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Friday 1 Nov 2024 | Actualizado a 21:59 PM

Lección del medio del mundo

Rafael Correa Delgado triunfó en 2006 con el propósito de frenar la inestabilidad política.

/ 28 de febrero de 2017 / 06:50

El 19 pasado, los 12.826.928 ciudadanos de Ecuador (incluidos los votantes PPL: Personas Privadas de Libertad) fueron a elegir a su presidente y vicepresidente, 137 asambleístas nacionales, cinco parlamentarios andinos y responder una consulta popular sobre la propuesta de un pacto ético para que los representantes electos retornen sus cuentas en el exterior. De ellos, asistieron 10.445.966 y, de éstos, 1.019.844 votaron en blanco o nulo, por lo que los votos válidos corresponden a 9.426.122 electores: 90,2% de los que votaron y 73,5% del padrón electoral, de los que el candidato oficialista Lenín Moreno Garcés obtuvo 3.704.464, correspondiente a 39,3% de los que votaron válido y 28,9% del electorado total.

Comparado los resultados de las elecciones anteriores y ésta, en 2006 Correa Delgado obtuvo en primera vuelta (fue segundo pero ganó en ballotage) 22,6% de votos válidos; en 2009 alcanzó 52,0% y en 2013 (ambas ganó en primera) logró 57,2%. Exceptuando 2006, Moreno Garcés logró 12,7% votos válidos menos que Correa Delgado en 2009 y 17,87% menos que en 2013. ¿Por qué esa caída? ¿Porque el candidato suplente tiene menos carisma (el actual presidente no se presentó a esta reelección, aunque la Asamblea Nacional aprobó la relección sin término)? ¿Porque la oposición se presentó unida? ¿O porque hay desgaste político de Alianza PAIS?

Aunque la personalidad arrolladora de Correa Delgado es mucho más carismática que la de Moreno Garcés, el permanente apoyo que el actual Presidente le diera a su heredero designado durante toda la campaña compensaría en gran medida la diferencia de carisma entre ambos, por lo que ésa no sería la razón de la pérdida de votos. Además, en estos comicios la oposición fue dividida en 7 candidaturas, 4 entre la centroizquierda y la izquierda y 3 entre la centroderecha y la derecha ideológicas.

Fue el desgaste. Correa Delgado triunfó en 2006 con el propósito de frenar la inestabilidad política (entre 1996 y 2006 hubo ocho gobiernos sucesivos), trabajar por la justicia social y contra la exclusión y acabar con la corrupción. Sin embargo, Ecuador llegó a sus elecciones presidenciales de 2017 con un decrecimiento de 1,7%, amplio gasto social no sostenible —tratado de compensar parcialmente con altos impuestos— y elevado endeudamiento; los escándalos de Petroecuador y la Refinería Esmeraldas (un denunciado sobreprecio de 2.020 millones de dólares, sin cumplir todas las expectativas) y otros de malversación y peculado con ministros y otros altos funcionarios condenados, además del reciente develado de 33,5 millones en coimas hechas por la Organização Odebrecht, entre otros. A la par de luchar por la reducción de la pobreza (éxito destacado), el Gobierno dilapidó los ingresos extraordinarios sin inversión sostenible, fomentó la división de la población por motivos partidarios, combatió la libertad de expresión y cambió la meritocracia por la afinidad ideológica.

La anunciada realineación tras la candidatura de Guillermo Lasso Mendoza (Movimientos CREO y SUMA: 28,1%) del Partido Social Cristiano (tercero con 16,3%), a la que, al menos, podría sumarse Fuerza Ecuador (4,8%), le daría al candidato opositor un panorama de arranque para ballotage de 49,3%.

De hoy al 2 de abril, Ecuador vivirá una segura feroz batalla electoral y Latinoamérica esperará la que ya, en los hechos, es una quinta derrota del socialismo del siglo XXI.

 

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Bachillerato y bachilleratos

/ 1 de noviembre de 2024 / 06:07

En el marco del proceso preparativo al Congreso Plurinacional de Educación se espera que haya habido un análisis serio acerca de la educación secundaria y sus modalidades de conclusión. Ante las limitaciones para conocer los resultados parciales de dicho proceso, continuamos invitando a la discusión pública sobre temas centrales que hacen a la educación en el país.

A diferencia de la educación primaria que tiene un casi natural sentido, en cuanto está llamada a brindar las herramientas básicas para el desarrollo individual y colectivo, la educación secundaria ha ido ajustando continuamente su razón de ser y su lugar en los sistemas educativos; teniendo una íntima vinculación con el mundo del trabajo, sea como preparación mediata o inmediata, es lógico que sus enfoques y sentidos cambien cuando el ámbito laboral está en permanente reordenamiento; mucho más hoy cuando el ritmo de estos cambios ha ido acelerándose al punto de hacer muy difícil el predecir las características que tendrán los trabajos en las próximas décadas y por tanto comprender el tipo de educación que necesitarán las siguientes generaciones.

La Constitución Política de 2009 amplía la obligatoriedad de la educación escolar hasta la secundaria (Art. 81); para la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez la educación secundaria debe ser “comunitaria y productiva» (Art. 14), contemplando, para sus primeros años, una “formación técnica tecnológica general” (comprensión de la realidad productiva) y, al concluir, una “formación técnica tecnológica especializada” (en talleres especializados). Este tipo de formación debiera concluir con el Diploma de Bachiller en Humanidades y la otorgación de un Título de Técnico Medio en la especialidad desarrollada. Lo que se conoce como el BTH (Bachillerato Técnico Humanístico).

¿Cómo y cuánto se ha avanzado en educación secundaria? Según datos del Ministerio de Educación (2023), en Bolivia ha habido considerables avances: El gasto público para secundaria pasó de 856.173Bs., en 2006, a 6.701.779Bs., en 2022. Los maestros para secundaria eran 25.313 en 2006 y alcanzaron a 62.843 en 2023. La cobertura neta pasó del 73,57% (2012) al 79,82% (2022). La tasa de término neta, del 29,31% (2012) al 43,85% (2023).

Pese a esos importantes avances, el marco distintivo otorgado a la secundaria, el BTH, generó una amplia expectativa, pero escasos resultados. En la gestión 2022 los bachilleres fueron 404.272, aproximadamente; de éstos apenas 48.557 fueron BTH. Después de una década de implementación, apenas el 12% de los bachilleres recibieron la educación técnica productiva que se esperaba. A ese ritmo, recién en 2051 lograríamos que todos los bachilleres concluyeran con un bachillerato técnico y humanístico.

Junto a este problema, la educación secundaria en el país debe hacer frente a ajustes curriculares que articulen la preparación de los adolescentes con las proyecciones laborales y productivas del país, así como con los desafíos que la disrupción tecnológica actual presenta al papel de la educación y al futuro del trabajo.

Volviendo al BTH y valorando su pertinencia y relevancia, el congreso educativo debiera dar lineamientos en sentido de reafirmar esta política educativa exigiendo un sólido financiamiento y un programa contundente de implementación para todos los bachilleres o plantear alternativas como la de aplicar bachilleratos diferenciados que incluyan un BTH —no ya generalizado— junto a otros bachilleratos de carácter científico, artístico, en áreas de la salud y la vida, empresariales y de emprendimientos, y otros que consideren las potencialidades de los bachilleres y las necesidades y desafíos del mundo laboral que les tocará enfrentar. Ciertamente queda excluida la opción de continuar la educación secundaria sin cambios estructurales.

Luis Fernando Carrión Justiniano es educador e investigador boliviano.

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Libre transitabilidad

/ 1 de noviembre de 2024 / 06:02

La paralización del país, desde mediados de este mes, la sienten todos los bolivianos. Unos porque no pueden atender sus compromisos de venta, otros porque no pueden adquirir los insumos que necesitan, y la mayoría porque deben pagar precios elevados por los alimentos que necesitan para sus familias.

Al 29 de octubre, Yamil Flores, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, estimó que por los bloqueos —en diversas regiones del país— superan los 1.500 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 970 millones de dólares corresponden al sector agrícola y pecuario.

Gary Rodríguez, gerente general del IBCE, explicó que estas pérdidas se deben principalmente a la caída de las exportaciones agrícolas, porque los bloqueos no solo frenan las oportunidades de desarrollo económico, sino que también afectan negativamente la imagen del país en el escenario internacional.

Solo como ejemplo podemos citar los grandes perjuicios a las exportaciones nacionales que se verán fuertemente afectadas, el sector turismo con millonarias pérdidas que también se ve perjudicado por el daño a la imagen del país. Los productores de banano del trópico de Cochabamba que también tienen amenazas de cancelación de contratos de exportación de esta fruta a los mercados de Uruguay y Chile.

Los problemas también están presentes en los gobiernos subnacionales. Así, el 90% de la maquinaria de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Cochabamba está paralizada por la falta de diésel.

De manera coincidente, los portavoces de los sectores afectados lamentaron que el bloqueo dispuesto por seguidores de Evo Morales destruya el sistema de comercialización, parecen olvidarse que ellos también tienen derecho a comer, a la vida y al trabajo.

El caso de la venta de carne de gallina en el mercado paceño muestra de manera clara el problema por el que atraviesa esta ciudad. El 23 de este mes se informaba que la empresa Sofía ya envió, en dos días unas 40 toneladas de pollo al mercado paceño y Grover Lacoa, viceministro de Logística y Comercio Interno, informó que se prevé habilitar puentes aéreos para transportar, al día, unas 40.000 unidades de carne de pollo a mercados de La Paz, eso con el objetivo de bajar el precio del kilo de este alimento que llegó a venderse hasta en Bs 21.00.

En el portal elsitioavicola.com, en enero de 2016, se decía que el consumo de carne de pollo en la gestión pasada en el departamento de La Paz llegó a 183.018 toneladas, lo que hace unas 500 toneladas por día, en todo el departamento.

Los empresarios estamos convencidos de que el gobierno debe hacer todos los esfuerzos para para que se levanten los bloqueos, aplicando lo que dispone la Constitución Política del Estado, y así garantizar la libre transitabilidad. Deben dialogar las dos partes en conflicto.

El sector empresarial se encuentra muy angustiado ya que se prevén millonarias pérdidas, recursos que no serán recuperados, pues estas pérdidas afectarán al Producto Interno Bruto y aumentará la necesidad de divisas, afectando seriamente a nuestra economía. Algo importante que todos los bolivianos debemos recordar, es que las elecciones generales se realizarán el próximo año.

Recordemos que el Gobierno estimó para este año una inflación del 3,6%, pero a septiembre la cifra ya había alcanzado el 5,53%, lo que representa un aumento de casi el 50% en el estimado para todo el año. Se espera que la inflación pueda seguir aumentando, dependiendo de cómo evolucionen los bloqueos

Este no es el momento para afectar más a la economía, sino de sumar esfuerzos que nos permitan superar la ya difícil situación, generada por la drástica reducción de las reservas de gas natural.

Rolando Kempff Bacigalupo es licenciado en economía de la UMSA y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).

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Bolivia 2050: un futuro entre crisis y esperanza

/ 29 de octubre de 2024 / 01:21

Durante la semana pasada, participé en el Futures Weeks 2024, una iniciativa impulsada por la UniFranz en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Durante este evento, se presentó el libro “Latinoamérica 2050: Retos, escenarios y acciones”, un esfuerzo serio de la academia para analizar los desafíos y oportunidades de nuestra región para los siguientes 25 años.

En medio de la crisis política, económica y social que atraviesa Bolivia, pensar en los retos, escenarios y acciones para el 2050 es casi misión imposible, en especial cuando todos los días estamos pensando en cómo llegar a fin de mes y cumplir con todas nuestras obligaciones. Entonces ¿cómo podemos vislumbrar el futuro cuando el presente nos exige sobrevivir?

La incertidumbre política, social y económica que vivimos ha convertido el esfuerzo de proyectar un futuro en un desafío casi impensable, especialmente cuando la urgencia nos obliga a enfocarnos en los pagos mensuales y el constante ajuste ante una realidad cada vez más restrictiva.

Mientras luchamos contra la inestabilidad que afecta el poder adquisitivo, el valor de nuestra moneda y la confianza en nuestras autoridades, el horizonte parece cada vez más difícil. Las expectativas acerca de las políticas públicas con normas claras y la estabilidad económica se vuelven inquietantes, y cada vez resulta más difícil adquirir una perspectiva a largo plazo.

Mientras buscamos soluciones inmediatas, dejamos de lado una planificación estratégica para el mediano y largo plazo. Sin embargo, los retos del futuro no desaparecen por la falta de planificación; al contrario, se vuelven más complejos y urgentes. Es aquí donde entra la verdadera relevancia de iniciativas como Futures Weeks.

Es evidente que necesitamos iniciativas prácticas que respondan a la realidad actual, pero también necesitamos un horizonte claro al que podamos aspirar como sociedad.

El valor de este esfuerzo académico, lejos de quedarse en el idealismo, nos recuerda que construir el futuro es un acto de responsabilidad compartida. Si algo nos sugiere esta iniciativa es que el cambio no ocurrirá solo desde arriba, sino que los jóvenes; sobre todo lo que hoy están en las aulas y en breve asumirán tareas de liderazgo, también pueden promoverlo y para eso solo es necesario abrir los espacios para escucharlos.

La juventud tiene un rol determinante en las transformaciones que necesitamos, y apoyarlos en su visión y propósito podría no solo darnos mejores líderes, sino mejores políticas públicas y un país que se transforme, incentivando la producción de bienes y servicios, y por ende genere bienestar para sus ciudadanos.

Pero ¿por qué nos debería importar este esfuerzo académico y por qué a los empresarios nos convendría prestar atención? La respuesta es sencilla: porque si no participamos en este diálogo sobre el futuro, el futuro será decidido sin nuestra voz ni nuestras necesidades en mente, perdiendo la oportunidad de aportar con nuestra experiencia.

Esta puede ser una oportunidad primero para tener un norte claro hacia donde ir como país y establecer sobre esta base, políticas de estado que independientemente del gobierno de turno, las impulsemos todos.

Tradicionalmente hemos dependido de la extracción de recursos naturales como los minerales y el gas, lo que nos hace vulnerable a fluctuaciones de precios globales de estos commodities. Uno de los retos más grandes es diversificar la economía hacia sectores de mayor valor agregado como la tecnología, energías renovables, agroindustria sostenible y turismo ecológico, sectores que podrían generar empleo de calidad y desarrollar mercados más robustos.

La economía del conocimiento y la transformación digital exigen habilidades nuevas y especializadas. Debemos invertir en una educación diferenciada que integre habilidades digitales, técnicas y emprendedoras, enfocadas en los desafíos del futuro, capacitadas para el mercado laboral global y las industrias emergentes, lo cual requiere adaptabilidad y flexibilidad de la oferta académica.

Asimismo, debemos brindar apoyo a las generaciones futuras de emprendedores con incentivos fiscales, incubadoras de empresas y acceso a financiación sería un gran paso para expandir la economía. Las tecnologías emergentes, tales como el blockchain y la inteligencia artificial, pueden permitir ser parte de la economía digital y ser parte del mercado global.

Gamal Serhan Jaldin es experto en Tecnología e Innovación.

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Litio: ¿avances?

/ 29 de octubre de 2024 / 01:17

Al fin se conoce un contrato de Extracción Directa del Litio (EDL), el firmado entre Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) y Uranium One Group (UOG). El contrato enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberá ser analizado, debatido, aprobado o rechazado. Una lectura inicial nos mueve a hacer algunas puntualizaciones y nos abre interrogantes.

El contrato más se parece a una obra “llave en mano”, con crédito a ser pagado con la producción, que una asociación de dos partes con aportes de cada una. Una sociedad mayoritaria del Estado con 55% tiene sentido cuando el directorio define el proyecto o decide la distribución de los excedentes; en este caso, todo está definido en el contrato; se fija el monto de la venta de la factoría, el plazo de su rembolso; los problemas técnicos los resuelve UOG e incluso ella hace la supervisión de la calidad de la obra.

La salmuera es muy compleja; el litio sólo es del 0,35%, los mayores contenidos son el sodio, potasio, manganeso, boro, calcio; el proyecto no explica que se va a hacer con estos elementos que tienen valor económico propio; se habla de un depósito de sales residuales, ¿para qué se los guarda si se los puede utilizar? Olvidamos que tenemos una planta para producir cloruro de potasio con una capacidad de 350.000 toneladas y no se dice nada al respecto.

Un proceso industrial, mucho más el químico, requiere de otros elementos para la reacción; en nuestro caso el carbonato de sodio, el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio y el cloruro de fierro. El Ministerio de Producción al informar, hace dos años, la inexistencia de estos y otros productos, anunció la creación de la química básica, de cuyo avance no sabemos nada; se dice que YLB se opuso. Ahora estos insumos se los importará, subiendo los costos y a la larga inviabilizando el proyecto.

El acuerdo establece una fase de pilotaje y la verificación de las reservas. Cuando hace tres años se llamó a la convocatoria para mostrar sus intereses y capacidad en los recursos evaporíticos, se pidió hacer la demostración piloto de sus bondades; hoy se la redita con un costo alarmante de $us 198,9 millones. La planta piloto que instaló COMIBOL para la misma capacidad, 1.000 TM, fue a un costo de $us 10 millones; por otro lado, YLB tiene el cuadriculado del salar con todos los datos geológicos de los 87 pozos y 7.500 metros perforados que se hicieron, ¿por qué repetir?

Los cálculos para el resultado económico toman en cuenta sólo un factor del mercado, el aumento de la demanda y no hacen referencia a la oferta, la que se incrementó, con varias iniciativas para aumentar la producción del litio; por eso, la caída estrepitosa de los $us 80.000 la tonelada a los actuales $us 10.000; si se mantiene este precio, tardaremos 50 años en pagar la deuda de $us 975,8 millones, con materia prima producida en la planta. La única manera de romper la inestabilidad de los precios es integrar la cadena productiva, añadiendo valor en cada una de las etapas de la industrialización, hasta tener un producto acabado en el mercado.

A pesar de las múltiples menciones en los informes de la burocracia estatal del texto constitucional que señala que la explotación de los recursos no tiene otro fin que dar valor agregado a la materia prima, con la suscripción de este contrato, YLB se convierte en la arrendataria de sus yacimientos, sin capacidad tecnológica para organizar y desarrollar sus proyectos, crear excedentes económicos para superar la desigualdad y empujar al desarrollo tecnológico del país. ¿Dónde están las cuarenta empresas, necesarias para la obtención de baterías?

El debate sobre este contrato en la ALP puede hacer que la ciudadanía retome el interés o de defender los recursos naturales y luchar por su industrialización, dejar de ser proveedor de materias primas al primer mundo, para consumir las mismas en productos acabados.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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El perfil de un difamador profesional

/ 28 de octubre de 2024 / 06:05

El exsoldado Ernesto Alonso, conocido en la Argentina como difamador serial, me ha atacado en las páginas de La Razón con calumnias fácilmente rebatibles. Nunca pertenecí a ningún “partido militar” y la prueba más concluyente es que la censura de la dictadura militar destruyó el 95 por ciento de mi material fílmico, grabado en mi condición de corresponsal de guerra en el conflicto de Malvinas de 1982. Una clara muestra de que yo no era funcional a ese gobierno. Más aún, después de la guerra la dictadura militar hizo que me quedara sin trabajo y su Servicio de Inteligencia lanzó una operación de desprestigio contra mi persona.

Cabe recordar que en esa época no había en la Argentina ningún canal de TV privado, ya que todos habían sido estatizados en el anterior gobierno peronista.

Jamás he recibido ningún pago de la dictadura militar. Fui contratado para cubrir la guerra de Malvinas por Horacio Larrosa, productor del noticiero del canal ATC.

Y tengo el orgullo de decir que la abrumadora mayoría de los soldados de Malvinas, no sólo no me rechaza, como miente Alonso, sino que me tiene en alta estima, lo que se evidencia, entre otras cosas, en las permanentes invitaciones a dar charlas que me llegan de los Centros de Veteranos de todo la Argentina.

Es que durante la guerra no me limité a hacer mi trabajo profesional, sino que también ayudé a los soldados, consiguiéndoles comida y muchos otros elementos que necesitaban.

En tanto que Ernesto Alonso abandonó a sus camaradas del Regimiento 7 de Infantería antes de que comience la batalla de Monte Longdon y se refugió en el pueblo.

Alonso, exfuncionario del gobierno kirchnerista, tiene una animosidad manifiesta contra los oficiales y suboficiales de la guerra de Malvinas y hace una falsa analogía de la guerra de Malvinas con la dictadura, que sólo coincidió con aquella cronológicamente. Como yo sostengo que fue una guerra noble y limpia, radicalmente distinta de la llamada “guerra sucia” contra el terrorismo de los años setenta, Alonso siempre ha intentado difamarme.

Por otra parte, Alonso enfrenta una grave demanda penal por sus delictivas maniobras difamatorias. El subteniente de Malvinas Jorge Taranto lo ha querellado, junto al exfuncionario provincial Pablo Vassel y al fiscal Marcelo Rapoport, en una causa que tiene muy contundentes pruebas en su contra.

Veinticuatro años después de finalizada la guerra de Malvinas Alonso organiza, junto a Vassel, una campaña para instigar a los soldados a denunciar falsamente a oficiales y suboficiales para así percibir la indemnización, equivalente a 250 mil dólares, que cobraron los detenidos-desaparecidos de la dictadura militar.

Los testimonios que a continuación él presenta a la justicia, no son elegidos al azar.  Alonso, por ese entonces, se desempeñaba como subgerente de la obra social estatal, PAMI para Veteranos de Guerra, —nombrado a dedo por Cristina Kirchner— y los primeros 23 exsoldados que escoge tenían problemas psicológicos y psiquiátricos. Por esa razón fueron elegidos por Alonso, quien tenía accesos a sus carpetas de historial médico. Varios de estos denunciantes, cuando se enteraron de las denuncias realizadas en su nombre ante el juzgado de Rio Grande, enviaron cartas-documentos a Vassel pidiendo explicaciones por la tergiversación de sus dichos, y Vassel les respondió con cartas-documentos amenazantes.

En el año 2007, Alonso y Vassel exhiben en los medios de comunicación un video donde el soldado Juan de la Cruz Martins, entrevistado por el mismo Vassel, hace responsable al subteniente de Malvinas Jorge Taranto de la muerte del soldado Remigio Fernández y de haber estaqueado al cabo Héctor Manes. Perplejo, Taranto se presenta voluntariamente ante los tribunales, para que se investigue su actuación en la guerra. Declara Manes y afirma que nunca fue estaqueado y que además Taranto no era su jefe. Asimismo, el juez dictamina que la muerte por inanición de Remigio Fernández —que tampoco era soldado de Taranto— no fue un delito, sino producto del bloqueo aeronaval impuesto por los británicos.

Y hay un video donde el soldado Juan de la Cruz Martins reconoce que lo indujeron a acusar falsamente a Taranto con la promesa de que iba a recibir dinero por ello.

Soldados como Walter Rogido y Julio Romero han declarado ante la jueza Herraez que las acusaciones de Alonso y Vassel están armadas fraudulentamente.

El fiscal Marcelo Rapoport empero, acusado de prevaricador por el subteniente de Malvinas Jorge Taranto, uno de los falsamente acusados y que fuera sobreseído por la Justicia, ha tomado como ciertas las denuncias armadas por Alonso, a pesar de que carecen de todo sustento.

Por ejemplo, el entonces subteniente Juan Nazer, herido de gravedad en combate, fue supuestamente imputado por el exsoldado Rubén Ascencio, un hombre que no sabía leer ni escribir. Al declarar ante la diputada María Cristina Barrios nunca menciona a Nazer. El fiscal espera que fallezca Ascencio e imputa a Nazer. Ascencio había declarado ante la diputada en el año 2008, pero el fiscal sube la denuncia recién en el año 2023, después de muerto el supuesto denunciante.

Otro ejemplo de las fabricaciones de Alonso, Vassel y el fiscal Rapoport: el exsoldado Juan Andrés Cáceres, se entera que por sus declaraciones fue imputado su jefe, el entonces subteniente Eduardo Gassino, a quien quiere como a un hermano.

Incluso el veterano de Malvinas Martín Balza, que llegó a ser jefe del ejército y es considerado por los kirchneristas como “el general de la democracia”, manifestó en el diario Clarín que en Malvinas no hubo crímenes de guerra: “Nada relacionado con el terrorismo de Estado y la política sistemática y deliberada contra los derechos humanos de la última dictadura cívico militar en el continente tuvo la más mínima relación con el comportamiento de nuestros hombres en Malvinas”.

La organización de veteranos que maneja Alonso, el CECIM de La Plata, está integrada por no más de 70 exsoldados, en tanto que, según cifras oficiales, el padrón de Veteranos de Guerra asciende a unas 23 mil personas. Es decir que quienes responden al calumniador Alonso, son menos del 0,4% del total de combatientes. De ninguna manera Alonso es representativo de los combatientes.

Con respecto a las denuncias por abusos en Malvinas, según el funcionario judicial Juan Manuel Vicente serían 104 (como hemos visto, muchas de ellas fraguadas), o sea 0,45% del padrón. Lejos estuvieron entonces de ser una regla, sino que fueron una lamentable excepción.

En la querella presentada por Jorge Taranto, queda demostrado que Alonso y Vassel se aprovecharon de personas vulnerables, excombatientes con traumas de post guerra, para formular denuncias falsas a oficiales y suboficiales que prestaron servicio en la guerra contra Gran Bretaña, ofreciéndoles a cambio, acceder a una indemnización sufragada por el Estado. Para llevar a cabo esta defraudación entraron en connivencia con miembros del Poder Judicial y del Ministerio Publico.

Como dice Taranto en su demanda, no es difícil darse cuenta que fue necesario el impulso procesal del fiscal para habilitar tal propósito, y son tantas y tan graves las faltas de Rapoport, que es impensado atribuirlas a errores o desconocimiento. Basta para ello advertir la politización de sus dichos, por fuera de la función. El fiscal ha mantenido una conducta en tándem con Alonso, lo cual probaría que aceptó formar parte del engranaje delictivo de este. La justicia dirá la última palabra.

Tienen aquí pues, el perfil de quien ha salido a calumniarme en las páginas de La Razón.

Nicolás Kasanzew  es periodista, corresponsal de guerra y escritor argentino.

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