La historia de la formación de los instrumentos internacionales de derechos humanos de pueblos indígenas está atravesada por el debate sobre el reconocimiento del derecho a la libre determinación.

Los trabajos preparatorios del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) así lo revelan, pues mientras los pueblos indígenas reclamaban a la OIT por el reconocimiento del derecho a la libre determinación, los Estados se negaban a ello, al punto que una parte del debate retrata la negativa de los representantes estatales a denominar “pueblos” a las poblaciones indígenas, por el temor de que si se los denomina “pueblos”, ellos, los indígenas, se atreverían a exigir el derecho a la libre determinación. Esta tensión la podemos ver en la manera en que quedó redactado el numeral 3 del artículo 1 del Convenio 169 de la OIT, que señala que: “la utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional” (sic).

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La tensión respecto al reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas continuó durante los años 90 de finales del siglo XX, en los debates de las comisiones de Naciones Unidas dedicadas a la formación de la declaración sobre los derechos de pueblos indígenas. Si revisamos los trabajos preparatorios de esta declaración, el debate se concentra sobre el alcance del derecho a la libre determinación, es decir, si el mismo puede, o no, poner en riesgo la unidad de los Estados que cobijan pueblos indígenas; las respuestas de los representantes de pueblos indígenas coinciden generalmente en mencionar que lo que se busca es el reconocimiento de las naciones indígenas y con ello el reconocimiento a su autogobierno y su autonomía, es decir, a sus sistemas de autoridades y sus sistemas de resolución de conflictos que se reflejan en el reconocimiento del pluralismo jurídico y político en un Estado que ya no puede ser un Estado nación, sino un Estado Plurinacional. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas se aprueba en 2007, y en su artículo 3 se señala que: “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación”, asimismo, en el artículo 9 se indica que “los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena”.

La libre determinación se constituye, así, en el derecho más importante para comprender la formación de los Estados plurinacionales como Ecuador y Bolivia, y la referida Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas de 2007 se constituye en el punto de partida para una nueva comprensión, compleja e intercultural, de los derechos humanos.

(*) Farit Rojas es docente investigador de la UMSA

Los derechos humanos constituyen un patrimonio común de la humanidad, producto de la lucha de los pueblos. Nadie puede adjudicarse su invención y mucho menos su defensa exclusiva, pero el gobierno de Estados Unidos cree tener la patente y la autoridad moral de decir quién los respeta y quién no, qué está bien y qué está mal. Como si no supiéramos que se trata de un instrumento más de intervención, de presión y chantaje a los países de los que pretende obtener algo. Es un viejo ariete que tiene historia.

Comenzó en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. América Latina no tuvo otra alternativa que adscribirse incondicionalmente a la órbita de Estados Unidos y de su doctrina de contención del comunismo, frente a la otra mitad soviética durante la Guerra Fría. La primera artimaña de la nueva potencia fue promover en México la Conferencia de Chapultepec, una reunión de cancilleres de 20 países realizada en marzo de 1945  “para asegurar la paz, seguridad y desarrollo… el hombre debe ser el centro de interés de todos los esfuerzos…” Cinco meses después, en agosto, lanzó sus bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, causando la muerte de 246.000 civiles.

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En abril de 1948, creó la Organización de Estados Americanos (OEA) para “afianzar la paz y seguridad del Continente, asegurar la solución pacífica de las controversias, defender la soberanía…” Siete meses después, en noviembre, apadrinó el golpe de Estado en Venezuela contra del presidente Rómulo Gallegos, que había sido democráticamente elegido. Un mes antes, en Perú, contra José Luis Bustamante. Seis años después, en contra de Jacobo Arbenz en Guatemala.

En agosto de 1959, la OEA empezó a usar palabras como “tiranía” y “opresión” en sus discursos y creó en Chile su principal órgano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), seis meses después del triunfo de la revolución cubana, en enero de ese año. Dos años más tarde, Cuba fue expulsada de la OEA y sometida al bloqueo económico por parte de Estados Unidos.

En 1979, se creó en Costa Rica la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en La Paz, Bolivia, el estatuto actual de la CIDH en una reunión de la OEA, a finales de octubre de ese año, sospechosamente horas antes de que Alberto Natusch Busch perpetrara el golpe de Estado y la masacre de Todos Santos, para evitar un juicio de responsabilidades contra Hugo Banzer, otro dictador apoyado por los norteamericanos durante la campaña de represión y terrorismo llamada Operación Cóndor, ampliamente respaldada por Estados Unidos, que sabía del golpe de Natusch como de todos los golpes en Latinoamérica que orquestó desde los años 50, bajo su Doctrina de Seguridad Nacional.

La CIDH tiene su sede en Washington y como miembros a 20 países de América, menos Canadá y Estados Unidos, principal donante y financiador de las actividades de este organismo, y el que aporta más de la mitad del presupuesto de la OEA. De este modo, dirige y monitorea cada una de las visitas de la CIDH a los países que serán evaluados, juzgados y posteriormente castigados por la Corte. A todos, menos a ellos.

Según la fundación Construir, hasta mayo de 2023 la CIDH había admitido 21 casos en contra del Estado boliviano, promovidos por diversos personajes, desde Manfred Reyes Villa hasta los protagonistas del caso Terrorismo, como Branko Marinkovic y los otros.  Simultáneamente, en su último informe sobre Derechos Humanos, el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos dijo que en Bolivia hay tortura, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión, corrupción gubernamental, violencia y mencionó insidiosamente los nombres de Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez.

Estados Unidos, el mayor vendedor de armas en el mundo; el que tiene el mayor porcentaje de su población encarcelada; el que más guerras ha provocado en lo que va del siglo; el que tiene prisioneros sin juicio desde hace más de 20 años en Guantánamo, suelo que le arrebató a Cuba; el mayor instigador de golpes de Estado en Latinoamérica; el ladrón de territorios desde1848, cuando le quitó a México más de la mitad de su territorio; el verdadero terrorista, cómplice del genocidio en Palestina; el que tiene recursos ilimitados para destruir países, como Haití; el único en el planeta en usar bombas atómicas contra civiles… ¿Es el juez de los derechos humanos?

(*) Javier Bustillos Zamorano es periodista

Donald Trump aún tiene que elegir un compañero de fórmula para su tercer intento de ganar la Casa Blanca. Pero parece tener al menos una prueba de fuego para cualquiera que espere desempeñar el papel de Mike Pence en una segunda administración Trump: no se puede decir que aceptará los resultados de las elecciones de 2024.

Trump no lo ha expuesto explícitamente, aunque ya ha dicho que no se comprometerá a respetar el resultado en noviembre. “Si todo es honesto, aceptaré con gusto los resultados. No cambio en eso”, dijo el expresidente en una entrevista con The Milwaukee Journal Sentinel. «Si no es así, hay que luchar por los derechos del país». Sabemos por las elecciones de 2020 que cualquier cosa que no sea una victoria de Trump equivale, para Trump, a fraude. También ha dicho que no descartaría la posibilidad de violencia política. «Siempre depende de la imparcialidad de una elección», dijo a la revista Time en otra entrevista.

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No es necesario que Trump diga nada más; todos los republicanos que compiten por estar a su lado entienden que perderán su oportunidad si aceptan la norma democrática básica de que una pérdida no puede revertirse después del hecho. Cuando se le preguntó varias veces si aceptaría los resultados de las elecciones de 2024, el senador Tim Scott de Carolina del Sur, uno de los principales contendientes para ser compañero de fórmula de Trump, repitió solo una declaración ensayada. “Al final del día, el presidente número 47 de Estados Unidos será el presidente Donald Trump”.

Otros candidatos a la vicepresidencia aún no han tenido la oportunidad de mostrarle a Trump su lealtad a su negacionismo electoral. Se supone que si se les da la oportunidad, lo harán.

Por mucho que la vicepresidencia haya tenido un papel limitado en el gobierno de la nación (excepto en aquellas ocasiones en las que el vicepresidente asciende al cargo principal debido a una tragedia o una desgracia), el puesto de vicepresidente en una fórmula presidencial a menudo ha sido de una importancia electoral suficiente para dar peso real a la elección.

Para los partidos políticos y sus candidatos presidenciales, la nominación a la vicepresidencia ha sido tradicionalmente una oportunidad para equilibrar la candidatura geográfica, ideológica o en términos de experiencia.

Hay algunos ejemplos famosos. El Partido Republicano que nominó a Abraham Lincoln, un moderado de Illinois, lo emparejó con Hannibal Hamlin, un republicano radical de Maine. El Partido Demócrata que nominó a John F. Kennedy, el joven senador liberal de Massachusetts, lo emparejó con Lyndon B. Johnson, el “amo del Senado” de Texas. Más recientemente, la elección de George HW Bush por parte de Ronald Reagan fue un esfuerzo por cerrar la brecha entre los republicanos conservadores y moderados, y la elección de Joe Biden por parte de Barack Obama proporcionó varios contrastes: de edad, de experiencia y de raza.

Trump adoptó la lógica del equilibrio en su primera campaña y eligió al gobernador Mike Pence de Indiana como señal de su compromiso con los intereses de los ideólogos conservadores y las prioridades de los evangélicos conservadores, especialmente en materia de aborto y el poder judicial federal. Si abrazara la lógica del equilibrio por segunda vez, elegiría a un compañero de fórmula que tuviera cierta distancia con el movimiento MAGA, alguien que pudiera hacerse pasar por un republicano “normal”, desinteresado en los compromisos más extremos asociados con Trump.

Es casi seguro que eso no sucederá. Y se espera que este vicepresidente haga lo que Pence no haría: mantener a Trump en el cargo, sin importar lo que diga la Constitución. La vicepresidencia podría haber sido una idea de último momento para los redactores: no pensaron que el papel sería gran cosa. La vicepresidencia ciertamente no es una ocurrencia tardía para Trump; para él, lo significa todo.

(*) Jamelle Bouie  es columnista de The New York Times

Ha pasado más de un año desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió un fallo histórico a favor de la sobreviviente de violencia sexual Brisa De Angulo Losada contra el Estado de Bolivia. Aunque se han logrado avances en la implementación de la sentencia, quedan áreas críticas pendientes, particularmente la reforma legal.

Alta prevalencia de la violencia sexual e impunidad. Bolivia tiene las tasas más altas de violencia sexual en América Latina. Una de cada tres niñas sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años. A pesar de las estadísticas alarmantes, las sobrevivientes de violencia sexual encuentran barreras al buscar justicia.

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La experiencia de Brisa refleja esta realidad: violada repetidamente por un familiar adulto a partir de los 16 años, enfrentó tres juicios en Bolivia sin que su agresor fuera llevado ante la justicia y sancionado. Durante este calvario dentro del sistema de justicia penal, fue objeto de culpabilización, discriminación de género y más trauma.

La sentencia de la CorteIDH nos trajo esperanza. En enero de 2023, el fallo de la CorteIDH a favor de Brisa finalmente le ha otorgado un nivel de justicia y le ha ofrecido a ella, y a tantas otras sobrevivientes, una esperanza real de cambio. La CorteIDH ordenó a Bolivia adoptar varias medidas, tanto en las leyes como en la implementación de las mismas. Aunque se han dado algunos pasos, el camino hacia la plena ejecución de la sentencia es largo.

En agosto de 2023, el Estado de Bolivia se disculpó formalmente con Brisa en un evento público, reconociendo oficialmente las violaciones a sus derechos humanos. Además, se ha avanzado en la capacitación a operadores/as de justicia para promover la implementación de la perspectiva de género en casos de violencia sexual.

Urge que el Estado avance con la reforma legal. La CorteIDH ha establecido que Bolivia debe modificar su legislación para definir el delito de violación con base en la falta de consentimiento y no en el uso de la fuerza. Además, debe eliminar la figura discriminatoria del estupro, una disposición legal que puede aplicarse cuando un adulto viola a una adolescente que supera la edad legal de consentimiento, pero es menor de 18 años.

Bolivia debe también reconocer explícitamente en el Código Penal el delito de violación incestuosa, definido como cualquier acto sexual entre un adulto y un menor de edad dentro del entorno familiar.

Estas determinaciones de la Corte crean un precedente importante para todos los países del sistema interamericano. Como evidencia el informe de Equality Now Fracaso en la Protección, la mayoría de los códigos penales en América Latina y el Caribe aún se basan en el requisito del uso de la fuerza para definir los delitos de violencia sexual.

Tras la sentencia, se han presentado cinco proyectos de ley sobre violencia sexual en Bolivia. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno ha sido aprobado. En ese sentido, celebramos que recientemente la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional haya alcanzado consenso sobre un proyecto de ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, elimina el delito de estupro, adecúa la figura de la violación a los estándares de la CorteIDH y crea el delito de violación incestuosa. Es imperativo que este proyecto se apruebe y se convierta en ley.

Urge que el Estado investigue. La CorteIDH ha determinado también investigar los actos de revictimización contra Brisa, identificando a funcionarios cuyas acciones contribuyeron a esta situación y posibles irregularidades procesales.

Hasta la fecha, la Procuraduría General del Estado no ha iniciado indagaciones sobre las acusaciones en el documento difamatorio que emitió contra Brisa y que fue presentado ante la CorteIDH durante el proceso.

Este documento ha sido utilizado por el agresor de Brisa y otros para difamarla, iniciar acciones legales en su contra e incluso obstruir el procedimiento de extradición del agresor, quien se encuentra prófugo de la Justicia boliviana. El Estado debe avanzar en la investigación ordenada por la CorteIDH y así detener esta revictimización hacia Brisa, quien lleva 20 años luchando por acceso a la Justicia.

(*) Monica Bayá es secretaria técnica de Comunidad de Derechos Humanos Bolivia; Barbara Jiménez-Santiago es representante regional de Equality Now para América Latina y el Caribe; y Brisa De Angulo Losada es activista, sobreviviente, fundadora y directora de A Breeze of Hope

Examinando la información publicada en los medios sobre el asunto crucial del litio, lamentablemente se reitera una antigua convicción: somos un país minero sin periodismo minero, o por lo menos sin un grado aceptable de especialización sobre la materia. Con referencia a las llamadas redes sociales, sabido es que difunden mucha basura desinformante, aunque poseen la virtud de permitirnos el acceso a fuentes primarias documentales.

Las anteriores apreciaciones se confirman en las últimas semanas a raíz del presunto “destape” de la cuestión, convertida en asunto policiacojudicial. Un asunto de la más alta prioridad nacional y de enorme complejidad, pues abarca aspectos tecnocientíficos, políticos económicos, geopolíticos y otros, pasó a manos de la caterva de jueces y fiscales que se constituyó durante el gobierno de Evo Morales, sirvió dócilmente al gobierno dictatorial de Áñez-Murillo, y ahora sirve, sin vergüenza alguna, a los dueños transitorios del poder. El tema del litio degradado y sumergido en el nauseabundo lodazal de la politiquería barata. A eso hemos llegado.

Eludiendo sumarnos a la multitud de “opinadores”, y a riesgo de incomodar a los lectores de papel impreso y poco acostumbrados a los nexos digitales, preferimos invitar a los lectores a visitar algunas fuentes virtuales de utilidad. Concretamente: una entrevista de Toto Salcedo en el canal cristiano realizada en diciembre de 2018 con Luis Alberto Echazú, principal protagonista de esta historia, en la que se anticipa la posibilidad de críticas infundadas saturadas de envidia, ignorancia, estupidez o servilismo consciente o inconsciente a intereses extranjeros (buscar en YouTube El litio de Bolivia, en Encuentro con la Verdad). Y dos presentaciones digitales del mismo Echazú, auspiciadas por una red de militantes del MAS en Europa —buscar en Facebook Coordinadora MAS IPSP Europa, Conversatorio con Luis Alberto Echazú, el antes y el ahora de la industria del Litio (7 de marzo 2023) y Conversatorio con Luis Alberto Echazú, Ex ministro de Minería y Metalurgia (18 de marzo 2024). Cabe hacer notar que ambas muy ilustrativas conferencias se efectuaron varios meses antes del truculento lanzamiento de las acusaciones dizque “judiciales” contra una decena de operadores “implicados” en las obras, entre ellos el malogrado profesional Juan Carlos Montenegro.

En esta misma columna, recordando una entrevista en Canal 13 TVU, decíamos en abril de 2021: “Dos prominentes investigadores, Narciso Cardozo y Justo Zapata, abordaron la cuestión con gran solvencia académica. El primero explicó la enorme importancia que este metal tendría en los siguientes años y, el segundo, fundamentó el rechazo al contrato con la norteamericana Lithco que el gobierno de Paz Zamora había colocado sobre la mesa. ¡Me corre un sudor frío por la espalda al reparar que desde entonces han transcurrido más de 30 años!” (sitio web de La Razón: Litio, litio qué estás haciendo, del 4 de abril de 2021).

 En marzo de 2023 insistíamos: “Sorprende la superficialidad y la desinformación que muestran diversos actores, en algunos casos debido a la ignorancia supina, pero en otros se trata de encubrir posturas antinacionales que pretenden vulnerar la política soberana —con sus luces y sus sombras— que estuvo desarrollándose desde 2006” (La Razón: Litio, algunas claves del laberinto, 19 de marzo de 2023).

En abril alertábamos: “… conocidas las advertencias del brazo militar del imperialismo (Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, fue muy clara al respecto), cualquier asociación defensiva refuerza el rumbo soberano en el tratamiento del tema y contrarresta las presiones que ya han comenzado a ejecutarse” (La Razón: Más sobre el litio, 30 de abril de 2023).

Y por estas mismas fechas, hace un año, volvíamos a la carga: “Es hora de realizar un balance abierto y honesto de lo avanzado. Tomar en cuenta, además, que podrían añadirse nuevas dificultades a la ya de por sí compleja cuestión: el tema medioambiental y las expectativas de las comunidades locales y de los pueblos de la región” (La Razón: El litio embadurnado por la politiquería, 14 de mayo de 2023).

Lo que dijimos ha sido corroborado por la práctica. Peor aún, quizá nos quedamos cortos. Nos asiste el convencimiento de que “denuncias” son la típica búsqueda de tres pies al gato, un burdo afán politiquero que la vida se encargará de poner en su lugar.

Carlos Soria Galvarro es periodista.