Daño económico y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes son los dos delitos por los que se los acusará a 138 funcionarios y exfuncionarios del gobierno municipal de La Paz, quienes registraron de forma irregular predios municipales en el Padrón Municipal de Contribuyentes, sin derecho propietario.

“En un primer momento sería emisión de normas contrarias a la Constitución Política del Estado y después por daño económico. Ya sea a los particulares o también al Estado”, explicó la directora de la Administración Tributaria Municipal (ATM), Noemí Lastra.

La Alcaldía de La Paz informó que en 10 años se registraron de forma ilegal 15.417 predios sin derecho propietario. Identificó a 138 funcionarios que incurrieron en la irregularidad. Ellos registraron los bienes a sola presentación del carnet de identidad del ocupante, la certificación de la junta de vecinos sobre la posesión y un plano a mano alzada, como estableció una resolución administrativa emitida en 2012.

Sin embargo, los ocupantes no presentaron el “derecho propietario”, documento que certifica la propiedad del inmueble, extendido por la oficina de Derechos Reales. El registro sirvió para que los ocupantes de los predios paguen el impuesto municipal de bienes inmuebles.

“Durante 10 años, es decir, de 2012 al 2021, muchas personas han registrado (predios) para efectos de pago de impuestos de inmuebles. Pero no tenían el derecho propietario”, informó la funcionaria.

AUDITORÍA

Actualmente, se realiza una auditoría interna que determinará las responsabilidades de cada uno de los funcionarios y exfuncionarios ediles. Seis de los 138 funcionarios que realizaron los registros continúan en funciones en la Alcaldía. Una determinación del Ministerio de Trabajo instruyó su reincorporación.

“Ya termina la auditoría a fines de este mes y será el área legal que determine los tipos de responsabilidades que vamos a aplicar contra esos funcionarios y también contra los exfuncionarios”, remarcó Lastra.

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Ante esa irregularidad, la actual gestión del alcalde Iván Arias anuló la resolución y realizó una investigación, presentada públicamente el 8 de mayo de 2022. Estableció la actuación de un “triángulo perverso de corrupción”, conformado por el funcionario municipal, el ciudadano que pretende apropiarse de un predio indebidamente y la junta de vecinos, que otorgaron certificaciones a los ciudadanos que ocuparon terrenos ajenos.

Algunos funcionarios implicados en las irregularidades resultaron suspendidos.

Una investigación que efectuó la Alcaldía paceña determinó que un ciudadano registró 175 predios a su nombre en un año. Lo hizo a sola presentación de su carnet de identidad, la certificación de la junta vecinal y un plano a mano alzada.

“Hay un funcionario que ha registrado 1.187 predios. También hay un ciudadano que en un año ha registrado 175 inmuebles a su nombre, solamente con esos tres requisitos”, informó la directora de la Administración Tributaria Municipal, Noemí Lastra.

También existen otros casos en los que los ciudadanos registraron 50, 30 y 20 predios con solo la presentación de esos tres requisitos, como estableció una resolución administrativa emitida en 2012

La indagación municipal, presentada públicamente el 8 de mayo de 2022, también estableció el registro de un total de 15.417 predios en el Padrón Municipal de Contribuyentes. La finalidad fue de habilitarlos para que paguen impuestos municipales. Sin embargo, los ocupantes no cuentan con derecho propietario, es decir, que no son los dueños legales.

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Tras conocer esos resultados, la Alcaldía paceña anuló la resolución administrativa de 2012. Se bloqueó los 15.417 predios, para que los ocupantes no vendan o realicen otro tipo de trámites. “No pueden hacer ventas, no pueden hacer fusión, no pueden hacer modificación de datos técnicos, no pueden hacer nada en el Padrón de Contribuyentes”.

PADRÓN MUNICIPAL

Agregó que el registro en el Padrón Municipal de Contribuyentes no acredita el derecho propietario de los ocupantes y que lo otorga la oficina de Derechos Reales.

El miércoles, el alcalde Iván Arias denunció la existencia de un “triángulo perverso de corrupción”. Los que lo conforman se apropian de bienes inmuebles, tanto públicos como privados, con el registro de predios en la Alcaldía para pagar tributos. Este «triángulo» está conformado por las personas que se adueñan de una casa o terreno, la junta de vecinos que los avala y funcionarios ediles que dan autorizaciones para este fin.

A tres años de la muerte trágica de siete estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) durante una asamblea estudiantil, comienza el juicio oral y contradictorio.

El abogado de las víctimas, Miguel Castaños, informó que recibió una notificación del Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la ciudad de El Alto para la audiencia.

“Hubo retardación de justicia para las víctimas. Luego de la fecha que se ha suscitado el hecho, desde el 2 de marzo del 2021 a la fecha, han transcurrido más de tres años. Lamentablemente los familiares de las víctimas no han recibido el resarcimiento por la muerte de los universitarios en el trágico accidente de la UPEA”, dijo Castaños.

El 2 de marzo de 2021, siete universitarios cayeron más de 16 metros al ceder la baranda de seguridad de un quinto piso. Ese día, de, cuando decenas de estudiantes se concentraron en el lugar debido a un conflicto por el control del centro de estudiantes.

DIRIGENTES

Por el hecho, siete dirigentes universitarios, cinco varones y dos mujeres, que convocaron a las movilizaciones, comparecieron ante la Justicia. En una de medidas cautelares se determinó enviarlos a la cárcel con detención preventiva.

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Sin embargo, el abogado Castaños dijo que, a lo largo del proceso, los acusados se sometieron a procesos abreviados. Por ello recibieron sentencia de tres años, lo que les permitió beneficiarse con salidas alternativas.

El proceso de investigación concluyó y se dará inicio al juicio oral. Los dirigentes estudiantiles involucrados en el hecho son acusados por el delito de homicidio culposo.

Una joven de 17 años de edad, de nombre Desiree R. apuñaló a su compañero de curso con un cuchillo y le causó la perforación del intestino grueso. La víctima tiene 50 días de impedimento. Asimismo, la Justicia determinó que la agresora cumpla con detención domiciliaria.

El hecho ocurrió en la unidad educativa San Xavier, de Sucre, Chuquisaca, cuando los estudiantes pasaban clases de gastronomía. Según el relato de los otros alumnos, ambos “se quitaban” un cuchillo.

Luego del ataque, la víctima fue hospitalizada en el centro de salud Cristo de las Américas. El informe médico señala que el joven tiene dos perforaciones en tres centímetros del intestino delgado que había provocado una acumulación de sangre con coágulos, razón por la cual se tuvo que extirpar cinco centímetros del intestino.

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“Hemos tenido conocimiento de este caso. En este momento el estudiante está hospitalizado y tiene un impedimento de 50 días. Estamos solicitando un informe a la dirección del establecimiento educativo”, señaló el director distrital de Educación de Sucre, José Arévalo.

Aunque no se conoce mayores detalles del por qué la reacción de la agresora, los familiares del joven piden justicia.

La defensa de la víctima, junto al Ministerio Público, solicitó la detención preventiva de la menor en un centro de acogida, sin embargo, la jueza de la Niñez que conoció la causa, determinó la medida cautelar a cumplir en su domicilio, mientras se lleva adelante el proceso de investigación.

Apelarán a la determinación judicial, al considerar que la agresión fue grave, en tanto, la defensa de la estudiante acusada, expresó su conformidad con la medida cautelar y calificó la determinación como “justa y razonable”.

En un operativo, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) halló más de 40 paquetes con droga en el vehículo de un jefe policial, el teniente Marcelo Rodrigo Ramírez. El hallazgo se realizó en un puesto de control de la comunidad Pozo del Tigre, en Santa Cruz.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, confirmó que el oficial forma parte de la Policía Boliviana. Dijo que la sustancia controlada estaba dentro del motorizado que el acusado conducía.

Acotó que el jefe policial era responsable de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Puerto Suárez. Al verse acorralado por la Policía, se dio a la fuga.

“El policía, al verse encontrado por sus colegas que hacían una intervención, arranca (el vehículo) e incluso arremete en contra de un efectivo policial. Es así que escapa dentro del motorizado”, informó Mariaca.

Luego de una persecución, los efectivos de la FELCN realizaron una persecución y lograron retener el motorizado, pero el jefe policial huyó.

El operativo se realizó cerca de las 21.00 del martes, dentro del plan de cooperación vías seguras que realiza la FELCN. La institución instaló un punto de control en Pozo del Tigre, lugar donde se realiza la revisión a diferentes vehículos.

MANDAMIENTO DE APREHENSIÓN

El fiscal Mariaca dijo que se libró un mandamiento de aprehensión en contra del uniformado. Es acusado por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

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“Por el estado del proceso, es pertinente que (el policía) pueda considerar el presentarse ante las autoridades a objeto que sea sometido a la investigación”, acotó el fiscal.

Afirmó que existen los indicios suficientes en contra del uniformado y ahora abrió la investigación para establecer de dónde proviene la droga y cómo llega a manos del jefe policial.

Cerca de las 14.00 de este miércoles, la FELCN allanó la vivienda del teniente involucrado en el tráfico de drogas y secuestró de su domicilio otro vehículo. Inteligencia de la Policía está tras la pista del policía.