Tras seis horas de alegatos en una audiencia de revisión de medidas sustitutivas, la Justicia determinó ratificar la detención domiciliaria y las restricciones laborales para el alcalde de Cochabamba, José María Leyes.
Empero, su defensa considera que desvirtuó el riesgo de obstaculización a la investigación y el peligro de fuga, por lo que considera que ahora se abre una puerta para que retome la silla edil. Por el Contrario, el Gobierno asegura que esta posibilidad no existe ya que se
«Se ha ratificado la posibilidad de autoría y el riesgo de obstaculización. Es imposible que lo puedan levantar por las evidencias», afirtmó el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, en contacto con La Razón.
«Solo se ha levantado el riesgo de fuga y por eso se le ha dado la detención domiciliaria sin posibilidad de que vaya al municipio, porque ahí está el riesgo de obstaculización vigente”, complementó.
La cita judicial se instaló a las 08.30 de este viernes en la sala Tercera del Tribunal de Justicia de Cochabamba por el caso Mochilas I del que Leyes es el principal sindicado y por el cual guarda detención domiciliaria desde el 21 de abril, cuando se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelaras.
Su defensa había pedido la libertad irrestricta para que retome sus funciones, mientras que el Ministerio Público advirtió de un riesgo de fuga y pidió su detención preventiva en un penal de Cochabamba. Ambos planteamientos fueron rechazados.
“Ha declarado improcedente la solicitud de detención preventiva. Lo que sucede es que se ha quitado incluso los riesgos procesales en sentido de que no hay peligro de fuga, el siguiente paso que me atrevo a decir es que es procedente la modificación para el alcalde pueda trabajar y ejercer sus funciones”, opinó su abogado, Humberto Trigo.
Anticipó que el lunes, como siguiente paso, acudirán al juez cautelar para que cite a nueva audiencia que se prevé para el miércoles para que revise las restricciones laborales y, de avenirse al fallo de este viernes, valide el retorno de Leyes a la Alcaldía.
El senador de la opositora Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz, quien estuvo presente en la audiencia para acompañar a su correligionario del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), explicó que se rechazó la apelación del Ministerio Público de pedido de cárcel, pero se “eliminó” el riesgo de obstaculización a la investigación y fuga.
- Simpatizantes del alcalde José María Leyes se movilizan en la ciudad de Cochabamba exigiendo su liberación. Foto: APG
Sin embargo, José Manuel Gutiérrez, Fiscal Superior que administra la labor de la comisión que investiga el caso, anticipó que se alista una reunión de alto nivel del Ministerio Público cochabambino para analizar la situación del proceso ante la imposibilidad de intermediar más recursos.
La cita se desarrolló en medio de un fuerte resguardo policial, incertidumbre y pugnas internas que dominan al Concejo Municipal de esa ciudad, que siguió con atención el procedimiento judicial y la decisión del juez para analizar el nombramiento de un alcalde suplente.
Leyes y otros 10 funcionarios municipales son investigados por presuntos hechos de corrupción en la compra de 91.385 mochilas escolares para 2018 que fueron adquiridas por el oferente un mes antes de divulgarse la licitación en Bs 2,3 millones y por las cuales el Municipio pagó Bs 12,4 millones.
Mientras tanto, el Concejo Municipal se dispone a instalar la sesión extraordinaria prevista para este viernes a las 16.30.
El concejal del frente Unico Edwin Jiménez pidió que no se deje en incertidumbre a la ciudad, pero la situación es distinta ante la posibilidad de que Leyes vuelva a su cargo la próxima semana.
Los Demócratas no necesitan de los votos de los demás frentes para elegir al nuevo alcalde puesto que tiene mayoría, empero en los pasillos se sabe que se han generado fisuras en el afán de hacerse de la silla edil. Se prevé que el frente divulgue un pronunciamiento en las siguientes horas.
Iván Tellería, presidente del Concejo, y sus colegas Carlos Coca, Karen Suárez, Édgar Gaínza, Beatriz Terán y Ross Mary Llusco están habilitados para ese fin. El opositor MAS, por el contrario, anticipó que se excusará de ese procedimiento.
El Gobierno ha presentado una segunda denuncia con similar denuncia, pero de la compra de mochilas para 2017 que se ha denominado como caso Mochilas II. (04/05/2018)