Servicio militar
No deja de ser saludable que se debata la pertinencia del servicio militar obligatorio en el país
En noviembre de 2015, José Ignacio Orías, entonces de 17 años, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el servicio militar obligatorio en el país, arguyendo que esta actividad es incompatible con la Constitución Política, por cuanto fomenta la cultura de la guerra, la dominación y la violencia, entre otros valores que son contrarios a los que promueve la Carta Magna.
Cuatro meses después, el Tribunal Constitucional emitió, el 23 de marzo, un fallo que rechaza, por “infundado”, este amparo de objeción de conciencia, ratificando en este sentido la obligatoriedad del servicio militar en Bolivia, sin ninguna excepción. Más allá de este rechazo, no deja de ser saludable que se debata la pertinencia de mantener o no el carácter obligatorio del servicio militar en el país, así como los valores que se imparten a las nuevas generaciones en los cuarteles. Y es que, como es de conocimiento público, la formación castrense contribuye a perpetuar el machismo y la violencia, promoviendo una visión autoritaria del poder que muchas veces se manifiesta en malos tratos, insultos y abusos físicos que los soldados sufren de parte de sus superiores y de sus propios compañeros.
Y lo propio ocurre con ejercicios militares como el denominado “prisionero de guerra”, en el que los soldados son sumergidos de cabeza en reiteradas ocasiones dentro de un recipiente con agua, tal como muestra un video del regimiento Rangers de Oruro difundido en septiembre de 2010. Prácticas tanto más reprochables por cuanto se pueden traducir en la muerte de los conscriptos, como ocurrió con el subteniente Grover Poma, quien falleció en febrero de 2011 luego de sufrir una fuerte golpiza en la Escuela de Cóndores Sanandita. Tres años después, Ceooly Espinal, otro recluta de ese mismo centro militar de Tarija, murió a los 23 años como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneal, producto de uno o varios golpes que recibió en circunstancias aparentemente similares a las de Poma. Como era previsible, en ambos casos, al igual que en otros similares en el pasado, lejos de reflexionar sobre estos actos de violencia y sus terribles consecuencias, los militares trataron de desvirtuar estos decesos, atribuyéndoles causas naturales antes que institucionales y culturales.
Además, como es de suponer, esta violencia, que puede llegar a extremos mortales, no se limita a los cuarteles, sino que trasciende estos espacios cuando los soldados regresan a sus hogares o cuando gente de afuera los visita. Tal como ocurrió con Janet Vargas, de 27 años, quien murió en junio de 2013 por un golpe en la cabeza en el propio Estado Mayor, a donde se había dirigido para asistir a una fiesta. Hablamos de hechos de sangre, violencia e impunidad que se repiten cada cierto tiempo y que ponen en relieve la pertinencia de mantener la cualidad obligatoria del servicio militar, tal como cuestiona el amparo de consciencia presentado por Orías.