INICIATIVAS

La pasada semana se lanzó la Gran Feria Digital del Calzado de la Tumusla, con el objetivo de apoyar la digitalización de microempresas dedicadas a la producción de calzados, para mejorar sus canales de promoción y comercialización de sus diferentes productos.

Se trata del proyecto denominado “Apoyo al Ecosistema Emprendedor”, impulsado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (Cosude) y el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), que benefició a 64 microempresas, de las cuales 33 son productores de calzados, miembros de la Asociación de Productores de Calzados La Paz (Aprocalpaz).

APOYO.

Ese sector productivo, tradicionalmente, oferta su manufactura en una galería de la avenida Tumusla, de la ciudad de La Paz, y ahora lo podrán hacer también a través de espacios virtuales.

Según Víctor Ramírez, director del BDP, el objetivo de este proyecto es incrementar la calidad y el rendimiento de las unidades productivas, promoviendo la sustitución de importaciones de calzados, por lo que se brindó a los participantes asistencia técnica en digitalización de negocios, para la promoción y comercialización de sus diferentes productos.

Desde 2017, se impulsa el proyecto BDP Calzadistas para apoyar a micro y pequeños productores de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, en el marco de una política de sustitución de importaciones, fomento a la industria nacional y generación de empleo.

ENTREVISTA

El gerente de UNIVida, Larry Fernández Palma, en entrevista con El Financiero de LA RAZÓN, hizo un diagnóstico del Seguro Obligatorio de Accidentes para Trabajadores de la Construcción (SOAT-C). En ese marco, detalló los beneficios para los trabajadores y sus familias en caso de accidentes o muerte.

Sin embargo, lamentó que el alcance sea aún reducido, pues por reticencia o falta de información, de 423.000 trabajadores de la construcción o albañiles que hay en todo el territorio nacional, solo 12.000 adquirieron este seguro en 2022, por lo que se retomarán campañas de concientización e incluso se analizan mecanismos coercitivos o sanciones, en coordinación con otras instituciones.

—¿En qué consiste el SOAT-C?

—Está focalizado para ese sector de la población, que trabaja en el sector de la construcción. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se tienen 423.000 personas, entre hombres y mujeres, que trabajan en el sector de la construcción, es decir, albañiles.

—¿Cuánta gente ha adquirido este seguro?

—El año pasado tenían SOAT-C 18.555 personas hasta diciembre de 2021, en todo el país, y hasta la fecha de hoy tenemos más o menos unas 12.000 personas con este seguro, de enero hasta junio.

—¿Cuál es la cobertura que da este seguro?

—En caso de accidentes y gastos médicos es Bs 7.000 y en caso de pérdida de vida son Bs 70.000. Hemos tenido algunos casos precisamente aquí en La Paz, con deslizamientos (en la zona Sur) y luego otros accidentes en Santa Cruz, y lamentablemente esos trabajadores no tenían SOAT-C.

—¿Por qué ocurre esto?

—Por una reticencia, específicamente, a adquirir o entender el beneficio del SOAT-C, porque la lógica es exactamente la misma que el SOAT de automotores, pues si la persona pierde la vida deja en un alto grado de indefensión a la familia y, en el tema de salud, se cubre Bs 7.000, que es un monto importante para precautelar y luego volver a trabajar pronto.

—¿Qué factores inciden en esta situación?

—Hemos visto, por ejemplo, que algunas empresas sacan un producto similar a este seguro, que es obligatorio, entonces algunas empresas constructoras han comprado ese producto y se han resistido al nuestro, que muchas veces no tiene nada que ver con la lógica del SOAT-C, pues la cobertura es muy pequeña o el precio es más barato, porque muchas personas se fijan más en el precio. Lamentablemente, eso nos ha significado que tenga ese grado de penetración.

—¿Qué acciones asumir ante este escenario?

—Hemos tenido reuniones con la asociación de trabajadores en ese rubro. Ahora estamos retomando una campaña, que se va a comenzar a difundir en los nueve departamentos para informar a este conjunto de personas para que vean cuáles son los beneficios en este ámbito y se informe que este seguro es obligatorio.

—¿Cómo se accede a este seguro?

—La persona puede comprarlo en cualquier agencia de UNIVida. Tenemos 3.000 puntos de venta en todo el país y tenemos presencia, entre agencias y oficinas regionales, en total 18. Somos la empresa que tiene mayor presencia en todo el país. Incluso, la persona en este momento puede llamar a una alguna empresa que realiza delivery y comprar el seguro o entrar a la página de UNIVida o la persona puede acercarse a las oficinas con la fotocopia de su carnet de identidad y ya.

—¿Cuál es el costo?

—Tiene un valor de Bs 150 y cubre todo un año.

—¿La falta de información incidió en una baja penetración de este seguro?

—La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) saca información permanente al respecto y también nosotros, y estamos en proceso de análisis para ver los motivos de estas bajas cifras, porque el grado de penetración tiene que ser muy elevado, y es algo que nos preocupa.

—¿Cómo revertir esa situación?

—Cuando utilizamos la frase ‘seguro de vida’ es algo que generalmente no se quiere, porque los seres humanos nos resistimos a pensar en una situación negativa o que vamos a morir y eso es natural, pero lo que hay que entender específicamente es que los seguros que ofrece la empresa, más allá de que es obligatorio, es el tema de proteger la vida y la atención oportuna en temas de salud y evitar que la familia se quede indefensa (…). Es el tema de la concientización, de información y de explicación de la cobertura.

—El SOAT para motorizados se controla en los peajes, ¿cómo controla el SOAT-C?

—Tiene que ser el Ministerio de Trabajo. Estamos coordinando algunas actividades con ese ministerio porque en la normativa se prevé que esa cartera de Estado debería de ir a supervisar de que todos los trabajadores tengan SOAT-C y a veces es complicado por las prioridades de los ministerios de llegar a esto, pero estamos coordinando con ellos y espero que a la brevedad posible se puede ampliar.

—Entonces, ¿hay que aplicar medidas coercitivas o sanciones?

—Estamos analizando eso. Actualmente hay una comisión abierta donde está involucrado el Ministerio de Trabajo, la Asociación de Constructores de Bolivia y UNIVida para ver los mecanismos a fin de focalizar o qué mecanismos más se nos ocurren para ser más efectivos en esto.

PERFIL

Nombre: Larry Fernández Palma

Profesión: Administrador de Empresas

Cargo: Gerente UNIVida

Gerente de UNIVida

Larry Fernández Palma es licenciado en Administración de Empresas, cuenta con posgrados nacionales e internacionales en el ámbito estratégico y de negocios, además en el área financiera de cooperación internacional. Ahora postula a un doctorado en gestión de desarrollo en políticas públicas. Es experto en finanzas y seguros.

El diputado Jerges Mercado (MAS) instó a las fuerzas de oposición en la Asamblea Legislativa a abrirse al diálogo y la concertación para elegir a la nueva autoridad de la Contraloría General del Estado, para evitar que sigan los interinatos como en la Defensoría del Pueblo.

“Invito a que la oposición deponga las actitudes boicoteadoras, los intereses mezquinos y le demos a Bolivia un contralor, retomemos la senda del diálogo (…). No podemos dejar con acefalías importantes entidades del Estado, el Gobierno tendrá que tomar las acciones correspondientes y optar por la vía del interinato, que no le hacen bien al país”, afirmó Mercado.

La convocatoria para la presentación de postulantes está en curso desde el pasado 24 de junio hasta el 8 de julio. Mercado expresó sus esperanzas de que todo el proceso de preselección y evaluación concluya el 20 de agosto y que cinco días después se remita el informe final al pleno del Legislativo para la elección de la nueva autoridad, por dos tercios de voto.

El proceso de para elegir al contralor o contralora inició en el Legislativo, pese a que no concluyó la elección del nuevo representante de la Defensoría del Pueblo, debido a que durante la etapa de votación ninguno de los postulantes alcanzó los dos tercios para optar al cargo.

Al respecto, Mercado espera que esa situación no se repita para este nuevo proceso y que se pueda retomar el consenso para concluir la designación del Defensor del Pueblo y poder seguir, sin problemas con la elección del Contralor.

“Si no se alcanza elegir a un Contralor será responsabilidad de la oposición (…). Desde el comienzo buscan politizar un nombramiento que es estrictamente técnico. Será su responsabilidad si nos vemos obligados a nombrar a un interinato”, insistió el diputado del MAS.

El actual contralor Henry Ara fue designado en 2016 y su mandato concluye el próximo 30 de junio; en ese marco, desde el 1 de julio el cargo queda vacante hasta que el Legislativo designe a la nueva autoridad.

El eurodiputado español Manu Pineda; Adolfo Mendoza, expresidente del Parlamento Andino, y el abogado Gabriel Villalba coincidieron en afirmar que hay acciones de injerencia por parte actores extranjeros, que se expresaron sobre la situación de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, quien fue condenada a 10 años de cárcel, en el caso Golpe de Estado II.

“Es incalificable la actitud que está teniendo la Unión Europea, de injerencia en asuntos que no van con ella; quién es la Unión Europea para decirle a un gobierno legítimo (…) lo que tiene que hacer; quién es el Reino Unido para meterse en esto; quién es Estados Unidos para opinar sobre esto”, afirmó Pineda durante una entrevista con Piedra papel y tinta, de La Razón.

El relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, dijo sobre Áñez que “tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”.

Sobre este caso, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también afirmó que la Justicia boliviana «no respetó plenamente los derechos al debido proceso de la señora Áñez».

Al respecto, la Unión Europea (UE) aseguró que el sistema judicial de Bolivia tiene «deficiencias estructurales” y se sumó a la posición de García-Sayán y la OACNUDH. A esa línea se sumaron Reino Unido y Estados Unidos. Ello fue rechazado por el Gobierno de Bolivia.

Sobre eso, Mendoza afirmó que se deben ver estas declaraciones injerencistas en el marco de que se busca una reconfiguración en los Estados tras la pandemia, hacia un “Estado tutelar”, “gendarme”, ya que se dejará atrás el mundo unipolar.

“Entonces, no es casual que las expresiones de los señores británicos  o la derecha fascista de la Unión Europea, de los Estados Unidos, tenga mucho que ver con este sentido de injerencia a la hora de reflexionar sobre las democracias  de América Latina”, afirmó Mendoza.

Por su parte, el abogado Villalba sostuvo que es un principio básico del derecho internacional la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, por lo que los países acreditados en Bolivia deben respetar esa situación.

Afirmó que ello se incumplió antes del 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales, durante la toma del poder de Jeanine Áñez y en los 11 meses de gestión del gobierno transitorio.

“Tenemos una suerte de ruptura de ese principio básico del derecho internacional público y también posiciones que se presentan como institucionales, pero son personales”, afirmó.