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Friday 1 Mar 2024 | Actualizado a 04:48 AM

Inestabilidad política y económica

Efraín Huanca Quisbert, economista

/ 28 de noviembre de 2023 / 09:26

Sin duda, lo acontecido en la reelección de Andrónico Rodriguez en la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional fue el iceberg que emergió para anunciar una nueva configuración política, que se estaba gestando hace tiempo atrás y se constituye en el punto de inflexión de un escenario de inestabilidad política, primero, y luego, económica.

Para la reelección de la presidencia del Senado en la Asamblea se acordó una agenda de nueve puntos entre el ala evista y Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa y Creemos, de Luis Fernando Camacho. El ala evista se vendió a su oposición, supuestamente enemigos de clase, por lo que ahora Evo Morales tiene mayoría en el Senado, lo que le da la posibilidad de controlarlo, contando con una amplia mayoría y una mayor operabilidad en la Asamblea; en otras palabras, mirando desde el reverso, el presidente Luis Arce no tiene respaldo de una mayoría parlamentaria en la Cámara Alta, lo que conduciría, inevitablemente, a una parálisis en la coordinación entre los órganos Ejecutivo y Legislativo, y la posibilidad de transitar por un escenario de inestabilidad que puede conducir a deteriorar seriamente los equilibrios políticos y económicos.

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La búsqueda de este objetivo es lo que permite explicar por qué el ala evista del MAS cruzó el “río de sangre” a través del acuerdo de agenda legislativa con CC y Creemos. Este hecho se repite trágicamente en la historia nacional, recordemos que hace 34 años —en abril de 1989—, Jaime Paz, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cruzó el “río de sangre” que lo separaba del dictador Hugo Banzer, empero, a pesar suyo, significó el punto inicial de su final.

Esto nos recuerda las palabras de Karl Marx: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”, a lo que podríamos añadir: ahora, otra vez como tragedia.

Ante declaraciones muy dispares de los protagonistas respecto de la agenda legislativa acordada el 7 de noviembre, se puede deducir que el objetivo central es desprestigiar y acortar el mandato del presidente Arce, con la pretensión de apuntalar la candidatura de Morales para las elecciones presidenciales de 2025.

Es preciso añadir que esta orquestación no viene sola, sino que acompañada por una serie de hechos que tienen el mismo objetivo común: desestabilizar al gobierno de Arce. Éstos provienen desde el flanco judicial, puesto que dos juzgados —de El Alto y Sacaba— se declararon incompetentes para juzgar a Jeanine Añez en un juicio ordinario, ya que, “casualmente”, la mayoría del Órgano Judicial fue posesionada en la gestión de Morales y, por otro lado, la dilación en la aprobación del Presupuesto General del Estado 2023 reformulado, que tiene como resultado una disminución del ritmo de la actividad económica y si no fuera por la presión del conjunto de la sociedad, no se hubiera aprobado.

(*) Efraín Huanca Quisbert es economista

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Crecimiento, a pesar de todo(s)

Ante esta situación, nacional e internacional, es una necesidad que la economía dirija su mirada al mercado interno

Efraín Huanca Quisbert, economista

/ 23 de enero de 2024 / 07:30

Sin duda, 2024 será de gran incertidumbre para la economía global, a pesar de los intentos para superarla en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), bajo el lema “Reconstruir la confianza”. Las sucesivas crisis, tanto sanitarias como bélicas, calaron hondo en la estructura de la economía mundial, constituyendo un escenario donde lo más sobresaliente son las pugnas geopolíticas, resultado de las reconfiguraciones del capital a escala mundial, que van fragmentando aún más el planeta hacia la conformación de bloques, en detrimento del funcionamiento de las cadenas de valor y, por ende, del flujo del comercio internacional.

También nuestros vecinos, como Argentina sumido en crisis con un Milei entusiasmado en la aplicación del neoliberalismo, Brasil con perspectivas de crecimiento, Perú con su crecimiento ralentizado y Chile con estabilidad y apostando a la minería.

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Bolivia siente este impacto en el desempeño de su economía. El “boicot económico” gestado desde la Asamblea por parte del bloque evista y la oposición, cuyo objetivo es dejar sin recursos al Gobierno para que no se puedan ejecutar obras, sumado al bloqueo de las carreteras por parte de la facción evista, pueden extender factura en el futuro inmediato. Ambas acciones tienen en perspectiva el accionar precoz del lanzamiento de la candidatura del expresidente Morales hacia las elecciones de 2025.

La intensidad de los bloqueos es tal que en los primeros 15 días de 2024 se dieron siete jornadas de bloqueos en Cochabamba, que ocasionaron una pérdida económica de entre $us 600 millones y 700 millones por día. Es una forma perversa de desestabilizar la economía del país con el propósito de generar malestar social y su ulterior transición a un escenario político.

Ante esta situación, nacional e internacional, es una necesidad que la economía dirija su mirada al mercado interno para que se constituya en un destino obligatorio de la producción nacional, que dentro del esquema de la industrialización con sustitución de importaciones la producción sienta su impulso y permita su diversificación.

Para 2024, uno de los elementos fundamentales que explica la dinámica de las proyecciones de crecimiento del PIB en Bolivia es la inversión pública, que está en $us 4.274 millones y tiene la cualidad de enfocarse más en el sector de la producción —ya no en la construcción de carreteras como hasta antes de 2021—, lo que tendrá su impacto en el conjunto de la economía a través de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, y profundizará el proceso de industrialización.

La inversión pública tiene entre los principales proyectos en su fase de implementación la planta del Mutún, las plantas de biodiésel FAME I y FAME II en Santa Cruz y El Alto, la planta de refinación de zinc, las plantas de alimentos (papa, yuca, carne y otros), que aportarán al menos $us 600 millones e irán a reconstituir las arcas de las RIN; y en la fase de inversión tenemos la química básica, la industria farmacéutica, la planta de diésel renovable (HVO) y la planta de Extracción Directa de Litio (EDL). Además se tienen $us 2.000 millones autorizados por la Ley del Presupuesto General del Estado 2024 y la aprobación de otros $us 700 millones en caso de presentarse condiciones adversas del clima.

Finalmente, para la ejecución de la inversión pública se tiene dentro del Acuerdo Fiscal Financiero firmado entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia, el financiamiento interno vía operaciones a través de la colocación de títulos de subasta en el mercado interno, entre otros, que son formas de financiamiento alternativas ante el bloqueo evista y de la oposición en la Asamblea. También es importante desentrañar y combatir la especulación de dólares que permitirán dotar de recursos a la economía.    

(*) Efraín Huanca Quisbert es economista

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Inversión pública productiva para 2024

Efraín Huanca Quisbert, economista

/ 22 de diciembre de 2023 / 07:35

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 tiene, entre sus muchas cualidades, la de “asegurar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas” y, además, en base a esto “profundizar el desarrollo del proceso de industrialización con sustitución de importaciones que fortalezcan la soberanía productiva”, lo que permita “fortalecer el aparato productivo e industrial, impulsando la productividad y mayor rendimiento”. Este es el espíritu, el ajayu del PGE 2024.

Para este propósito es fundamental la inversión pública tanto en su magnitud como en su composición. La inversión pública es parte de la demanda interna, que tiene entre sus objetivos generar incentivos para el crecimiento del producto en el corto plazo a través de las compras de insumos para la inversión y generar su efecto multiplicador al conjunto de la economía interna, que para 2024 se proyecta que estaría alrededor de 3,71% de crecimiento del PIB, a pesar del contexto externo adverso.

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La inversión pública, desde 2006 hasta 2019, estuvo inclinada hacia el sector de infraestructura y dentro de ello, en la construcción de carreteras, caminos, etc., es decir, en la construcción de infraestructura carretera, lo que obviamente no es malo, sino que no hubo una utilización óptima del excedente económico registrado en ese periodo, con la consecuencia de que no permitió dotar a Bolivia de capacidad productiva que permita industrializar el país y así afrontar de mejor manera la crisis internacional actual, y constituirse en una nación con diversificación productiva. Y esto no es nuevo, de la misma manera en la época del dictador Hugo Banzer, también se tuvo una gran magnitud del excedente económico que, luego de ser trasladado a Santa Cruz, fue despilfarrado.

Es pertinente indicar que la construcción de infraestructura —en este caso carretera— en el proceso transformador —el proceso de trabajo— de las materias primas en bienes, tiene una participación indirecta; a su vez, la inversión pública destinada al sector productivo tiene un incidencia directa en el proceso de trabajo y la función de reducir el tiempo de trabajo en la producción de bienes. Por lo que la diferencia entre ambos es esencial.

En ese sentido, la inversión pública para 2024 es de $us 4.274 millones y tiene énfasis en el sector productivo con $us 2.378 millones, lo que representa el 56%; en el sector de infraestructura con $us 690 millones (16%); el sector social con $us 962 millones (22%), y multisectorial con $us 248 millones (6%).

Desde 2022, la inversión pública en el sector productivo es lo fundamental, pues en 2022 fue de $us 5.016 millones —el sector productivo fue de 42%—, en 2023 fue de $us 4.006 millones –el sector productivo fue de 34%— y en 2024 será de $us 4.275 millones, donde el sector productivo alcanza el 56%.

Entonces, por donde se mire, a partir de 2022 se está dando un giro por demás importante y estratégico en la orientación de la inversión pública, que tiene el objetivo de apuntalar la industrialización con sustitución de importaciones y que, en el corto plazo, tendrá la función de dotar la orientación al conjunto de la economía nacional hacia este anhelo innegociable del país.

(*) Efraín Huanca Quisbert es economista

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Consumo, restaurantes e inflación

Al primer trimestre de 2023, el crecimiento del PIB fue de 2,3%, explicado por la demanda interna

Efraín Huanca Quisbert, economista

/ 3 de noviembre de 2023 / 08:57

En un escenario de crisis permanente del capitalismo, el producto de la economía boliviana va creciendo y manteniendo su correspondiente dinamismo con el mercado de trabajo y, obviamente, con el consumo de los hogares. Sin embargo, este crecimiento económico tiene su base en la estabilidad de precios en los diferentes mercados de la economía, siendo ésta, en la actualidad, una de las características más sobresalientes de la economía boliviana.

No debemos olvidar que toda producción tiene su destino, en otras palabras, toda producción tiene su demanda. De los destinos que tiene la producción —la demanda interna y la demanda externa—, la demanda interna es la que muestra mayor dinamismo, está compuesta por la demanda de consumo tanto del Gobierno como de las familias y por la inversión pública.

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El consumo de las familias, cuyo ingreso primario, resultante de la producción, viene reforzado por las políticas de redistribución del ingreso, como ser los bonos y, sobre todo, por las políticas económicas de control de la inflación, cuyo resultado es una inflación controlada que hasta septiembre registró un índice acumulado de 1,5%, que permite, entre otras cosas, que la moneda boliviana mantenga su valor, esto es que el dinero que poseemos tenga la capacidad de comprar casi la misma cantidad de bienes y servicios para el consumo de las familias tanto dentro como fuera del hogar; en este caso, en los restaurantes, las pensiones y los mercados.

Al primer trimestre de 2023, el crecimiento del PIB fue de 2,3%, explicado por la demanda interna que tuvo mayor dinamismo sosteniendo el crecimiento económico, ya que su incidencia fue de 10,1% frente a la incidencia negativa de las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones), que fue de -7,8%. Esta demanda interna del consumo está inducido por el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda nacional, lo que conlleva, a su vez, a un mayor consumo o, por lo menos, estable por parte de los hogares.     

Al interior de esa relación, una de las actividades económicas más dinámicas fue de los restaurantes, de la preparación y el consumo de alimentos, que de acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Impuestos (SIN) —haciendo el corte a agosto—, en los dos últimos años registró un crecimiento sostenido de 25% y 15%, y si consideramos una inflación baja tendremos buenos niveles de crecimiento a niveles reales.

Si bien en épocas de crisis ocasionadas por ejemplo por el COVID-19, la guerra en Ucrania, el bloqueo de los 36 días en Santa Cruz, existen pérdidas de empleo por una disminución de la producción que es interrumpida por una reducción de la demanda o por romperse las cadenas de valor, luego, en la fase de la recuperación, la generación de empleo no se da en la misma proporción, porque existe un rezago, ya que las empresas reajustaron sus procesos de trabajo.

Para ver este fenómeno en el mercado de trabajo tenemos dos indicadores importantes: la Tasa de Ocupación y la Tasa Global de Participación; la primera indica qué parte de todos los que podrían tener trabajo efectivamente lo tienen y mide cuánta gente está ocupada respecto de la población que está en condiciones y en edad de trabajar; y la segunda, mide la proporción de la población en edad de trabajar que desea participar activamente en el mercado de trabajo, es decir, que ingresa al mercado de trabajo por necesidad y tiene la confianza de encontrar empleo. En Bolivia, la tasa de ocupación hasta agosto fue de 75,7% frente a 69,5% en agosto de 2019 (para 2020, a marzo fue de 67,9%, la más baja), es decir, en cinco años la de esta gestión fue la más alta, o sea una muy buena parte de la población está ocupada. Respecto de la Tasa Global de Participación, en agosto registró 77,8% frente al 71,9% de 2019 (en marzo de 2020 fue la más baja con 70,9%), lo que indica la predisposición de la población en edad de trabajar a ingresar al mercado de trabajo.

Finalmente, concluimos que la economía boliviana se encuentra en pleno proceso de recuperación y que va superando paulatinamente los registros negativos ocasionados por aspectos de salud –COVID-19-, los bloqueos y los escenarios de crisis periódicas del capitalismo que van minando las capacidades productivas, no obstante, el producto boliviano sigue su recuperación ondulante para el bienestar del conjunto de la economía.

(*) Efraín Huanca Quisbert es economista

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PGE y demanda agregada

Los ingresos del PGE están determinados por la magnitud del Producto Interno Bruto

Efraín Huanca Quisbert, economista

/ 21 de agosto de 2023 / 08:07

Cuando estudiamos la realidad económica es fundamental definir qué papel desempeña el Estado en el ámbito de la economía y los efectos que pueda tener en el conjunto de la economía y, a su vez, considerar y entender las influencias determinantes de la economía interna y del inestable —de crisis permanente— contexto de la economía mundial y, obviamente, de sus elementos complementarios como son el aspecto social y político, lo que hace que el estudio de este espacio de la economía sea apasionante.

Las acciones del Estado están determinadas por las cualidades de una determinada administración estatal que proviene de las urnas —proceso electoral—, de un gobierno elegido democráticamente que tiene su visión de desarrollo de mediano plazo y largo plazos, y el procedimiento de plasmarlo en la realidad concreta es la elaboración de un Presupuesto General del Estado (PGE) para cada gestión con el propósito de alcanzar estos objetivos más allá de un periodo anual, sino en el periodo que dure su gestión de gobierno. Por esa razón es imprescindible contar con una visión temporal de corto, mediano y largo plazos.

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La economía del sector público está en constante cambio, de la misma manera que la sociedad, la política y el conjunto de la economía, sin embargo existen principios generales que son válidos tanto hoy como hace muchos años atrás; es, entre otros elementos, el equilibrio existente entre los ingresos y los gastos y, por lo tanto, la posibilidad de la existencia de una diferencia que podría ser un superávit o un déficit fiscal, lo que tiene que ser resuelto de alguna manera.

La política fiscal, a través del Presupuesto General del Estado, tiene la función —entre otras— de incidir en una determinada gestión —en el corto plazo—, pero, con la mirada de mediano plazo, en el fortalecimiento de la demanda efectiva del conjunto de la población para que, a su vez, esto influya sobre la producción, es decir, se constituye en un impulso a la capacidad de compra para que genere un incremento del Producto Interno Bruto (PIB).

Los ingresos del PGE están determinados por la magnitud del Producto Interno Bruto y también por las condiciones del sector externo —de su producción, los precios internacionales y por el comercio internacional—, que para el caso boliviano tanto el precio del petróleo como el de las otras mercancías son demasiado importantes para la determinación del nivel de ingreso del PGE.

Al mismo tiempo, para que se dé este círculo virtuoso entre PGE y la demanda agregada es imprescindible determinar la cantidad de dinero en la economía, por lo que es muy importante la coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. Determinar los límites o hasta qué punto son independientes o cuál es la forma de coordinación entre ambas es un debate abierto.

Considerar estos aspectos son importantes a la hora de iniciar un debate público coherente, que sin duda está atravesado por aspectos políticos —inclusive en una situación extrema de desestabilización del gobierno—, ya que no todo el mundo comprende las cuestiones económicas básicas y, por esa razón, se transitaría en debates insulsos que no conducirían a ninguna parte.

Sin duda, existe una larga lista de temáticas que podrían ser debatidas respecto del PGE, las considerados en este artículo, obviamente, solo son una pequeña muestra.

(*) Efraín Huanca Quisbert es economista

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The Economist y el (neo) liberalismo

Bolivia es un país soberano, que tiene entre sus propósitos el crecimiento y el desarrollo económicos

Efraín Huanca Quisbert, economista

/ 3 de mayo de 2023 / 07:36

El mensaje es claro. Volver al neoliberalismo. Desde Europa, desde Londres, con el conocimiento a medias de la realidad de un país, vierten opiniones que chorrean a ideología claramente neoliberal, aunque ventilan liberalismo. Desconocen, o se hacen de la vista gorda, de lo que sucedió en Bolivia a mediados de los años 90 del siglo pasado y se repitió en 2020, cuando el neoliberalismo destrozó la economía, cuando las inversiones extranjeras directas privadas alcanzaron su máximo nivel a costa de vender tramposamente las empresas estatales que los mismos neoliberales urdieron para convertirlas en deficitarias y venderlas a precio de gallina muerta. Eso es lo que propone The Economist, la también transnacional de la comunicación, en un artículo publicado el18 de abril.

Su política editorial: “promover la ‘sabiduría de los mercados’ y combatir toda intervención de los poderes públicos”; sin embargo, como toda regla tiene su excepción, dirá The Economist, ya que en el mercado la competencia no funciona, en su interior, en su propia producción, puesto que los artículos no tienen firma ya que “la ausencia de firma favorece la cooperación entre periodistas”, dice; es decir, dicho de otra manera, “consagrado desde hace un siglo y medio a la promoción de la competencia universal, el semanario se basa en el principio inverso —la cooperación—, para organizar su propia producción” (Le Monde Diplomatique, 2012), o sea, la prestigiosa revista no practica lo que pregona, de la misma manera que los que profesan el libre mercado no lo hacen en la práctica, es un discurso para otros.      

Con relación a nuestro país, The Economist indica que “Bolivia está al borde de una crisis económica y su modelo está en quiebra”, y que la verdadera causa es que “es un modelo económico imprudente que ha existido desde que los populistas de izquierda tomaron el poder hace casi dos décadas” y que “ahora el costo total del populismo económico se está volviendo caro”.

Toma como punto de partida, con mucho énfasis, la escasez coyuntural de dólares como si fuera el elemento central, considerándolo el termómetro de la economía; sin embargo, omite la existencia de un proceso interno de bolivianización que privilegia la moneda boliviana en las transacciones internas de la economía. Además, cabe indicar que esta escasez del billete verde es coyuntural, que no refleja, de ninguna manera, una posible insolvencia de la economía, menos un modelo económico en quiebra.

Haciendo un paralelismo de este hecho coyuntural, olvidan lo que es imperdonable como representantes de la aristocracia financiera transnacional, que ante la necesidad de una parte de la población por recuperar sus ahorros de cualquier entidad bancaria, estos no pueden ser devueltos simultáneamente en un corto periodo de tiempo, puesto que ese dinero se encuentra circulando en toda la economía, es parte integrante de la cartera del sistema financiero. 

Sin embargo, el tema central es el tamaño de la torta, la magnitud y el ritmo como se desenvolverá el producto; el FMI, que es la base de la reflexión de The Economist, cree que sería de 1,8%, que es bajo, en consecuencia la cuenta corriente de la balanza de pagos será negativa y, por lo tanto, las reservas internacionales serían menores a la cuenta corriente. De acuerdo con el Programa Fiscal Financiero boliviano, el PIB crecería cerca del 4,9% en condiciones de normalidad, lo que supera ampliamente los pronósticos fondomonetaristas.

Finalmente, cabe indicar que Bolivia es un país soberano, que tiene entre sus propósitos el crecimiento y el desarrollo económicos —temas ajenos a The Economist, que privilegia el mercado y los precios—, a partir de la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo con sustitución de importaciones, donde el Estado tiene el papel de productor, regulador, coordinador y planificador del desarrollo.

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