Sociedad

Friday 12 Apr 2024 | Actualizado a 19:11 PM

Tres de cada 10 casos en la Fiscalía son de violencia familiar

En la gestión 2023, este continúa siendo el delito con mayor incidencia en las cifras del Ministerio Público, con 39.117 denuncias, frente a las 39.663 de un año anterior.

Referencial Foto: FGE.

/ 13 de febrero de 2024 / 07:14

Las denuncias sobre violencia familiar o doméstica en el Ministerio Público siguen arriba en las estadísticas. Según los datos cerrados de la Fiscalía en 2023, tres de cada 10 casos son por este ilícito, que tiene la mayor incidencia.

En el acto de Rendición Pública de Cuentas Final 2023, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, expresó su preocupación por que el delito con mayor incidencia continúa siendo violencia familiar. Aunque hubo una ligera disminución en los guarismos: de 39.663 casos en 2022, el año pasado bajaron a 39.117, o sea, 546 menos.

Del total de las denuncias recibidas en 2023, que ascienden a 157.319, el 25% corresponde a violencia familiar o doméstica (39.117); le siguen lesiones graves y leves (20.073) y robo (15.198).

Si se suman los casos no resueltos de 2022, que llegan a 153.835, la carga investigativa de la Fiscalía llegó a 328.712 el año pasado. Del total, se cerraron 162.505, quedando 166.207 denuncias aún pendientes de ser cerrados, según los datos.

En su informe, Lanchipa dijo que por distribución de la carga por instancias de su entidad, la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales son las que tienen mayor cantidad de casos; son el 33,4% (51.770) y 33,1%, respectivamente.

Violencia.

Para la Organización de Naciones Unidas (ONU), el maltrato en el hogar, también denominado violencia doméstica, puede definirse como un “patrón de conducta utilizado en cualquier relación para obtener o mantener el control sobre la pareja”.

“Constituye maltrato todo acto físico, sexual, emocional, económico o psicológico que influya sobre otra persona, así como toda amenaza de cometer tales actos, lo cual incluye cualquier comportamiento que asuste, intimide, aterrorice, manipule, dañe, humille, culpe, lesione o hiera a alguien. El maltrato se puede producir en muchos tipos de parejas, como las casadas o las que viven juntas, y durante el noviazgo. Afecta a personas de cualquier nivel socioeconómico y educativo”, añade la ONU.

Daniela Cáceres, directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género, indicó a La Razón que la gestión pasada, a diferencia de 2022, se tuvo una reducción en 1%, 405 casos menos.

Según la evaluación de la funcionaria, desde que la Ley 348 “Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia” entró en vigencia hace 11 años, hay un mayor ingreso de denuncias, porque la población conoce sobre esta norma y no quiere dejar en la impunidad estos casos.

“La población se acerca más al sistema de justicia para hacer su denuncia. Haciendo una mirada positiva, muchas veces no se denunciaba por diferentes circunstancias, entre ellas por una sociedad machista. Ahora hay una mayor información y la población puede acercarse y denunciar el hecho”.

FELCV

El director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), coronel Douglas Uzquiano, coincidió con el fiscal Lanchipa respecto a la mayor incidencia de casos de violencia intrafamiliar en el total de denuncias, que superan las 39.000.

Señaló a La Razón que existen al menos cinco componentes que se presentan continuamente en este tipo de violencia, empero, hizo énfasis en tres, que tienen que ver con el estado de embriaguez, la violencia psicológica y la violencia física, que en algunos hechos derivan en feminicidios.

La Fiscalía General del Estado registró 81 feminicidios en 2023, de los cuales 23 ocurrieron en La Paz, 20 en Santa Cruz, 12 en Cochabamba, 9 en Potosí, 6 en Beni, 4 en Tarija, 3 en Oruro, 3 en Chuquisaca y 1 en Pando. Mientras que en esta gestión, del 1 de enero al 12 de febrero, se reportaron al menos siete crímenes de este tipo en el país. 

“Debido a esto es que hemos estado trabajando silenciosamente en diversos sectores; uno de ellos, en los colegios. Esto porque incentivamos a los niños a que denuncien y no callen lo que les está sucediendo. Tratamos también de capacitar a todos los profesores. El año pasado se capacitó a través de las Direcciones Departamentales de Educación con el fin de que los maestros sepan cuándo un niño sufre algún maltrato o cuándo advierte violencia en su domicilio”.

Denuncias

Añadió que se facilitó la ruta institucional de la denuncia y que por instrucción del Gobierno y el Comando General de la Policía debe haber un mayor acercamiento con las familias, para concienciar y capacitar sobre este delito.

“Estamos  esperando el inicio de clases, porque tenemos que capacitar a tres sectores. Uno es a los directores y docentes de las unidades educativas, a los niños, y ahora queremos entrar a las juntas de padres de familia en los establecimientos educativos. Aunque sabemos que cuando uno convoca a los padres muy pocos van. También queremos ingresar a las juntas vecinales”.

Limitaciones

A pesar de las acciones para contrarrestar el aumento de la violencia familiar y los delitos en razón de género, la directora Cáceres remarcó que aún hay una serie de limitaciones, principalmente en la cadena de atención a las víctimas, no solo en la Fiscalía, sino en otras entidades, que tienen que ver desde lo económico hasta el personal humano.

 Además de los delitos de violencia doméstica o familiar, hay otros que la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género registra, como abuso sexual, con 3.866 casos en la gestión pasada. Le siguen violación, con 2.999; violación de infante, niño, niña o adolescente, con 2.803; estupro, con 1.782; acoso sexual, con 366; substracción de un menor o incapaz, con 356; violencia económica, con 149; aborto, con 127; rapto, con 81; aborto forzado, con 51, y otros en menor escala.

Delitos

“Evidentemente hay falta de personal, lo que genera que existan diferentes situaciones y no haya un trabajo más rápido. No solamente en el Ministerio Público, sino en las demás instituciones. Por ejemplo, en estas fechas de enero a marzo, los gobiernos municipales no cuentan con equipos multidisciplinarios, como psicólogos o trabajadores sociales, por la falta de contrato”, dijo la fiscal.

Complementó que esta problemática afecta al Ministerio Público debido a que cuando se solicita valoraciones a las víctimas, al momento de trasladarse a estas instituciones “no se cuenta con el personal para realizarles el informe solicitado o el acompañamiento jurídico requerido”.

“Son limitaciones que se presentan y necesitamos ir superando, ya son casi 11 años de la Ley 348 y todavía hay limitantes, como en lo económico, porque es una ley sin presupuesto”. 

En esa línea, el director de la FELCV subrayó igualmente que una de las limitaciones está en la  cantidad de vehículos para efectuar su trabajo. Opinó que en muchos departamentos, las entidades autónomas territoriales “no cumplen con la entrega” a la FELCV de todo lo que le corresponde del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).

FELCV

“Tenemos postergaciones en ello y sería muy bueno potenciar lo que es la FELCV. En algunos lugares tenemos solo una camioneta y ese motorizado tiene que, si es un caso nuevo, hacer el registro, en otros el seguimiento y la vigilancia. Entonces eso demanda en cuanto a la cantidad de vehículos que utilizamos”, advirtió Uzquiano. 

Anunció que para una mayor coordinación en la lucha contra la violencia hacia la mujer, por instrucciones del Gobierno se gestiona con las entidades territoriales autónomas terrenos para construir FELCV integrales, con el fin de que no solo trabaje el personal policial en esos espacios, sino también los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), los médicos forenses, los fiscales y los investigadores.

“De lograrse esto, ya no vamos a tener que decir a la víctima vaya al médico forense o que tenga que ir de un lugar otro. Ahí eliminaremos ese peregrinaje y que se pueda encontrar una solución en el lugar. El Gobierno está buscando el financiamiento para realizar las edificaciones. Tenemos los terrenos en Santa Cruz y Cochabamba, y El Alto está trancado por problemas políticos”.

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Bolivia pedirá a EEUU que devuelva el dinero confiscado a Murillo y Méndez

La Procuraduría explicó que Murillo y Méndez fueron sentenciados por los delitos de corrupción por sobornos.

Sergio Méndez, exjefe de gabinete, y Arturo Murillo.

Por Boris Góngora

/ 10 de abril de 2024 / 21:11

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó este miércoles que gestionará, en coordinación con la Cancillería, que Estados Unidos devuelva el dinero confiscado al momento de la aprehensión del exministro Arturo Murillo y Sergio Méndez, su exjefe de gabinete.

“La PGE gestionará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la vía diplomática se autorice por parte del Departamento de Estado de los EEUU, la devolución de los dineros confiscados al momento de las aprehensiones realizadas”, señala el comunicado de la Procuraduría.

Murillo y Méndez están involucrados en el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, con un daño económico al Estado calculado en $us 2,3 millones. El exministro fue sentenciado en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero, y su exhombre de confianza fue deportado a Bolivia, donde fue aprehendido y ahora cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro por seis meses, sindicado de legitimación de ganancias ilícitas.

Lea más: Murillo deberá indemnizar con $us 6,2 millones a Bolivia por el caso Gases lacrimógenos

La investigación, destapada en mayo de 2021, determinó que la compañía Bravo Tactical Solutions (BTS), con sede en Florida, se adjudicó de forma directa la compra de gas lacrimógeno y otros equipos no letales por cerca de $us 5,6 millones, con un sobreprecio de $us 2,3 millones. La adjudicación fue dirigida por Murillo.

La Procuraduría explicó que Murillo y Méndez fueron sentenciados por los delitos de corrupción por sobornos para la firma de contratos con el Estado Boliviano y junto a ellos se condenó a otros tres estadounidenses, dueños de BTS.

Añadió que Murillo cumplirá “una condena penal hasta el 11 de febrero de 2026” y Méndez, luego de cumplir su condena fue deportado de Estados Unidos y detenido apenas pisó suelo boliviano en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz.

“La Procuraduría obtuvo en la vía de la reparación civil dos sentencias emitidas por la Justicia de Miami, Florida. Una primera sentencia contra Sergio Méndez y otra contra Arturo Murillo; ambas condenan como reparación de daños de forma mancomunada y solidaria al pago total de $us 6.287.525,42 que devengará un interés anual de 9,09% anual; también se gestiona, coordina y dirige la posible suscripción de un acuerdo con dos ciudadanos que tienen autoría menor en relación al hecho, para la recuperación de dineros a fin de reparar los daños contra el Estado”.

También, indicó que se “coordina con las acciones de intervención y seguimiento por los delitos imputados y acusados en territorio nacional, contra ambos ciudadanos como autores mediatos, para que la justicia boliviana opere en el marco de su soberanía, sentenciando y recuperando los daños ocasionados contra los recursos del pueblo boliviano”.

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Pedrazas solicita informe al alcalde de Sucre tras denuncia sobre adjudicación irregular de catering

El domingo, Melisa Cortés, concejal de República 2025, acusó a su colega Jenny Montaño, de la alianza opositora CC, por presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de catering para los Bolivarianos.

El diputado Marcelo Pedrazas.

Por Boris Góngora

/ 10 de abril de 2024 / 21:01

Tras la denuncia de una supuesta adjudicación irregular del servicio de catering para los I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024, Marcelo Pedrazas, diputado por Comunidad Ciudadana (CC), solicitó al alcalde de Sucre, Enrique Leaño, una petición de informe escrito sobre el proceso de contratación de las empresas “Gastronomía IEMD” y “Fabiola Gonzales Ignacio”.

“El diputado nacional que suscribe la presente… impetra al alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, Lic. Enrique Leaño, se sirva responder el siguiente cuestionario: Informe detalladamente cuántos y cuáles procesos de contratación (señalando montos y otros aspectos) adjudicó el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre a la empresa proponente denominada ‘Gastronomía IEMD’, representada legalmente por Ivonne Estefanía Montaño” (sic), señala la carta de Pedrazas.

Añade: “informe detalladamente cuántos y cuáles procesos de contratación (señalando montos y otros aspectos) adjudicó el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre a la empresa proponente ‘Fabiola Gonzales Ignacio’, representada legalmente por Fabiola Gonzales Ignacio”.

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El domingo, Melisa Cortés, concejal de República 2025, acusó a su colega Jenny Montaño, de la alianza opositora CC, por presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de catering para los Bolivarianos.

La concejal Montaño defendió la transparencia de los procesos de licitación e indicó que el servicio de catering de su hermana tiene más de 12 años de funcionamiento.

“Creo que el derecho al trabajo no se puede coartar porque yo soy concejal”, expresó Montaño, a Correo del Sur.

Incluso, el martes el alcalde de Sucre señaló que el servicio de catering para los Bolivarianos se adjudicó mediante una licitación pública, cumpliendo las normas.

“Nosotros hemos obrado con total transparencia. Cuando alguien sabe del manejo administrativo puede ver que se han colgado en el Sicoes todas las propuestas, cuando podíamos hacer una adjudicación directa, porque la normativa nos permite en estos casos, pero hemos dicho ‘mejor, lo haremos por el Sicoes’”, señaló Leaño.

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Comisiones mixtas retoman la evaluación de méritos para las judiciales

Las comisiones iniciarán con la etapa de evaluación de méritos de los habilitados y desde la siguiente semana empezará el examen oral.

La Comisión Mixta de Constitución revisa las carpetas de los postulantes.

Por Boris Góngora

/ 10 de abril de 2024 / 01:25

Después de la declaratoria de cuarto intermedio, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural retomarán hoy la evaluación de méritos de los 405 postulantes habilitados para esta fase. Ayer, ambas instancias de la Asamblea alegaron “factores múltiples” que impidieron el inicio del trabajo.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural en Diputados, Froilán Mamani (MAS), informó que esta declaratoria se debió a una nota de Comunidad Ciudadana (CC) sobre la conexión de internet, así como la ausencia de veedores.

“Comunidad Ciudadana ha presentado una nota sobre el tema del internet. Supuestamente hemos tenido cortes continuos en la transmisión y otro de los temas es que no están presentes las instituciones o veedores”, subrayó.

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También, el legislador indicó que en esta jornada se tuvo encuentros con las tres fuerzas políticas para que el trabajo en esta comisión “sea sano y transparente”. “Vamos a tener una reunión antes de iniciar la etapa de méritos y después de la revisión seguramente vamos a hacer otra como corresponde, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley 1549 ”

Además, se conoció que la Comisión Mixta de Constitución determinó sesionar hoy, esto en razón de que la Comisión Mixta de Justicia no entregó los documentos de los recursos de revisión.

Al respecto, el senador por CC Santiago Ticona, miembro de la Comisión Mixta de Justicia Plural, señaló que se ha concluido con el trabajo el viernes y “habría que ver qué sucedió, seguramente la directiva informará en su momento”.

Las comisiones iniciarán con la etapa de evaluación de méritos de los habilitados y desde la siguiente semana empezará el examen oral.

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Presidente Arce insiste en un ‘boicot’ y llama ‘doble cara’ a asambleístas

El Presidente llegó al municipio de Yunchará, en Tarija, para la entrega de 14 obras con una inversión cercana a Bs 16 millones.

El presidente Luis Arce en la entrega de obras en Yunchará, Tarija.

Por Boris Góngora

/ 10 de abril de 2024 / 01:18

El presidente Luis Arce insistió en un “boicot interno” a la economía promovido por legisladores que se oponen a la aprobación de los créditos internacionales que son de beneficio para el pueblo. Incluso, lamentó la actitud “doble cara” de estos asambleístas.

“Pese a los boicots internos que nos hacen, inclusive muchos asambleítas y senadores de Tarija, de aquí del propio municipio de Yuncachará, que se oponen en la Asamblea a (la aprobación de) los créditos para hacer obras para el pueblo boliviano”, remarcó el mandatario.

Lamentó que hay “actitudes doble cara” de estos legisladores, ya que “una cosa vienen a decir acá y otra hacen cuando están en la Asamblea Legislativa, cuando tienen que aprobar los créditos”.

El Presidente llegó al municipio de Yunchará, en Tarija, para la entrega de 14 obras con una inversión cercana a Bs 16 millones.

Señaló que como autoridad entendió que se tiene que responder al voto popular que le nombró Presidente, por lo que tiene que cumplir el mandato del pueblo.

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“Hemos entendido, como nuestros alcaldes y muchas autoridades que tienen que responder al pueblo, nosotros también respondemos al voto popular que nos ha hecho Presidente, Vicepresidente y trabajamos para cumplir el mandato del pueblo”, indicó.

El 14 marzo, la Cámara de Senadores solamente aprobó dos de los siete créditos que son parte del paquete de leyes económicas que están pendientes. Los dos préstamos aprobados por un valor de $us 113 millones están destinados a los municipios de Yapacaní y El Alto.

El primero está dirigido para la construcción con pavimento en Yapacaní, por un valor de $us 56,5 millones. El otro proyecto es para el mejoramiento y la ampliación a ocho carriles de la carretera La Paz-Oruro, tramo Senkata-Apacheta, por un monto de $us 57,2 millones.

El tratamiento de los créditos en el Senado está en suspenso, porque los proyectos de ley 073 y 705, contra la prórroga de los magistrados, fue postergado en la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara Baja, Israel Huaytari (MAS), mandó a consulta técnica ambas normas, en razón de que el plazo para su tratamiento había vencido en esa instancia camaral.

El 2 de abril, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), dijo que están a la espera de que Huaytari cumpla “el compromiso y el acuerdo que ha firmado”. “Estamos tratando los créditos, pero exhortamos a Diputados que traten (las leyes antiprórroga)”.

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En 12 operativos antidroga en La Paz, la FELCN afecta al narcotráfico en $us 323.189

Desde el 1 de enero al 8 de abril, la FELCN ejecutó 2.771 operativos de interdicción que permitieron el secuestro de 18,24 toneladas de pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína.

Un agente de la FELCN resguarda la droga incautada en La Paz.

Por Boris Góngora

/ 9 de abril de 2024 / 18:37

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este martes que, en 12 operativos de interdicción al narcotráfico en La Paz, se logró una afectación económica de $us 323.189.

En operativos del 2 al 8 de abril, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) logró el secuestro de 137,4 kilos de droga, 457,9 kilos de tolueno y la aprehensión de 15 personas.

“En 12 operativos, se ha secuestrado entre pasta base, clorhidrato de cocaína y marihuana un total de 137 kilos con 439 gramos. Asimismo, se han secuestrado 457 kilos con 290 gramos de tolueno, cuatro celulares, tres vehículos y se ha aprehendido a 15 personas”, detalló.

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De acuerdo con el informe, entre los casos más relevantes está el secuestro de 66,7 kilos de pasta base de cocaína encontrados en un compartimiento modificado en un vehículo, que fue interceptado en un dispositivo de control estacionario en la tranca de Sica Sica del departamento de La Paz.

“En la revisión del vehículo se observó alteraciones en su estructura, encontrando un compartimiento pre fabricado (macaco), con 65 paquetes forrados con cinta color verde y dos paquetes forrados con cinta color amarillo, haciendo un total de 67 paquetes realizada la prueba de campo dio resultado positivo para pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína”.

Desde el 1 de enero al 8 de abril, la FELCN ejecutó 2.771 operativos de interdicción que permitieron el secuestro de 18,24 toneladas de pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína, asimismo, el secuestro de 110,85 toneladas de marihuana, la destrucción de 20 laboratorios de cocaína y 451 fábricas de pasta base de cocaína.

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