Los videos que circularon en redes sociales en los que se ve cómo el abogado Jhasmany T. golpea y amenaza a dos personas para cobrar deudas activaron la alerta de las autoridades. Los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y el de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, urgieron una pronta investigación del caso de presunto consorcio y la captura de los involucrados, entre ellos funcionarios, de quienes ya pidieron su procesamiento y destitución.
Se presume que están involucrados abogados, jueces, fiscales y hasta policías de Cochabamba, razón por la cual el Ejecutivo ha destinado una comisión interinstitucional que se encarga desde este jueves de investigar las, por lo menos, cuatro denuncias.
El primero en pronunciarse respecto a este caso fue Romero, quien la noche del miércoles pidió que una comisión especial de investigadores del Comando Nacional de la Policía, y no una de Cochabamba, se haga cargo de las pesquisas.
“Hay un consorcio que manipulaba la justicia, significa que había abogados fiscales, inclusive policías involucrados y nosotros vamos a actuar con rigurosidad”, declaró la autoridad en un contacto con la emisora Patria Nueva.
A su turno, el ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que envió una comisión a Cochabamba para que indague los pormenores de este caso.
“A la luz de estos nuevos hechos, donde aparentemente podrían resultar involucradas autoridades del Ministerio Público, la Policía Boliviana y el Poder Judicial (…) es que la mañana de hoy se ha constituido en Cochabamba el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, y se van a tomar las acciones inmediatas y necesarias para lograr la captura de las personas que hayan sido cómplices de esta red de corrupción”, dijo.
Pero no es todo. Arce anunció que se identificará con urgencia a los jueces, fiscales y policías presuntamente involucrados en el caso y anunció que serán destituidos y procesados.
«Vamos a llegar al esclarecimiento total y completo de los hechos y si hay autoridades del Órgano Judicial y otras instituciones que han sido involucradas y formaban parte de esta red han de ser rápidamente identificadas, vamos a pedir su destitución y su inmediato procesamiento por la gravedad de los hechos», sostuvo.
El miércoles fueron revelados dos videos que muestran cómo el abogado Jhasmany T. y un grupo de personas golpean y amenazan a dos personas, por separado, para obligarlos a pagar una deuda económica.
El jurista sindicado se encuentra aprehendido desde noviembre de 2018 en el penal de El Abra, acusado de secuestrar y torturar al mecánico Juan Antonio C. a quien, según la denuncia, lo obligó a firmar un documento en el que certifica -por la fuerza- haber recibido la devolución de $us 20.000 que un tercero debía a la víctima por concepto de un anticrético.
Se montó una escenificación y se tomaron fotografías para ese fin en el que se ve al denunciante contar billetes que, asegura, jamás recibió.
El segundo caso en el que está involucrado el «abogado extorsionador» tiene como víctima a su padrastro, a quien, según el cuaderno de investigaciones, golpeó y amenazó de muerte para obligarlo a firmar la entrega de su casa y camioneta.
Entretanto, los fiscales de materia Faridy Arnez Arze, Eliana Colque Rubín de Celis y Jaime Arancibia Guzmán enviaron un requerimiento demandando a la Red ATB Cochabamba informar la procedencia de las grabaciones en las que se observa al abogado, pedido que fue negado por la televisora bajo el amparo de la Ley de Imprenta.
(17/01/2019)