Cuando todo se perfilaba para que el paso por Bolivia del rally Dakar transcurriese sin mayores sobresaltos, el piloto cruceño Leonardo Martínez sorprendió a propios y extraños al enunciar un reclamo que nadie, incluidos a los principales mandatarios del país, vio venir. En menos de un minuto, la algarabía que reinaba en el palco oficial instalado en Miraflores para recibir a los competidores del Dakar fue sustituida por un pesado silencio, luego de que Martínez tomara el micrófono.

Aprovechando la oportunidad mediática y estar frente a frente a nuestras máximas autoridades, el piloto cruceño les recordó al “Señor Presidente, señor Vicepresidente” que “la mayoría votamos por el ‘No’ (en el referéndum de febrero de 2016)” para luego agregar: “Cuando yo entro al Dakar, me someto a todas las normas y reglas. No soy político, yo solamente le pido que respetemos la Constitución y que respetemos el 21 febrero”. En referencia al rechazo mayoritario de la población manifestado el año pasado sobre la posibilidad de modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para habilitar una segunda repostulación continúa de los actuales mandatarios para las elecciones de 2019.

Mientras las autoridades digerían estas polémicas declaraciones, las redes sociales empezaron a “arder”, como suele ocurrir en momentos de morbo. La mayoría de las opiniones se manifestaron a favor del también padre de la corredora Suany Martínez, a quien calificaron como un valiente (por animarse a decir lo que otros callan). “No importa en qué posición llegué en la competencia. Señor Martínez, usted ganó hoy todo el aprecio y el respeto de los bolivianos. Gracias por pedir el respeto a la democracia”, escribió Juan Carlos Fernández. Pero también hubo voces de reproche. “Seguro es de la derecha, gracias a Evo está en competencia, que mal le paga”, escribió Carolina López. E incluso uno que otro usuario llegó al extremo de amenazar de muerte al competidor.

En un contacto con La Razón, Martínez explicó el porqué de sus declaraciones. “Yo no tengo ningún rédito político, solamente transmito mi opinión de que se deben respetar las normas. Yo pago al Dakar para competir, sino, me opondría a todas las condiciones (…) Todos respetamos las normas, y yo le invité al Presidente a que (también) las respete”.

Así, con las palabras antes señaladas, ciertamente Martínez, junto a los ciudadanos que se manifestaron en contra del Código del Sistema Penal minutos antes del paso del Dakar por la sede de gobierno, “arruinaron” la fiesta deportiva preparada por el Gobierno para la sexta etapa de este rally.

Con la afluencia de padres de familia y conflictos, el lunes 19 de enero se inició el proceso de inscripción escolar 2015 en la mayoría de las unidades educativas fiscales y de convenio del país. La búsqueda por un cupo se convirtió literalmente en un suplicio para muchas personas, que ni siquiera madrugando y luego de largas filas lograron conseguir un espacio para sus hijos.

La palabra calvario pareciera ser la indicada para reflejar el sacrificio que muchos padres y madres tuvieron que atravesar para registrar a sus hijos en el nivel inicial; suplicio que continuará esta semana para los familiares de los estudiantes que decidieron cambiar de colegio. Con largas filas, quejas y presión esperan asegurar una matrícula para sus hijos. El 2 de febrero se inician las clases en las instituciones educativas de todo el país.

Como todos sabemos, las autoridades prohibieron la instalación de filas en las afueras de los establecimientos educativos; sin embargo, los progenitores hicieron caso omiso a esta determinación. Incluso algunos se apostaron en inmediaciones de las escuelas desde noviembre, y elaboraron una lista para garantizarse un puesto. Aprovechando la desesperación de estas personas, algunos colegios les cobraron irregularmente Bs 30 (e incluso más) para garantizar un cupo, según denunciaron algunos padres de familia.

En la sede de gobierno, una vez cubiertos los espacios del nivel inicial del colegio Mariscal José de Sucre, así como en los kínderes Macario Pinilla y Óscar Alfaro, entre otros, las madres y padres descontentos bloquearon las vías a modo de presión. Asimismo, hubo peleas entre ellos. Lo propio ocurrió en la ciudad de Santa Cruz, donde semanas atrás instalaron sillas, unas tras otras, en busca de cupos. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo señala que los cupos ofertados por las unidades educativas son insuficientes. En aquellos donde se presentaron conflictos, el Ministerio de Educación ordenó realizar el sorteo de plazas.

Para evitar las filas y los conflictos entre padres se podría habilitar la inscripción a través de internet, tal como ocurre actualmente en Ecuador y Colombia. En esos países, las secretarías de educación locales reciben la inscripción de los estudiantes. Los padres o tutores deben solicitar vía internet la inscripción, y si hay espacio, se reserva un cupo, entonces tienen cinco días para presentarse físicamente, con los requisitos establecidos para confirmar el registro.

Esperemos que el calvario y sacrificio de los padres de familia valga la pena, y que los alumnos estudien conscientemente, con dedicación y esfuerzo, y no solo para contentar a sus familiares, sino sobre todo para cimentar las bases de su propio futuro. 

Cada semana escuchamos al menos un caso de infanticidio o de intento de infanticidio en el país o el mundo. Cada caso es único y diferente. En algunos, cuando no culmina con la muerte del infante, le puede provocar daños irreversibles. Los hechos se repiten en todas partes y, casi siempre, parten con una historia de maltrato anterior. ¿Qué está pasando?

Entre 2012 y 2013 la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) registró 5.401 casos de violencia contra menores, entre violaciones, infanticidios y maltratos. Por su crueldad, al menos tres casos de infanticidio estremecieron a la población. Se presentaron a finales de 2013. El 29 de noviembre, en la ciudad de Santa Cruz, Daniel Antelo asesinó a tiros a Alexander, Masiel y Alexia (ocho meses), sobrinos de su expareja, quien había decidido terminar con su relación. En La Paz, el 2 de diciembre, el pequeño Juan Israel Chávez (bebé de 17 meses) fue encontrado muerto cerca de su vivienda, tras un secuestro planificado por su madre y su exnovio. En la sede de gobierno también se presentó el caso de otro infante de año y medio que murió tras ser golpeado y asesinado por su padrastro, Omar A.Ch.

A raíz de estos hechos, la Red Parlamentaria por la Niñez y la Adolescencia aceleró la ley de modificación del Código Niña, Niño y Adolescente, que desde el 17 de julio instituye la pena de 30 años de cárcel para quien cometa infanticidio violento.

Se supone que el lugar más seguro para un niño debería ser su hogar, pero es en el entorno familiar donde generalmente ocurren estos terribles actos de violencia. ¿Qué está pasando? ¿Será que a los progenitores y parientes se les acabó la paciencia para con los niños? ¿Los problemas económicos han acabado con el amor? ¿Las personas padecen alguna enfermedad mental? ¿Son los efectos del alcohol y las drogas? Lo cierto es que la intención de hacer daño al otro convierte a los hijos en meros instrumentos.

El 30 de julio, el diario El Mercurio de Chile informó sobre un caso de infanticidio frustrado cuando una madre lanzó del segundo piso de su vivienda a su hija recién nacida. La lactante resultó con una fractura craneal debido al fuerte golpe.

Tanto en Chile como en nuestro país el infanticidio está catalogado como figura penal. El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, precisó que el castigo es para quien mate a una niña o a un niño, desde su nacimiento hasta sus 12 años. Es lógico que el infanticidio reciba una pena mayor. Sabemos que no se debe matar, sabemos que los hijos no nos pertenecen.