideólogo del MIR cumplió prisión en la cárcel de San Pedro de La Paz hasta finales de diciembre de 1998.

El sábado, sobre la “descertificación” de Estados Unidos a la lucha antidroga en Bolivia, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) afirmó que, mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) siga gobernando, “el narcotráfico va a seguir creciendo sin control, con protección e impunidad”.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, salió al cruce. “Llamativas palabras del expresidente, sabiendo que, en su corta gestión previa a su renuncia, las mafias vinculadas al narcotráfico hicieron volar por los aires el vehículo de la fiscal Mónica von Borries, acabando con su vida”, escribió en Twitter.

Se refirió al asesinato, en un coche-bomba, de la autoridad ocurrido el 27 de febrero de 2004, durante el gobierno de Mesa. La Policía Boliviana involucró en el atentado al narcotrafricante Marco Marino Diodato, a quien la fiscal había investigado por lavado de dinero, tráfico de armas, espionaje telefónico y gestión de casas de juego ilegales para su posterior detención en 1999.

Semanas antes del atentado dinamitero, entre el 30 y el 31 de enero, el italiano huyó de la clínica Bilbao, adonde había sido trasladado desde Palmasola.

Sin embargo, los antecedentes de Diodato datan de mucho antes de 1999. Casado con una sobrina de Yolanda Prada, viuda fallecida del extinto expresidente Hugo Banzer (1971-1978, dictador, y 1997-2001, elegido), incluso se supo que apoyó a la campaña del partido del exmandatario, Acción Democrática Nacionalista (ADN). Es célebre su historia de haberse lanzado en un paracaídas con la inscripción de “vote por ADN”.

A 10 años de la huida de Diodato, en 2014, el diario El Deber abordó al exministro de Gobierno Wálter Guiteras, quien esgrimió la cercanía del italiano con el expresidente. “Banzer fue frío, dijo que yo haga todo lo que vea conveniente y que, si tenía todas las pruebas, él se iba a excluir”, contó en relación al juicio a Diodato.

El 6 de agosto reciente, en su mensaje a la nación, el presidente Luis Arce afirmó que el narcotráfico y su relación con la política “es un problema de larga data”, Describió una a una las vinculaciones de los gobiernos de Sánchez de Lozada, Paz Zamora y la dictadura de Luis García Meza y Luis Arce Gómez con el ilícito.

Se refirió así el mandatario a las críticas sobre la fuga de otro narcotraficante, el uruguayo Sebastián Marset, buscado en su país, Paraguay y Brasil. En un video, este capo dijo que un director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) le ayudó a escapar el 29 de julio.

Narcoestado

En su libro El rey de la cocaína. Mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer narco Estado (Debate, 2012), Ayda Levy, esposa ahora fallecida del narcotraficante Roberto Suárez Gómez, contó detalles de la relación de éste con García Meza, Arce Gómez y el golpe de Estado contra Lidia Gueiler.

El capo contribuyó incluso con una “friolera” de $us 5 millones a la asonada. “Para garantizar el éxito del sedicioso plan, Roberto estaba dispuesto a pagar cualquier precio”, contó Levy.

Entonces, había formado “La Corporación”, llamada así el negocio de Suárez Gómez por la red de protección y silencio que había logrado de parte del Gobierno, jefes militares, jueces, fiscales y hasta monjas y curas en todo el país.

La “General Motors del narcotráfico”, calificó Estados Unidos.

Había nacido “el primer narcoestado”, describió Levy.

Su vínculo con el poder había comenzado en una cena a la que la pareja había sido invitada por el general Alberto Natusch Busch, una noche de octubre de 1979 y días antes del golpe de Estado de éste contra Wálter Guevara.

En la comida, alguien abordó al matrimonio, era Klaus Altmann (así lo cita Levy a Klaus Barbie). Éste se había convertido en el nexo de Suárez Gómez con la naciente narcodictadura.

Luego, el Rey de la Cocaína trascendió a casi todos los gobiernos hasta 2000, el año de su muerte. Levy contó que el presidente Hernán Siles Zuazo buscó a su esposo para concertar una reunión “lo más antes posible”. Que mandó a buscarlo con su ministro antidroga Rafael Otazo, de quien dijo que fue llevado de El Alto hacia una hacienda en Beni con los ojos vendados.

“Desafortunadamente, los índices inflacionarios estaban fuera de control. Los más de 150 millones de dólares no reembolsables, erogados por Roberto durante los 12 meses siguientes, no sirvieron más que para equilibrar una pequeña parte de la balanza fiscal”.

En 1962, en el segundo periodo de gobierno de Víctor Paz Estenssoro, Suárez Gómez había sido subprefecto de la provincia Yacuma, Beni. Ya en el cuarto gobierno del líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en 1985, al narcotraficante buscó un “pacto de agresión”, y la condición del mandatario fue que éste “no vuelva ni siquiera a mirar un gramo de cocaína”.

Sin embargo, en 1988, el hombre se entregó en El Sujo (Beni), donde “esperaba con chocolate caliente” a los policías.

También contribuyó a la campaña de Banzer. Levy recordó sus reuniones con los dirigentes de ADN Alfredo Arce Carpio y Mario Vargas Salinas. En el libro El dictador elegido, el periodista Martín Sivak citó $us 200.000.

Y el MIR impidió la salida del recluso Suárez Gómez a una clínica privada “por temor a que el Rey hablara con la prensa”.

En 1986, el último gobierno de Paz Estenssoro fue manchado también por el “escándalo Huanchaca” con el asesinato del científico Noel Kempff Mercado.

Ese mismo año fue asesinado el diputado Edmundo Salazar Terceros, que investigaba el caso.

Narcoavión

En 1993, en el primer gobierno de Sánchez de Lozada fue descubierto el “narcoavión”, un avión interceptado en el aeropuerto de Lima con 4.100 kilos de cocaína. Entonces, algunos funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro Carlos Sánchez Berzaín, fueron señalados de facilitar el transporte de la mercancía.

Fue señalado Luis Amado Pacheco, alias el “Barbaschocas”.

Afectado por escándalos de narcotráfico en su entorno político, como el de las hermanas Juana y Elba Terán, en 2010, el entonces presidente Evo Morales admitió la penetración del flagelo en instituciones del Estado. “No creía que era tan grande el narcotráfico, no pensaba que el narcotráfico tenía tanto poder económico; pero también siento que se infiltra en los poderes, en las estructuras del Estado, no solamente de Bolivia”, admitió en un acto militar.

A finales de enero de 2020, en el gobierno de Jeanine Áñez, un avión con un cargamento de droga fue interceptado en la isla Cozumel, México. Había partido de Guayaramerín, en Beni.

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Del Castillo le recuerda a Mesa la sospechosa muerte de la fiscal Von Borries en 2004

“Tampoco se necesita más evidencia para saber que mientras siga gobernando el MAS, el narcotráfico va a seguir creciendo sin control”, escribió el domingo Carlos Mesa.

El ministro Eduardo del Castillo y el expresidente Carlos Mesa.

Por Rubén Atahuichi

/ 18 de septiembre de 2023 / 09:09

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, salió al cruce del expresidente Carlos Mesa, quien cuestionó duramente la política antidroga del gobierno de Luis Arce.

Mesa, que gobernó el país entre 2003 y 2005 luego de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, comentó el domingo el memorando de Estados Unidos que «descertificó» la lucha antidroga en Bolivia. «No necesitamos una calificación extranjera para saber que, en Bolivia, el narcotráfico ha permeado profundamente al poder político, a las entidades de seguridad, al sistema de justicia y a la economía», escribió el exmandatario en Twitter.

“Tampoco se necesita más evidencia para saber que mientras siga gobernando el MAS, el narcotráfico va a seguir creciendo sin control, con protección e impunidad, y con su secuela de muerte, violencia, corrupción”, remató el también líder de Comunidad Ciudadana (CC).

Del Castillo se remontó a la gestión de Mesa para responderle sus alusiones. «Llamativas palabras del expresidente, sabiendo que, en su corta gestión previa a su renuncia, las mafias vinculadas al narcotráfico hicieron volar por los aires el vehículo de la fiscal Mónica Von Borries, acabando con su vida», escribió en sus redes sociales.

Eduardo del Castillo

En su criterio, durante el gobierno de Sánchez de Lozada y Mesa (2002-2003) el país sufrió «grados de violencia inéditos en nuestro país».

«Al parecer, la memoria del señor expresidente Mesa le falló…una vez más», insistió el ministro, que relievó que ahora el gobierno de Arce tiene “números récords en la lucha contra el narcotráfico”.

El 27 de febrero de 2004, durante el gobierno de Mesa, un atentado explosivo terminó con la vida de Von Borries; entonces investigaba las vinculaciones con al narcotráfico y las casas de juego ilegales del ítalo-boliviano Marco Marino Diodato.

Entonces, la víctima se aprestaba a encender su vehículo, una vagoneta Montero de Mitsubishi, en la ciudad de Santa Cruz. De pronto explotó y la víctima fue atrapada entre el impacto y el fuego.

Semanas antes, Diodato había burlado los controles en una clínica en Santa Cruz; había sido trasladado en medio de su detención preventiva en la cárcel de Palmasola. Muy vinculado al expresidente Hugo Banzer, el capo extranjero huyo el 31 de enero de 2004.

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Fiesta de Santa Cruz: ¿Quién presidirá las celebraciones si no es Camacho?

Mario Aguilera denuncia que no se respeta el orden jerárquico

El gobernador y el vicegobernador, en los actos oficiales del 24 de septiembre de 2021

/ 18 de septiembre de 2023 / 07:25

Será la primera vez, este año, que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, esté ausente de los actos protocolares en homenaje a la efeméride departamental del 24 de septiembre. ¿Quién presidirá las celebraciones si no será él?

“Hay un orden jerárquico que no se está respetando en su totalidad. Como no estoy de tirasaco, he dejado que lo decida el gobernador”, respondió a la pregunta el vicegobernador Mario Aguilera en una entrevista, el sábado, con Asuntos Centrales, reproducida en redes sociales por Tuffí Aré.

Lea también: ¿Acusación a la vista? La Fiscalía prevé cerrar hasta diciembre la imputación por el caso Golpe de Estado I

Celebraciones

En el mismo programa, el presidente de la Asamblea Departamental, Zvonko Matkovic, cerró el paso al vicegobernador Aguilera. “El estatuto dice que las dos máximas autoridades son el gobernador y el presidente de la Asamblea Departamental. El gobernador convoca y decide quién”, afirmó el asambleísta

Las divergencias entre el gobernador y el vicegobernador cruceños, electos por la misma alianza —Creemos— con el 55,6% de los votos en los comicios subnacionales 2021, no son nuevas. Son recurrentes, al menos desde marzo de 2022, cuando Camacho, para evitar su reemplazo por parte de Aguilera, nombró por Decreto Departamental 373 al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en sus funciones. Entonces, el gobernador había viajado a la XII Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y los Bosques, en Brasil.

La crisis se acentúo luego de la detención de Camacho en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, acusado en el caso Golpe de Estado I. Ante el dilema de ceder o no sus funciones, en vista de su condición de recluso fuera del área de su trabajo, el gobernador impulsó una ley cuyo fin era interpretar el artículo 25 del Estatuto Departamental de Santa Cruz en relación a la suplencia temporal.

El 9 de marzo de 2023, Camacho promulgó desde su celda la Ley Departamental 293, de Regulación de la Ausencia Temporal e Impedimento Definitivo del Gobernador, con la que frenó la eventual suplencia de Aguilera.

Golpe

Dos días antes, el asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, develó la desconfianza que Camacho.

“Luis Fernando Camacho no confía en el vicegobernador Mario Aguilera por los hechos que han ocurrido durante estos más de 60 días (desde la aprehensión del gobernador)”, dijo entonces.

Sin embargo, hace más de un mes, dicha desconfianza se decantó con una grave acusación. “Cuando todavía no se conocía bien mi situación jurídica, él ya planeaba asumir el cargo y así consolidar el objetivo del golpe masista, sacando del cargo al gobernador”, dijo Camacho al diario El Deber en relación a las consultas Aguilera hizo en marzo de 2022 sobre la suplencia temporal.

Aguilera no se amilanó. “Sobre un golpe a la Gobernación, no creo que exista alguno, menos que yo sea parte de ello”, dijo.

(18/09/2023)

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Ministro dice que Petrobras quiere invertir en exploración y comprar gas más allá de 2025

El 30 de agosto, el presidente Luis Arce admitió que la declinación de la producción de gas, continua desde 2014, “lamentablemente ha ido cayendo hasta tocar fondo”.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina en una entrevista con el cala estatal, Bolivia Tv.

Por Rubén Atahuichi

/ 17 de septiembre de 2023 / 18:37

La estatal brasileña Petrobras expresó su interés en invertir en la exploración de gas y petróleo y, además, continuar con la compraventa del combustible más allá de 2025.

El anuncio lo hizo este domingo el ministro de Hidrocarburos, Fraklin Molina. “No solamente hay interés de invertir, sino de continuar la comercialización de gas más allá de 2025”, afirmó.

A principios de mes, una delegación de alto nivel de la transnacional brasileña llegó a Bolivia para reunirse con sus pares de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Su interés fue, en primer lugar, gasta natural y, también, fertilizantes que produce la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo.

Molina informó que los presidentes de ambas petroleras estatales se reunieron y esbozaron posibilidades. “Se han desarrollado distintas reuniones, de ida y vuelta”, dijo.

El funcionario consideró que ese interés de Petrobras por seguir invirtiendo y comprar gas en Bolivia desmitifica comentarios agoreros de ciertos políticos y analistas que en 2020 temían que la petrolera brasileña iba a abandonar sus negocios en el país.

En su conversación con el canal estatal, Molina insistió en la necesidad de encarar 42 proyectos de exploración y explotación de gas anunciados por el propio presidente Luis Arce. Explicó que anualmente, desde 2021, YPFB incorpora al menos 13 proyectos de esa naturaleza anualmente.

Gas y Petróleo

Dijo que el objetivo es atenuar el impacto de la disminución de la producción y coadyuvar en la sustitución de importaciones. El 30 de agosto, Arce admitió que la declinación de la producción de gas, continua desde 2014, “lamentablemente ha ido cayendo hasta tocar fondo”.

A contramano, el Gobierno anunció que a partir de 2026 será posible la reversión de esa situación.

Este domingo, Molina dijo que YPFB y sus subsidiarias Chaco y Andina, además de las empresas operadoras trabajan en la exploración de pozos con ese fin.

Lamentó que la Asamblea Legislativa, especialmente la Cámara de Senadores, no dé luz verde a contratos que esperan las trasnacionales Total, Repsol, Shell e, incluso, Vintage para la inversión de $us 500 millones.

Desde 2021 “han pasado dos años y los contratos de servicios petroleros siguen dando vueltas”, reclamó.

“El gas hay que ponerlo en producción, pero es importante es la viabilización de estos proyectos”, insistió Molina.

Aprovechó el caso para señalar la necesidad de modificar las leyes y evitar la burocracia en relación a los contratos petroleros.

Según reportes oficiales, en 2014, la producción de gas natural fue de 59 millones de metros cúbicos día (MMm3d); y ahora, a junio de este año, bajó a unos 37,2 MMm3d.

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