La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, negó que el Gobierno tenga vinculación con los amparos constitucionales que frenaron la preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

“Es una costumbre de tratar de responsabilizar de todo al Gobierno. No tenemos vinculación con los procesos y amparos que se están realizando”, dijo la funcionaria a los periodistas en La Paz.

La fase de evaluación de méritos a los postulantes fue paralizada por una medida cautelar dictada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a un amparo presentado por Margarita Medrano; postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso. La audiencia para la resolución de ese caso está programada para este viernes.

Aparte de eso, existen otros cuatro amparos por parte de postulantes que fueron rechazados en ese proceso.

Elecciones judiciales

Varios legisladores del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del bloque de oposición atribuyeron el freno a la preselección a un supuesto interés del Gobierno para mantener vigentes a los magistrados y consejeros electos en 2017.

Incluso en entrevista con La Razón Radio, la senadora Silvia Salame consideró que existe una “mano negra” que quiere evitar las elecciones judiciales.

Alcón apostó por el debate y el consenso en la Asamblea Legislativa para cumplir con las elecciones judiciales. “Necesitamos dar ese paso de manera responsable”, sostuvo.

Dijo que los recursos para los comicios “están garantizados” por parte del Órgano Ejecutivo y que solo resta culminar con la preselección de postulantes.

El freno a la evaluación de méritos ocurrió un día antes de comenzar los exámenes de los postulantes; las preguntas están en custodia de una Notaría de Fe Pública, que precintó una oficina del antiguo edificio de la Asamblea Legislativa con las preguntas dentro de ella.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, pidió a los políticos del país respeto por el fallecimiento del exgerente de YLB Juan Carlos Montenegro y afirmó que “no es responsable” politizar ese hecho.

“Pedimos el respeto con la familia (de Montenegro); lo que pedimos a los políticos es que dejen de mediatizar, politizar e instrumentalizar este tema (…). No es responsable realizar eso con respeto con la familia y con la población boliviana”, afirmó.

Alcón se refirió así a las declaraciones de algunos políticos que sugirieron que el Gobierno tuvo que ver con la muerte de Montenegro, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en la construcción de 18 piscinas evaporíticas de las plantas de industrialización de litio en Uyuni, Potosí.

La mañana del miércoles, Montenegro falleció al llegar al hospital del Seguro Universitario y se conoció una carta póstuma de la que aún se espera su estudio grafológico, según informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El fallecido exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) era uno de los 11 investigados en este caso y contaba con una orden de aprehensión en su contra.

Juan Carlos Montenegro

Lanchipa informó que se abrió un caso específico para esclarecer el deceso de Montenegro. Hasta el momento, se sabe que el Instituto Nacional de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó, luego de una autopsia médico legal, que la causa de muerte fue un infarto agudo.

Asimismo, dijo que está pendiente un informe toxicológico, para establecer la existencia o no de sustancias “extrañas”.

El Ministerio Público emitió 11 órdenes de aprehensión para 10 exfuncionarios de la estatal y una empresaria; de ese total, se ejecutaron cuatro hasta el momento, entre ellos, el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliaria y pagó una fianza de Bs 30.000.

El jueves, luego de su audiencia de medidas cautelares, Paul Q. B., exgerente de Recursos Evaporíticos, y Cristian A. A., exencargado de Fiscalización, se beneficiaron con detención domiciliaria; mientras que el exingeniero de obras Jorge F. M. fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva.

“(Como Gobierno) no vamos a emitir más palabra”, complementó Alcón.

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El Gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó este viernes que esa región en la que hay más persecución política y que es la “más golpeada por el masismo”.

“Santa Cruz es el departamento más golpeado por el masismo (…). Por ser Santa Cruz un departamento que siempre ha luchado por la democracia y la libertad, es donde hay más persecución política”, publicó en su cuenta de X.

Acusado en el caso Golpe de Estado I, Camacho guarda detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en Viacha. Ese caso investiga los hechos precedentes al derrocamiento del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

Aprehendido el 28 de diciembre en Santa Cruz y trasladado a La Paz, Camacho está privado de libertad desde el 30 de ese mes. Desde entonces, denunció un supuesto “secuestro” por parte de las autoridades policiales y del Gobierno.

En reiteradas ocasiones, la autoridad departamental cruceña y su abogado defensor, Martín Camacho, denunciaron la presunta vulneración de sus derechos, principalmente por su estado de salud.

Luis Fernado Camacho

“Los organismos internacionales lo muestran en diferentes informes. Se están vulnerando los derechos humanos y se está atropellando la Constitución (Política del Estado)”, agregó el otrora presidente del Comité pro Santa Cruz.

También calificó de “mala” la gestión económica de la administración del presidente Luis Arce y consideró que eso “afecta la productividad de nuestro modelo de desarrollo”. Basó su crítica en una alerta de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) sobre la “crisis más severa” del sector productor de soya en los últimos 30 años.

Camacho enfrenta al menos cinco procesos penales por diferentes motivos. A fuerza, llevó adelante su gestión con base a cartas y normas dictadas desde su reclusión en Chonchocoro. Así lo hizo hasta que el 29 de diciembre, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional 1021/2023. Dispone que el vicegobernador de cruceña, Mario Aguilera, asuma de manera “inmediata” el mando de la gobernación cruceña, en suplencia legal del gobernador encarcelado.

La disposición se cumplió el 26 de enero de este año, cuando Aguilera fue posesionado como gobernador suplente de ese departamento.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, afirmó este jueves que desconoce quién emitió la orden para el violento operativo policial en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009, denominado caso Terrorismo.

“No conozco quién habrá dado la orden, pero, indudablemente, Bolivia estaba en estado de separación”, dijo a los periodistas en La Paz.

Este caso involucra la desarticulación de un grupo armado “con fines separatistas”. La intervención policial ocurrió durante el gobierno de Evo Morales. El fin era desarticular un grupo armado liderado por el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, fallecido en esa acción junto con el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

También estuvieron implicados Elöd Tóásó y Mario Tadic, que sobrevivieron a la acción policial. Luego, aprehendidos, los investigaron porque formaban parte de un denunciado complot que, además, pretendía un magnicidio.

Jhonny Aguilera

Estos dos últimos comunicaron el 13 de abril que el Estado abrió un proceso penal contra los responsables del operativo del hotel Las Américas.

Aguilera explicó que no participó en el operativo, sino que llego al día siguiente con el excomandante de la Policía Víctor Hugo Escobar Guzmán.

“En aquel momento tenía el grado de mayor y era responsable de la Unidad de Delitos Contra la Seguridad Interior del Estado (…). Yo llego con el excomandante general de la Policía, Víctor Hugo Escobar Guzmán al hotel al día siguiente, a las 14.00, y encontramos los cuerpos sin vida, armamento de guerra, granadas, manuales de insurgencia, armado de explosivos”, contó.

El ahora viceministro insistió en que colaborará con la investigación del caso y remarcó que ya asistió a al menos 15 convocatorias del juez que llevaba el caso en Santa Cruz.

“Vamos a someternos al amparo de la ley, hay que recordar que ese operativo tenía la intención de (realizar) actividades separatistas del país. Ha habido actividades vinculadas al magnicidio”, resaltó.

Un delincuente robó Bs 1 millón a una mujer encargada de una casa de cambios en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El hecho ocurrió entre las 10.30 y 11.30 de este jueves en la calle Velasco de la capital cruceña.

En videos que circulan en redes sociales se puede observar cómo la víctima llega hasta la puerta del negocio. Al alistarse para abrir la puerta, deja una mochila de color azul en el suelo.

En eso, se ve a un sujeto, que porta un casco de motociclista, cruzar la calle; se acerca y recoge la mochila del suelo y apunta a la mujer con un arma de fuego. Sin mayor forcejeo, el delincuente abandona el lugar.

Según información de testigos, la mujer comenzó a gritar que fue víctima de robo, mientras un cómplice esperaba al delincuente en una motocicleta y huyeron del lugar.

Las cámaras de seguridad de establecimientos cercanos también captaron el momento del delito.

La denuncia se presentó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el crimen (FELCC) de esa capital y la víctima hizo su declaración.