Sociedad

Wednesday 8 May 2024 | Actualizado a 20:25 PM

Expertos sugieren 5 medidas para cuidarse del ‘linchamiento digital’

Para interponer una demanda judicial contra el agresor, la víctima debe contar con  las pruebas digitales que lo identifiquen. El seguimiento de estos casos demanda tiempo

/ 20 de septiembre de 2015 / 04:00

No seguir el juego al agresor con respuestas, iniciarle un proceso penal, denunciarlo a los administradores de la red, maximizar la seguridad de la cuenta o cerrarla son las cinco recomendaciones contra el “linchamiento digital”, fenómeno que crece en Bolivia.

Al igual que un linchamiento, en el que el sospechoso de un delito es atado y golpeado por una multitud que no verifica a cabalidad si es culpable o no, en el “linchamiento digital” ocurre algo similar, pues a través de las redes sociales se lanzan críticas e insultos sin conocer la veracidad de los hechos y lo peor es la masificación, explicó la ciberactivista Eliana Quiroz.

Según los expertos, en Bolivia la era de las redes sociales tiene menos de tres años. Durante ese tiempo se percibió que si bien brinda utilidades al conectar a la gente, también hay un mal uso.

El “linchamiento digital” es un claro ejemplo, un fenómeno que crece cada vez más en el país, mencionó Quiroz. Si bien no se tienen cifras concretas de casos, éstas cada vez son más evidentes.

Entre los casos más conocidos está el de una presentadora de televisión de La Paz, quien en 2013 fue blanco de críticas e insultos en las redes sociales luego de que un video de ella en la intimidad se hizo viral. La mujer tuvo que renunciar a su trabajo.

Este año, dos reinas de belleza también fueron víctimas de agresiones cibernéticas por las respuestas que emitieron en un certamen. El caso más reciente está relacionado con el fallecimiento de una joven y un presunto feminicidio en las afueras de una discoteca de La Paz; usuarios crearon cuentas para defender a la víctima y otra para el supuesto agresor. En ambos se observa una serie de insultos y acusaciones.

“Denigran a la gente sin tener elementos de juicio, se califica a la persona, se emite comentarios agresivos y despectivos”, observó el ciberactivista Mario Durán.

Casos. El objetivo de las personas en las redes sociales es pronunciarse a favor o en contra, y eso implica un riesgo porque se desconoce si hay un criterio formado, indicó el ciberactivista Miguel Callejas.

El artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que cada boliviano “tiene derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”.  Pero las normas, en general, no sancionan este tipo de actitudes.

No obstante, ciberactivistas recomiendan cinco maneras de protegerse y contrarrestar el “linchamiento digital”. La primera es no dar lugar a discusiones. “Es mejor no contestar insultos. Las respuestas, por lo general, suelen ser emocionales y nada racionales”, indicó Jhonny López, experto en redes.

Acudir a los administradores es la segunda opción, en el caso de que la persona ya sea víctima. “Facebook, por ejemplo, ofrece una opción para delatar actos de racismo”, destacó Durán.

La seguridad es esencial para crear una cuenta en redes sociales: contraseñas complicadas y restringir accesos a desconocidos, como tercera opción. Si el usuario ya es víctima de agresiones, cerrar la cuenta, al menos por un año, es la cuarta sugerencia, resaltó Callejas.

La quinta es la acción legal. El abogado Ariel Agramont dijo que se puede interponer la denuncia por delito contra el honor (difamación, injurias, calumnia), pero se requieren pruebas digitales.

Agramont informó que su oficina atiende al año 20 casos, en promedio, por “linchamiento digital”. “Las penas, si hay fallo a favor, van desde un mes hasta un año de reclusión. También están el resarcimiento económico y la satisfacción pública, pero los juicios suelen demorar”.

Detrás del agresor hay frustración

Detrás de las personas que comentan o publican en redes sociales contenidos violentos hay frustración, inmadurez y ausencia de criterio racional, aseguraron tres psicólogos.

“Para emitir un criterio uno debe tener pruebas suficientes, pero en las redes sociales no hay tal. Vemos usuarios que tienen pocos elementos de reflexión y de madurez, son personas con un criterio poco formado”, señaló el psicólogo Róger Cuevas.

Según la psicóloga Sonia Paz,  las personas que agreden, cualquiera fuera el tipo, demuestran un síntoma de frustración.  “En psicología hay una figura que se llama el contagio de grupo, relacionado a la frustración, y es cuando en una manifestación marchan todos en una línea”, señaló Paz, al comparar este fenómeno con la actitud de los usuarios que se suman a las críticas e insultos sin conocer a cabalidad los hechos y sin que la Justicia haya determinado un fallo.

Para el psicólogo Regis Villca, las reglas de “solo mayores de edad” para crear cuentas son burladas por niños y adolescentes, que también contribuyen al “linchamiento digital”. “Cada persona refleja lo que tiene en su casa, por eso es muy importante que los padres controlen a sus hijos en cuanto a redes”.

La baja autoestima en víctimas

El “linchamiento digital” desencadena una serie de consecuencias psicológicas en la víctima. La depresión, la baja autoestima y el aislamiento son las más recurrentes. El psicólogo Regis Villca advirtió que es prácticamente darle una “muerte civil” y la recuperación suele tardar años, incluso con la ayuda de especialistas.

Ven a la autorregulación como la opción para frenar ‘ciberagresión’

Un diputado plantea un proyecto de ley para regular el uso de las redes sociales

Para frenar el mal uso de las redes sociales, que en la mayoría de las veces deriva en agresiones o “linchamiento digital”, los ciberactivistas coinciden en que será más útil la autorregulación que una norma regulatoria, tal como lo propone un asambleísta. Campañas masivas que recuerden la netiqueta para el uso correcto de redes sociales fue demandado por los cibernautas.

“La regla de juego es apelar a una autorregulación individual, es decir, no emitir opiniones sin saber de lo que se trata y frenar la violencia en las redes”, dijo el ciberactivista Cristhian León.

Mario Durán, otro ciberactivista, también se inclinó por la autorregulación y recordó la “netiqueta”, que son las reglas mínimas de convivencia en las redes sociales. La “netiqueta” es el protocolo de comportamiento para el contacto electrónico, que precisamente condena el mal uso de las redes. El nombre proviene de etiqueta, pues es la adaptación de ésta al mundo virtual.

Educación. “Se debe escribir demostrando educación, no insultar, emitir opiniones centradas y pedir permiso para publicar una foto, son tips que deben ser aplicados”, resaltó Durán.

No obstante, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, sostuvo el miércoles que urge redactar una ley que regule el contenido de las redes sociales “desde el momento en el que se compra el chip del teléfono móvil hasta las publicaciones en los muros del Facebook”.

Justificó la propuesta en los actos de discriminación que se observan en las redes sociales. “Agreden, insultan, se meten con las familias e incluso se atreven a comparar de forma despectiva a las personas con animales”.

De acuerdo con el diputado, la redacción del proyecto estará lista en 30 días. Se prevé para las principales líneas la no vulneración de los derechos de las personas, como los actos de discriminación, y la tipificación de los delitos de carácter informático, para incorporarlos posteriormente en el Código Penal.

Los ciberactivistas coincidieron en que regular el uso de redes sociales mediante normativa sería vulnerar la libertad de expresión en el país.
Al respecto, el asambleísta aseguró que “de ninguna manera se restringirá la libertad de expresión, absolutamente nada, porque lo que se busca es evitar los actos de discriminación”.

Moisés Sánchez, secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, señaló que en la región no se aplica la regulación en la redes sociales. El experto visitó el país para abordar las normativas sobre el acceso a la información pública.

“Las redes sociales son espacios públicos no muy distintos de lo que pueda acontecer en una plaza pública, donde si se habla contra una autoridad no necesariamente deberán llevar presa a una persona, de igual manera si estoy en Twitter”, explicó Sánchez.

Agregó que en Latinoamérica hay una tendencia de poner más límites en las redes, pero no a través de leyes. “Si se genera un mecanismo de control al grupo de opinión sería una señal muy perjudicial, muy mala, para todos los sectores de la sociedad”.

¿Qué es la ‘netiqueta’ para redes?

La netiqueta es un conjunto de normas de comportamiento en redes sociales: pedir permiso para subir fotos de otros, ser cortés, no insultar, no agredir, ni terminar una relación con una persona a través de una red social.

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En Pando hay una demora de resultados de 600 pruebas COVID-19

El dirigente del Colegio Médico de este departamento asegura que al menos 450 darán positivo. Hace 12 días no hay reactivos para su laboratorio GeneXpert.

/ 1 de julio de 2020 / 00:17

El presidente del Colegio Médico de Pando, Andrés Antezana, informó a *La Razón* que hace 12 días el laboratorio GenXpert de ese departamento no realiza las pruebas COVID-19 por falta de reactivos y que están a la espera del resultado de unas 600 muestras enviadas al Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) y al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa).

“Hace 12 días que no se realizan las pruebas, se han tomado unas 600 muestras, de las que estamos seguros que el 75% son positivos”, advirtió Antezana.

Hospitales colapsan

De acuerdo con galeno, los establecimientos de salud de Cobija están colapsando con pacientes COVID-19. En el caso de hospital de tercer nivel Hernán Messsuti Ribera, hay 12 pacientes internados dependientes de oxígeno y se habilitaron 20 camas, con lo que se halla al 90% de su capacidad.

En los otros hospitales como el Roberto Galindo Terán, Perla del Acre y la Caja Nacional de Salud (CNS) tienen tubos de oxígeno en una cantidad “limitada”, afirma. “La Caja tiene 12 camas con pacientes positivos entre moderados y críticos, está al 100 por ciento”.

Falta de coodinación

Antezana observó que en Pando existe una falta de coordinación entre alcaldías, gobernación y gobierno central. “No se ponen de acuerdo en las ayudas, en la inversión con las necesidades que tenemos, es preocupante. El director del Sedes no asume la rectoría, el hospital COVID tiene una serie de aspectos incompletos, lo único rescatable es que dispone de oxígeno las 24 horas”.

Ante esta situación, el Colegio Médico de Pando anunció que apelarán a la Fiscalía Departamental para exigir a las autoridades responder a las necesidades en salud, de lo contrario estarían incurriendo en incumplimiento de deberes.

“Se ha determinado en las próximas horas, la denuncias por incumplimiento de deberes a la Fiscalía departamental para que de una vez existan responsables de todo el problema que estamos acarreando, seguiremos trabajando, pero con las condiciones que ameriten”, dijo Jimmy Panozo, del Colegio Médico de Pando. 

Este medio intentó comunicarse con el director del Sedes Pando, Danny Mendoza, para saber sobre el estado de la situación del sistema de salud en esta región, pero la autoridad no contestó las llamadas.

En tanto, el responsable de Epidemiología, Rodolfo Villarroel, señaló, a través de un video en Facebook de Sedes Pando, que el reporte de nuevos casos de este martes es preliminar, ya que esperan respuestas de La Paz y Santa Cruz. “Queremos decir que este es un informe parcial y, aproximadamente en 72 horas vamos a tener la respuesta de todo lo que se ha enviado a la ciudad de Santa Cruz y La Paz (en cuanto a) las muestras”.

El Ministerio de Salud reportó este martes un total de 27 decesos en el departamento por causa del COVID-19, pero según el informe de José Bernardo Condori, director del Servicio Municipal de Aseo Urbano (Semasur) de Cobija, solo en este municipio fallecieron 46 personas por esta causa.

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Oncológico de la Caja Nacional de Salud de La Paz cierra por casos de COVID-19

El 10% de sus trabajadores dio positivo. Se le tomó muestras al resto. Algunos pacientes con el virus fueron derivados a El Alto

/ 30 de junio de 2020 / 21:59

El Centro Oncológico de la Caja Nacional de Salud (CNS) de la zona Sur (entrada a Mallasa) de La Paz cerró “temporalmente” sus servicios desde este martes, luego de reportar 10 casos positivos de COVID-19 en su personal de salud, que llega a las 100 personas.

“Evidentemente, como en todos los establecimientos de salud, tanto de los entes gestores de la seguridad social y del sector público, nuestro hospital oncológico tiene casos positivos. Ante esa situación se decidió el cierre temporal para la desinfección del oncológico, sin embargo, estamos atendiendo a los pacientes que están internados, con todas las medidas de seguridad”, informó a La Razón el administrador Regional La Paz de la CNS, Israel Fuentes.

Los 90 trabajadores fueron sometidos a las pruebas pertinentes y se decidió que trabajen por turnos. El reinicio de las actividades en el oncológico está en función a los resultados. “Por el momento me atrevo a decir que tardaríamos unos tres días, pudiendo esto prolongarse, según cómo salen los resultados de todo el personal”, anticipó Fuentes.

También pacientes

El galeno agregó, sin precisar cifras, que hay pacientes internados a quienes se les hizo el estudio y dieron positivo; luego, se activó el protocolo respectivo y fueron transferidos al Hospital Obrero COVID-19 de la CNS, ubicado en la zona Santiago II, de El Alto.

“No podría darle el número exacto, pero son más de dos pacientes oncológicos con COVID-19 que están allá”, dijo.

Actualmente, el Centro Oncológico tiene 10 pacientes en atención continua que, según su evolución, serán externalizados en los siguientes días.

(30/06/2020)

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Identifican a 820 personas contagiadas, gracias al Call Center COVID-19

25% de los casos sospechosos dieron positivo. Las líneas gratuitas 800-10-1104 y 800-10-1106 atienden las 24 horas, los siete días de la semana.

/ 30 de junio de 2020 / 20:14

El Call Center (centro de llamadas) COVID-19 del Ministerio de Salud recibió, entre el 16 de marzo y el 23 de junio, 219.863 consultas, de las cuales se identificaron a 3.278 personas sospechosas de portar el coronavirus y de este total, unas 820 (25%) dieron positivo.

“De esos 3.278 pacientes, a través del seguimiento que se ha hecho con los centros Telesalud, alrededor del 25% (820) ha dado positivo”, dijo este martes el responsable Nacional del Programa Telesalud, Juan Pablo Escalera, durante la presentación preliminar de los resultados del centro de llamadas.

El Call Center COVID-19 inició su servicio el 16 de marzo, una semana después del brote del coronavirus en el país; 108 médicos del Programa Telesalud, Bono Juana Azurduy, Escuela Nacional de Salud y médicos del Programa de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI) atienden a la población 24 horas, los siete días de la semana.

Se habilitaron las líneas gratuitas 800-10-1104 y 800-10-1106 con el objetivo de captar posibles casos de coronavirus, realizar el tele-triage y coordinar la activación de equipos médicos de respuesta rápida. A través del Call Center y del Programa de Telesalud “seguimos esforzándonos en hacer seguimiento y apoyo a la contención de la enfermedad”, remarcó Escalera.

(30/06/2020)

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Potosí ingresará en una cuarentena dinámica que durará 15 días

Los trabajadores de actividades económicas podrán prestar servicios de 07.00 a 15.00, con tolerancia de una hora para el traslado hasta sus domicilios.

/ 29 de junio de 2020 / 22:59

El municipio de Potosí resolvió este lunes ingresar en cuarentena dinámica condicionada a partir del miércoles 1 de julio. Este departamento registró en esta jornada 23 nuevos casos COVID-19 y con esta cifra el total acumulado es de 664 personas contagiadas.  

“La cuarentena dinámica progresiva, bajo la modalidad de riesgo alto, con responsabilidad participativa, será por 15 días”, puntualizó el alcalde de esta ciudad Luis Alberto López.

Los ciudadanos que sean sorprendidos en vía pública serán detenidos por efectivos del orden público y sometidos a las sanciones que establece la normativa local, apuntó la autoridad.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Potosí acumuló en esta jornada 664 casos positivos al COVID-19, 50 personas recuperadas y 17 decesos. Este departamento es el sexto con más infectados con el virus.

Tras una evaluación de detalle sobre impacto del coronavirus en esa región, el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) resolvió el fortalecimiento de los centros de aislamiento, con el equipamiento necesario y la renovación de contratos del personal a cargo.

Entre las medidas de contención y prevención adoptadas, el COEM determinó que el Sedes  continúe con el rastrillaje de casos casa por casa y el proceso de desinfección de las vías públicas y centros de abasto, bajo un cronograma aún por definir.

(29/06/2020)

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Chuquisaca utilizará dióxido de cloro para tratar pacientes con COVID-19

En Oruro y Pando no descartan emplearlo en pacientes con el virus. El Ministerio de Salud declaró que su uso en Bolivia es “ilegal” y advirtió sobre efectos secundarios.

/ 29 de junio de 2020 / 20:18

El Servicio Departamental de Salud (Salud) Chuquisaca incluirá el dióxido de cloro en el kit de medicamentos para tratar a los pacientes sospechosos y positivos al COVID-19, pese al comunicado que emitió el sábado el Ministerio de Salud en el que estipula como “ilegal” su uso. En Oruro se espera la respuesta del comité científico para emplearlo como tratamiento en los enfermos y en Pando no descartan su aplicación. 

“Hay un plan de activación de grupos de rastrillaje en los primeros niveles (…) para esto se ha diseñado un kit de medicamentos que incluye la ivermectina, pero también el dióxido de cloro”, anticipó el director del Sedes, Enrique Leaño.

El galeno informó que iniciarán la aplicación del dióxido de cloro y la ivermectina en los pacientes asintomáticos, “altamente” sospechosos y positivos al COVID-19 a partir de la próxima semana, previa una capacitación del personal.  “Al ser un medicamento que está demostrando ser eficiente (pero por) no tener un protocolo a nivel mundial que nos diga cuál es el tratamiento específico, entonces, (será) bajo la supervisión médica, el estricto control y el seguimiento por el personal médico”.

Oruro y Cobija contemplan su uso

Oruro también analiza la incorporación del dióxido de cloro para tratar el COVID-19. “Hemos enviado una nota al comité científico para considerar incluir el dióxido de cloro, recién nos entregó su pronunciamiento para saber si se incluirá para el tratamiento, aún no lo leímos”, dijo el director del Sedes, Henry Tapia.

En tanto, en Cobija (Pando) tampoco descartan tratar a sus enfermos con dióxido de cloro, pero debe ser aprobado por la sociedad científica, anticipó Erwin Escalante, director del hospital Roberto Galindo Terán. “Con tal de salvar la vida, supongo que no vamos a descartar nada, pero hay que tocarlo en el comité científico que está llevando este tema”.

Salud advierte sobre efectos

El Ministerio de Salud, en un comunicado, informó que el dióxido de cloro no corresponde a un medicamento y no cuenta con Registro Sanitario que respalde su seguridad, calidad y eficacia para sanar el COVID-19, por lo tanto, su elaboración, importación, distribución, comercialización y uso en el territorio es “ilegal”. “Por lo tanto, Ministerio de Salud no autoriza el uso de este producto”.

El Comité Científico Nacional COVID-19 del Ministerio de Salud advirtió el domingo que su ingesta tiene efectos secundarios, entre ellos: falla respiratoria, metahemoglobinemia, prolongación del espacio QT en el electrocardiograma, hipotensión causada por deshidratación, falla hepática aguda, anemia hemolítica, vómitos y diarrea severa y trastornos hidroelectrolíticos.

“(…) Queda claro que el uso de este producto puede interferir en la aplicación de medidas de prevención apropiadas, dar una falsa sensación de seguridad a la población y promover el abandono de otras medidas que han demostrado ser eficaces y seguras. Se recomienda a la población boliviana evitar la manipulación psicológica, la indebida insinuación y la intimidación ejercida para ingerir dióxido de cloro con el supuesto fin de prevenir o tratar COVID-19”.

(29/06/2020)

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