Sociedad

sábado 15 ago 2020 | Actualizado a 06:31

Todos los departamentos ya tienen un millar de contagios y los decesos se acercan a los 2.000

El total nacional de contagios asciende a 52.218 y el de fallecimientos, a 1.942.

/ 15 de julio de 2020 / 22:57

Con 31 nuevos contagios, Potosí llegó este miércoles al millar de casos, con lo cual todos los departamentos ya superaron esa cifra. Además, los decesos en el país ya se aproximan a los 2.000.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, hubo 1.351 nuevos infectados este miércoles, de los cuales 547 son de Santa Cruz y su total llega a 26.671; 276 son de Cochabamba (5.744); 260 son de La Paz (7.662); 83 son de Tarija (1.743); 53 son de Oruro (1.974); 53 son de Beni (4.957); 48 son de Chuquisaca (1.422), más los 31 de Potosí (1.000). Pando no reportó ningún contagio esta jornada. El total nacional de contagios asciende a 52.218.

Asimismo, se informó de 44 nuevos decesos: 16 en Santa Cruz, 10 en Cochabamba, 9 en Pando, 5 en La Paz, 3 en Tarija y 1 en Beni, con los cuales la cifra nacional llega a 1.942. Aparte, en el país hay 6.033 casos sospechosos, 56.019 descartados, 33.919 activos y 16.357 recuperados.

(15/07/2020)

Temas Relacionados

Comparte y opina:

ATGen: Nuestros reactivos son de calidad y alistamos una protesta formal en Bolivia

El director del laboratorio uruguayo critica a la AISEM por haber adjudicado la compra de reactivos por un precio superior en Bs 25 millones al ofertado por la empresa ganadora. Objeta el “tecnicismo” por el cual fue descartado de la licitación.

/ 15 de agosto de 2020 / 05:14

El director de ATGen de Uruguay, Fabricio Sarlos.

La polémica se ha encendido por la licitación para la adjucicación para la compra por parte de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), del Ministerio de Salud, de 7.000 reactivos “kit SARS-COV-2” para la detección de paciente con coronavirus. La ganadora fue la empresa china Lasa Holdings, pero ofreció un precio superior en Bs 25 millones al del laboratorio uruguayo ATGen. En una entrevista radial y mediante un comunicado, el director de la entidad estatal, Hernán Pereira, deslindó cualquier irregularidad en el proceso y remarcó que la falta de garantías sobre el producto y el cumplimiento de formalidades fueron lo que definió la decisión. En exclusiva, el director de ATGen de Uruguay, Fabricio Sarlos habló con La Razón Digital para objetar las observaciones del Gobierno boliviano y anunció que está en camino una protesta formal sobre la decisión.

— ¿Cómo se animó ATGen a participar del proceso de adjudicación de reactivos en Bolivia?

—  Hay una Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia que me contactó hace bastante tiempo y me preguntó si nos interesaba entrar al mercado boliviano. En un principio, pensamos en poder atender primero el mercado uruguayo, pero con lo que pasó, sí había posibilidad de atender a otros mercados. Por suerte, y con acciones y estrategias, la pandemia en Uruguay no fue tan grave como en otros países, hubo muy pocos infectados, se controló rápidamente. Aunque si bien hay algunos focos de brotes, son controlados rápidamente. El testeo de pacientes fue muy importante. Eso nos dio la posibilidad de entregar kits en otros mercados y me avisaron de esta licitación en Bolivia, que me pareció interesante. Me bajé los pliegos y lo demás ya se sabe.

— Lo que el Gobierno de Bolivia observa es la calidad, que no hay garantías…

— El laboratorio ATGen tiene 19 años y fabrica kits de tecnología molecular. Es un spin off de la Universidad de la República de Uruguay, de la Facultad de Ciencias. Pocos laboratorios en el mundo tienen tanta experiencia. Los reactivos que estamos usando en Uruguay, Paraguay y Argentina fueron desarrollados con la universidad y con el Instituto Pasteur de Montevideo.

Cuando se escucharon las primeras noticias de que el COVID-19 podía volverse en pandemia, empezamos a preocuparnos y a prepararnos. Eso fue en enero y dejamos todo listo por si hacía falta reaccionar. El 13 de marzo fue el primer caso positivo en Uruguay y de inmediato sonaron las alarmas. Junto con las medidas asumidas empezó la necesidad de los testeos, pero las empresas extranjeras tenían prioridades. Las europeas dejaron de lado las exportaciones, igual las norteamericanas, y cuando había reactivos no había equipos o al revés, eso pasó en toda América. La diferencia fue que Uruguay pudo reaccionar rápidamente porque ATGen estaba lista, y empezamos a terminar de desarrollar la parte de validación y registro de su kit. Ofreció primero el servicio y luego el kit, lo ofertó al Estado. Fue un desarrollo conjunto.

Cuando empezamos con el desarrollo en enero, tuvimos un protocolo adoptado de Estados Unidos, el que recomendaba en su momento la OMS. Nos pareció confiable y, al mismo tiempo, el Instituto Pasteur había comenzado con un protocolo distinto. Y vimos qué podíamos hacer porque había cosas interesantes de ambos proyectos. Y decidimos no hacerlo por separado, sino hacer un kit con lo mejor de cada uno. Se sumó la universidad y todo desembocó en un solo reactivo. Fue validado por la División de Laboratorios de Salud Pública de Uruguay, que tiene como finalidad el análisis de todos los reactivos, es la encargada de aprobarlos con análisis que adoptan controles internacionales. Así, esos reactivos recién pueden pasar a registro, en la parte más administrativa. Todo ese proceso se siguió con todos los reactivos de ATGen y ello nos permitió empezar a comercializarlo en Uruguay.

En Uruguay se llevan hechos unos 150.000 estudios desde el empiezo de la pandemia, hay que tomar en cuenta que es un país de 3 millones de habitantes. Este kit lo ha utilizado no solo ATGen, sino el Instituto Pasteur, que dio servicios a la parte de las entidades públicas. El Gobierno uruguayo confía tanto en nuestro reactivo que lo ha propuesto a los privados. Más de la mitad de las pruebas en Uruguay, incluso puedo calcular que dos tercios, desde marzo a la fecha, se han hecho con reactivos de ATGen. Si su calidad no fuera buena, Uruguay no tendría los números actuales, con solo 200 casos activos en todo el país.

— ¿A qué otros países distribuyen sus reactivos?

— Este desarrollo tiene un costo asociado. En nuestro caso somos una empresa privada tecnológica con mucho énfasis en recursos humanos capacitados, relativamente chica. Nuestros proyectos requieren financiamiento. En este caso fue de un fondo de convergencia, con dineros del Mercosur, aportados por países y destinados a proyectos. Eso nos da la contrapartida porque aparte de permitir finalizar el desarrollo de los reactivos con éxito, establece la provisión de un número importante para quienes los financiaron, en este caso a Argentina y Paraguay. O sea, nuestro compromiso es con este fondo y países de Mercosur. Y luego de que vimos que en Uruguay, a pesar de rebrotes, estamos mucho más tranquilos, vimos que podemos empezar a volcar nuestra producción y energía hacia otros lados. Estamos en proceso de registro en Colombia y México; nuestro interés también estaba volcado a Bolivia, pero lamentablemente quedamos eliminados.

— La comisión que calificó el proceso de adjudicación señaló que ATGen no cumplió con la entrega de las especificaciones técnicas…

— Mi experiencia con licitaciones en Bolivia es ésta y nada más. Cuando decidimos participar, lo que hice fue revisar en la página de las compras estatales, me bajé el pliego y lo analicé. Soy director de la empresa, pero muchas veces me encargo de las licitaciones, de las que me interesan, como ésta. Leí muchas veces el pliego, de principio a fin, y no es uno que pareciera complicado, es bastante lineal. Hay una parte que se llama “instrucciones” y allí en ningún lugar se menciona esto de las especificaciones técnicas como documento. Hay una serie de espacios para llenar, como autorización del fabricante… varios documentos que claramente figuran y dejan en blanco la parte para llenar.

Luego hay una parte de especificaciones técnicas, tal cual, una tabla con los ítems, sobre que los 7.000 kits de productos deben tener características como buena sensibilidad… en esencia, lo que el comprador requiere de este reactivo. Para mí, no hay espacios en blanco, solo se da la información de lo que el comprador quiere. Seguimos adelante, completé y entregué la documentación. De hecho hay documentación que no se solicitaba y la mandé igual, por ejemplo, el inserto del producto donde está toda la información técnica, no es un brochure, con las especificaciones técnicas, y lo agregué. Pensé: “estos señores cómo hacen para saber si cumplo con las especificaciones”, y lo sumé. Aparte, incluí un documento oficial de que somos empresa constituida, y hice mi oferta. Mi sorpresa fue muy grande cuando me encontré con la descalificación. Fui de vuelta al pliego para ver si me olvidé de algo. Pero de nuevo, en ningún lado dice que se debe entregar ese documento sobre especificaciones técnicas, pero ratifico que igual agregué un inserto con los datos del producto.

Incluso me planteé que tal vez hay una norma general sobre el tema y me fui a estudiar el decreto que regula compras estatales en Bolivia, pero tampoco encontré algo que dijera que el oferente tiene que entregar especificaciones técnicas, eso sí, señala que el comprador debe incluirlas, eso es lógico. Mucho menos hallé que esto sería causal de descalificación en una licitación. Aclaro, no me puedo meter en normas internas, tal vez haya otra norma, pero puedo asegurar que en el pliego esto (sobre un documento que determine las especificaciones técnicas) no está explicado.

Me comentaban que el director de la AISEM indicó que ATGen debería haber borrado y sobreescrito esa parte de las especificaciones con nuestra información. Es imposible imaginar que alguien, si no le explican en algún lado del pliego en cuestión, se diera cuenta de ello, es imposible que uno lo pueda adivinar. A mí me sorprendió mucho.

— ¿Tienen pensado hacer un reclamo o una representación sobre lo ocurrido?

— Por lo pronto, no tenemos planes de tomar acciones legales. Lo que estamos pensando es que vamos a hacer una protesta formal en los lugares donde nos parece que hay un interés sobre lo ocurrido. Creo que ante el Ministerio de Salud, el organismo que va financiar esto, que es el Banco Mundial. Vamos a hablar a calzón quitado: me parece injustificado el hecho de anular a una oferta por un tecnicismo que ni siquiera figura claramente en ninguna parte del pliego, por omisión, porque si me dijeran que está especificado, reglas son reglas. Revisé otros pliegos en Bolivia, de otras compras estatales, por ejemplo una de impresoras. Es interesante porque en cuanto al tema de las especificaciones técnicas, hay columnas para poner Sí o No sobre el cumplimiento de las especificaciones.

Pero a lo que voy, que un tecnicismo deje afuera una oferta que es $us 1,5 millones más barata que la siguiente (Entelequi ofreció Bs 32,7 millones) y Bs 3,5 millones más barata que la que se adjudicó la licitación, es algo interesante, no pasa en todos lados. Pero además, el señor Pereira, que habló en una radio, dijo al menos que la calidad técnica de los reactivos de mi empresa generaban alguna duda. Pero la empresa quedó descalificada por un tema técnico y dicen que en verdad hay un tema de fondo, pero no fue descalificada por esto, sino por un tema técnico.

— Y se señala que tampoco se cumplió con la certificación de calidad de Estados Unidos (FDA) o de la Comunidad Europea (CE)…

— Lo escuché en otros lados, no es específico de Pereira, de la AISEM o de Bolivia. Se dice que la empresa que se adjudicó la licitación tiene la garantía de un organismo internacional. Yo no sé si el señor Pereira sabe cómo funcionan estas cosas, me da la impresión que no. La FDA y la CE se basan en listados de requerimientos que debería presentar una empresa o producto para un diagnóstico. Creo que Pereira lo dice en un momento, la FDA tiene la 510(K), que es el registro de un diagnóstico in vitro para su uso en Estados Unidos, o sea, cualquier producto que uno quiera vender de registro de diagnóstico tiene que tenerlo y es muy exigente. Pero ahora, por la crisis sanitaria, lo que hace la FDA es otorgar permisos transitorios, que no son registros sino una especie de declaración del fabricante, remarco, solo declarativo.  

Nosotros, en un momento, nos planteamos la idea de sacar este permiso transitorio de la FDA, porque sabemos que muchos países de la región, lamentablemente, lo piden, pero ojo, por desconocimiento total, porque pretender o pensar que hay una garantía de la calidad por presentar una certificación declarativa de la FDA, que casi cualquiera con un poco de conocimiento lo pudiera llenar y lo presenta, qué valor real tiene; la FDA ve el check list y da permiso.

Lo que hace Uruguay sobre reactivo de diagnóstico, sobre todo los que tienen relevancia (como un test de COVID, hepatitis, etcétera), y hace lo mismo que la FDA, exige que uno entregue la documentación correspondiente: el check list declarativo y si el reactivo es de otro país, una declaración del propio país de que este reactivo es permitido para su venta. Y así sea que el producto sea hecho en Estados Unidos, Alemania, si el gobierno no avala ello, Uruguay no lo acepta. Pero además, aunque tenga ese certificado de libre venta, igual ese reactivo va a pasar por el control de la Dirección de Laboratorios de Salud Pública, que analiza el reactivo; o sea, esto no es declarativo; a partir de ese momento se hace un testeo real, con un panel y se verifica que el reactivo funciona. Eso vale, no el certificado transitorio de la FDA o del CE.

Capaz que los reactivos que van a comprar en Bolivia sean maravillosos, no tengo idea, ¿pero saben qué? Están confiando en un certificado que es declarativo. Es el error de conceptos gigantescos que tiene el señor Pereira, que me da pena porque realmente para mí las personas que están con ese poder de decisión, deberían manejar criterios más serios.

— ¿Y se puede afirmar que los reactivos no puedan encajar con los laboratorios en el país o con los que se pueda adquirir, tal como señaló el director de la AISEM?

— Es absurdo. En las especificaciones técnicas que exige el comprador, es decir la AISEM, se establece que los reactivos sean compatibles con alguno de los tres equipos que ellos mencionan. No son equipos extraños, se usan en todo el mundo, aunque faltan dos para decir que son los cinco que se emplean en todo el planeta. En ATGen tenemos cuatro de esas cinco. Y los tres que mencionan como necesarias las usamos habitualmente. Eso que dice Pereira que tal vez los reactivos no puedan funcionar en sus equipos, es tan absurdo que rayan en desconocimiento de la tecnología molecular o en un absurdo completo, no sé.

— ¿Habla de una protesta formal, con qué intención, revertir la decisión?

— Sinceramente no tengo experiencia sobre cómo funcionan las compras estatales en Bolivia. Escuché al señor Pereira de que es un proceso cerrado. No tengo ninguna expectativa de que esto vaya a cambiar, pero sí me interesa lo que está ocurriendo, que se sepan las cosas. Me parece bueno para cualquiera que se sepa que se van a pagar $us 3,5 millones más por algo que puede ser peor, mejor o igual, no sabemos. Que para llegar a esa decisión se alega un tecnicismo y luego se lo retira, y se intenta poner un manto de dudas sobre la calidad del producto, cuando es fácilmente comprobable y se puede recurrir a una prueba.

Aquí hago un paréntesis si hablamos de tecnicismos. Cuando en las especificaciones se habla de que se debe presentar una certificación internacional, “como” de la FDA. Nosotros presentamos como certificación internacional, que sí la tenemos, la ISO13485, que es una norma específica de calidad para dispositivos médicos, equipos, reactivos y diagnóstico. Y la CE, para emitir su certificación se basa en esta ISO. Es la que presentó la otra empresa (Lasa Holdings) y no está en el pliego. Es la prueba definitiva de que el tema de la calidad es muy relativo.

Presentamos un certificado ISO que es base de la CE y no la aceptaron, pero sí aceptaron a una empresa que puso el certificado CE que básicamente es idéntico. Entonces para mí está mal que se basen en eso, aunque si igual se basan en ello para la adjudicación, hemos cumplido, o al menos en las mismas condiciones que cumplió el adjudicado.

— Pero qué buscarán con la protesta formal

— La queja formal, creo no es bueno callarse. Si hay algo mal hecho, se debe levantar la voz y explicarlo, para que le sirva al siguiente, para que el señor Pereira aprenda algo y, la vez, que a la siguiente lo haga mejor, y eso le sirva mucho a la gente de Bolivia, porque capaz va a pagar un sobreprecio desmedido por una cosa que podían conseguir más barata. Y además, hablando de calidad, sabe qué va a pasar cuando algo salga mal con los reactivos de China, va a ser muy complicado porque no se va a tener a alguien para preguntar. ¿Y sabe lo que pasa con un reactivo de Uruguay?  Que se tiene a todo el equipo, todos a disposición de ustedes, y eso no va a pasar. De los errores se aprende y espero que se pueda aprender por allá.

— ¿Puede simplificar en una oración lo que significa esto?

— Muy complicado. Para nosotros, esto es una oportunidad perdida de dar una mano al pueblo boliviano.

(15/08/2020)

Comparte y opina:

El Gobierno adjudicó compra de pruebas COVID-19 a firma que las ofreció por Bs 25 millones más

El laboratorio uruguayo ATGen ofreció Bs 22,8 millones por la entrega de 7.000 reactivos, mientras que la firma china Lasa Holdings, Bs 47,3 millones. La adquisición se hizo con recursos del Banco Mundial.

/ 14 de agosto de 2020 / 19:58

Producción sobre pruebas de COVID-19.

Documentos a los que accedió La Razón Digital revelan que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), del Ministerio de Salud, adjudicó la compra de reactivos para pruebas de COVID-19 a une empresa china que las ofertó por $us 25 millones más con relación a un laboratorio uruguayo. El Gobierno indicó que se evalúa la calidad y el precio.

El informe AISEM/DT/INF/1752/20 de la comisión de calificación, del martes 11 de agosto, indica que el proceso de adjudicación se abrió el 30 de julio y que 15 empresas presentaron su cotización para los ítems requeridos. El primer ítem se refiere a 7.000 reactivos “kit SARS-COV-2”, con un precio referencial unitario de Bs 10.000, o sea, en total Bs 70 millones.

Tras la apertura de propuestas, se tiene que el laboratorio uruguayo ATGen SRL planteó un precio total de Bs 22,8 millones, mientras que la firma china Lasa Holdings, Bs 47,3 millones, es decir, Bs 25 millones más. En la lista figura también otro planteamiento bajo, de Entelequi, con Bs 32,7 millones. Al final, 13 de las 15 compañías dieron sus precios para adjudicarse el ítem (ver documento).

ATGen fue desestimado porque no cumplió con la documentación sobre especificaciones técnicas, de acuerdo con el informe al que accedió La Razón. Sin embargo, la compañía sí los presentó, tal como se muestra en los documentos adjuntos a esta nota.

“Considerando que, en el proceso de calificación, se ha definido que estos oferentes cumplen con todos los requerimientos establecidos en el proceso de convocatoria pública nacional y presentan el precio más bajo y el menor plazo de entrega. En conformidad a lo expresado en el presente informe, suscribe la Comisión de Calificación designada para el presente proceso de contratación”, concluye el informe respectivo.

El 12 de agosto se firma la nota de adjudicación (ver documentos adjuntos), avalada por el Responsable del Proceso de Contratación del Banco Mundial, ya que la compra se aplicó con recursos de este organismo internacional.

En una entrevista con radio Panamericana, el director ejecutivo de la AISEM, Hernán Pereira, señaló que la licitación para la compra de reactivos son evaluados por el precio y la calidad. Tomando el ejemplo de ATGen, indicó que su precio puede ser “bajísimo”, pero se debe tomar en cuenta que esos reactivos tal vez no puedan funcionar con los equipos que se adquieren o con los que hay en laboratorios del país. “Por más barato que sea el precio serían reactivos que no nos servirían”.

(14/08/2020)

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Cabildo campesino rechaza levantar bloqueos y pide la renuncia de Áñez

Centenares de campesinos de las 20 provincias se reunieron en El Alto y declararon “traidores” a los dirigentes de la COB y el Pacto de Unidad. Además, exigieron un juicio de responsabilidades contra los miembros del gobierno de la Presidencia transitoria.

/ 14 de agosto de 2020 / 18:26

El cabildo de los campesinos que se realizó este viernes en El Alto. Foto: APG

El cabildo de las 20 provincias de La Paz que se llevó a cabo este viernes en El Alto determinó no acatar el levantamiento de bloqueos dispuesto por la Central Obrera Boliviana (COB) y continuar con las movilizaciones hasta la renuncia de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, además de pedir un juicio de responsabilidades contra los integrantes de su gobierno.

Centenares de campesinos fueron parte de la movilización después del mediodía, luego de que los dirigentes de la COB y del Pacto de Unidad habían anunciado que levantaban los cierres de carreteras para declararse en vigilia hasta el 18 de octubre, cuando deben realizarse las elecciones después de la promulgación de una ley que fue parte de un acuerdo político.

En el acto, cuando se dio lectura a la resolución, se indicó que la primera demanda es exigir la dimisión de Áñez, por haber dejado a la población sin salud, haber determinado la clausura del año escolar, no haber tomado las medidas para evitar una crisis económica y haberse opuesto a los comicios generales.

También se demandó a la Asamblea Legislativa hacer cumplir la reciente ley de “arraigo”, que determina que una vez concluido su mandato, las autoridades nacionales, departamentales y municipales no pueden abandonar el país por tres meses, hasta que rindan informes a quienes ocupen sus puestos, para evitar impunidad en actos de corrupción.

Asimismo, se declaró “traidores” a la COB y el Pacto de Unidad, por su aceptación de la fecha de las elecciones y haber decidido el fin de las protestas en el país. Eso no es todo, se pidió un juicio de responsabilidades contra el gobierno de Áñez, por los fallecidos y heridos en su mandato transitorio.

“Como pueblos indígenas, originario campesino y de todas las organizaciones sociales a nivel nacional, declaramos la defensa de los recursos naturales de Bolivia”, indica la resolución, que también exige al Legislativo una ley de garantías para todos los dirigentes, en un plazo de 72 horas.

(14/08/2020)

Comparte y opina:

Diputados sancionan ‘Bono contra el Hambre’ y ahora se espera la firma de Áñez

El beneficio de Bs 1.000 se pagará por única vez y es para madres, discapacitados y mayores de 18 años que no reciban salarios en los sectores público y privado. Será financiado con créditos del BID y del BM.

/ 13 de agosto de 2020 / 12:39

La votación de este jueves en la Cámara de Diputados. Foto: Cámara Baja

La Cámara de Diputados sancionó este jueves la ley que pone en vigencia el “Bono contra el Hambre” de Bs 1.000 propuesto por el Movimiento Al Socialismo (MAS), para ser otorgado por única vez a madres, discapacitados y mayores de 18 años sin salarios en los sectores público y privado.

La norma, que fue aprobada el miércoles en la Cámara de Senadores está destinado a las personas que se benefician con los bonos Universal, Juana Azurduy y de Discapacidad.

El “Bono contra el Hambre” fue propuesto por el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, luego de que la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, planteara un Bono Salud de Bs 500, pero condicionado a que los legisladores del MAS destraben créditos internacionales.

Será financiado con los recursos provenientes de los créditos que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial (BM).

El contrato de préstamo con el BIRF es hasta un monto de $us 200 millones y fue firmado el 15 de mayo. El dinero está destinado al “Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia por la Crisis del COVID-19”. El crédito es a 24 años e incluye 14 de gracia. La tasa de interés es del 2,06%.

El préstamos con el BID, firmado el 23 de junio, es por un monto de hasta $us 450 millones y está destinado al proyecto “Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por el Coronavirus”. El plazo es a 21,5 años, incluidos 11 de gracia. La tasa de interés es variable. El BID ha fijado para el primer trimestre (una vez sea aprobado el préstamo por la Asamblea) una tasa de interés de 2,11%.

La norma sancionada señala en uno de sus artículos que si existiera un saldo luego de finalizado el pago del “Bono contra el Hambre”, el mismo podrá ser dispuesto a través de una ley que especifique el destino de los recursos. Con esta medida, la Asamblea le pone un candado al uso de estos recursos porque el Gobierno solo podrá disponerlos para el pago del bono.

El miércoles, el candidato Arce celebró la aprobación. “¡Logramos el primer paso! El Senado aprobó el proyecto de ley “Bono contra el Hambre” de Bs 1.000 para ayudar a las familias bolivianas que padecen la falta de recursos económicos a causa del #coronavirus y la incapacidad del gobierno de facto. #VamosASalirAdelante (sic)”, escribió en Twitter.

El expresidente Evo Morales, jefe de campaña del MAS, también se pronunció por Twitter este jueves sobre el tema. “El Senado está cumpliendo con el pueblo, como debe ser. Ayer sancionó la ley que pospone el pago de créditos bancarios hasta el 31 de diciembre y aprobó el ‘Bono contra el hambre’ de Bs 1.000 para paliar las consecuencias de la pandemia (sic)”.

Mientras que la presidenta Áñez dio señales de que no pondrá objeciones para promulgar la norma, aunque ratificó su exigencia para que el Legislativo apruebe el uso de créditos internacionales. “Gracias a la exigencia del pueblo y del gobierno, la Asamblea del MAS aprueba nuevo bono. Pero aún no libera el dinero para pagarlo. Mantenemos nuestra exigencia: liberen el dinero para pagar el nuevo bono”, señaló el miércoles en Twitter.

(13/08/2020)

Comparte y opina:

Por la pacificación, el Senado aprueba ley que blinda elecciones hasta el 18 de octubre

La norma pasó a Diputados y se prevé que sea sancionada este jueves para que luego sea promulgada por la presidenta Jeanine Áñez. Establece la apertura de procesos penales contra quienes pretendan cambiar la fecha definitiva que debe ser establecida por el TSE.

/ 13 de agosto de 2020 / 00:11

La votación que se realizó el miércoles en la Cámara de Senadores. Foto: Senado

Bajo la mirada de representantes de la Unión Europea (UE) y tras un acuerdo entre las tres bancadas, la Cámara de Senadores aprobó el miércoles una ley para la realización de las elecciones hasta el 18 de octubre como fecha impostergable, bajo advertencia del inicio de procesos penales. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados y apunta a pacificar el país.

En la tarde, tras reuniones entre los senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), se allanó el camino para el debate de la propuesta normativa, que busca la instalación de un diálogo que permita levantar los bloqueos que asfixian al país, en protesta por la suspensión de los comicios del 6 de septiembre.

El primer artículo amplía en 169 días el plazo para que se lleven a cabo las justas electorales, computables desde el 3 de mayo, con lo cual el plazo máximo es el 18 de octubre. Para blindar esto, se faculta a la Fiscalía el procesamiento penal “contra quienes, por cualquier medio, pretendan cambiar o cambien la fecha definitiva, impostergable e inamovible”.

Asimismo, el documento “emplaza al Órgano Ejecutivo a garantizar los recursos económicos para la realización de las elecciones en la fecha que fije el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tanto para las actividades del calendario electoral, como para las medidas de bioseguridad en la jornada de votación”, que eviten los contagios ante la pandemia del coronavirus en el país.

Las leyes 026 de Régimen Electoral y 018 del Órgano Electoral también fueron modificadas, con lo cual se aceptarán las excusas de los jurados electorales por enfermedad probada, estado de gravidez, fuerza mayor o caso fortuito comprobado documentalmente, o por ser dirigente o candidato de alguna organización política, según una nota institucional de la Cámara Alta.

Quedan exentas de las sanciones por no votar “aquellas personas que no lo pudieron hacer por caso fortuito o fuerza mayor comprobada documentalmente, las personas mayores de 70 años, las personas que estuvieron ausentes del territorio nacional en el día de la votación”. Y se amplía el plazo de adecuación de estatutos de los frentes políticos hasta el 31 d marzo de 2021.

Se aseguró que el proyecto de ley es fruto del diálogo que se instaló el sábado entre el titular del TSE, Salvador Romero y representantes del Legislativo y de organizaciones sociales, con la observación de Naciones Unidas. Pese a que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y del Pacto de Unidad abandonaron la cita y aseguraron que no se llegó a acuerdos.

El miércoles, la COB exigió que los comicios se realicen el 11 de octubre. Mientras que el MAS, el partido que más criticó en un comienzo al TSE por la suspensión, mostró apertura para aceptarla. Por ello, su jefe de campaña, el expresidente Evo Morales, desde Argentina, señaló el martes que no tiene sentido que “por dos semanas o tres” se produzcan problemas.

Al anunciarse la aprobación, el presidente en ejercicio del Senado, Milton Barón, indicó que la definición de la fecha específica estará en manos del TSE y que con este proyecto de ley lo que se busca es la pacificación del país, recuperar la democracia y dar certeza a la población de que hasta el 18 de octubre podrá asistir a las urnas para elegir a sus futuros gobernantes.

“Esperamos cumplir con el objetivo que se tiene, que el país se normalice, que todos los bolivianos nos reencontremos y nos demos un abrazo de fraternidad y hermandad. Por lo tanto, las contradicciones que existan se deben resolver democráticamente en las urnas con el voto del ciudadano. Desde el parlamento se brinda un mensaje de certeza a la ciudadanía”.

Aparte de los bloqueos en el país, hay brotes de violencia con la reaparición de grupos de choque que ya llevaron a cabo desbloqueos.  A esta presión se sumó el martes el Comité Pro Santa Cruz, que exigió la renuncia del vocal Romero y rechazó el 18 de octubre como fecha para las elecciones.  Aparte, dio 48 horas al Gobierno para que levante todos los cortes de ruta.

El embajador de Alemania, Stefan Duppel, fue uno de los representantes de la UE que observó la sesión del miércoles en el Senado.  Al salir, expresó su confianza en que se pueda solucionar el conflicto y garantizó que la comunidad internacional acompañará este proceso con miras a un acuerdo político que se traduzca en la realización de los comicios hasta el 18 de octubre.

El proyecto de ley pasó a la Cámara de Diputados, que ya agendó su discusión para este jueves, tras lo cual será enviado al despacho de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, para su promulgación.

(13/08/2020)

Comparte y opina: