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Los territorios de 1904

Una mirada interna es imprescindible para comprender las limi-taciones del proyecto civilizatorio criollo

/ 9 de diciembre de 2012 / 07:35

A fines del siglo XIX y albores del XX, los flamantes Estados nacidos del colapso del imperio español emprendieron una dura brega por definir sus fronteras externas e internas; es decir, ajustar cuentas por territorios con los países vecinos y reducir los espacios de la población indígena, considerada negligente (sic) frente al discurso de progreso de las élites criollas. La historiografía liberal y luego nacionalista construyó la (su) narrativa histórica en torno a la primera de las confrontaciones. Victorias y derrotas sirvieron por igual a la hora de armar el panteón de los héroes y la ritualidad festiva, que organizaba la unidad y la vocación de la nación. La segunda, en cambio, quedó para el olvido de los textos oficiales, salvo por los afectados cuya memoria se construyó sobre el recuerdo del despojo y la humillación de manos oligárquicas.

Las élites chilenas, por ejemplo, que venían de (intentar) someter al pueblo mapuche, hicieron de la guerra con Bolivia y Perú una continuación de esta gesta civilizadora. Como lo ha demostrado fehacientemente la historiadora peruana Carmen Mc Evoy, veían a ambos países con los mismos lentes que usaron para juzgar a sus (sic) indígenas; es decir, como “atrasados” y “barbaros”. La suya era por tanto una “guerra cívica” para llevar las banderas de la modernidad a territorios fuera del arco civilizatorio. Una paradoja en todo caso, puesto que las élites bolivianas social darwinistas también se concebían como portaestandartes de progreso en lucha contra los “incivilizados” indígenas de Occidente y Oriente.  
El Tratado de Paz y Amistad, impuesto en 1904 por Chile a Bolivia, contó con la aquiescencia de una parte de esas élites, que depositaron en la ilusoria fuerza de los ferrocarriles y el libre comercio la superación del enclaustramiento geográfico y la pérdida de la costa marítima. En rigor, su disputa por territorio tenía otros adversarios, que no eran chilenos. A sus ojos,  la costa del Pacífico lucía demasiado lejana y el desierto estéril.

La verdadera amenaza estaba dentro: indómitos pueblos indígenas que controlaban feraces y abundantes tierras consideradas necesarias para la acumulación primitiva del capital.

Para la oligarquía, definir por la fuerza las fronteras internas, lanzar sobre aymaras, quechuas, mojeños y chiriguanos toda la fuerza de la ley criolla y la fuerza del Ejército, resultaba mucho más perentorio, que evitar las consecuencias nefastas de un tratado que cercenaba a Bolivia miles de kilómetros cuadrados. Lo que perdían allí, parecían pensar, lo recuperarían y ganarían internamente, despojando a los indígenas. Por ejemplo, el presidente y liberal Ismael Montes, el padre del Tratado de 1904, no tuvo reparos de hacerse a la fuerza de tierras aymaras en la península de Taraco, ubicadas sobre otras aguas, las del Titicaca. Muchos otros que aún figuran como prohombres en nuestros textos de historia seguirían sus pasos, convirtiendo a los comunarios en siervos de la gleba. En 1953, volviendo sobre su memoria, los indígenas ajustarían cuentas al son de los pututos.

En otros términos, la crítica al Tratado de 1904, justa y necesaria, no puede hacerse solamente rechazando sus consecuencias externas; una mirada interna luce imprescindible para comprender las limitaciones del proyecto civilizatorio criollo decimonónico.

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Diario de guerra

Cochabamba ha mantenido un largo y amplio contacto con las aguas de Pacífico que aún persiste

/ 22 de junio de 2014 / 04:00

Doblemente mediterránea, sin fronteras exteriores y en el corazón de un país sin salida al mar, Cochabamba sin embargo ha mantenido  un largo y amplio contacto con las aguas de Pacífico que aún persiste. En el siglo XIX sus arrieros mestizos e indígenas se encargaban de llevar sus productos hasta Arica, Cobija y otros puertos. Cuando vino el auge del salitre y el guano, miles de cochabambinos (muchos con sus familias) cruzaron el desierto para trabajar en las “oficinas” de Iquique. Allí estuvieron el 21 de diciembre de 1907 en la matanza de Santa María, y en las huelgas y tertulias posteriores abrevaron los rudimentos del anarquismo y el marxismo. Con ese bagaje regresaron a Bolivia, promovieron y participaron de las luchas de mineros y artesanos contra la oligarquía minera y latifundista.

El anuncio de la ocupación chilena a Antofagasta el 14 de febrero de 1879 llegó a Cochabamba el 5 de abril. La región apenas se reponía de una desastrosa combinación de peste y hambruna que la azotó desde el año precedente. La sequía redujo las cosechas y elevó los precios de los alimentos, ocasionando motines. El Diario de Guerra de Manuel Claros García, abogado y hacendado oriundo de Aiquile, es una fuente descriptiva de primera mano para auscultar la presencia cochabambina en la conflagración. Permite establecer que en las provincias, a inicios de aquel abril, se conformaron también grupos de Guardia Civil. No pasaban de un grupo de inexpertos voluntarios, cada uno de los cuales debía contar con su propio caballo y arma. Una estructura clánica y en nada diferente a la milicia colonial y muy distante al fogueado y profesional Ejército del que disponía Chile.

 El 23 de abril partieron de Cochabamba tres batallones: el Aroma, de vecinos de la capital; el Viedma, de cliceños y punateños; y el Padilla, de tarateños; además del Escuadrón Junín, integrado por tarateños, aiquileños y mizqueños. Más adelante se sumarían los del Valle Bajo y Tapacarí, para agruparse en la IV División. La conformación de la tropa por distritos y provincias da cuenta de la frágil unidad y la permanencia de clivajes y fragmentaciones localistas que cruzaban las armas cochabambinas (y bolivianas). Sufriendo hambre y sed, la columna cochabambina arribó a Oruro el 28 de abril; y el 3 de mayo, nuevamente desprovistos de víveres y vestimenta adecuada, se enrumbaron hacia la costa peruana. Veintisiete días más tarde (lo que da una idea de las dificultades logísticas prevalecientes) ingresaron a Tacna. Allí recién accedieron al agua, pieza vital para la supervivencia. Pero su distribución permite al historiador constatar las diferencias sociales entre el cuerpo militar; mientras los soldados mestizos y los pocos indígenas concurrentes abrevaban de una inmunda acequia que multiplicaba la disentería, los jóvenes de la oligarquía bebían agua destilada o un brebaje importado en botella de barro que parecía una agradable limonada.

Claros describe otra faceta escondida de la guerra: las “rabonas”. Mujeres indígenas y mestizas de soldados que los acompañaban, procurándoles cama y rancho. Una de ellas, conocida como La Fiera, descrita por Claros como alta y gorda, picada de viruela y un sobrero de paja de cochabambina, trepaba en los vagones del tren para dar vivas a Bolivia.

Historias que aún restan por contar; vidas que faltan por rescatar.

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El origen de Maya

Conocí a Maya hace  más de dos años. Buscaba las huellas de su madre, Beatriz, miembro del ELN

/ 24 de noviembre de 2013 / 05:01

Las recientes elecciones chilenas constituyeron un remezón, tanto por la elevada abstención como por el avance de la izquierda. Por ejemplo los comunistas, proscritos por años del sistema parlamentario, pasaron de tres a seis diputados y diputadas, entre ellas Karol Kariola y Camila Vallejo, quienes proceden de las luchas estudiantiles. Jóvenes y emblemáticas figuras del Partido Socialista también ganaron, una de las electas fue Maya Fernández Allende, nieta del presidente Salvador Allende, quién triunfó en los barrios de Ñuñoa y Providencia, un tradicional reducto de clase alta, contra la candidata de derecha. Meses atrás, en un sospechoso conteo, Fernández perdió el cargo de alcaldesa de Ñuñoa por un puñado de votos.

Conocí a Maya hace más de dos años. Buscaba las huellas de su madre, Beatriz, más conocida como Tati, integrante del Partido Socialista, pero entre 1968 y 1970 militó en el Ejército de Liberación Nacional (ELN) bajo el comando de Inti Peredo, en la época en que se organizaba la guerrilla de Teoponte. Tati fue la encargada de la comunicación con La Habana y de la logística que desde Chile facilitó el ingreso de vituallas, armamento y combatientes hacia Bolivia, a través de cruces fronterizos clandestinos, burlando la vigilancia policial en sus todoterreno.

Una vez pregunté a Maya Fernández si sabía el origen de su nombre; me dijo que no. Le expliqué que en aymara maya significa “primero”, pero que con seguridad su madre tomó el nombre en homenaje a Rita Valdivia, una estudiante oriunda de Cochabamba conocida dentro del ELN como Maya. Ella, bajo el influjo de la muerte del Che, se había incorporado al ELN cuando estudiaba en la República Democrática Alemana (RDA). Es probable, añadí, que Tati y Rita compartieran entrenamiento militar en Punto Cero en Cuba y quizá también algunas acciones operativas en Chile.

Rita había nacido en 1946, en un pueblo del Valle Alto. De muy joven se trasladó a Venezuela y luego a la RDA para estudiar en la universidad Karl Marx de Leipzig. Militaba en el Partido Comunista de Venezuela, hasta que desencantada de esa organización se contactó con un grupo de jóvenes estudiantes bolivianos de izquierda que decidieron seguir las huellas del Che en Bolivia. Se fue para Cuba, y en octubre de 1968 estaba en Cochabamba como responsable del ELN, encubierta bajo la fachada de una inquieta joven folklorista. Murió en Cochabamba la noche del 14 de julio de 1969. Cuando la Policía rodeaba su casa, herida pidió a un compañero que la ultimara para no caer prisionera con vida. A su vez Beatriz, quien atravesó la traumática experiencia del golpe militar fascista del 11 de septiembre de 1973 en La Moneda que acabó con el gobierno socialista de entonces y la vida del presidente Allende, se suicidó en la Habana en 1977.

A generaciones como la de Maya Fernández, por su tradición e historia familiar, les corresponde reencauzar  —desde el poder que ahora ostentan— la política chilena, dotándola de justicia, participación y trasparencia. Pero también, por esas mismas circunstancias, tienen la tarea de contribuir a que su sociedad construya una nueva y equitativa relación con Bolivia, aquella tierra por la que su madre luchó para plantar una semilla de revolución y solidaridad social.

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El mar de Chile

/ 28 de abril de 2013 / 04:00

La proximidad de las elecciones chilenas, convocadas para noviembre, ha caldeado el ánimo y abierto sendos debates en el vecino país. Las diversas fuerzas políticas se aprestan a la disputa de las preferencias del electorado; y aunque Michele Bachelet lleva indudable ventaja en las preferencias, aún hay un buen trecho por recorrer. ¿Dónde está uno de los principales centros del debate, en cuyos mares pueden naufragar las candidaturas? Hay varios tópicos, el conflicto mapuche por ejemplo, pero de ellos el que lleva la delantera es la gratuidad de la educación superior. La batalla comenzó hace días con la destitución por ambas cámaras legislativas del ministro de Educación Harald Beyer. Quien motorizó su caída, con efecto de maremoto, fue la bancada de centro-izquierda aliada de Bachelet. El dignatario Beyer fue acusado de no frenar la obtención de lucro en las universidades privadas.

No se pretende anular la educación privada, pero en Chile, este tipo de entidades deben ser necesariamente fundaciones sin fines de lucro, pero se ha comprobado que muchas se dan manera de distribuir ilegalmente sus utilidades. Sea vía de abultados salarios a sus directivos (que muchas veces son sus dueños), arrendamiento ficticio de edificios de corporaciones que son al mismo tiempo de propiedad de los accionistas de la universidad, etc. De acuerdo con la ley, en cambio, estos beneficios debieran ser íntegramente reinvertidos en las propias universidades (disposición, que vale la pena observar, no existe para nada en Bolivia).

Pero, ¿por qué un asunto que de cara a nuestra política parecería intrascendente, cobra fuerza de ciclón en el otro lado de la cordillera de Los Andes? La explicación está en la movilización estudiantil de los últimos años, masiva y contundente, la que abarcó también a estudiantes de instituciones privadas.

De este verdadero levantamiento (la “rebelión de los pingüinos”) han emergido nuevos liderazgos como el de Camila Vallejos y Giorgio Jackson, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile. Ambos hoy postulan al parlamento con buenas posibilidades de obtener un curul.

La destitución de Beyer fue vista como un triunfo de la masa de estudiantes y un guiño de Bachelet y sus fuerzas hacia ellos y ellas. El 11 de abril, el movimiento estudiantil realizó en Santiago una marcha de más de 100.000 personas para celebrar la destitución y refirmar sus demandas, como una suerte de recordatorio para quien ocupará al Palacio de La Moneda. Por su parte la nueva ministra de Educación, Carolina Schmidt, quedó obligada a condenar el lucro por injusto y usurario; aunque tras lo acaecido con su predecesor, ella, el presidente Piñera y sus precandidatos Allamand y Golborne son cada vez menos creíbles en este álgido punto, y ello va a costarles buenos votos. Bachelet, por su parte, dejó claro que está en contra de la gratuidad total. Sostiene que paguen quienes pueden pagar; porque de lo contrario la política se tornaría regresiva al subsidiar a los sectores medios y ricos.

Las encuestas señalan que más de dos tercios del electorado están a favor de la gratuidad universitaria y por el fin del lucro. De ahí que el tema estará en el tope del debate presidencial y quienes buscan llegar hasta La Moneda tendrán que cruzar sí o sí el agitado mar educativo.

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Un punto y una raya

Las fronteras son líneas imaginarias,  defendidas por la fuerza de las armas de los Estados

/ 17 de febrero de 2013 / 04:00

Hace varios años escuché cantar a Soledad Bravo: “Entre tu pueblo y mi pueblo / hay un punto y una raya. / La raya dice no hay paso / el punto, vía cerrada. / Porque estas cosas no existen / sino que fueron trazadas / para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas”.

Buenos tiempos aquellos en los que creíamos, como el Viejo Topo, que los proletarios no tenían patria y que las fronteras se derrumbarían como las murallas de Jericó, ante las trompetas de las fuerza revolucionarias. Ahora sabemos que las fronteras son líneas imaginarias, construidas históricamente, y defendidas por la fuerza de las armas de los Estados. Las guerras son en rigor poderosos nacionalizadores para los que ganan, pero también para los que pierden. A fines del siglo XIX, la oligarquía chilena, tras definir y expandir sus límites territoriales de la situación que le legó la Colonia, arrebatándole tierras y dominios al pueblo mapuche, se lanzó en otra guerra de conquista contra Bolivia y Perú. Los resultados son conocidos, Bolivia perdió el acceso al mar y Perú la provincia de Tarapacá. Es menos conocido que, para consolidad sus nuevas fronteras, Chile tuvo que desarrollar una política nacionalizadora en los territorios recientemente conquistados.

Sergio González Miranda, importante historiador chileno, ha desentrañado con perspectiva crítica esta política en el caso de Iquique y Arica, no exenta de xenofobia por parte de su Estado. La “chilenización” de la población peruana supuso desde el cambio de los símbolos patrióticos y fidelidades nacionales, pasando por la orientación de la escuela, hasta políticas de fuerza, para que esa población vencida terminara aceptado las nuevas fronteras como suyas. No reparó en nada al punto de castigar y expulsar a cientos; tanto por “cholos” como por peruanos.

No existen estudios semejantes, aunque quizá la situación no debió ser diferente en Antofagasta, Calama y en otras poblaciones bolivianas. ¿Qué ocurriría con los indígenas aymaras, que practicaban la trashumancia y se desplazaban centenariamente de un lado a otro de la altiplanicie y la cordillera, sin pasaporte alguno? ¿Se trizaron sus terrenos y comunidades? ¿Cómo quedó su control de pisos ecológicos? Saberlo es una tarea pendiente de la historiografía boliviana.

Recientemente desorientados y para nada agresores o invasores, tres jóvenes soldados bolivianos cruzaron hace días la imaginaria frontera, para introducirse en territorio chileno; en un límite que sólo un avezado baqueano podría reconocer centímetro a centímetro.

En otras circunstancias, el incidente habría supuesto una negociación diplomática, de tramitación normal y rápida. Pero para su mala fortuna ocurrió cuando los Estados, el chileno principalmente, requerían despertar el orgullo nacional y dejar en claro que la fuerza está por encima de la razón. El trío compatriota es enarbolado desde Santiago por el presidente Sebastián Piñera como una advertencia seguida de punición; en verdad, son rehenes de Estado.

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¿La muerte de una clase?

Colquiri ha puesto en marcha nuevamente la lógica proletaria, que se arronja la misión estatizante

/ 30 de septiembre de 2012 / 04:40

Los orígenes del actual proletario minero pueden rastrearse a los mismos albores de la explotación española de las minas de plata. Ni todos los socavones contaban con el apoyo de mitayos; ni éstos alcanzaban para trabajar las vetas en el Cerro Rico de Potosí, las únicas poseedoras de una fuerza de trabajo indígena forzada. Los propietarios de minas recurrieron a los llamados mingas, trabajadores libres, que se conchababan, intermitentemente. Cuando la República, al fracasar sus intentos de reponerla, abolió definitivamente la mita, los mingas dominaron el incipiente mercado de trabajo. Usaban la fuerza de su escasez para imponer sus condiciones. Faltaban regularmente los lunes, celebraban frecuentes algazaras en medio de semana, y abandonaban la mina para concurrir a sus comunidades para la siembra y la cosecha.

A fines del siglo XIX, en medio del desgarramiento que implicó la acumulación originaria, los Patriarcas de la Plata introdujeron normativas para sujetar a la indócil fuerza de trabajo a las reglas de la empresa capitalista. Éstas solamente fueron efectivas cuando miles de personas, muchas de los valles de Cochabamba, se trasladaron a los socavones del estaño de Uncía (Oruro). Su disciplinamiento y dependencia del salario, expresión de su proletarización, junto a la difusión de ideas anarquistas y marxistas, fueron la condición de la emergencia de una nueva contabilidad del tiempo, del salario y de la organización.

Fue así que desde mediados de la segunda década del siglo XIX proliferaron huelgas por incremento de jornales, derechos laborales y de organización. Todas, sin falta, fueron reprimidas. Tras la Guerra del Chaco, la tortilla se dio la vuelta. Se concedió autorización para conformar sindicatos y en 1944 (gobierno de Gualberto Villarroel), la fuerza histórica de los asalariados se impuso al fundarse la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

De allí en más, la FSTMB se convirtió en un actor político por excelencia. Tesis de Pulacayo (1946), participación en comicios parlamentarios y victorias resonantes en centros mineros (1947) e insurrección popular (1952) construyeron el mito minero. Tras separarse del MNR en la década de 1960, lograron que sus poblaciones cobijaran las ideas más avanzadas de la época, y proyectaron desde allí la lucha más denodada por las transformaciones sociales. Una clase, Marx dixit, no en sí y sino para sí, consciente de una misión redentora.

Todo pareció desmoronarse con la relocalización y la dispersión minera de 1985. Los proletarios disminuyeron y crecieron las cooperativistas, hasta alcanzar un número estimado entre 80 y 100 mil socios, el doble de los asalariados en su época de esplendor. Varios estudios muestran que bajo esta figura se esconde una nueva forma de explotación y acumulación (originaria) de carácter privado, atraída por los altos precios del mineral. De ahí que el conflicto de Colquiri pusiera nuevamente en marcha la lógica proletaria, que, como en los viejos tiempos, se arronja la misión estatizante, aunque sin resultados remarcables. El proletariado quedará encapsulado numéricamente. Hace ya tres décadas, justo en el cénit de la conciencia obrera minera, René Zavaleta Mercado escribió que sin ella y sus portadores no valdría la pena vivir en Bolivia. ¿Qué diría ahora?

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