A tiempo de ofrecer apoyo a las víctimas, la Defensoría del Pueblo informó este jueves que realizó el requerimiento de informes a la Conferencia Episcopal de Bolivia y el Arzobispado de Cochabamba, tras descubrirse una serie de abusos sexuales que cometió el fallecido sacerdote jesuita español Alfonso Pedrajas, en su paso por centros educativos del país.
“Efectivamente contamos ya con una información de la Conferencia Episcopal, una respuesta. Estamos a la espera en Cochabamba de una nota que hemos mandado también al Arzobispado”, aseveró el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Gracias al hallazgo del diario de Pedrajas se destaparon las al menos 85 violaciones que cometió este sacerdote entre las décadas de los 60 y 90, en centros educativos de la Compañía de Jesús. La mayoría de estos vejámenes sucedieron en el colegio Juan XXIII de Cochabamba.
El caso fue destapado por el sobrino del religioso, quien encontró el diario. Un reportaje del diario español El País reveló un encubrimiento de otros integrantes de la congregación.
DEFENSORÍA
Tres procesos se han activado al respecto; uno de oficio por la Fiscalía, otro de la Compañía de Jesús y un tercero por denuncia de la Procuraduría General del Estado. Los jesuitas pidieron “perdón” por lo sucedido y anunciaron que se apartó a ocho integrantes de su congregación para la investigación por encubrimiento.
Ahora, se busca a las víctimas. La Defensoría del Pueblo, al igual que la Compañía de Jesús, habilitaron una línea para dar apoyo a quienes sufrieron o saben de estos abusos sexuales.
“La Defensoría del Pueblo ha invitado públicamente a las víctimas de estos casos de pederastia, puedan apersonarse a nuestra institución para que les brindemos contención profesional; si así lo requieren, hagamos un seguimiento al proceso penal abierto y busquemos un ámbito de reparación integral”, dijo Callisaya.
La línea gratuita 800108004 y el número de WhatsApp 72006607 están a disposición; para brindar soporte con profesionales y acompañamiento para una reparación integral a las víctimas por parte de la Defensoría, que comprometió completa confidencialidad.