A mediados de esta semana se celebró el Día Internacional de las Familias a nivel global. Valga la ocasión para rememorar un par de momentos en el pasado de mediano y corto plazo en Bolivia, en los que se intensificó la batalla cultural con foco en este tema.

Uno primero se remonta a la discusión que se generó alrededor del Código de Familias que fue promulgado en 2014. Entonces corrían tiempos en los que el proyecto que encabezó el MAS-IPSP había logrado proponer soluciones a algunos problemas socioeconómicos y el gobierno contaba con una nutrida legitimidad que le permitió adentrarse durante esos años en algunos de los temas más culturales de nuestra sociedad, en clave de desarrollo normativo del texto constitucional garantista que había sido aprobado mayoritariamente en 2009.

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Entonces, incluso dentro del mismo MAS-IPSP se libró una pugna de sentidos entre las posiciones conservadoras y progresistas que compartían partido y gobierno en ese momento (estas posturas habían quedado bastante develadas en 2010 por el tema del derecho a elegir). Y, claro, de manera externa al gobierno, no quedaron exentas las voces desde iglesias varias y organizaciones que, con el foco territorial en Santa Cruz, defendían sus posturas conservadoras ante lo que se entiende como familia (entonces así, en singular).

De ahí que el resultado del debate puntual sobre este tema —mediado por una Asamblea Legislativa Plurinacional que aún representaba estas posturas y, sobre todo, funcionaba como tal— terminó dando como resultado una normativa que finalmente plantea, hasta el día de hoy, una visión diferente de la estructura de familia, del derecho de filiación, de la emancipación y de la asistencia familiar, entre otros asuntos.

Por el otro lado, así sea a nivel local y se haya visibilizado de forma intempestiva, el pasado 2023, en fechas similares a las de hoy, existió también un momento político en el que una concepción más conservadora de lo que se entiende por familia retomó la palestra política y discursiva a nivel local. El denominado Family Fest (evento que se organiza a lo largo del globo con el objetivo de “recuperar” la noción de “familia natural”) tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz y fue apoyado por la Gobernación del departamento. Entonces, el evento tuvo una para nada desdeñable concurrencia, pero sobre todo inversión de recursos que lo amplificaron en varios niveles. Fue la ocasión en la que Agustín Laje estuvo en Bolivia para decirle a nuestra sociedad que las políticas que amplían derechos para las mujeres buscan la “demonización de los hombres”. Este año, la llegada del Día de las Familias parece haberle pisado los talones (y los bolsillos) a una Gobernación que con el liderazgo de Creemos (ala camachista), en 2023 avanzaba decididamente hacia la implementación de normativa y políticas (en consecuencia recursos) de corte conservador.

Por el momento, por las desafiantes pugnas de poder que atraviesa la Gobernación y la Asamblea Legislativa Plurinacional de Santa Cruz, esa intentona neoconservadora parece haber pasado a un segundo plano, lo que no significa que el sentido cultural respecto a cómo la sociedad y el Estado entienden a las familias dejará de ser una importantísima asignatura por disputar desde la política. Pero su funcionamiento cotidiano seguirá siendo una experiencia personal, vital, identitaria y cambiante, multiplicada por todas sus posibilidades y cada una de las vivencias; cuya bandera —ya se ve— será levantada desde la política institucional solamente cuando los intereses de cambio y/o preservación cultural estén amenazados.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

En un mitin en Wildwood, Nueva Jersey, Donald Trump dijo que si es reelegido, “deportará inmediatamente” a cualquier manifestante universitario que “viene aquí de otro país y trata de traer el yihadismo, el antiamericanismo o el antisemitismo”. Por supuesto, Trump se basa en la imprecisión lingüística. ¿Qué significa “tratar de traer”? ¿Estamos utilizando sus definiciones de yihadismo, antiamericanismo y antisemitismo? ¿Cómo se monitorearían esos sentimientos? ¿Las deportaciones serían extrajudiciales? ¿Las deportaciones serían solo de titulares de visas de estudiantes o incluirían a titulares de tarjetas verdes?

Esta promesa de campaña —esta amenaza— no solo es inviable; es ridícula. Pero es una poderosa propaganda. Vincula el mensaje de nativismo y xenofobia de Trump con una de sus fijaciones: un enfoque de mano dura ante las protestas que desafían sus creencias o intereses. Pero lo que Trump parece ver como una debilidad es en realidad una de las fortalezas de Estados Unidos: la Primera Enmienda. Protege no solo la libertad de expresión sino también la libertad de reunión pacífica. La Primera Enmienda también protege la libertad de prensa, que ha estado bajo constante ataque por parte de Trump. Sus incesantes referencias a los medios de comunicación como “enemigos del pueblo” no solo han ayudado a envenenar el sentimiento público sobre la confiabilidad de los hechos básicos; Durante mucho tiempo ha expresado su deseo de erosionar la libertad de prensa en el país en general.

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En muchos sentidos, Trump está en guerra con la Constitución. En 2022, pocas semanas después de anunciar su campaña actual, recurrió a las redes sociales y continuó con su mentira de que las elecciones de 2020 habían sido robadas, y escribió: “Un fraude masivo de este tipo y magnitud permite la terminación de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso los que se encuentran en la Constitución. ¡Nuestros grandes ‘Fundadores’ no querían ni tolerarían elecciones falsas y fraudulentas!” De hecho, uno de los mayores temores de los fundadores era un demagogo populista.

Y si Trump es reelegido, algunos de sus aliados ya están planeando complacer e institucionalizar sus vislumbres autoritarios. Gran parte de lo que han planeado implica remodelar el poder ejecutivo y explotar el poder regulatorio. Pero sería imprudente pensar que Trump se limitaría de esta manera. Con un Congreso servil también podría, potencialmente, promulgar leyes que socaven la Constitución. Hemos visto esto antes. En 1798, temiendo una posible guerra con Francia, un Congreso controlado por el Partido Federalista aprobó una serie de leyes conocidas como Leyes de Extranjería y Sedición, que permitían al presidente deportar a “extranjeros” y permitir el arresto, encarcelamiento y deportación de ciudadanos de un país enemigo durante tiempos de guerra. La Ley de Sedición hizo ilegal “imprimir, pronunciar o publicar… cualquier escrito falso, escandaloso y malicioso” sobre el gobierno.

Como explica el Archivo Nacional: “Las leyes estaban dirigidas contra los demócratas-republicanos, el partido típicamente favorecido por los nuevos ciudadanos. Los únicos periodistas procesados en virtud de la Ley de Sedición fueron editores de periódicos demócratas-republicanos”. La Ley de Sedición ya no figura en los libros, pero ahora se considera ampliamente que es inconstitucional. Es alarmante ver a tantos estadounidenses encogerse de hombros cuando un ex presidente plantea una idea similar.

Como Benjamín Franklin publicó en su periódico, medio siglo antes de que se redactara y adoptara nuestra Constitución: “La libertad de expresión es el pilar principal de un gobierno libre; cuando se quita este apoyo, la constitución de una sociedad libre se disuelve y la tiranía se erige sobre sus ruinas”. Esa parece ser la ambición de Trump.

(*) Charles M. Blow es columnista de The New York Times

En sujeción al calendario escolar de la gestión educativa 2024 del Subsistema de Educación Regular, el desarrollo curricular del primer trimestre concluyó el 10 de mayo en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio de los niveles inicial, primaria y secundaria.

Por ello, es imperante resaltar las cinco fases establecidas en el Reglamento de Evaluación de Desarrollo Curricular del Subsistema de Educación Regular, aprobado mediante Resolución Ministerial 0190/2024, el 12 de marzo.

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En ese marco normativo, la primera fase es la evaluación de inicio o diagnóstica, que se constituye en el proceso de valoración y análisis que equiparará principalmente los saberes y conocimientos de los estudiantes en los primeros días y semanas del primer trimestre, a objeto de reconocer necesidades y potencialidades, las cuales deberán ser registradas por los maestros en el Cuaderno Pedagógico, comúnmente conocido como registro.

La segunda fase es la evaluación permanente y continua, que se circunscribe principalmente a la estimación cuantitativa y cualitativa en el proceso de las capacidades, cualidades y potencialidades de los estudiantes durante el desarrollo curricular.

Las vertientes de esta evaluación son la transición del año de escolaridad al inmediato superior; los exámenes escritos, orales y productivos a ser registrados por los maestros y las sesiones permanentes de la Comisión Técnico Pedagógica, con la finalidad de analizar las dificultades de aprendizaje de los alumnos.

La tercera fase es la evaluación de logros de aprendizaje, que necesariamente debe efectuarse al finalizar el trimestre, posibilitando a los maestros la proyección de estrategias inmediatas ante la presentación de casos de desniveles en la asimilación de los contenidos desarrollados.

Mientras que la cuarta etapa es el apoyo y acompañamiento a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje y limitaciones en el desarrollo de las dimensiones (ser, saber, hacer y decir). Ante tales eventualidades, primordialmente los directores, maestros, madres y padres de familia, en coordinación con la Comisión Técnico Pedagógica, deberán delinear las acciones que sean necesarias para alcanzar los objetivos holísticos y perfiles de salida establecidos en el currículo base.

Finalmente, la quinta fase es la entrega de informes, que se realizará únicamente a solicitud expresa del director de la unidad educativa y/o el interesado; se podrá efectuar durante todo el año escolar. Ante las solicitudes, los maestros deberán entregar de manera oportuna lo solicitado, adjuntando respaldos fehacientes (tangibles) sin ningún tipo de alteración.

Al respecto, es necesario aclarar que la información presentada por los maestros a la dirección de la unidad educativa tiene carácter de privacidad y confidencialidad, debiendo ser remitida únicamente al estudiante, madre y padre de familia, y tutor; además, a instituciones competentes que demuestren interés legítimo. 

(*) Luis Callapino López es magister en Políticas de Formación Docente

La apabullante victoria en la última elección  de las principales autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) devela el rechazo y hastío de las formas de gestión desarrolladas en su interior, con grupos reducidos de docentes autoridades y dirigentes estudiantiles que ejercieron el poder para sí mismos, conformando camarillas, tejiendo verdaderas redes de corrupción y tráfico de influencias en diferentes espacios, sumiendo a la  universidad en una profunda crisis política, institucional y académica.

Sin embargo, en la universidad existen dignos estudiantes, que son la mayoría, y muy buenos docentes. La UMSA es una institución de los mayores contrastes, en ella se encuentran lo/as mejores docentes e investigadores, pero también hay de los otros, los oportunistas y más proclives a la reproducción de la mediocridad, que han encontrado en la universidad un refugio para sobrevivir.

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Es el momento de develar estos problemas y vislumbrar cambios trascendentales en la universidad, definiendo un rumbo diferente a nuestra alma mater. Avanzar en ese sentido, significa no solo revelar los principales nudos problemáticos, sino también proponer alternativas de solución posibles en los ámbitos más vapuleados, como son la calidad académica, la distorsión de la democracia y el cogobierno producto de la despolitización de la universidad y la crisis de la autonomía universitaria.

La mayor manifestación de la crisis de la calidad académica es la desvalorización de la solvencia académica y, con ello, la devaluación de los títulos y grados que emite la universidad. Parte de esta desvalorización está vinculada al plantel docente, que en varias unidades académicas no se ha renovado, y los procesos de selección y admisión docente han dejado de ser idóneos y transparentes. En este ámbito es prioritario mejorarlos, los exámenes de competencia deben considerar pruebas académicas que examinen la capacidad de los docentes y su solvencia ética y moral, y garantizar la transparencia de estos procesos evitando el manipuleo de resultados.

Otra tarea urgente es impulsar procesos que permitan actualizar los planes de estudios, encarando procesos formativos más ágiles y especializantes, garantizando una formación adecuada y pertinente en cada unidad académica, con la mirada puesta en la calidad que respalde y avale un grado académico.

La universidad debe ir acorde al desarrollo de la sociedad del conocimiento y al desarrollo de la tecnología, por lo que los docentes tienen la obligación de actualizarse y capacitarse constantemente; por eso, la información, el conocimiento y la tecnología deben ser los pilares de la gestión universitaria.

Los procesos de evaluación y acreditación desarrollados en las unidades académicas de la UMSA han sido reducidos a procesos administrativos de un check list y constatación in situ del equipamiento e infraestructura, habiendo distorsionado el verdadero sentido de la evaluación y acreditación. La propuesta es trascender la evaluación cuantitativa y considerar la valoración cualitativa, sobre todo los aspectos académicos, trascendiendo la evaluación de vitrina y propaganda, por informes más integrales y académicos.

La despolitización y ausencia de un discurso político en la universidad es parte central de su crisis y con ello las distorsiones de las prácticas democráticas y el ejercicio del cogobierno con estudiantes y dirigentes cooptados por autoridades con prácticas prebendales y clientelares. Politizar, profundizar y mejorar los procesos de elección, reponiendo el voto libre y secreto, solventará la democracia en la universidad, así como la incorporación de principios de equidad, igualdad y alternancia de género con “cero tolerancia al acoso y a la corrupción” serán las bases para consolidar la democracia.

Impulsar la realización del II Congreso de la UMSA para reposicionar la naturaleza pública de la universidad, recuperar la autonomía y el cogobierno, debe ser también prioritario.

La autonomía en la universidad es más que un discurso, es un bastión de lucha y de la democracia, significa libertad académica y pluralidad ideológica, debe permitir a la UMSA autogobernarse, elegir a sus autoridades idóneas, elaborar y actualizar sus normas, manejar su propio presupuesto y administrar sus recursos en función del plan de desarrollo universitario.

(*) Irma Sangüesa Figueroa es docente investigadora de la UMSA

Un festival de cine europeo, otro de teatro (Fitaz), conciertos de música, los habituales martes, viernes o sábados de cine por países proyectados en diferentes salas o centros culturales, cuentacuentos, charlas diversas, presentaciones de libros, talleres y exposiciones de pintura, fotografía para públicos de todas las edades, anuncios de lo que vendrá, como la Larga Noche de los Museos, la entrada del Gran Poder, estrenos de musicales, espectáculos de danza clásica y moderna, etcétera, es decir, una actividad cultural en gran número gratuita, deslumbrante, apabullante, diversa, tentadora, la que se ofrece este mayo en la ciudad de La Paz.

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Uno se pregunta si hay público para tanta y tan variada actividad y la respuesta la encontramos en las puertas, por ejemplo, del Centro Cultural de España, donde la gente hace fila, sin importar el tiempo que permanezca parada, para ingresar a la película que se anuncia para ese día: Ramona, dentro del Festival de Cine Europeo. La curiosidad hace que quiera ver quiénes están en su biblioteca, en su mediateca, o su ludoteca. La sorpresa es alucinante cuando vemos todas sus estancias abarrotadas de jóvenes, adolescentes y niños. Están escribiendo a mano o en una computadora, buscando entre los estantes de libros aquellos que se podrán llevar a casa o quedarse a leer allí mismo. El lugar tiene además un precioso patio con sillas donde se realizan actividades de cine, teatro, etc.

Ese mismo día había un concierto de guitarra en el patio del Hotel Torino. Sobrepasando lo imaginado, la escenografía fue de un gusto exquisito, el sonido fantástico, la música rendía homenaje a la obra completa de Alfredo Domínguez. El público, muy variado en edad, llenó el patio que había sido preparado para el evento, incluidas estufas que gratamente calentaron el ambiente.

Al día siguiente se inauguraba el festival de teatro y el aforo en el Municipal estuvo colmado, lo que se repitió en todos los otros escenarios preparados para ese encuentro internacional, en los días sucesivos.

La ciudad tiene teatros nuevos, con elencos que van desde el monólogo hasta la ópera, pasando por los musicales. Grupos orquestales de todo tipo, desde la sinfónica hasta una orquesta de cámara que suele tocar los sábados en el mercado Achumani, con obras de Vivaldi, Mozart, todos los clásicos para deleite de quienes pasan por allí y rompen su rutina auditiva con una hermosa melodía. Contamos con una orquesta para ópera, lo que hace que de verdad podamos disfrutar de composiciones tales como Cavallería Rusticana o Il Pagliacci.

Uno piensa que no hay público, que la gente está ocupada solo en ver telenovelas o estar pendiente de lo que dicen las redes sociales, y no es así. Es necesario salir de la modorra y aventurarse en las ofertas que tiene la ciudad para darse un baño de actividad cultural. La sorpresa más bonita es que ahí están los jóvenes, organizando, ensayando, presentando, discutiendo, creando, imaginando, inventando. Nos queda fomentar, apoyar, incentivar, participar, aprender y podríamos seguir con estos verbos, pero es mejor entrar en acción y estar allí ocupando un espacio y participando, disfrutando del arte, la lectura, el teatro, el cine, la música…

(*) Lucía Sauma es periodista