Hace unos días, en Wall Street, centro del capitalismo mundial, Bolivia hizo noticia y causó desconcierto en el mercado de capitales. Sus bonos tuvieron un rendimiento del 19% en 2024, lo que la posiciona en una de las mejores apuestas en deuda soberana de los mercados emergentes, según los índices de Bloomberg, la compañía internacional de asesoría financiera con sede en Nueva York. De acuerdo con Bloomberg, “los $us 1.000 millones en bonos con vencimiento en 2028 han aumentado 12 centavos a 59 centavos por dólar este año, mientras en instrumentos al 2030 subieron 5 centavos por dólar”.

Se indicó que Bolivia tiene problemas fiscales y con el sector externo muy serios, y que arrastra un déficit fiscal de 7,5% del PIB del año pasado, que se espera se amplíe alrededor del 7,8% en 2024; por lo tanto, las perspectivas no son nada halagüeñas.

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Ante el desconcierto de los estudiosos financistas del norte, cabe señalar que el modelo económico en Bolivia tiene la virtud de haber disminuido los niveles de pobreza en base a una participación del Estado en la economía, una redistribución del ingreso generado en el proceso de producción, contar con una inflación baja, entre otros; obviamente esto tiene un costo, que no es trasladado a la población, sino que es asumido por el Estado. 

Otro aspecto importante considerado por la mencionada entidad es la cantidad de dólares en la economía. El BCB está vendiendo bonos y hasta el 20 de marzo captó $us 25 millones, de los $us 10.000 millones que se encuentran en los hogares, por lo que podemos colegir que hay un proceso especulativo originado por economistas de derecha y la oposición política con la creación de expectativas negativas, que orquestaron conjuntamente con medios de comunicación, con el argumento de que la crisis se encuentra a la vuelta de la esquina; sin embargo, ya pasó un año y tal crisis no existe y, a pesar de esto, continúan pregonando su existencia. Ellos son los causantes de la situación actual.

Un tema central recurrente en Bloomberg es el déficit fiscal, pero lo trata de una manera general y laxa. Si hacemos un análisis de los dos últimos años, veremos que prácticamente el déficit en cuenta corriente no existe y si observamos la cuenta capital, ahí sí hay déficit fiscal, porque los recursos están en grandes proyectos que hacen parte de la inversión pública, que a partir de este año empezarán a dar frutos y comenzarán a generar las necesitadas divisas; en síntesis, es un déficit con una cualidad transitoria, que en el corto plazo puede ser revertido.

La inflación controlada es otro elemento central que explica el repunte del rendimiento de los bonos soberanos. Sabemos que la inflación es redistribuidora de ingresos a favor de los más ricos. El objetivo del modelo boliviano es redistribuir los resultados del proceso de producción para el bienestar de la población. 

Otro hecho por demás importante es el acuerdo de 10 puntos entre el Gobierno y los empresarios, que, en términos generales, buscan la generación del ingreso de divisas con la liberación total de exportaciones, principalmente de productos que tenían restricciones porque la norma ordena priorizar el abastecimiento interno. Las divisas provendrán del sector agropecuario y la minería. Otro elemento importante es el gasto en la importación de combustible, que se pretende reducir con incentivos como la promoción de la inversión privada en plantas biodiésel, el fomento de las inversiones para mejorar el rendimiento agrícola y una “subasta” de diésel con grandes compradores.  

Por lo anotado, los inversores privados internacionales tomaron conocimiento de la realidad del país y las perspectivas alentadoras que se tienen a pesar del contexto mundial de incertidumbre y con comportamientos erráticos de países vecinos.

(*) Efraín Huanca Quisbert es economista

Sin duda, 2024 será de gran incertidumbre para la economía global, a pesar de los intentos para superarla en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), bajo el lema “Reconstruir la confianza”. Las sucesivas crisis, tanto sanitarias como bélicas, calaron hondo en la estructura de la economía mundial, constituyendo un escenario donde lo más sobresaliente son las pugnas geopolíticas, resultado de las reconfiguraciones del capital a escala mundial, que van fragmentando aún más el planeta hacia la conformación de bloques, en detrimento del funcionamiento de las cadenas de valor y, por ende, del flujo del comercio internacional.

También nuestros vecinos, como Argentina sumido en crisis con un Milei entusiasmado en la aplicación del neoliberalismo, Brasil con perspectivas de crecimiento, Perú con su crecimiento ralentizado y Chile con estabilidad y apostando a la minería.

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Bolivia siente este impacto en el desempeño de su economía. El “boicot económico” gestado desde la Asamblea por parte del bloque evista y la oposición, cuyo objetivo es dejar sin recursos al Gobierno para que no se puedan ejecutar obras, sumado al bloqueo de las carreteras por parte de la facción evista, pueden extender factura en el futuro inmediato. Ambas acciones tienen en perspectiva el accionar precoz del lanzamiento de la candidatura del expresidente Morales hacia las elecciones de 2025.

La intensidad de los bloqueos es tal que en los primeros 15 días de 2024 se dieron siete jornadas de bloqueos en Cochabamba, que ocasionaron una pérdida económica de entre $us 600 millones y 700 millones por día. Es una forma perversa de desestabilizar la economía del país con el propósito de generar malestar social y su ulterior transición a un escenario político.

Ante esta situación, nacional e internacional, es una necesidad que la economía dirija su mirada al mercado interno para que se constituya en un destino obligatorio de la producción nacional, que dentro del esquema de la industrialización con sustitución de importaciones la producción sienta su impulso y permita su diversificación.

Para 2024, uno de los elementos fundamentales que explica la dinámica de las proyecciones de crecimiento del PIB en Bolivia es la inversión pública, que está en $us 4.274 millones y tiene la cualidad de enfocarse más en el sector de la producción —ya no en la construcción de carreteras como hasta antes de 2021—, lo que tendrá su impacto en el conjunto de la economía a través de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, y profundizará el proceso de industrialización.

La inversión pública tiene entre los principales proyectos en su fase de implementación la planta del Mutún, las plantas de biodiésel FAME I y FAME II en Santa Cruz y El Alto, la planta de refinación de zinc, las plantas de alimentos (papa, yuca, carne y otros), que aportarán al menos $us 600 millones e irán a reconstituir las arcas de las RIN; y en la fase de inversión tenemos la química básica, la industria farmacéutica, la planta de diésel renovable (HVO) y la planta de Extracción Directa de Litio (EDL). Además se tienen $us 2.000 millones autorizados por la Ley del Presupuesto General del Estado 2024 y la aprobación de otros $us 700 millones en caso de presentarse condiciones adversas del clima.

Finalmente, para la ejecución de la inversión pública se tiene dentro del Acuerdo Fiscal Financiero firmado entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia, el financiamiento interno vía operaciones a través de la colocación de títulos de subasta en el mercado interno, entre otros, que son formas de financiamiento alternativas ante el bloqueo evista y de la oposición en la Asamblea. También es importante desentrañar y combatir la especulación de dólares que permitirán dotar de recursos a la economía.    

(*) Efraín Huanca Quisbert es economista

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 tiene, entre sus muchas cualidades, la de “asegurar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas” y, además, en base a esto “profundizar el desarrollo del proceso de industrialización con sustitución de importaciones que fortalezcan la soberanía productiva”, lo que permita “fortalecer el aparato productivo e industrial, impulsando la productividad y mayor rendimiento”. Este es el espíritu, el ajayu del PGE 2024.

Para este propósito es fundamental la inversión pública tanto en su magnitud como en su composición. La inversión pública es parte de la demanda interna, que tiene entre sus objetivos generar incentivos para el crecimiento del producto en el corto plazo a través de las compras de insumos para la inversión y generar su efecto multiplicador al conjunto de la economía interna, que para 2024 se proyecta que estaría alrededor de 3,71% de crecimiento del PIB, a pesar del contexto externo adverso.

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La inversión pública, desde 2006 hasta 2019, estuvo inclinada hacia el sector de infraestructura y dentro de ello, en la construcción de carreteras, caminos, etc., es decir, en la construcción de infraestructura carretera, lo que obviamente no es malo, sino que no hubo una utilización óptima del excedente económico registrado en ese periodo, con la consecuencia de que no permitió dotar a Bolivia de capacidad productiva que permita industrializar el país y así afrontar de mejor manera la crisis internacional actual, y constituirse en una nación con diversificación productiva. Y esto no es nuevo, de la misma manera en la época del dictador Hugo Banzer, también se tuvo una gran magnitud del excedente económico que, luego de ser trasladado a Santa Cruz, fue despilfarrado.

Es pertinente indicar que la construcción de infraestructura —en este caso carretera— en el proceso transformador —el proceso de trabajo— de las materias primas en bienes, tiene una participación indirecta; a su vez, la inversión pública destinada al sector productivo tiene un incidencia directa en el proceso de trabajo y la función de reducir el tiempo de trabajo en la producción de bienes. Por lo que la diferencia entre ambos es esencial.

En ese sentido, la inversión pública para 2024 es de $us 4.274 millones y tiene énfasis en el sector productivo con $us 2.378 millones, lo que representa el 56%; en el sector de infraestructura con $us 690 millones (16%); el sector social con $us 962 millones (22%), y multisectorial con $us 248 millones (6%).

Desde 2022, la inversión pública en el sector productivo es lo fundamental, pues en 2022 fue de $us 5.016 millones —el sector productivo fue de 42%—, en 2023 fue de $us 4.006 millones –el sector productivo fue de 34%— y en 2024 será de $us 4.275 millones, donde el sector productivo alcanza el 56%.

Entonces, por donde se mire, a partir de 2022 se está dando un giro por demás importante y estratégico en la orientación de la inversión pública, que tiene el objetivo de apuntalar la industrialización con sustitución de importaciones y que, en el corto plazo, tendrá la función de dotar la orientación al conjunto de la economía nacional hacia este anhelo innegociable del país.

(*) Efraín Huanca Quisbert es economista

Sin duda, lo acontecido en la reelección de Andrónico Rodriguez en la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional fue el iceberg que emergió para anunciar una nueva configuración política, que se estaba gestando hace tiempo atrás y se constituye en el punto de inflexión de un escenario de inestabilidad política, primero, y luego, económica.

Para la reelección de la presidencia del Senado en la Asamblea se acordó una agenda de nueve puntos entre el ala evista y Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa y Creemos, de Luis Fernando Camacho. El ala evista se vendió a su oposición, supuestamente enemigos de clase, por lo que ahora Evo Morales tiene mayoría en el Senado, lo que le da la posibilidad de controlarlo, contando con una amplia mayoría y una mayor operabilidad en la Asamblea; en otras palabras, mirando desde el reverso, el presidente Luis Arce no tiene respaldo de una mayoría parlamentaria en la Cámara Alta, lo que conduciría, inevitablemente, a una parálisis en la coordinación entre los órganos Ejecutivo y Legislativo, y la posibilidad de transitar por un escenario de inestabilidad que puede conducir a deteriorar seriamente los equilibrios políticos y económicos.

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La búsqueda de este objetivo es lo que permite explicar por qué el ala evista del MAS cruzó el “río de sangre” a través del acuerdo de agenda legislativa con CC y Creemos. Este hecho se repite trágicamente en la historia nacional, recordemos que hace 34 años —en abril de 1989—, Jaime Paz, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cruzó el “río de sangre” que lo separaba del dictador Hugo Banzer, empero, a pesar suyo, significó el punto inicial de su final.

Esto nos recuerda las palabras de Karl Marx: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”, a lo que podríamos añadir: ahora, otra vez como tragedia.

Ante declaraciones muy dispares de los protagonistas respecto de la agenda legislativa acordada el 7 de noviembre, se puede deducir que el objetivo central es desprestigiar y acortar el mandato del presidente Arce, con la pretensión de apuntalar la candidatura de Morales para las elecciones presidenciales de 2025.

Es preciso añadir que esta orquestación no viene sola, sino que acompañada por una serie de hechos que tienen el mismo objetivo común: desestabilizar al gobierno de Arce. Éstos provienen desde el flanco judicial, puesto que dos juzgados —de El Alto y Sacaba— se declararon incompetentes para juzgar a Jeanine Añez en un juicio ordinario, ya que, “casualmente”, la mayoría del Órgano Judicial fue posesionada en la gestión de Morales y, por otro lado, la dilación en la aprobación del Presupuesto General del Estado 2023 reformulado, que tiene como resultado una disminución del ritmo de la actividad económica y si no fuera por la presión del conjunto de la sociedad, no se hubiera aprobado.

(*) Efraín Huanca Quisbert es economista

En un escenario de crisis permanente del capitalismo, el producto de la economía boliviana va creciendo y manteniendo su correspondiente dinamismo con el mercado de trabajo y, obviamente, con el consumo de los hogares. Sin embargo, este crecimiento económico tiene su base en la estabilidad de precios en los diferentes mercados de la economía, siendo ésta, en la actualidad, una de las características más sobresalientes de la economía boliviana.

No debemos olvidar que toda producción tiene su destino, en otras palabras, toda producción tiene su demanda. De los destinos que tiene la producción —la demanda interna y la demanda externa—, la demanda interna es la que muestra mayor dinamismo, está compuesta por la demanda de consumo tanto del Gobierno como de las familias y por la inversión pública.

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El consumo de las familias, cuyo ingreso primario, resultante de la producción, viene reforzado por las políticas de redistribución del ingreso, como ser los bonos y, sobre todo, por las políticas económicas de control de la inflación, cuyo resultado es una inflación controlada que hasta septiembre registró un índice acumulado de 1,5%, que permite, entre otras cosas, que la moneda boliviana mantenga su valor, esto es que el dinero que poseemos tenga la capacidad de comprar casi la misma cantidad de bienes y servicios para el consumo de las familias tanto dentro como fuera del hogar; en este caso, en los restaurantes, las pensiones y los mercados.

Al primer trimestre de 2023, el crecimiento del PIB fue de 2,3%, explicado por la demanda interna que tuvo mayor dinamismo sosteniendo el crecimiento económico, ya que su incidencia fue de 10,1% frente a la incidencia negativa de las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones), que fue de -7,8%. Esta demanda interna del consumo está inducido por el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda nacional, lo que conlleva, a su vez, a un mayor consumo o, por lo menos, estable por parte de los hogares.     

Al interior de esa relación, una de las actividades económicas más dinámicas fue de los restaurantes, de la preparación y el consumo de alimentos, que de acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Impuestos (SIN) —haciendo el corte a agosto—, en los dos últimos años registró un crecimiento sostenido de 25% y 15%, y si consideramos una inflación baja tendremos buenos niveles de crecimiento a niveles reales.

Si bien en épocas de crisis ocasionadas por ejemplo por el COVID-19, la guerra en Ucrania, el bloqueo de los 36 días en Santa Cruz, existen pérdidas de empleo por una disminución de la producción que es interrumpida por una reducción de la demanda o por romperse las cadenas de valor, luego, en la fase de la recuperación, la generación de empleo no se da en la misma proporción, porque existe un rezago, ya que las empresas reajustaron sus procesos de trabajo.

Para ver este fenómeno en el mercado de trabajo tenemos dos indicadores importantes: la Tasa de Ocupación y la Tasa Global de Participación; la primera indica qué parte de todos los que podrían tener trabajo efectivamente lo tienen y mide cuánta gente está ocupada respecto de la población que está en condiciones y en edad de trabajar; y la segunda, mide la proporción de la población en edad de trabajar que desea participar activamente en el mercado de trabajo, es decir, que ingresa al mercado de trabajo por necesidad y tiene la confianza de encontrar empleo. En Bolivia, la tasa de ocupación hasta agosto fue de 75,7% frente a 69,5% en agosto de 2019 (para 2020, a marzo fue de 67,9%, la más baja), es decir, en cinco años la de esta gestión fue la más alta, o sea una muy buena parte de la población está ocupada. Respecto de la Tasa Global de Participación, en agosto registró 77,8% frente al 71,9% de 2019 (en marzo de 2020 fue la más baja con 70,9%), lo que indica la predisposición de la población en edad de trabajar a ingresar al mercado de trabajo.

Finalmente, concluimos que la economía boliviana se encuentra en pleno proceso de recuperación y que va superando paulatinamente los registros negativos ocasionados por aspectos de salud –COVID-19-, los bloqueos y los escenarios de crisis periódicas del capitalismo que van minando las capacidades productivas, no obstante, el producto boliviano sigue su recuperación ondulante para el bienestar del conjunto de la economía.

(*) Efraín Huanca Quisbert es economista