La protesta que ha paralizado incluso los servicios de emergencia en los hospitales cumple este lunes 50 días y no hay visos de diálogo. Marcados por la impotencia, pacientes y familiares marcharon este lunes para exigir que se dé estricto cumplimiento al fallo constitucional que fija el diálogo y se levente el paro médico alentado por la Comisión Nacional de Salud (Conasa).
El presidente Evo Morales exhortó el jueves pasado a los médicos a "trabajar por la vida de los enfermos", pero sus pedidos no encontraron una respuesta favorable.
Afiliados al Sindicato de Ramas Medicas de Salud Pública (Sirmes) volvieron a salir a las calles del centro de La Paz para exigir, entre otras demandas, su inclusión en la Ley General del Trabajo.
De forma paralela, marcharon miembros de la Asociación de Víctimas de Mala Praxis Médica para exigir que se cumpla con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre este conflicto que fija que se garantiza el derecho a la protesta del sector, pero sin interrumpir los servicios de salud.
Su representante Rina Gutiérrez explicó que “estamos pidiendo que se suspenda de una vez el paro médico” porque considera que la medida de presión “es un trato inhumano a los bolivianos”.
“Nos vamos a dirigir al Colegio Médico para entregar una carta para que depongan actitudes y den cumplimiento a la sentencia que está siendo mal interpretada por el Conasa (…), tienen el derecho a la protesta, pero no tienen derecho a privar la salud de los bolivianos”, reclamó.
Explicó que piden el cumplimiento de la sentencia constitucional en la cual “les obliga a las partes entablar una mesa de diálogo”, no solo al Ministerio de Salud, ente rector nacional, sino también a las gobernaciones, alcaldías y al Colegio Médico.
Para reforzar su reclamo a escala internacional ha recogido firmas que enviarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), anunció Gutiérrez.
A fines de septiembre, el abogado y comunicador social de El Alto David Ticona presentó una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra esta medida de presión, por considerarla un atentado contra la vida y la salud pública. En ese marco, instaló una huelga. (07/10/2019)