Una vez sancionado el nuevo Código del Sistema Penal, el oficialismo en el Legislativo cerró el debate sobre el artículo 205 que tipifica la mala práctica profesional y que es cuestionado por los profesionales de la salud, quienes cumplen este viernes 23 días de paro, justamente en contra de ese articulado.

Así, la huelga indefinida de los galenos no encuentra solución, el diálogo está lejos de instalarse y la oposición, ahora, apunta a la ministra de Salud, Ariana Campero, con una querella por incumplimiento de deberes que instalaron este viernes por la desatención de los enfermos.

Con este viernes, el conflicto cumple 23 días con la advertencia de los profesionales en salud de radicalizar las medidas de presión, más después de que la Cámara de Senadores sancionará la norma sin modificaciones.

Solo los servicios de emergencia están habilitados y a la protesta también se sumaron, aunque por horas, clínicas y consultorios privados. Cirugías y otros procedimientos fueron suspendidos en el sector público y de la seguridad social.

“En lo que corresponde al Legislativo, es un tema cerrado porque ya es una norma que se ha sancionado. Hemos concluido nuestro trabajo y no hay nada pendiente”, sentenció el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Milton Barón.

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A decir del legislador, el 205 es un artículo que equilibra la necesidad de precautelar la salud pública y garantiza un ejercicio adecuado de los médicos. “Es mucho mejor de lo que se tiene en el Código Penal actual a través del cual se procesa a los profesionales de salud”, dijo Barón.

Su colega Adriana Salvatierra, del mismo frente político, destacó esa premisa, pero hizo un recuento de las afectaciones del conflicto: Medio millón de pacientes sin atención médica, 6.000 cirugías canceladas, más de 70 niños con cáncer que no tienen atención y cuatro fallecidos.

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“El artículo 205 lo hemos trabajado con el Colegio Médico, constan las firmas. Demandamos el cumplimiento de los acuerdos, si alguien tiene que reclamarle algo a la redacción del Código es precisamente a quienes firmaron ese documento”, sostuvo.

Solo resta la promulgación de la norma, aunque el presidente del Senado, José Alberto Gonzáles, anunció que “va a tomar un tiempo su plena aplicación porque la plena vigencia será recién en 18 meses”.

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No obstante, la crisis llevó a los opositores a buscar responsables. El jefe de bancada de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, presentó una querella penal contra la ministra Campero, de quien los médicos ya pidieron su renuncia.

“Es tarea del Ministerio garantizar los servicios de salud y no interrumpirlos, es responsabilidad la resolución administrativa. Quién procuró la firma del Decreto 3385, quién ha coadyuvado a que este conflicto siga dilatándose y no se resuelva por una actitud caprichosa: Es la Ministra de Salud”, dijo el opositor, quien además citó los mismos datos divulgados por Salvatierra sobre el saldo del conflicto.

Los trabajadores en salud también rechazan los decretos de creación de la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de la Salud (D. S. 3385), y de la libre afiliación en la seguridad social que fueron promovidos por Campero y que en las horas precedentes comprometió derogar para abrir la ruta del diálogo.(15/12/2017)