Durante la última semana, se dio a conocer un proyecto de decreto supremo que proponía cambiar la responsabilidad de la gestión de un elemento de la infraestructura de internet en Bolivia que se llama Punto de Intercambio de Tráfico (PIT). Actualmente, el PIT es una entidad civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia, no depende de ninguna instancia estatal. El proyecto de decreto pretendía que la administración se cambie a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de información y Comunicación (AGETIC) para sentar soberanía sobre este recurso de infraestructura de telecomunicaciones.

Una buena administración del PIT logra que la velocidad de respuesta de internet se incremente, es decir, que en Bolivia tengamos un internet más rápido. La forma en que hace esto es que las solicitudes de información que cada usuario y usuaria hacemos, digamos buscar una página en Wikipedia, no van hasta internet porque no es necesario, sino a una copia de Wikipedia alojada en Bolivia. De esa manera, las solicitudes no deben viajar grandes distancias, se resuelven localmente. Cuando me enteré de esto hace varios años, me sentí timada, pensé: “en realidad, no navegamos en internet, sino en una copia desactualizada”. Sí, exactamente, pero pocas veces necesitamos conectarnos a la versión actualizada hasta el último segundo de internet y también es verdad que el PIT en Bolivia aún no abarca el mayor flujo de internet.

El senador Rodrigo Paz Pereira denunció la existencia de este proyecto de decreto, mencionando que con este cambio se pretendía “controlar las redes sociales”, es decir, los contenidos que se publican en éstas.

Frente a esta declaración, en las comunidades de tecnología se preguntaron cómo podía ser algo así si los contenidos de redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok y otras) están alojados en las empresas de telecomunicaciones del país, no en el PIT, y tienen encriptación de extremo a extremo, es decir, nadie puede leer sus contenidos mientras se transportan. No hay forma alguna para que ese cambio le permita al Gobierno ejercer control sobre lo que se publica en redes sociales.

No es la primera vez que se denuncia la voluntad del Gobierno de “controlar los contenidos de las redes sociales” sin ninguna base de entendimiento técnico. El decreto fue finalmente desestimado por razones técnicas y no estoy argumentando a favor de cambiar el PIT a manos del Gobierno o no hacerlo, lo que quiero mostrar aquí es que esta falta de información de parte de los y las legisladores/ras acerca de temas tecnológicos les hace denunciar situaciones imposibles y, en otras ocasiones, ignorar cambios que sí pueden atentar contra los derechos ciudadanos en internet.

Las reyertas internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), entre evistas y luchistas, tienen como objetivo instrumental la lucha descarnada por recuperar o retener el poder. Pero, esta pugna, como si fuera un asunto sin ninguna trascendencia, está desprovista de un debate ideológico de fondo que desnuda a los actores involucrados en esta pelea, convirtiéndoles en arlequines montados de una escena circense.

Parece ser el signo de la época: la desideologización. Sin embargo, este rasgo, para un partido que en la última década y media configuró un horizonte estatal y societal de rasgos plurinacionales, parece inaudito. No olvidemos, en su momento este horizonte llamó la atención de expertos en procesos democráticos porque era un referente insoslayable para el debate político e inclusive para la teoría democrática.

Ese embrollo de disputas internas en el partido gubernamental no solo está provocando escisiones en las mismas entrañas de las organizaciones sociales e indígenas/campesinas que conforman al movimiento político (designación para evitar que el MAS sea un partido político, aun peor, de cuño tradicional), sino que, en el afán de astillar la imagen del opositor interno, los actores políticos involucrados en esta lucha interna urden discursos que ideológicamente responden a la derecha, inclusive a la extrema derecha.

Por la dinámica que adquirió esta disputa al interior del MAS, que impulsó a los actores en disputa, sean evistas o luchistas, a aliarse con la oposición política al interior del hemiciclo parlamentario; no coincidían ideológicamente, pero lo hicieron sin ningún rubor. El objetivo es dañar al adversario político interno. Obviamente, en esa disputa no reparan que sus discursos sean coherentes ideológicamente, por ejemplo, con los principios o la naturaleza política del MAS. 

Quizás, uno de los ejemplos que resaltó en las últimas semanas está articulado a las declaraciones del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien dijo que la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia) es “antihombres”. Estas declaraciones causaron revuelo entre sectores feministas, pero la cuestión de fondo expresa un posicionamiento similar a los postulados ideológicos —como escribió Lourdes Montero— con la “extrema derecha”.

La contextualización de las declaraciones de Rodríguez —próximo a Evo Morales— se da casualmente en un momento donde el expresidente se siente acechado por algunas insinuaciones del ala luchista de abrir procesos en el marco jurídico de la Ley 348. De la misma manera sucede con otros asuntos: la cuestión de los hidrocarburos, que se convirtió en otro escenario de disputa de los bandos al interior del MAS. Empero, en sus interpelaciones discursivas no existe una argumentación ideológica de fondo, sino que se reduce a la epidermis de una discusión estéril que conduce a posiciones exentas de debates serios sobre un tema de preocupación de todos los bolivianos.

O sea: en este desplazamiento de sectores opositores al MAS a los márgenes de la discusión política, tal vez, el debate político al interior de la estructura partidaria gubernamental debería ser un ámbito adecuado para el debate ideológico, pero éste es sustituido por un cruce de acusaciones mutuas. En esa disputa interna, por ejemplo, no se dice nada de la situación de los avances para afianzar el Estado Plurinacional. Esta ausencia de debate sobre el horizonte político del denominado “proceso de cambio” expresa terriblemente la ausencia de una reflexión ideológica profunda al interior del MAS.

Yuri Tórrez
es sociólogo.

También puede leer: Las Américas o patear el hormiguero

Abril terminó con una noticia que no causó sorpresa: una “sala constitucional” dio curso a una demanda dejando sin efecto la convocatoria a las elecciones judiciales y disponiendo que debe realizarse un nuevo proceso de preselección de candidatas/os. Una vez más se intenta postergar las elecciones que debieron haberse realizado el año pasado. El argumento es válido puesto que se refiere a la defensa del derecho a la participación de mujeres e indígenas bajo los principios de paridad y pluralismo, empero es una máscara retórica. Es una excusa puesto que se trata de una pieza más en la estrategia oficialista dirigida a evitar la realización de las elecciones judiciales y mantener la ilegal —y antiestética— figura de “autoprórroga” de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, en los últimos meses, ha asumido posturas que inciden negativamente en el proceso político. Por ejemplo, los argumentos contra la reelección presidencial que, aprovechando una sentencia relativa a la convocatoria a las elecciones judiciales, fueron incluidos para dar pábulo a una supuesta inhabilitación de Evo Morales como candidato. Entremedio, dando curso a un amparo constitucional, suspendió las interpelaciones a los ministros y, en otra ocasión, cuestionó las atribuciones del presidente del Senado para convocar a sesiones. Es decir, el TCP restringe las labores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, nada más ni nada menos.

Pero eso no es todo. En los albores de mayo, otra “sala constitucional” decidió que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe “acompañar” un congreso partidista convocado por organizaciones sindicales que respaldan al presidente Arce, pese a que dicha convocatoria no fue reconocida como válida por el propio TSE. Es decir, se instruye a un órgano del Estado para que actúe en contra de sus propias determinaciones (y en beneficio de los aliados del Presidente).

La judicialización de la política es resultado de la disputa interna en el MAS-IPSP respecto a la candidatura presidencial en 2025. La pugna provocó la fractura de la bancada oficialista y, por ese motivo, Luis Arce carece de mayoría parlamentaria para ejecutar sus planes, entre ellos su postulación a la reelección. Ante ese escenario, el Gobierno despliega su accionar en consonancia con el TCP que, mediante sentencias arbitrarias, se ha convertido en un actor relevante en el proceso político decisional. En el pasado prevalecía la politización de la Justicia mediante la instrumentalización de los fallos judiciales para beneficiar a los gobernantes de turno, un hecho recurrente desde la recuperación de la democracia en 1982. En la actualidad estamos frente a un hecho concomitante —la judicialización de la política— con consecuencias negativas para la democracia. Cuando esto acontece, el proceso decisional ya no depende directamente de los actores políticos sino de las instancias judiciales que establecen acuerdos instrumentales con algunos aliados para conseguir mutuos beneficios. Si eso sucede, la política pierde su capacidad estratégica para delinear el futuro y se convierte en mera astucia táctica de carácter coyuntural. Por esta razón, el proceso político se encuentra sometido a una creciente incertidumbre y corre el riesgo de encaminarse a una crisis de gobernabilidad. Más grave inclusive, puesto que la judicialización de la política está socavando la arquitectura político/institucional del Estado plurinacional. Hay tiempo para detener esta erosión, pero no sabemos si existe capacidad, lucidez e interés en los actores estratégicos de la política.

Fernando Mayorga es sociólogo. 

Mi estado de salud no me permite involucrarme directamente en las conversaciones que suceden en el transporte público y los mercados, lugares desde donde se puede palpar el estado de ánimo de la población urbana que es sometida a una andanada de noticias contradictorias y chismes sin número. Información retorcida que —aunque parezca inaudito— forma criterios y opiniones que después se develan en las elecciones y cuya práctica puede ser fatal y difícil de enmendar.

Así, me encontraba cavilando en la pobre performance de nuestros políticos y vino a visitarme mi compadre Teo, cuya múltiple actividad le permite ejercitar una maratón entre la ciudad de El Alto, sus ferias en varias regiones del país y su descenso al infierno de la hoyada, el centro del poder político.

Me trajo un ramo enorme de manzanilla para apurar las desinflamaciones y otros males que esta maravillosa flor contiene en sus componentes naturales. Inmediatamente se puso a preparar un baño para los pies, mientras me contaba los percances de sus incursiones para sobrevivir vendiendo libros truchos y de tercera mano, a veces joyas imposibles de conseguir.

Asegura que, en el Alto, la dirigencia del magisterio es otro feudo donde un grupúsculo de profesores se apoderó —al igual que la federación de La Paz— a través de un único pliego petitorio: no permitir que las autoridades exijan exámenes de ascenso y pedir aumento de sueldos al Estado. Esa triquiñuela tiene un efecto inmediato, de tal manera que la mayoría de los profesores, formados por el Estado en instituciones gratuitas, tiene un éxito inmediato. Por eso no es extraño que cuando existen numerosos descalificados para ingresar a universidades y otras instituciones educativas, los padres de familia salgan a bloquear las calles hasta lograr que estos inoperantes sin vocación, sean los educadores e instructores de nuestros hijos. Recientemente se celebraron las elecciones para rector de la universidad pública de la ciudad, cuya divisa recurrente es “la mejor”. Todos sabemos que no es así, la mediocridad es la reinante y destacados profesionales son arrinconados para evitar su influencia. Los candidatos usan las mismas estrategias de los politiqueros para ganarse adeptos: fiestas, poleras, alcohol y promesas, una chacota.

En medio de la chacota, palabra que identifica el alboroto y la alegría mezclados de bromas, carcajadas y burlas con que se celebra algo, se convierte el TSE en un reflejo con su comportamiento: toma la irresponsabilidad de los partidos políticos que ahora solicitan otra vez plazo, siendo la quinta vez que lo harían, para que cumplan con el requisito de presentar a su nueva dirigencia elegida en sus congresos. En tanto, en el MAS-IPSP, con su guerra interna entre Caín y Abel, siguen llamándose hermanos y son incapaces de encontrar una ruta para evitar su colapso, atizados por operadores políticos sacados de un albañal prostibulario por el lenguaje que usan como instrumento de descalificación y difamación de sus “hermanos”. No se proponen argumentos para debatir, solo insultos. Entre esa chacota del TSE, el MAS y el silencio de la oposición, los futuros votantes que serán halagados, espectadores del circo sin tomar partido, solo se abocan a conseguir su sustento diario, porque saben que este jolgorio no les resolverá sus problemas. Los políticos viven desconectados de la realidad y solo existen ontológicamente por su obsesión de asaltar el poder a como dé lugar.

Este escenario de judicialización y polarización ha llegado a extremos insólitos. El deporte más popular, espacio donde precisamente calificamos entre los peores del mundo, ha caído en la chacota: así un dirigente del futbol cruceño denuncia y difama, por supuesto como los operadores políticos, sin mostrar pruebas sobre un supuesto soborno para que los equipos paceños se apoderen de las jugosas sumas que otorgan las organizaciones supranacionales privadas del balompié. El resultado del reciente campeonato le hizo tragar sus pelotas porque los nuevos campeones son de otro departamento, y más bien se develó sus vínculos con el narcotráfico.

Ante la chacota plurinacional es fácil advertir que tenemos al frente sobreposición de elecciones y asumimos que votar tres o cuatro veces no es en absoluto garantía de consolidar la democracia y que ésta se respete. Mi compadre se pregunta y me hace estremecer: ¿Sirve para algo la democracia?

Édgar Arandia Quiroga es artista y antropólogo.

Con motivo de las disposiciones salariales anunciadas el pasado 1 de mayo, me parece oportuno presentar las siguientes reflexiones. En primer lugar, es imprescindible tomar en cuenta que el país destaca por un enorme nivel de informalidad laboral y por un importante contingente de trabajadores emigrados al exterior.

En segundo lugar, hace años que no se cumple con la consulta tripartita entre los trabajadores, los empresarios y el Gobierno, tal como está previsto en el Convenio 144 de la OIT, que ha sido ratificado por Bolivia. En ausencia de dichas consultas formales, las disposiciones anuales que adopta el Gobierno se convierten en imperativos políticos pactados con la cúpula sindical, que traen consigo severos inconvenientes respecto de la calidad del mercado laboral y un evidente desincentivo para la creación de empleos formales.

En tercer lugar, entre las distorsiones del mercado laboral cabe mencionar el hecho de que el salario mínimo nacional se ha incrementado desde Bs 500 en 2006 a Bs 2.500 en 2024, muy por encima de la inflación acumulada en ese lapso, igualmente por encima del crecimiento de la economía y ciertamente por encima del aumento de la productividad, que ha sido prácticamente nulo.

En cuarto lugar, los incrementos salariales de cada año y la administración de las políticas laborales ampliamente sesgada en favor de los trabajadores, tengan o no tengan justificativos racionales y legales, constituyen en conjunto uno de los principales obstáculos para el despliegue de inversiones reproductivas por parte de empresas privadas y públicas.

Quinto: las normativas laborales tienen por supuesto la obligación de proteger a los trabajadores, a todos, pero dicha orientación protectiva debe combinarse con un catálogo de incentivos reales para la generación de nuevos empleos de calidad, puesto que cada año se incorporan al mercado laboral nuevas cohortes de jóvenes en busca de trabajo, pero solo muy pocos consiguen un empleo que satisfaga sus expectativas de acuerdo con sus destrezas y conocimientos.

Sexto: vale la pena recordar en este contexto que la Ley General del Trabajo todavía vigente data de diciembre de 1942, y que con el transcurrir de los años ha sido distorsionada con miles de disposiciones particulares, muchas de las cuales se contradicen entre sí. Resulta en consecuencia de una enorme importancia la actualización de las normativas laborales, con miras a su adecuación a las transformaciones sociolaborales y tecnológicas ocurridas desde entonces en el país y en el mundo, muchas de las cuales ya están contempladas en los convenios de la OIT.

Séptimo: en años pasados, los miembros de La Mesa Laboral elaboraron y difundieron una interesante propuesta de ley general del empleo y del trabajo, la cual debidamente actualizada podría servir para llevar a cabo una serie de consultas con parlamentarios, trabajadores, empresarios, expertos, académicos y otras instancias interesadas de la sociedad civil.

Dicha iniciativa podría contemplar que, con miras al Bicentenario del próximo año, una serie de propuestas normativas para el ámbito sociolaboral se articulen dentro del marco conceptual de un Estado de Bienestar moderno, en el que el sistema integral de protección social se concibe asociado al sistema de derechos ciudadanos, y cumple simultáneamente con las condiciones de equidad social, eficacia operativa y sustentabilidad fiscal.

Por último, la actualización normativa de la esfera sociolaboral así descrita tendría que ir de la mano con una batería de planteamientos robustos referidos a la transformación de las estructuras productivas, idóneas para establecer trayectorias dinámicas de desarrollo sostenible, impulsado por aumentos sistemáticos de la productividad y pautas justas de redistribución de los beneficios derivados del crecimiento económico.

Horst Grebe es economista.