La Defensoría del Pueblo recomendó el inicio de procesos disciplinarios sin perjucio de acciones penales contra los fiscales que llevaron adelante el caso del bebé Alexander, pero además observó que el tribunal no atendió el proceso durante nueve meses vulnerando los derechos de los acusados.
Esas son parte de las conclusiones de una resolución defensorial que recoge los resultados de una investigación del caso que conmocionó a la sociedad en 2014 y que en los últimos meses dio un giro luego de que la hoy exjueza Patricia Pacajes confesara que el principal acusado, Jhiery Fernández, era inocente.
“Recomendar al Fiscal General del Estado promover el inicio de las acciones disciplinarias que correspondan contra las y los Fiscales que hubieran participado en la presente causa, sin perjuicio de iniciar acciones de tipo penal si correspondiera”, se lee en el cuarto punto de la Resolución Defensorial.
Cuando comenzó la investigación en 2014 el caso estaba a cargo de los fiscales Rosby Zapata, Edna Montoya, Lizeth Zarco y Edwin Blanco. A fines de ese mismo año, solo quedó Blanco, actual Fiscal Departamental de La Paz, y posteriormente se encargó la fiscal Susana Boyan.
Pero el 12 de octube el exfiscal Ramiro Guererro decidió cambiar a Boyán y designar una nueva comisión formada por el fiscal Superior José Manuel Gutiérrez, de Sucre, y los fiscales de Materia César García y Edwin Sarmiento.
El 17 de septiembre fue revelado un audio en el que Pacajes admite que, junto con sus otros dos colegas, aprobaron la condena de 20 años de cárcel contra Fernández sin pruebas suficientes. La exadministradora de justicia fue destituida y hoy enfrenta un proceso penal, mientras que sus otros dos colegas que formaron parte del Tribunal Décimo de Sentencia fueron suspendidos.
El informe de la Defensoría reveló que el juicio contra Fernández estuvo sin actividad procesal alrededor de nueve meses, “tiempo en el que se prolongó su detención preventiva y se tuvo sin decisión judicial sobre su situación a él y a las otras coacusadas”.
Se observó además que el Tribunal Décimo de Sentencia declaró públicamente que el proceso estuvo sin actividad, por diversas razones, en un total de nueve meses aproximadamente y que el Consejo de la Magistratura, en su calidad de instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria a lo largo del proceso, con observaciones de conocimiento público, “no haya realizado oportunamente acciones de corrección al respecto o incluso solicitar informes y realizar supervisiones al caso”.
La Defensoría recomendó a la Gobernación de La Paz y al Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) dotar “personal suficiente, especializado e institucionalizado” a los centros de acogida de niñas, niños y adolescentes como medida de prevención para evitar que ocurran hechos como el caso Alexander.
En otro de los puntos recomendó a las autoridades judiciales, fiscales y medios de comunicación cumplir con la obligación de mantener reserva de la identidad de la niña, niño y adolescente en atención al Código Niña, Niño Adolescente.
El Consejo de la Magistratura prevé concluir una auditoría jurídica del caso que determinará si hubo responsabilidad de las autoridades jurisdiccionales. (26/10/2018)