Con leves lluvias en torno a un aire fresco, París se prepara a ser una vez mas la capital del mundo, en ocasión de los Juegos Olímpicos (JJOO) que se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto, donde miles de atletas llegados de decenas de países competirán en todas las disciplinas deportivas, bregando arduamente por sus respectivas banderas. Han sido tres años de trabajos forzados para construir la Villa Olímpica, habilitar estadios, limpiar las aguas del Sena y maquillar calles y avenidas donde se disputarán los trofeos que como calentamiento preliminar trajinó la llama olímpica recorriendo por mar y tierra desde Grecia hasta la capital gala.

Entre tanto, los 20 barrios parisinos siguen, separadamente, sus habituales usos y costumbres, porque cada uno de ellos es un universo aparte. Así por ejemplo, en el Séptimo arrondisement (barrio) situado alrededor de la Torre Eiffel, que es donde yo habito desde hace 30 años, los vecinos, aunque siguen sus tareas cotidianas, se alarman ante la noticia que 15 millones de turistas arribarán durante los JJOO y —obviamente— querrán retratarse delante de la famosa torre, para guardar esa imagen para la posteridad. Esa anunciada avalancha ha copado todos los hoteles y los hospedajes temporales modalidad Airbnb sin reclamo alguno por la elevación de costos, gracias a la especial circunstancia.

Desde ahora, los 80 millones de turistas que anualmente invaden el hexágono francés ya deambulan las calles de mi vecindario con sus conocidos atuendos estivales, GPS portable en la mano, buscando lugares emblemáticos del circuito turístico, restaurantes baratos y tiendas de suvenires (made in China). Entre los extranjeros, se abren paso las y los parisinos de a pie, con aire de fastidio ante tanta multitud foránea. Apoltronado en mi café favorito, desde la acera, me entretengo en distinguir las particularidades que van y vienen. Fácilmente identificables están —por ejemplo— las damas sexagenarias francesas que en gran proporción disminuyen con la edad, dramáticamente, de estatura, sobrepasando raramente el metro y medio. ¿A qué se debe ese fenómeno morfológico? Por otra parte, es asombrosa la mayoría de seniors que lucen o deslucen sus blancas cabelleras, con o sin bastón de apoyo. En menor cantidad se asoman en las calzadas jóvenes veinteañeros, siempre presurosos, sin saber adónde van ni dónde llegar. Como lunares visibles, los inmigrantes, legales o no, se ocupan de labores ingratas pero necesarias como el recojo de basura o la limpieza acuífera de las calles. Aquí y allá se observan los distribuidores humanos de mercancías o de comida rápida generalmente de origen africano, galopando sus bicicletas. Con el envejecimiento de la población y la baja fecundidad cuesta imaginarse quién asumiría todos esos roles reservados por ahora a los vilipendiados inmigrantes. Volviendo al cercano jardín del Campo de Marte se ve que los perros de toda raza, olor y color disputan espacio con los infantes al cuidado de sus nodrizas, mientras la propaganda política se incrementa para las elecciones parlamentarias europeas del domingo 9 de junio, cuando el viento sople alto y fuerte hacia la derecha extrema.

Carlos Antonio Carrasco
es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.

“No tenemos relación de negocios con Harold Lora”, de esta forma el alcalde de La Paz deslindó cualquier nexo con el empresario aprehendido la última semana de mayo por denuncias de estafa; evidentemente, si hablamos de competencias, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ni ningún funcionario dependiente tiene la atribución para intervenir en un proceso de compraventa de inmuebles; sin embargo, sí tiene la función de regular el uso de suelos y los parámetros de edificación a través de las subalcaldías, en palabras simples, dichas instancias son las encargadas de evitar que proliferen los edificios fuera de norma.

En 2017 se aprobó la Ley 233 de Fiscalización Técnica Territorial, la que establece que las subalcaldías urbanas son las instancias encargadas de realizar la fiscalización y el control del territorio en materia de ordenamiento y administración territorial en su jurisdicción, asimismo, tienen a su cargo la generación de sanciones a las construcciones ilegales, teniendo la facultad de establecer medidas correctivas y precautorias como compromisos de adecuación, paralizaciones de obra, decomiso de maquinaria, generación de multas e incluso llegar a la demolición. Sin embargo, la realidad es que prácticamente ninguna de estas acciones se materializa en ningún tipo de construcción ilegal; evidentemente, el proceso es tedioso y burocrático, sin embargo, hablando propiamente del famoso caso de las construcciones realizadas por Las Loritas, existe un margen de tiempo extenso sin que la administración edil haya realizado siquiera notificaciones a los inmuebles, aspecto que dio curso a que se ejecuten sin problemas.

En la administración pública local, la responsabilidad por la función pública puede generarse por acción u omisión, esta última se define como la abstención de hacer lo que señalan las obligaciones establecidas en las normas y criterios para el desempeño de la función pública, es decir, el actuar con pasividad, negligencia, no acatar la norma conociendo un hecho ilegal o, en jerga coloquial semejante a la que usa el alcalde, simplemente hacerse al loco. Estas contravenciones a la norma se constituyen en un hecho que conllevan responsabilidad, más todavía siendo este hecho conocido por la administración municipal.

Por otro lado, el hecho que compromete sobremanera al alcalde y subalcaldes es el no haber realizado las acciones sancionatorias descritas, pues los edificios fueron construidos, concluidos, publicitados y comercializados como legales. Cuánto hubiera ayudado a los ahora afectados conocer que estas construcciones se encontraban en un proceso administrativo de fiscalización, nadie invierte los ahorros de su vida en algo ilícito. Es ahí donde se evidencia cierta parcialidad con los promotores de las construcciones que hoy en día están en el ojo de la tormenta; evidentemente, no se emitieron permisos de construcción, planos aprobados o planos as built, pero, de acuerdo con lo manifestado por el propio secretario municipal de Culturas y mano derecha del alcalde, se tenía conocimiento de esta situación hace bastante tiempo y el reconocer que estas construcciones no tienen permisos y no se realizó ninguna acción los compromete más, incluso más que admitir que el empresario Lora apoyó en el proceso de campaña electoral, tal y como lo dijo un concejal del oficialismo.

Hoy, el Ejecutivo edil vive una de las crisis más complicadas a tres años de gestión. Si hablamos de competencias, no se realizó el control territorial que manda la norma y existe responsabilidad. Harold Lora cuenta ahora con una tercera detención preventiva y es probable que a él se sumen varios amigos o conocidos de campaña, esos que dizque solo aparecen en una fotografía.

Rodrigo Mamani
es arquitecto municipalista.

Algo que se incrementa día a día en las grandes ciudades es la vida acelerada de sus habitantes. Una realidad que denota que la velocidad en la rutina urbana es un hecho relevante y digno de ser observado. Esto, porque allí se sobredimensiona, cada vez más, el valor del tiempo. Vale decir que éste se convierte en lo más remarcable de la ciudad contemporánea, debido a la vida en continuo movimiento de su gente.

Un escenario ya frecuente en la cotidianidad de las metrópolis más desarrolladas del planeta, donde predomina la ciudadanía joven. Lo interesante es que allí el espacio y el tiempo son extensivos, algo que se detecta mucho más en los lugares de mayor concentración de personas como los aeropuertos, los centros urbanos y las avenidas más importantes de las grandes urbes.

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Allí, los habitantes parecieran moverse en grupos, los cuales se desplazan por las amplias aceras como masas corpóreas que transitan a una velocidad que asombra. Una especie de exigencia que tiene la vida contemporánea de hoy y que forma parte de la riqueza de las metrópolis. De ahí que no sorprende que, con el paso del tiempo, éstas hayan terminado cualificadas por el movimiento de ese gentío que es parte de la rutina citadina.

Un contexto que muestra, sin embargo, que allí predomina la población joven, la cual busca enfrentar diariamente los grandes desafíos que exigen esas sociedades.

Entre esos retos que son parte de la transformación de la vida del habitante en las metrópolis está la formación tecnológica, una destreza que es exigida cada vez más para el desenvolvimiento de la población en diferentes áreas.

Así pues, se observa un sobredimensionamiento del tiempo en la cotidianidad del ciudadano. Algo que implica la aceleración de la dinámica urbana, que podría ser entendida como una especie de círculo de quién llega primero al otro extremo.

Pensadores contemporáneos afirman que esa situación lleva al habitante a olvidarse de sí mismo. Empero, también le exige aprovechar al máximo y apropiarse en el menor tiempo posible de conocimientos, especialmente tecnológicos. Un desafío que pareciera recordarle que el éxito es cíclico, aunque la vida no es lineal.

En ese orden de ideas, conviene no olvidar que el espacio y el tiempo son extensivos, pero también intensivos, especialmente para las realizaciones personales, las cuales recuerdan que los seres humanos también necesitan esparcimiento. Una realidad que no siempre se la evidencia en el hacer. Por tanto, ese esquema del tiempo cíclico pareciera ser del pasado, ya que hoy es una especie de conciencia contemporánea que exige —principalmente a la gente joven— una transformación permanente.

Dado que en las metrópolis la vida se desarrolla en permanente movimiento corporal, algunos escritores han llegado a asegurar que el pasado mediato exaltó la inmovilidad pensativa, mientras que la grandiosidad del mundo se enriqueció con un nuevo sentido, la velocidad.

Una situación que confirma que las multitudes en permanente movimiento, hoy representan mareas multicolores que dinamizan las grandes ciudades. Aunque no siempre sean apreciadas de ese modo por el resto de la población.

A pesar de todo, los tiempos que corren nos llevan a pensar que la vida en velocidad ha trazado singulares puentes, los cuales, sin embargo, parecieran confirmar que solo los grandes gimnastas cruzan los ríos de un salto.

(*) Patricia Vargas es arquitecta

Vivimos tiempos difíciles en el país por el desequilibrio radical de los términos de intercambio comercial de nuestras exportaciones tradicionales, la sequía de nuevos proyectos en hidrocarburos y minería, la falta de dólares en el mercado local por estos fenómenos y la letanía de sustitución de importaciones que no se concreta; solo vivimos del comercio informal de un mercado interno que no puede sustituir, pese a sus esfuerzos, a los rubros tradicionales que fueron por décadas el “salario” del país. Tan informal es nuestra economía que en la gestión pasada casi el 50% del valor de las exportaciones mineras provino de la exportación de oro, producto de la minería informal e ilegal de los aluviones auríferos del norte del país. ¿Por qué no hay nuevos proyectos ni inversión privada pese al potencial minero y por qué solo la minería informal puede generar grandes excedentes para los operadores? Una de las razones viene de las reglas de juego impuestas por la Ley Sectorial 535 y por algunas regulaciones constitucionales que aprietan el cinturón de los operadores formales y dan rienda suelta a los operadores informales.

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Sin entrar en detalles, quiero referirme hoy al government take, concepto anglosajón usado comúnmente para referirse a la parte, generalmente porcentual, que toma un gobierno del valor bruto generado por un proyecto, de acuerdo con la tributación obligatoria para el operador determinada por la legislación vigente. En el caso de la minería formal se han hecho muchos ejercicios de cálculo de este rubro y los resultados son realmente poco alentadores para un inversor que quiera operar en Bolivia. Al margen de los impuestos regulares que todos debemos pagar (IVA, IT, etc.), la minería formal está sujeta a un régimen de pago de regalías sobre el valor bruto de la producción (RM) y a un régimen de impuestos a las utilidades presuntas y su alícuota adicional (IUE 25%+AIUE 12,5%) que constituyen una pesada carga que denomino “camisa de fuerza” y que ocasiona que los operadores piensen dos veces cuando intentan generar inversiones de riesgo en el país (exploración, prospección, etc.), y es la razón oculta que genera el aumento de operadores informales (cooperativas, minería artesanal, etc.), que tienen un régimen especial de regalías (2,5% del valor bruto y exenciones para lo que llaman minería marginal), no están obligados a pagar los impuestos mencionados y operan en el mercado, también informal, para acceder a materiales y suministros. Todo esto es obviamente una ventaja que hace que todos quieran ser informales y que la sequía de inversiones en proyectos se agudice cada día más en el país.

El sistema de regalías en Bolivia se calcula sobre el valor bruto de ventas con una escala de entre 3% y 7% para los metales comunes de nuestra producción (artículo 277 de la Ley 535), Argentina usa una escala de entre 0% y 3% sobre ventas; ahora se tiene una propuesta de subir la escala hasta 5%, que está siendo fuertemente rechazada por las instituciones de productores y comercializadores de ese país (clubminero.com, 30/05/24); Chile y Perú usan escalas sobre margen operativo (1,72% a 6,05% para Chile y 2% a 5,75% para Perú, según la información asequible). Resulta obvio que nuestro sistema es poco competitivo con los vecinos y no toma en cuenta el margen operativo de cada proyecto; no es lo mismo un margen operativo de 65% que otro muy marginal de 35%, este parámetro puede compensar el riesgo de la inversión si se lo aplica correctamente. Hay muchos incentivos que se pueden aplicar para atraer inversiones: estabilidad por 30 o más años, devolución de gastos de prospección y exploración, del IVA y de gastos de responsabilidad social empresarial (RSE), entre otros, que hacen que, por ejemplo, Argentina sea hoy un refugio preferido de nuevas inversiones mineras. Todo lo anterior complementado con un duro impuesto IUE+AIUE, más la alícuota por remesas de dividendos (12,5%), más la inédita regulación de coparticipación mayoritaria del Estado de las utilidades (55% mínimo para proyectos en áreas fiscales; artículo 148. I de la Ley 535), configuran, como veremos más adelante, un esquema de government take que inevitablemente ahuyenta nuevas inversiones como viene ocurriendo en el país en las dos décadas precedentes.

(*) Dionisio J. Garzón es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia

El ajusticiamiento a mano propia no es algo nuevo en nuestro país. Sin embargo, en anteriores semanas, la población se asombró ante el linchamiento perpetrado por los comunarios de Ivirgarzama en el Trópico chochabambino, contra tres hombres acusados de secuestro y otro tipo de delitos.

Lo particular de este caso no se relaciona únicamente con la brutalidad de las agresiones contra esas personas, en el entendido de que a pesar de ser culpables —o no— de un hecho ilícito, ello no los despoja de sus derechos fundamentales, ni de las garantías establecidas por la ley para todo ciudadano. Lo alarmante fue el hecho de que se encontraban bajo la custodia de la Policía y fueron extraídas de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) mediante el uso de la fuerza física, que fue utilizada para reducir a los efectivos policiales, extraer a los detenidos y someterlos en vía pública a agresiones, humillación y, finalmente, al linchamiento.

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De acuerdo con lo establecido por la Constitución Política, en su artículo 251, parágrafo I: “La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano.” Por ello, en el momento en que un grupo de comunarios —sea de cualquier lugar del país— sobrepasa a la institución estatal encargada de detentar la fuerza pública y se atribuye el ajusticiamiento y la sanción de manera tan abrupta, significa que en definitiva algo está fallando.

Sin bien la justicia comunitaria es válida y se practica hace mucho tiempo en el país, ha sido utilizada en diversas ocasiones para justificar la vulneración de derechos, ya que existen precedentes en los que se ha procedido al linchamiento de inocentes, constituyéndose como uno de los recovecos del ajusticiamiento por mano propia la alta probabilidad de cometer un delito y no así establecer justicia o la reparación sobre el daño causado.

A pocos días de lo sucedido en Ivirgarzama, en Tolata, otra de las poblaciones de Cochabamba, se produjo un nuevo linchamiento, con dos hombres sometidos a una brutal golpiza, uno de ellos falleció por las agresiones físicas. Estos dos últimos linchamientos en Cochabamba evidencian —una vez más— una clara ruptura entre la población y la administración de justicia en el país. Parece urgente comenzar con un análisis serio y buscar un abanico de  soluciones para posibilitar —de una vez por todas— el acceso oportuno a la Justicia en todas sus instancias, dado que en la actualidad, el ciudadano común prefiere arriesgarse a vulnerar derechos fundamentales (como el derecho a la vida, a la salud, entre otros) y enfrentarse a cualquier presunto o flagrante delincuente, antes que confiar o recurrir a cualquier institución competente para que se emita una sanción o reparación al daño causado.

Cumplir y hacer cumplir las diferentes competencias de las instituciones nacionales es primordial en el momento que uno o varios grupos de personas se atribuyen la potestad de sancionar o ejecutar sanciones con extrema celeridad, por encima de los órganos que por ley detentan esa atribución. Bajo las circunstancias en las que se dieron los mencionados linchamientos, no debería ser una opción guardar silencio y actuar como si los derechos fundamentales fueran parte de la ornamentación de un edificio contemporáneo. No solo es tarea de la Defensoría del Pueblo alzar la voz cuando se trata de la defensa de derechos y garantías. Mañana, cualquiera de nosotros podría ser sometido con o sin razón a un linchamiento.

(*) Pamela M. Quino Montenegro es abogada e investigadora