La libertad de decidir sobre aspectos que tienen que ver con tu propia vida se entiende generalmente como una obviedad, una capacidad y un derecho de cada persona. En ese sentido, la decisión de ser o no madre debiera ser una decisión y un derecho de cada mujer. Sin embargo, este derecho es negado para muchas mujeres en determinadas circunstancias, sobre todo cuando dicha decisión va en contra del rol reproductivo que la sociedad les asigna.

El seguir o no con un embarazo que no fue planificado o deseado debe ser una decisión de cada mujer, que debiera ser respetada por la sociedad en general. Los Estados deberían garantizar la libertad de las mujeres a decidir, sin condicionarlas o penalizarlas. Son las mujeres quienes, con base en su propia conciencia, experiencias y circunstancias, deben decidir continuar o no con un embarazo no deseado.

Si una mujer opta por continuar el embarazo, los Estados deben brindar los servicios necesarios para que su gestación se desarrolle en condiciones saludables. De la misma manera si opta por la interrupción del embarazo, los Estados deben proporcionar todos los servicios e insumos para que dicho procedimiento se dé en las mejores condiciones.

La penalización trae como consecuencia abortos inseguros, es decir, practicados en malas condiciones y/o por personas no capacitadas, lo cual es reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de salud pública, que afecta principalmente a mujeres que viven en países donde la práctica está penalizada y que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a un servicio de calidad donde realizar el procedimiento.

La penalización de esta práctica no reduce el número de abortos, al contrario, incrementa el de los embarazos interrumpidos inseguros. Se estima que en el mundo cada año se producen 22 millones de abortos inseguros debido a su penalización, y casi todos (98%) tienen lugar en países en desarrollo. Estos abortos inseguros producen aproximadamente 47.000 muertes de mujeres y dejan a 5 millones con incapacidades como resultado de sus complicaciones. En América Latina y el Caribe cerca de 1 millón de mujeres son hospitalizadas cada año por consecuencias de abortos inseguros.

En Bolivia la cifra de muerte materna es una de las más altas de Latinoamérica (160 por 100.000 nacidos vivos) y el aborto es la tercera causa directa (13% de las muertes), lo que reafirma que es un tema pendiente de atender. Si bien en el país la interrupción del embarazo no está penada en algunas circunstancias (riesgo de salud de la mujeres o en caso de violación), el acceso a esta práctica todavía no es el adecuado, y hay otras situaciones en las cuales las mujeres requieren que su derecho a decidir sea respetado para acceder a servicios públicos para recibir atención de calidad.

Despenalizar el aborto es reconocer el derecho y la capacidad de las mujeres de tomar decisiones sobre sus propias vidas. Es dejar de considerar delito la interrupción de un embarazo cuando se realiza por libre decisión de la mujer y, por ende, dejar de perseguir penal o judicialmente a quienes ejercen su derecho a decidir y/o a profesionales que efectúan el procedimiento como parte de una atención de salud. Significa respetar la decisión de las mujeres sobre la maternidad, y dejar de empujar a más mujeres a prácticas clandestinas inseguras de aborto que ponen en riesgo su integridad, su salud y su vida.

La maternidad no es un destino obligatorio para las mujeres. Decidir es derecho de todas, sin ningún tipo de discriminación. La garantía y ejercicio del derecho a decidir, y por ende de los derechos sexuales y reproductivos, es fundamental para el ejercicio de una ciudadanía plena en igualdad real.

* es feminista y activista por los derechos de las mujeres, coordinadora en Derechos Sexuales y Reproductivos de la Alianza por la Solidaridad.

Desde que se difundió en Bolivia la propuesta del Código del Sistema Penal, uno de sus 666 artículos ha generado un debate público en las redes sociales de internet y medios de comunicación, lo que a su vez ha desatado expresiones de violencia hacia las mujeres. Es el artículo 157, que amplía las causales de aborto no punible, es decir, las razones por las cuales no se penalice la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo.

Una vez más, está en debate el dar o no dar libertad a las mujeres para tomar decisiones reproductivas autónomas o definir “cuánto permiso” se dará, en qué casos y si éstos son “válidos”. El hecho mismo de llevar a debate nuestra autonomía y derechos es una forma de violencia de género. Además, en el propio debate se han vertido diversas opiniones que, una vez más, nos desvalorizan. Algunas expresiones han cuestionado el ejercicio sexual de las mujeres, señalando que antes de recurrir a un aborto “mejor cierren las piernas”; que el aborto no debiera “tapar la irresponsabilidad” (irresponsabilidad de las mujeres, pues en este tema no se cuestiona la responsabilidad de los hombres); se habla también de “pérdida de valores” y hasta de “asesinato” sin referirse al asesinato indirecto que implica que muchas mujeres mueran por abortos inseguros a causa de su penalización y de empujarlas a prácticas inseguras. Hay asimismo una serie de expresiones, mucho más violentas que las que he citado, que estigmatizan, criminalizan y violentan a las mujeres.

Algunos medios de comunicación han invitado a abordar este tema a representantes de la Iglesia Católica. A pesar de ser Bolivia un Estado laico, dan una voz predominante a una religión para abordar un tema de derechos humanos, sabiendo además que la jerarquía católica (integrada por hombres, pues a las mujeres no se nos permite acceder a cargos dentro de la Iglesia) históricamente no ha defendido nuestros derechos y más bien ha buscado formas de control de nuestros cuerpos.

Los jerarcas de las diversas iglesias no solo se oponen a la despenalización del aborto, sino también a la educación sexual integral y al uso de métodos anticonceptivos, que ayudan a prevenir embarazos no deseados, y cuestionan las políticas de igualdad de género. Entonces, ¿qué buscan los medios al relevar la voz de dichas jerarquías en el debate?

Además, es cuestionable el uso de algunas imágenes que han acompañado entrevistas y notas periodísticas, mostrando fetos humanos que no corresponden al periodo de embarazo en discusión y/o técnicas que no corresponden a un procedimiento de aborto, las cuales además de favorecer la desinformación resultan muy violentas para las mujeres.

En un país democrático, la ciudadanía debe poder acceder a información veraz y completa, que respete el marco internacional y nacional de derechos humanos, reconociendo a las mujeres como sujetos (sujetas) de derechos.

Por otro lado, las redes virtuales son una importante vía de expresión, pero de ninguna manera puede tolerarse, bajo el argumento de “libertad de expresión”, la violencia hacia las mujeres, por parte de los hombres ni de otras mujeres.

Es lamentable que históricamente la lucha por los derechos de las mujeres ha tenido que enfrentar diversos debates con argumentos violentos hacia nosotras, como los que hoy se dan en Bolivia. Todo ello son expresiones y estrategias de un sistema machista y patriarcal dominante que busca negarnos derechos, pero la lucha por nuestros derechos y por la igualdad ha continuado y continuará.