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Sunday 14 Apr 2024 | Actualizado a 11:14 AM

Estafas académicas

Hay institutos cuya labor no es precisamente formar estudiantes, sino estafarlos

/ 31 de enero de 2013 / 04:09

El último Informe La Razón alerta sobre la existencia de institutos que ofrecen carreras técnicas en el país, pero cuya labor no es precisamente formar estudiantes, sino estafarlos. No es algo que sorprenda, pues los delincuentes suelen poner la mirada en las necesidades y aspiraciones de la gente, y son muchos quienes conciben a la educación como la mejor forma de superarse.

En efecto, un periodista de este diario pudo constatar que individuos inescrupulosos emplean varias estrategias para quedarse con el dinero de jóvenes que buscan adquirir una carrera técnica, y así tener mejores posibilidades de inserción laboral. La más extendida es el establecimiento de institutos “golondrinas”. Llamados así porque son centros que operan durante pocas semanas. Tan sólo las necesarias para recaudar el dinero de las inscripciones y luego desaparecer sin dejar rastro. Aparte de la matrícula y de la primera mensualidad, algunos estudiantes pagan incluso la totalidad del curso, por lo que el daño que sufren es aún mayor.

Estas instituciones no sólo estafan a los alumnos, sino también al personal que contratan para promocionar sus cursos y atraer a sus víctimas. Para ello les ofrecen elevadas sumas por sus servicios, que nunca cancelan, pero antes se les exige que participen en talleres de capacitación que deben pagar por adelantado.

Otros institutos, incluso algunos de ellos reconocidos, utilizan el chantaje para estafar a sus estudiantes. Cuando ingresan por primera vez se les ofrece matrículas y mensualidades de bajo costo. Esto con el propósito de atraer a la mayor cantidad de alumnos. Pero a medida que van avanzando se les exige pagos adicionales para el uso de libros y materiales específicos, seminarios, talleres y otros cursos extras. Expoliación que alcanza niveles extremos cuando la persona está a punto de culminar, con el pago de talleres de egreso, examen de grado y otras exigencias para obtener el certificado de graduación. Los que pueden, terminan erogando los pagos adicionales. El resto, trata de conseguir el dinero y opta por no denunciar estos abusos por temor a perder todo el tiempo y el dinero invertidos.

Como es de suponer, estas estafas son posibles porque las autoridades se muestran incapaces de regular a este tipo de centros académicos (el Ministerio de Educación ni siquiera cuenta con un registro oficial del número de institutos que operan en el país), y por la falta de una normativa. Vacío legal que la nueva ley de educación pretende subsanar. De todas maneras, es previsible que sigan operando. De ahí que sean los propios estudiantes quienes deban velar por sus intereses. En este sentido, las autoridades del rubro aconsejan que se aseguren de que el instituto cuente con la resolución ministerial correspondiente; que firmen contratos al momento de inscribirse, para evitar pagos adicionales; y que exijan facturas por cualquier pago.    

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Jikisiñkama Tristan Platt

/ 14 de abril de 2024 / 00:19

En los últimos años, varios investigadores e intelectuales que pertenecen a una generación de cientistas sociales y humanísticos denominados andinistas o estudiosos del mundo andino, nos están abandonando. El 21 de marzo del presente año nos dejó físicamente el conocido antropólogo y etnohistoriador inglés Tristan Platt. Hay varias etapas en nuestra larga amistad y muchos momentos compartidos con él. Algunas facetas de esa relación fueron sobre la investigación en los ayllus y comunidades de la Bolivia profunda.

En 1982, publicó Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el Norte de Potosí, editado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y reeditado en los últimos años, incluida la número 43 de la colección de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Esta obra de Tristan fue de gran ayuda para mi generación, porque nos ayudó a reflexionar profundamente sobre las relaciones contrapuestas del Estado boliviano y los ayllus del Norte de Potosí. Platt se pregunta: el Estado republicano, controlado por mestizos y criollos, ¿cómo actuó contra los indios y campesinos? ¿Cuáles fueron las relaciones políticas entre representantes del Estado y los kurakas de los ayllus? Nos ilustra, con mucho detalle, cómo los mercados locales pujantes de los ayllus fueron derrotados por las políticas liberales de las élites políticas del país, a fines del siglo XIX.

La obra citada tuvo otro gran impacto, colocar a la comunidad internacional, entre la insurgente academia de los andinistas, como también el movimiento indígena campesino, sobre el ayllu como la otra sociedad, a pesar de la derrota de fines del siglo XIX, pero estaba muy viva y en resistencia en el presente.

En Estado boliviano y ayllu andino, Tristan inició una prolongada indagación de los documentos comunales, por ejemplo, de la familia del kuraka Carbajal. En 2018, Platt presentó su libro Defendiendo el techo fiscal. Curacas, ayllus y sindicatos en el gran ayllu Macha Norte Potosí, 1930-1994. Con un anexo del Catálogo del Archivo del curacazgo citado, trabajo apoyado por el historiador Gonzalo Molina. Tuve el honor de ser invitado por Tristan para comentar el libro. La investigación nos aproxima al ejercicio de la autoridad del kuraca del ayllu Macha Alasaya, Agustín Carbajal y familia. Hay un gran tema que nos plantea Tristan, la importancia de los documentos escritos por los ayllus, en este caso de Macha Alasaya. Platt cuestiona la idea de que los ayllus y comunidades andinas estén asentadas solo en el conocimiento de la oralidad. Según Tristan, el conocimiento de los pueblos andinos no solo está en la oralidad, sino también en la producción escrita, en los documentos fabricados por ellos mismos.

Esta es una de las razones del por qué los ayllus le han dado mucha importancia a los documentos coloniales y republicanos. Porque les sirvió y aún les sirve para una mejor defensa de las tierras comunales. Para Platt, los documentos son constitutivos como sentimientos de pertenencia e identidad cultural. Esto explica el por qué Agustín Carbajal y su familia guardan celosamente los documentos comunales del pago del impuesto territorial al Estado boliviano. Para Tristan Platt, los documentos de la familia Carbajal fueron y son un archivo vivo, con fronteras permeables y abiertas a la sociedad. Los ayllus desarrollaron su propia historia, produciendo narrativas escritas e interpretativas de la historia.

Otro de los temas que nos tocó conversar largamente y en diferentes encuentros fue la comparación de los movimientos comunales en el Norte de Potosí con el de los caciques apoderados, encabezados por Santos Marka T’ula, entre 1912 y 1952.

Según Tristan, hay tres proyectos indígenas entre los años citados: a) El movimiento de los caciques apoderados, encabezados por Santos Marka T’ula, que pedían revisión general de límites o deslinde administrativo para las tierras comunales; b) los alcaldes mayores particulares, ligados a la iglesia evangélica de la Fe Bahai, que pedían la “ley de indios”; y c) el proyecto del kuraka Agustín Carbajal, que es una relación de Ayllu y Estado, mediante el pago de la contribución territorial. Fue y es una negociación, lo cual permitió proteger la autonomía relativa de los ayllus.

Tristan, extrañaremos reunirnos en cada visita a Chuqiyapu marka y comer unas salteñitas… Jach’a jilata, wiñay markamaruwa sarawayxtaxa. Yatxatawinakamaxa, lup’iwinakamaxa qhanaskakiniwa aka Qullasuy markana. Jallalla!!!

Esteban Ticona Alejo es aymara boliviano, sociólogo y antropólogo. 

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Arte e Historia condenados a la destrucción

/ 14 de abril de 2024 / 00:17

Desde hace varios años, al igual que muchas instituciones y personas, veníamos reclamando por el maltrato del que era objeto la pieza escultórica representativa del Mariscal Andrés de Santa Cruz. Debemos volver sobre el tema no solo para reiterar la protesta, sino también para sumarnos a los gritos de alarma que algunos medios han comenzado a lanzar (véase por ejemplo repercusiones en las redes sociales, así como también la cobertura de LA RAZÓN, con foto de tapa incluida, del 10 de abril). Y no es para menos. La cabeza del mariscal esculpida en una inmensa roca, está ante el riesgo inminente de ser sepultada por arena, cascajo, piedras y lodo que arrastra el rio.

Se confirma por enésima vez la manía destructiva de algunas autoridades municipales y la indolencia de la ciudadanía que las deja obrar. Desmontaron en 2008 el complejo escultórico de la Plaza de los Héroes, construido bajo concurso menos de 10 años antes, lo reemplazaron por un cuadrilátero vacío y un paso de automóviles, arrojaron sus piezas por aquí y por allá, entre ellas la “cabeza del mariscal” fue a dar a la orilla del río en las afueras de la ciudad. El lugar era a todas luces inapropiado; por ejemplo, cuando unos muchachos incultos la pintarrajearon, las autoridades no tuvieron mejor iniciativa que “proteger” la pieza rodeándola con malla de gallinero. Pero además, el sitio resultó claramente inseguro, tal como puede verse ahora. Si no se hace algo urgentemente la próxima riada terminará sepultándola.

Reiteramos aquí algo que dijimos en agosto de 2019, apoyados en la opinión del académico José Roberto Arze (www.carlossoriag.com/elmariscal- santa-cruz-espera-un-desagravio/:)

“… Andrés de Santa Cruz no se distinguió solamente como estratega militar, conductor político y notable estadista, sino también como empeñoso impulsor de la cultura. Fundó dos universidades, la de La Paz y la de Cochabamba; a las cuales ciertamente las bautizó con nombres de santos, pero con el consiguiente significado terrenal: San Simón, por Bolívar, y San Andrés, por él mismo. Además, impulsó la creación de bibliotecas públicas en todos los departamentos… Uno de los retratos más conocidos de Santa Cruz lo presenta de cuerpo entero y leyendo un libro que sostiene en la mano, dato muy revelador, por cierto.”

Cabe recordar que fuentes del Concejo municipal, en ocasión de reclamos anteriores, nos aseguraron que existía un compromiso formal entre el gobierno municipal de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés para reubicar esta pieza escultórica donde corresponda a su alto valor artístico e histórico. ¿Qué dicen al respecto los miembros del GAMLP (concejales y alcalde) y los desaforados candidatos al rectorado de la UMSA? ¡En la situación actual unos y otros están emplazados a cumplir sus compromisos institucionales! Tal cual.

Carlos Soria Galvarro es periodista. 

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¿Quién pone límites a la minería aurífera?

/ 14 de abril de 2024 / 00:15

Uno de los temas que más indignación causa es la impunidad con la que actúan los cooperativistas mineros en Bolivia. Todos los días, por diversos medios, podemos leer sobre el comportamiento ilegal y violento de sus líderes y las redes de matonaje que han creado para intimidar a cualquier ciudadano que se atreva a cuestionar su próspero negocio. Esta semana pudimos ver un corto video donde se expresa esa su actitud de dueños del mundo, cuando intervenían una vigilia en rechazo a las actividades de la empresa Salvada Sociedad Colectiva, que opera en la comunidad Totoral Chico del ayllu Acre Antequera.

Con actitud violenta, y haciendo explotar cachorros de dinamita, intimidan a pobladores que ponen en duda ese tremendo poder que les da el dinero y su aparente pacto con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), cuyo silencio frente a estos hechos es muy sospechoso.

Por ello, la reciente declaración del relator especial de las Naciones Unidas, David Boyd, nos hace mucho sentido. A través de su cuenta de X, sostiene: “La situación en Bolivia es profundamente preocupante. El Estado debe dejar de perseguir a los defensores de los derechos humanos ambientales (a menudo indígenas), implementar leyes ambientales y cambiar la economía extractiva”. Y en Bolivia, es muy clara la relación que esta autoridad internacional plantea respecto a los derechos humanos y la crisis ambiental.

Es paradójico que el Estado Plurinacional de Bolivia, que ha liderado a nivel mundial el reconocimiento del Sistema de Naciones Unidas del derecho humano al agua, hoy sea el más permisivo con la minería del oro. Es también paradójico que los mismos liderazgos políticos que protagonizaron el reconocimiento constitucional del agua como “un derecho fundamentalísimo para la vida” hoy definan que el Ministerio de Minería y Metalurgia sea liderado por un cooperativista minero aurífero, que asiste a las conferencias de prensa con un casco de Fencomin. Claramente los intereses nacionales y el bien común no son la prioridad de esta autoridad.

Los casos de defensores ambientales intimidados son permanentes. Recordemos la persecución judicial a la que fueron sometidos los guardaparques Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), demandados por el minero Ramiro Cuevas, cuando éste intentó ingresar a la zona de protección del Parque Nacional Madidi. La judicialización también alcanza a autoridades indígenas de tierras altas, como sucede en el ayllu Cala Cala, en Potosí, donde unas siete personas están procesadas por cortar un camino “ilegal” a través del que ingresarían a trabajar los equipos de la Cooperativa Molle Pata. Otro conflicto por actividad minera es el de la comunidad de Jupichaque, nación chicha, en Potosí. En septiembre de 2023, la compañía Cruz Arce Limitada Empresa Minera (Calem) interpuso demanda contra las autoridades originarias, cuando éstas exigían ejercer su jurisdicción para la protección del agua.

Otro ayllu afectado por la minería es San Agustín de Puñacas. En septiembre del año pasado, se tomaron muestras de sangre y orina a 20 lugareños para constatar que presentan concentraciones de arsénico con valores muy superiores al límite de la salud, y aunque los dirigentes no han sido procesados, tampoco reciben solución a su demanda de agua sana.

Los mineros cooperativistas sienten hoy que tienen el sartén por el mango. Tal vez por eso hoy celebramos que la Cámara de Senadores determinó devolver a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que aprueba 19 contratos mineros, debido a que venció el plazo de 90 días para su tratamiento. Tal vez solo se logre ganar algo de tiempo, pero al menos es una señal de que los cooperativistas mineros no tienen todo el poder.

Lourdes Montero es cientista social.

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Primarias ‘interruptus’

/ 14 de abril de 2024 / 00:13

Tengo la sospecha de que, en el actual ciclo electoral, como ya ocurrió en 2020, no habrá elecciones primarias para binomios presidenciales. Las razones son claramente políticas, pero el justificativo para suspenderlas puede ser económico. El ruido sobre el tema, tanto en el oficialismo como en el paisaje opositor, expresa la dificultad para encaminar un proceso competitivo. A ninguna fuerza política le interesa, ni tiene posibilidades, de precipitar el tiempo electoral.

Veamos las razones políticas. La actual sumatoria de fractura en el MAS-IPSP, por un lado, y alta fragmentación en la oposición, por otro, configura un terreno pantanoso para definir candidaturas presidenciales, establecer alianzas y, en el corto plazo, concurrir a unas primarias que, como establece la ley, son obligatorias. Peor todavía si consideramos el actual contexto de persistente polarización, crisis institucional con parálisis decisoria e incertidumbre. No hay condiciones.

¿Habrá primarias? Dependerá en especial de cómo se resuelva, si acaso, la disputa interna en el partido de gobierno. Evo retó a Lucho: primarias cerradas para definir quién es el candidato. Demasiado tarde. Para los arcistas, con arreglo a una sentencia constitucional trucha, Evo está inhabilitado. Arce, por su parte, no cumple el requisito de antigüedad establecido en el estatuto partidario. Está impedido. ¿Primarias cuando ni siquiera logran convenir un congreso ordinario?

En el campo de la oposición, en tanto, hay más candidatos presidenciales que partidos. A la fecha conté 15: todos lanzan mensajes grandilocuentes y hablan de unidad. Casi ninguno tiene estructura política. Ni hablemos de presencia territorial o plataforma programática. Algunos, con más entusiasmo que información, creen que unas “preprimarias” despejarán su marginalidad (desde X no se ganan elecciones). Otros postulan primarias abiertas lo más tarde posible. Les falta militantes y calle.

Y está el factor determinante: tiempo. Sin reforma normativa, las primarias debieran convocarse, como máximo, en septiembre. Hasta entonces todos los partidos que quieran postular candidaturas tendrían que haber adecuado sus estatutos orgánicos, actualizado sus registros de militancia y renovado sus dirigencias. Parece difícil. Sobran los obstáculos. En tal escenario, es más probable descartar las primarias (“por falta de presupuesto”) que acordar su realización.

Si al final del camino hubiese primarias, por fuerza instrumentales, lo mínimo que debe exigirse es que sean competitivas. Las elecciones presidenciales son demasiado importantes como para dejarlas libradas, otra vez, como en 2019, al simulacro.

FadoCracia relojera

1. La presidenta de facto de Perú, Dina Boluarte, es muy presumida. Le gustan los relojes y las joyas. Hay que vestir a la altura del cargo. 2. Estrenó su régimen con masacres. Había que pacificar el país, eliminar a los terrucos, sentar la mano a los indios levantiscos (¿suena conocido?). 3. Todo bien hasta que una investigación periodística reveló que el día de su cumpleaños estrenó un Rolex rosa. Cuando la confrontaron, dijo que era de antaño. Cuando se demostró que fue recién comprado, juró que era fruto de su esfuerzo. 4. El problema es que doña Dina no declaró el bien (cuyo precio equivale a cuatro salarios presidenciales). Y no era un solo Rolex, sino tres (completando su colección de 17 relojes). Había delito. 5. Entonces dijo la “verdad”: los Rolex fueron un préstamo de su querido amigo, impresentable gobernador de Ayacucho. Me equivoqué y los devolví (es de la escuela mirista “errores, no delitos”). Hoy luce su reloj de Snoopy. 6. Dos mociones para destituirla por incapacidad moral fracasaron. Dina tiene quien la sostenga. 7. Sesenta muertos y 17 relojes después, “Balearte” sigue en el cargo. La moda no la absolverá. La historia tampoco.

José Luis Exeni Rodríguez es politólogo. 

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Protección del territorio

/ 14 de abril de 2024 / 00:11

El capitalismo se posiciona en el mundo derrocando, la concepción feudal y monárquica de gestionar y administrar —desde relaciones de poder— la vida de los pueblos y la Madre Tierra. El oscurantismo de las familias del poder feudal impedía las energías creativas de los pueblos. Los conocimientos, saberes e inventos encontraban en el control monárquico y feudal sino la muerte, la cárcel, las torturas y el exilio.

Los burgueses capitalistas eran un grupito de acumuladores, avarientos usureros y explotadores, que poco a poco van imponiendo sus patrones de vida, robando el trabajo ajeno, en la explotación y la acumulación, aprovechándose de diversas circunstancias de la propia vida. Amontonaban el resultado de sus delitos en los bancos o en nuevos pillajes, denominados inversiones. Impusieron la mentira de que todo es susceptible de ser mercadería y tiene un valor para su intercambio. Tenemos que recordar que en Europa había otras formas de organizar la vida y la sociedad que querían derrotar también al feudalismo, pero no eran burgueses capitalistas.

Los actuales ladrones capitalistas herederos de esa tradición, hoy ya son invisibles, mimetizados en el carácter transnacional y neoliberal del actual capitalismo se escondieron y diluyeron de nuestra vista, pero siguen ahí robando y conspirando contra la vida y las luchas de los pueblos. De vez en cuando algún brabucón muestra la cara, como lo hizo Elon Musk, este gringo capitalista nacido en Sudáfrica, que en Bolivia lo conocimos cuando apoyó el golpe de Estado, Musk, hablando como dueño de Tesla, la transnacional de las baterías para carros eléctricos cuya materia prima es el litio, desfachatadamente dijo: “Nosotros damos golpes de Estado a quien queramos”. Este gringo es también dueño de Twitter, hoy X, y desde esta red social quiere continuar con su caprichito de “nosotros hacemos lo que queramos”.

En Brasil, el Supremo Tribunal Federal, que en Bolivia llamaríamos Tribunal Constitucional, incluyó a Musk en la investigación de las milicias digitales que participaron en el intento de golpe a Lula en enero de 2023. El brabucón se quiere cortar un huevo de la rabia y vocifera. Será muy importante que en nuestro territorio de proceso de cambios revolucionarios del pueblo, protejamos también nuestro Alajpacha, que es todo lo que está encima, parte de la soberanía de los pueblos que habitamos el territorio ancestralmente. No solo es espacio aéreo, es vida e implicaciones para la vida que tenemos que proteger, somos nosotros y nosotras que solucionamos nuestros problemas, ningún gringo debe venir a hacer lo que quiera en nuestro territorio.

Julieta Paredes Carvajal es feminista comunitaria.

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