Mientras los medios de comunicación se llenan de noticias que agravan la incertidumbre respecto de la estabilidad económica y política, en La Paz son otras las fuentes de incertidumbre y surgen del gobierno local; el desorden en el gobierno municipal paceño tiene que ver con la incapacidad de gestionar adecuadamente el desarrollo urbano y el efecto político que esto causa.

Días atrás se supo que las y los concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) habían decidido retirar su apoyo a su colega Roxana Pérez del Castillo, que de todas maneras fue electa como vicepresidenta del Concejo, esgrimiendo acusaciones de irregularidades y violaciones normativas. La profunda división en el partido a cargo del Gobierno nacional repercute en todas las instancias en las que participa.

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Pero el conflicto masista es apenas uno de los elementos en este preocupante estado de cosas. Días antes del desaguisado en el Concejo, la Justicia ordenó la detención preventiva del empresario de bienes raíces Harold Lora, acusado estafar a cientos de personas con la venta de departamentos en edificios que no se han terminado de construir y probablemente, si se cumple la ley, queden inconclusos.

En este caso, que es, seguramente, solo el más visible por el número y volumen de las construcciones, así como por la cantidad de personas afectadas, el problema tiene que ver no solo con la ineficaz tarea de fiscalización, que las leyes le atribuyen al Ejecutivo municipal, sino con una probable lenidad de muchas instancias de fiscalización y control, que ha permitido que se levanten miles de construcciones fuera de norma. Según la concejala Pérez del Castillo, son más de 30.000 edificaciones irregulares solo en la gestión del actual alcalde.

Los numerosos intentos de aprobar y promulgar normativa que “regularice” las construcciones fuera de norma y permita nuevos proyectos arquitectónicos ha terminado por revelar un descuido tal en la gestión urbanística de la ciudad que incluso se le ha acusado de violar derechos humanos, comenzando por el derecho a una vida digna, no solo de quienes adquieren un inmueble mal construido, sino también de las y los vecinos de esas edificaciones levantadas con el único afán de recaudar mucho dinero a cualquier costo.

Ese contexto explica la virtual parálisis del Concejo Municipal, afectado por las disputas del MAS, que son hábilmente aprovechadas por concejales inescrupulosos, unidos no por su ideología o su partido (que no los tienen), sino por su interés de medrar de la necesidad de vivienda que hay en la sociedad paceña. Desde el inicio de la gestión fue muy evidente su mala intención gracias a inverosímiles apelaciones al derecho de las personas a tener un techo propio.

Hoy, la ciudad sede de gobierno está en manos de autoridades demasiado ocupadas en cubrir los rastros de sus malos manejos y despreocupadas de la mayor parte de los problemas que aquejan a la población; y el pronóstico no permite albergar muchas esperanzas en el corto plazo.

Hemos señalado en este espacio que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) afronta una penosa situación de bloqueo y parálisis decisoria. La fractura interna en el MAS-IPSP, la división en las fuerzas opositoras y la persistente polarización impiden la sola posibilidad de diálogo. Ni hablemos de acuerdos. En tal escenario, el presidente de la Asamblea es fundamental.

Más allá del debate político y sus expresiones mediáticas y en redes sociales, estamos en un contexto de crisis institucional con elevada desconfianza ciudadana en todas las instituciones. A ello se añade un campo político malogrado por el enfrentamiento, la descalificación fácil, acusaciones sin evidencia y primacía del interés particular por encima del bien común. Así, la conversación pública se degrada hasta el límite de su imposibilidad. La peor muestra de ello, desde fines del año pasado, es la ALP.

El Órgano Legislativo es el espacio deliberativo por excelencia entre los órganos del poder público. A partir de la deliberación, se espera que la Asamblea cumpla el conjunto de importantes atribuciones establecidas en la Constitución, que de lejos superan la sola legislación. Por su naturaleza, el pleno de la ALP, el Senado y la Cámara de Diputados deberían ser lugares de ejercicio de la política, lo que implica realizar propuestas, debatirlas y construir acuerdos. Nada de eso ocurre en el presente.

Para el normal y eficiente funcionamiento de la Asamblea, hoy en situación de atrofia, es relevante el desempeño coordinado y complementario del presidente de la ALP y de las directivas camarales, además del trabajo de las comisiones y los comités. El problema es cuando la cabeza, en este caso el señor David Choquehuanca, es parte del problema. ¿Qué hacer cuando la necesaria y activa presencia de la principal autoridad del Órgano Legislativo se convierte en ausencia o, peor, en traba? Es muy crítico.

En momentos en que se requiere liderazgo en la ALP y voluntad de concertación, el Vicepresidente está desaparecido. En situaciones en las que ayudaría mucho la palabra serena que invoque el diálogo, el “Jilata David” se queda en silencio. Cuando es fundamental sesionar para tomar decisiones, el presidente de la Asamblea impone receso. Y en un escenario en el que urge una reunión del pleno para destrabar las inciertas elecciones judiciales, al señor Choquehuanca le ganan la línea oficial y la inercia.

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Cierto que la deplorable parálisis decisoria de la Asamblea no depende únicamente de lo que haga o deje de hacer el Vicepresidente, pero al menos se esperaría un mayor protagonismo de su parte, con autonomía de los mandatos del Ejecutivo y la ofuscación de las bancadas. Si asumimos que la situación es insostenible y se avizoran vientos de crisis, el factor Choquehuanca puede hacer la diferencia. Ojalá contribuya a encontrar el equilibrio de las alas del cóndor en lugar de su mutilación. Estamos a tiempo.

A partir de una reciente aparición del Presidente del Estado reconociendo que el Gobierno tiene “ciertas dificultades” con el dólar, pero que pese a ello el país no está en crisis económica, ha comenzado una evidente campaña gubernamental para negar que haya problemas relacionados con la economía en el país y acusar a sus oposiciones de crear zozobra y malestar en la población.

El mandatario fue más allá y afirmó que las oposiciones tienen la intención de posicionar la idea de “una crisis económica estructural” con el propósito de “generar crisis política y acortar nuestro mandato”. A partir de estas ideas, miembros del gobierno de Luis Arce han afirmado que algunos legisladores del MAS del ala evista, de Creemos y de Comunidad Ciudadana, además de exautoridades del gobierno de Evo Morales, tienen el objetivo de boicotear la gestión económica.

Así, el Gobierno ha pasado de la estrategia de, primero, negar que hubiera escasez de dólares, y luego acusar a agentes económicos no identificados de estar especulando con la moneda estadounidense, a reconocer, tal vez de manera tardía, que el problema ocurre en muchos países dependientes de la divisa, lo cual está produciendo inflación que es “importada” a través de la internación de productos de consumo con precio inflado en su país de origen. En ese contexto, la sustitución de importaciones sigue pareciendo un discurso de buenas intenciones.

El martes, fue la viceministra de Comunicación quien, a modo de pedir a los sectores que anunciaron medidas de presión desistir de las mismas porque solo afectará a la economía del país, afirmó que “el nuevo bloque de oposición” trata de instalar en la opinión “de manera sistemática y coordenada” la idea de una crisis económica estructural. El mismo día, la ministra de la Presidencia la secundó en otro evento afirmando que, en lugar de crisis, lo que hay es “un boicot a la economía”, irónicamente luego de haber levantado la restricción a la venta de carburantes en bidones, que son fáciles de transportar hasta el otro lado de la frontera.

Finalmente, ayer, el ministro de Planificación del Desarrollo afirmó que el país no presenta rasgos de crisis económica, como afirman algunos analistas y sectores sociales, y explicó que para identificar los síntomas en cualquier país “se debe establecer si su economía se ha achicado, si registra altos niveles de desocupación y si hay una acelerada elevación de precios de los productos”. En este punto es inevitable preguntarse si la información sobre estos indicadores es actual y confiable, así como transparente.

Así, en medio de encendidos discursos, acusaciones y justificaciones, a menudo verosímiles, pero no siempre verdaderas, la población boliviana (que, dependiendo del momento, la circunstancia y quién pronuncia el discurso tiene más o menos de “pueblo”) vive en incertidumbre, caldo de cultivo ideal para toda clase de engaños y manipulaciones, artes de las que se han valido, hasta ahora, tanto los opositores de vieja y nueva tradición como los oficialistas.

Desde hace al menos seis meses, la ALP está en situación de bloqueo y de parálisis decisoria. Más allá de la convocatoria a las elecciones judiciales (todavía inciertas) y la aprobación de algunos créditos y otras leyes menores, la agenda legislativa está atrofiada. Predomina la trifulca entre las facciones del MAS y entre un minoritario oficialismo y el resto de bancadas.

En diciembre pasado, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) suspendió sus sesiones sin resolver temas sustantivos como la cuestionada autoprórroga de los magistrados, los comicios judiciales (que debieron realizarse en 2023) y el ascenso de generales. Pese a que la mayoría de asambleístas decidió continuar trabajando a fin de año, el vicepresidente Choquehuanca, de manera arbitraria, declaró receso legislativo. Así, iniciamos 2024 con una ALP estancada: por mano propia y desde fuera.

Hubo un tiempo en que el partido de gobierno (MAS-IPSP del presidente Morales) tenía mayoría especial de representantes en la Asamblea y decidía en solitario.

En muy pocos casos hubo acuerdos amplios que incorporaran a las minorías de oposición, que eran prescindibles. Hoy la situación es diferente: por efecto de la división interna, el gobierno del presidente Arce perdió su condición mayoritaria. No controla, pues, la agenda legislativa. Y como no sabe, o no quiere, pactar, prescinde de la ALP.

En lo que va del año, solo se logró un acuerdo, in extremis, de todas las bancadas para garantizar la Ley de Elecciones Judiciales 2024. Fue el 2 de febrero, luego de cinco jornadas de diálogo en medio de un bloqueo de caminos. Se acordaron plazos concretos para convocar a los comicios judiciales, aprobar siete proyectos de ley “de financiamiento de la agenda económica” (créditos) y tratar dos proyectos de ley vinculados con los magistrados autoprorrogados. Fue un punto alto de concertación política.

Como resultado de tal acuerdo, se encaminó por consenso la ley de elecciones judiciales y se aprobaron cuatro créditos en Diputados. El arcismo se encargó de que las leyes antiprórroga quedaran hasta hoy en la congeladora y los otros créditos fueron aprobados con pelea y cooptación en Diputados, y con cuentagotas en el Senado. Todo lo demás es disputa, bloqueo, veto y parálisis. La ALP no legisla. Tampoco fiscaliza, ya que una medida cautelar suspendió desde agosto pasado las interpelaciones a ministros.

En esas condiciones, con una Asamblea en crisis, dividida, con muy baja legitimidad y elevado letargo, el Estado de derecho en Bolivia está en cuestión. Las decisiones relevantes las toman los magistrados del TCP y sus salas constitucionales en coordinación con los operadores del Ejecutivo. Este suprapoder pretende disponer incluso sobre atribuciones y competencias del Órgano Electoral. Es urgente e imprescindible desbloquear la ALP y construir acuerdos mínimos de gobernabilidad en un escenario incierto. 

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Probablemente a nadie sorprenda saber que un Estado débil poco a poco va perdiendo la capacidad de garantizar el Estado de derecho, con todo lo que ello implica para la seguridad interna o para los derechos humanos, ambas obligaciones estatales, y con ello también la voluntad de las personas de cumplir la ley. Poblaciones que amparan el narcotráfico o el contrabando son buena muestra.

Tómese, por ejemplo, la feroz resistencia de “la familia gremial”, como le gusta decir a sus líderes, a cualquier norma que endurezca la lucha contra el contrabando o, incluso, la identificación y sanción de las fortunas que son fruto de actividades delictivas, cuando no criminales. Cuesta entender por qué miles de personas que, literalmente, viven al día de vender baratijas y caramelos, se muestran tan preocupadas por protegerse de la vigilancia estatal; lo mismo puede decirse de su preocupación por acceder a más dólares.

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También están las constantes amenazas de varios sectores de los movimientos sociales (divididos, todos ellos, gracias a la acción del partido gobernante), de ejecutar movilizaciones, bloqueos de caminos y otras medidas de presión ante la sola posibilidad de que las instituciones estatales cumplan con lo que indica la norma. Es aún peor cuando el líder afirma que poner límites a la anomia que parece haberse apoderado del partido sería “un genocidio”.

Y si de declaraciones incomprensibles se trata, el mismo líder del partido se causa un daño gravísimo a sí mismo cuando hace afirmaciones más propias de un jefe de la mafia que de un expresidente al tratar de negar que en el Trópico cochabambino campea el narcotráfico: “cuando no sea viceministro, los narcos van a matarlo”, amenaza. Si las mafias del narcotráfico no dominan en la región, ¿por qué habría de temer por su vida la autoridad gubernamental? Si hay conocimiento de que el narco amenaza la vida de una autoridad, ¿por qué no se denuncia ante las instancias competentes?

Habrá quien afirme que se trata solamente de una guerra verbal, en la que es comprensible el exceso, pues se trata de “pegar” más duro que el adversario o de causar temor, pero en todos estos casos, y muchos otros, lo que queda es la evidencia de que autoridades, exautoridades y personas dotadas de notoriedad o poder dicen y hacen cuanto les place porque se ha perdido, de un lado, la necesaria mesura y el respeto por las normas y las personas, y, del otro, la capacidad institucional de poner límite a los comportamientos reñidos con la ley.

Las palabras se las lleva el viento, se dice coloquialmente, pero en los hechos, dependiendo de quien las pronuncia, pueden ser más bien el incentivo para profundizar, en todos los estratos sociales o económicos, el desprecio por los principios y valores, comenzando por los referidos a la democracia y sus instituciones, y terminando en aquellos que permiten la pacífica convivencia social. La incapacidad de poner freno a los excesos, verbales o no, es el mejor aliciente para que estos aumenten, con todo el costo que ello implica.