300 paraguayas, víctimas de trata y tráfico en dos urbes bolivianas
Las redes delincuenciales que operan en el país también traen jóvenes de Colombia. Cuatro mujeres explotadas en Santa Cruz fueron repatriadas a su país este año
En lo que va del año, al menos 300 paraguayas fueron captadas por redes de trata y tráfico y trasladadas a Bolivia. Las víctimas por lo general son atraídas con ofertas laborales, sin embargo, terminan siendo explotadas sexualmente en centros nocturnos de La Paz y Santa Cruz.
Las redes delictivas ofrecen como carnada empleos bien remunerados de modelos o azafatas. “Tenemos de entre 40 y 50 casos denunciados en La Paz, y de 250 en Santa Cruz”, informa a La Razón desde Asunción la fiscal Teresa Martínez, responsable de la Unidad Especializada en Trata de Personas y Explotación Sexual Infantil de Paraguay.
“El problema es que llevan chicas muy jovencitas, en algunos casos menores de edad, con autorización de sus padres, haciéndoles creer que es para trabajar en promoción y ventas, pero son explotadas sexualmente y son los propios padres los que vienen a presentar las denuncias”, agrega.
“Tenemos conocimiento de que el local C. P. es un lugar bastante frecuentado por chicas paraguayas, acá mencionaban mucho a ese centro nocturno”, apunta la oficial de policía se esa nación Sonia Sanmarino, quien también trabaja en esa unidad.
El 31 de agosto de este año, ese night club, “de cinco estrellas” que funciona en Llojeta, fue clausurado por la Subalcaldía Sur “por excederse en el horario de atención y ofrecer bebidas alcohólicas ilegales”, informó entonces la Alcaldía.
“Requisamos todos los ambientes para su precintado. En el tercer nivel encontramos a dos hombres custodiando una puerta, alegaban que era su cuarto de descanso. Sin embargo, la Policía halló un ambiente oculto, donde se encontró a 12 mujeres que estaban encerradas”, las jóvenes eran paraguayas y una de ellas, menor de edad, informó esa fecha el comandante de la Guardia Municipal, mayor Miguel Zambrana. Con esta información, este diario acudió a la fuerza pública en busca de más detalles, pero los jefes policiales se negaron a hablar.
Además del C. P., en La Paz las funcionarias mencionan a otros cinco centros nocturnos V., L. D., A., P. B. y K., donde trabajan chicas de esa nacionalidad. Una de ellas, que reside en La Paz, habló con quien escribe esta nota, aunque por su seguridad pidió no ser identificada.
“Ellos te ofrecen trabajo, te dicen que ganarás mucho dinero, te pagan los pasajes y hasta te dan dinero para que muestres en Migración cuando te presentas como turista”. “Cuando llegas te dan una casa completa, te quitan tus documentos y la plata que te dieron, tienes que devolver todo, no utilizas nada, ni un centavo, solo el pasaje”.
Presiones. Las primeras semanas los billetes fluyen, aunque después los dueños de estos locales empiezan a aplicar una estratagema para evitar que las víctimas se vayan. “Te dan solo una parte de tu dinero y te dicen que te darán todo la otra semana, y como todo el mundo quiere cobrar su plata, se va quedando y así pasan las semanas. Es una forma de chantaje que ellos tienen”, sostiene la entrevistada
La joven también se refiere a los dueños de los clubes nocturnos de la sede de gobierno y a su forma de operar. “Hay uno que es dueño de un local cinco estrellas, te encierra en una habitación y te ‘prueba’ primero en la cama, o sea, te viola primero. Los otros no son tanto así, aunque te amenazan por teléfono, te dicen que te van a matar si es que quieres traicionarles”, declara.
Cuando quieren dejar esa vida, las amenazan con denunciarlas a la Policía porque no tienen documentos. Otro de los dilemas de estas mujeres es involucrarse con algún cliente, al punto de mantener una relación y llegar a procrear un hijo.
“Conozco a una chica de mi país, que tuvo un hijo con un boliviano, éste le quería quitar al niño y le amenazaba con denunciarla a las autoridades por el trabajo que hacía. Hay otros que las sacan de esa vida, pero para obligarlas a trabajar y mantenerlos a ellos”, agrega.
Julio César Vera, embajador de Paraguay en Bolivia, dice que tiene conocimiento de casos de trata y tráfico de sus compatriotas. “Tenemos información de que algunas jóvenes sufren trata desde Asunción, nos llegó incluso una denuncia de una joven a quien la ayudamos a volver a nuestro país”.
El representante admite que para su país es muy difícil combatir este delito, porque hay casos en los que las víctimas vienen con pleno conocimiento del trabajo al que se van a dedicar “Sin darse cuenta caen en manos de redes de trata, y en esos casos es muy difícil actuar y muy pocas veces la embajada se entera”.
El diplomático agrega que en general tiene el control de la situación en las ciudades de La Paz y El Alto, aunque no pasa lo mismo con Santa Cruz, punto desde donde las chicas son llevadas a otras ciudades bolivianas, como Beni y Cochabamba.
El paraguayo Hugo Morel, en el Encuentro Sudamericano Contra la Trata de Personas celebrado del 29 al 30 de septiembre en La Paz, develó que en ciudades del departamento Central de Paraguay son reclutadas las jóvenes que son trasladadas a Bolivia. El país vecino tiene 17 departamentos y de otros tres —Caaguazú, Itapuá y Cordillera— las víctimas son llevadas hacia Argentina.
En lo que respecta a los países de destino, Morel asegura que los principales son: Argentina, Brasil, Chile y Bolivia en Sudamérica; México en Norteamérica; y España y Turquía, en Europa y Asia, respectivamente.
Sin embargo, Paraguay no es el único país donde las redes de tratantes captan a mujeres con fines de explotación sexual. Colombia también está en la mira de los delincuentes. La Razón conoció el caso de cuatro colombianas, de entre 18 y 25 años, que fueron captadas en su país por una boliviana y su esposo, colombiano como ellas. Les ofrecieron empleo de niñeras en Santa Cruz de la Sierra y un buen sueldo. Ellas aceptaron dejar a sus pequeños hijos y venir al país.
Una vez en la capital oriental, les quitaron sus documentos, las encerraron en una habitación y las obligaron a trabajar en un bar por las noches, explotándolas sexualmente. Si se negaban, las amenazaban con matarlas. Les daban un plato de comida al día. Todas dormían en una pieza en condiciones infrahumanas.
Silencio. Una de ellas conoció a un cliente, a quien le contó su situación y éste las ayudó a escapar. Las cuatro víctimas llegaron a la ciudad de La Paz, donde fueron acogidas en la Pastoral de Movilidad Humana, y con ayuda del consulado de su país pudieron volver a su tierra natal.
“Estuvieron un mes y medio en La Paz, aunque no quisieron presentar una denuncia porque aseguraban que la pareja que las trajo conocía a sus familiares en Colombia. Ahora ellas están junto a sus familias”, cuenta Elizabeth Paucara, responsable del área social de esa organización.
Jorge Evangelista, representante de la Mesa Técnica de Migraciones, y miembro del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, (Observalatrata), dice que “es sabido que muchas paraguayas están trabajando en prostíbulos y lenocinios en Santa Cruz y La Paz, esto es vox populi, pero es muy difícil de probar”.
“Hace unas semanas escuché que la Policía intervino uno de estos locales en Llojeta, donde encontró seis (sic) chicas paraguayas, una con documentos y cinco menores de edad, Después de eso no volví a escuchar más del tema, eso es algo que nos preocupa porque las investigaciones no son transparentes”, puntualiza.
La Razón intentó conocer la postura del Gobierno nacional sobre esta problemática y las acciones que encara para combatir a tratantes y traficantes que reclutan sus víctimas en otros países. Sin embargo, Melania Torrico, responsable de la Dirección Nacional de Trata y Tráfico de Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno, se negó a referirse al tema y pidió acudir directamente a autoridades de Paraguay.
Legislaciónen ambos países
Norma
El 13 de diciembre de 2012, el Gobierno de Paraguay promulgó la Ley 4788 o Ley Integral Contra la Trata de Personas.
Penas
Dicha norma dispone penas de reclusión de entre 2 y 20 años, en tanto que en Bolivia, la condena oscila entre 10 y 15 años, según la Ley 263 promulgada en julio de 2012.
