En un reciente diálogo organizado por el Grupo “Marcos Escudero” se trató la situación de los hidrocarburos en Bolivia y sus perspectivas. Expusieron el tema dos especialistas que, en su momento, tuvieron responsabilidades ministeriales en el rubro: Álvaro Ríos Roca y Mauricio Medinaceli. Ambos coincidieron en definir la situación actual como difícil y las perspectivas como muy críticas.

Hoy nadie menciona más la posibilidad de hacer de Bolivia el corazón energético de América del Sur. Bolivia ya es un importador neto de hidrocarburos.

Los especialistas también coincidieron al identificar la causa de este dramático cambio de situación: la nacionalización. Ésta expropió las acciones que tenían los bolivianos a través del Fondo de Capitalización Colectiva, y obligó a los inversionistas extranjeros a cambiar sus contratos, aceptando una carga tributaria mayor, a cambio de garantizarles rentabilidad al cubrir sus “costos recuperables”. Esto desalentó nuevas inversiones y estimuló la explotación acelerada de los yacimientos ya existentes.

El debate se centró luego en lo que debería hacerse para reactivar la producción, volver a exportar y satisfacer las expectativas de la gente. El escenario más optimista dice que, si se cambia de inmediato y radicalmente la política de hidrocarburos, comenzando por la Constitución, y se consigue que comiencen a llegar nuevas inversiones con alta tecnología, recién cinco años después sabremos si puede ser posible lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos o contar con un sector exportador dinámico. Tal vez esto nos dé una oportunidad de desarrollo.

En medio del debate, Medinaceli recordó que varios profesionales firmamos en 2006 una propuesta de distribución directa de las rentas de recursos naturales entre todos los ciudadanos. La idea entonces no era solamente cumplir con la afirmación constitucional de que los recursos naturales son de todos, sino también la de evitar los males del rentismo estatal, una enfermedad que se contagia muy fácilmente hacia la sociedad, como precisamente ocurrió, con secuelas que todavía nos afectan.

El rentismo surge de la concentración de las rentas en el Estado divorciándolo de la vida económica de la sociedad. El Estado resuelve con rentas sus problemas de financiamiento, cobrando a un puñado de empresas, y depende menos de los impuestos, que exigen mayor trabajo de cobranza y que se generan con el trabajo y la producción de miles de personas y empresas. De espaldas a la economía pero con recursos, el Estado se concentra en la gestión política, logrando apoyos mediante el gasto público. Esto, a su vez, incentiva comportamientos corporativos en la sociedad: todos se organizan en grupos que luchan para “arrancar” recursos al Estado: inversiones, servicios, oficinas, subsidios, etc. Así, en vez de que la creatividad y el esfuerzo de la gente se canalicen hacia la producción, lo hacen hacia la “política”, reducida a pugnas por el presupuesto. Las rentas de recursos naturales terminan distribuidas al calor de la presión corporativa, muchas veces en proyectos insostenibles y otras en simple despilfarro.

Sucedió precisamente eso, pues caímos en la trampa del rentismo. Pudimos haberla evitado creando un fondo soberano, como lo hicieron en Noruega, pero no teníamos entonces (y menos ahora) la institucionalidad y fortaleza jurídica para hacerlo. También lo hubiéramos evitado, como propusimos algunos, dándole a la gente su plata, porque sin duda hubiera hecho un uso más prudente de ella que la burocracia, y seguro no se habría distraído en pugnas pseudopolíticas como las que han debilitado nuestra democracia.

Para tener una idea, tomando en cuenta un informe de YPFB que asegura que se recaudaron más de $us 37.000 millones entre 2006 y 2019, su distribución entre la gente hubiera llevado a cada familia cerca de $us 15.000 de libre uso en estos años. Para la mayoría, eso hubiera sido un cambio radical de vida.

Para ambas opciones ya es un poco tarde, ahora nos queda trabajar y producir.

Esa es la oportunidad.

Roberto Laserna es economista de CERES.

El tribunal arbitral internacional ha fallado en favor del principal accionista de la AFP Previsión. La demanda fue interpuesta en 2018 reclamando retrasos indebidos por parte del Gobierno de Bolivia en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones. El Estado boliviano tiene ahora la obligación de pagar $us 105 millones al principal accionista de Previsión, que en su demanda insistió en que hizo varias propuestas al Gobierno para transferir la administración de los ahorros previsionales y de las jubilaciones que están a su cargo.

A primera vista, puede resultar extraño que una empresa internacional haya reclamado ante un tribunal por el incumplimiento en la nacionalización, tomando en cuenta que dicha empresa ha seguido operando todo este tiempo, atendiendo a sus clientes, administrando sus ahorros, pagando jubilaciones, generando utilidades, etc. ¿Acaso quería ser estatizada?

La explicación tiene que ver con la naturaleza del negocio.

Las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) reciben los ahorros de sus clientes y los administran para devolvérselos después en la forma de jubilaciones o pensiones de retiro. “Los administran” quiere decir que deben invertirlos en algo que sea seguro y rentable, a fin de que los clientes tengan un beneficio de largo plazo. Mientras mayor es ese beneficio son mejores las jubilaciones, y más ganan las AFP, pues su remuneración proviene sobre todo de la comisión que obtengan de los réditos de las inversiones.

Esto no es sencillo. Hacer inversiones que sean rentables es difícil, y lo es más que lo sean a largo plazo. Y el plazo es clave en la gestión de las pensiones. En condiciones normales, se supone que una persona ahorra durante su vida laboral, de 25 a 30 años, para retirarse y recibir una pensión hasta su muerte, lo que puede suceder en otros 25 a 30 años. Una AFP, por lo tanto, necesita una perspectiva de largo plazo. Cada cliente se vincula por 50 a 60 años, y con frecuencia más, si sobreviven cónyuges, o derechohabientes, como dice la jerga de los especialistas.

Esto de los plazos y la necesidad de inversiones rentables muchas veces no lo comprenden ni los interesados. ¿Cómo podría uno ahorrar el 10% durante 30 años, que equivale al ingreso de tres años, y esperar una jubilación por otros 30 años? Solamente si ese equivalente de tres años se multiplica con inversiones rentables que se mantengan así por periodos prolongados.

En Bolivia, la licitación internacional que abrió el sistema de pensiones dio lugar a contratos que garantizaban ese largo plazo. Pero la añoranza por un sistema de jubilaciones excluyente y restringido, pero que se financiaba con los ingresos de todos, llevó al MAS a prometer la reforma. Ella se estableció inicialmente en la Constitución de La Calancha y Oruro, y luego en la nueva ley que creó la Gestora Pública. Con ello se introdujo un grave factor de incertidumbre. El Gobierno ha estado fijando y prorrogando plazos desde entonces, sin que se concrete la transferencia de las cuentas previsionales de las AFP a la Gestora Pública. ¿Cómo planificar para 60 o 70 años los ahorros de un cliente si en cualquier momento el proceso se interrumpe?

Al parecer, Previsión demandó el arbitraje para obligar al Gobierno a tomar una definición que resolviera esa incertidumbre.

El Gobierno está ahora obligado a pagar los 105 millones y hacerse cargo de la administración de Previsión y las inversiones que ésta administra (unos $us 12.000 millones, pertenecientes a 1,4 millones de bolivianos).

Pero hay otro camino, que yo aconsejaría si fuera parte del Gobierno: negociar con la empresa un nuevo contrato que le devuelva la perspectiva de largo plazo. No tiene sentido asumir la obligación de pagar 105 millones para hacerse cargo de un problema complicado, como es el de administrar tanto dinero de tanta gente, sin tener la capacidad institucional para hacerlo. Porque, además, lo que se haga con Previsión sienta las bases de lo que se hará con Futuro, con lo que los costos y el problema se multiplican por dos.

No es seguro que, a estas alturas, los accionistas acepten quedarse, pero tampoco es imposible. Son inversionistas y conocen la importancia de negociar. Nuevos contratos y garantías de largo plazo devolverían certidumbre al sistema. Si el país lo necesita, los ahorristas todavía más.

La Gestora Pública podría convertirse en una tercera AFP, desarrollando la tecnología que se necesita para manejar ahorros a largo plazo, y compitiendo con las otras dos, lo que terminaría por fortalecer el sistema.

La obligación ya está clara. El Gobierno sabe lo que le costará de inmediato persistir en una reforma que es riesgosa e innecesaria. Pero puede enderezar el entuerto con una acción política rápida y clara: negociar con los inversionistas y concertar un cambio en la normativa.

 Roberto Laserna es economista de CERES.

SALA DE PRENSA

La historia oficial boliviana cultiva la derrota y el victimismo. Resalta los fastos militares, con escasas y olvidadas victorias y muy recordadas y lloradas derrotas.

Muy heroicas, eso sí. No es necesario ni nombrarlas, pues llegan rápido a nuestra memoria; como también visualizamos el mapa del luto boliviano impreso en cuadernos escolares e incluso en libretas del servicio militar. Es el mapa que muestra la reducción de nuestra geografía de los supuestos dos millones de kilómetros cuadrados con que habríamos nacido, a su mitad actual. Es el mapa de las usurpaciones y las pérdidas del Litoral y Atacama, del Acre, de los Chacos Central y Boreal. Es el mapa de las quejas, del lamento y la desconfianza.

Sin embargo, todo eso tiene un lado distinto, sembrado de triunfos y victorias que deberíamos reconocer para mirarnos e imaginarnos de otra manera como país.

Pensemos que el reclamo inicial de territorios, al fundarse las repúblicas, se basó en un principio del derecho romano que aludía a la posesión según el derecho. Los virreinatos fueron la referencia inicial y luego, al quebrarse éstos, las capitanías y otras entidades de gobierno. La Audiencia de Charcas, entidad en la que se basa la fundación de Bolivia, no era una institución administrativa ni militar, sino jurídica. Su área de influencia no necesariamente coincidía con las de los entes de gobierno. Era lógico que la controversia fronteriza nos acompañara desde el inicio, como además lo hizo en todos los países.

En segundo lugar, recordemos que la posesión territorial de la nueva república era muy limitada. La mayoría de su escasa población (menos de 200.000 adultos) y de la actividad económica estaban en un área muy reducida alrededor del eje Potosí-La Paz, que incluía sus entornos y los de pequeñas ciudades como Oruro, Sucre y Cochabamba. Lejos, y muy aisladas, estaban las ciudades de frontera que hoy conocemos como Tarija, Santa Cruz, Trinidad y otras que figuraban como lugares de paso en las poco transitadas rutas comerciales de la época. Si se trazara un mapa de esa geografía económica y demográfica, tendríamos una imagen de la Bolivia inicial reducida posiblemente a la quinta parte de lo que supuestamente perdimos.

La gran pregunta que debemos hacernos es cómo una república pequeña y económicamente débil, con muy pocos recursos y erigida sobre una sociedad fragmentada, logró consolidar una geografía tan grande, extensa y rica en recursos naturales.

La respuesta, obviamente, no estará en las guerras, ya que perdimos todas. Está en la política. Es decir, en la negociación basada en el diálogo, en la búsqueda de acuerdos, en la inteligencia de unos pocos individuos que fueron capaces de argumentar y convencer, dándonos triunfos que nos deberían enorgullecer y que hemos olvidado. Muchos de ellos fueron cancilleres sin cancillería, es decir, sin institución que les diera el soporte que la diplomacia requiere, o embajadores con más voluntad que respaldo.

Esa historia de triunfos podría comenzar con Casimiro Olañeta y sus amigos, que sin ejércitos ni batallas lograron vencer la voluntad de los bien armados y experimentados ejércitos de Bolívar y Sucre, que se negaban a reconocer la aspiración independentista del Alto Perú. Usaron la adulación y la lisonja, pero también la razón y el argumento. Y se fundó Bolivia.

Antes de que Hilarión Daza pretendiera “sentar soberanía” con su impuesto al salitre, nuestros diplomáticos habían logrado dos tratados de límites con Chile, uno en 1866 y otro en 1874, que reconocían el litoral como territorio boliviano a pesar de que no teníamos posesión efectiva sobre las costas ni posibilidad alguna de defenderlas. Cuando comenzamos a perder esos territorios fue al desconocer los tratados y buscar soluciones militares.

Algo parecido sucedió en el Chaco, una guerra que fue mucho más dura y sangrienta, y que al parecer también fue provocada por quienes confiaron más en las armas que en la política. Recientes libros de Raúl Rivero sobre la época recuerdan victorias diplomáticas que eran aplastadas por torpezas militares. Al final de la guerra, fueron nuevamente los diplomáticos los que conservaron territorios que Paraguay también aspiraba a controlar (recuerden que Ñuflo de Chávez partió de Asunción a fundar Santa Cruz) y que hoy nos permiten una salida navegable al Atlántico. Se criticó mucho al canciller Elío, pero fue su coraje el que permitió conservar la salida al río Paraguay, como antes el Tratado de 1904 conservó el derecho de libre tránsito hacia todos los puertos chilenos en el Pacífico.

En la relación con Brasil libramos una guerra en el Acre, un territorio tan alejado que tomaba dos meses llegar allá. Las tropas fueron a marcha forzada por las selvas y los pertrechos y oficiales tuvieron que ir hasta Buenos Aires para navegar por el Atlántico hacia el Amazonas, el Madera y el Abuná. Solo así podía llegarse al Acre, una zona que no estaba en posesión de Bolivia, sino de algunos bolivianos que recolectaban goma y castaña. En dos libros sobre el tema, Walter Auad Sotomayor muestra también que la diplomacia consolidó territorios y fijó límites con más eficiencia que las armas en las fronteras norte y este del país.

Con Perú y Argentina, países fundados a partir de los virreinatos de Lima y Buenos Aires, resolvimos los límites en base a tratados y acuerdos diplomáticos, es decir, recurriendo a la política y evitando la guerra.

En síntesis, deberíamos invertir más en diplomacia que en armas y cuarteles, y olvidar el mapa del luto y en vez de mostrar cómo perdimos un millón de kilómetros cuadrados por guerras, deberíamos recordar a nuestros niños cómo ganamos un país de un millón de kilómetros cuadrados a base de acuerdos, diálogos y negociaciones políticas. Nuestros héroes tendrían que ser distintos, más bien moderados y reflexivos, y seguramente nuestros comportamientos también.

(*) CERES, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Cochabamba.

(*) Roberto Laserna es economista, investigador del CERES (*)

La universidad boliviana está en una crisis profunda que se agrava con el tiempo. Es difícil saber cuándo comenzó, pero sus síntomas son ya demasiados. Han muerto 10 estudiantes en dos años, durante eventos de política interna, que mostraron la inseguridad de construcciones precarias y de actos que se realizan fuera de norma, pero sobre todo la excesiva importancia de la pugna corporativa.

Ella está marcada por gremios con élites enquistadas más allá de cualquier plazo razonable, reglamentos que no se cumplen, docentes bajo chantaje por su irregularidad, falta de controles en unidades académicas, ausencia de rendición de cuentas y muchos problemas más de gestión. Todo esto sin mencionar la baja calidad académica. Aunque hay alumnos y profesores dedicados y brillantes, ellos son más la excepción que la regla, dado el escaso estímulo que tienen en un ambiente masificado e indiferente a la excelencia.

La universidad se creó para formar profesionales y aportar con conocimientos y tecnología. Se la dotó de autonomía para protegerla del poder político y de cogobierno como garantía basada en el progresismo de los jóvenes. Luego se la pensó para facilitar la movilidad y el ascenso social y romper la segmentación, sacralizando el libre acceso y la gratuidad. Con el tiempo, también se convirtió en un mecanismo de socialización de los hijos y de formación de redes personales y sociales, que añadidas al cartón profesional facilitarían el empleo y la sobrevivencia.

Ese orden se ha invertido y las funciones añadidas ahogan a las iniciales.

La universidad es una síntesis de cómo funciona y los resultados que genera el rentismo. Su financiamiento está disociado de sus rendimientos. O son automáticos (proporcionales a la población) o dependen de su poder de presión (asignaciones por estudiantes). Así se establece una estructura de incentivos que lleva a las universidades a reproducir su condición crítica. Alienta su masificación, refuerza los comportamientos corporativistas, clientelares y prebendales, y su aislamiento del medio social y económico.

Para superar esta crisis necesitan reformarse, pero no tienen incentivo alguno para hacerlo desde adentro. Esto es inaceptable cuando las universidades deberían ser el núcleo del desarrollo, ya que nunca como en esta época éste se basa en el conocimiento, la información y la tecnología, y en “recursos humanos” con capacidad de generarlos y manejarlos apropiadamente.

Si la universidad no cambia desde adentro, es imperativo obligarla desde afuera.

No planteo una intervención política o militar ni cívica o social que liderice ese cambio. Ese camino ya fracasó. Lo que no se ha intentado es cambiar su entorno, de manera que se vea obligada a adaptarse a nuevas condiciones. La adaptación exige competencia. Es necesario establecer mecanismos que obliguen a las universidades y carreras a competir entre sí, por alumnos, por recursos y por premios a la excelencia y al conocimiento. La actual competencia que depende del poder de los gremios para obtener recursos es dañina.

Un mecanismo sencillo y radical sería el de establecer un sistema basado en la demanda. Es decir, otorgar becas a los estudiantes mediante cupones o vouchers que les permitan escoger tanto las carreras como las universidades, accediendo a esas becas según su rendimiento en exámenes de ingreso y manteniéndolas por los resultados que logren.

Esas becas deberían ser de libre utilización por los estudiantes, pagando la matrícula en la carrera de su elección y en la universidad de su preferencia, sea pública o privada. Este mecanismo introduciría la competencia entre todas las universidades, alentándolas a mejorar para atraer a más y mejores estudiantes, para retener a los mejores alumnos y para remunerar mejor a los mejores profesores, para conseguir mejor acreditación y certificaciones de calidad. Sin competencia no hay mejoría.

Si las universidades públicas quieren competir académicamente manteniendo su actual sistema de cogobierno y autonomía, será su decisión.

Bolivia ya gasta mucho dinero en la educación superior. Cuando ese dinero llegue a las universidades a través de la gente, habrá estímulos para el cambio que tanto necesitamos.

Roberto Laserna es investigador de CERES.